El ahora suspendido fallo del juez federal Thomas Griesa tiene implicancias que van más allá de nuestro país para ubicarse en el plano internacional. Se trata de una ofensiva del capital financiero internacional en toda la línea. Al momento de concluir esta nota, y un día después que el gobierno manifestara su intención de reabrir el canje, se conoció que la Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió la aplicación del fallo y citó a una audiencia para febrero próximo. Así se aleja el fantasma del "default técnico", Argentina podrá hacer los pagos de diciembre sin inconvenientes y el gobierno podrá preparar mejor su propuesta, no obstante el juicio sigue su curso. Por Eduardo Lucita, Integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda
Por RedAcción - LP
El fallo del juez norteamericano a favor de los "fondos buitres" fue una clara ofensiva del capital financiero internacional a nivel mundial. La crisis encierra también la oportunidad, si se acierta con una política práctica para enfrentarla.
Dimensión internacional del fallo.
La decisión del juez Griesa, que otorga un tratamiento ventajoso y diferencial a los fondos NML-Elliot y Dart, pone en cuestión la reestructuración de la deuda y es un tiro por elevación hacia los grandes deudores del momento. Les está diciendo que las "ventajosas" condiciones que obtuvo Argentina no se repetirán. Sienta un precedente: que el canje para ser viable debe ser aceptado por la totalidad de los tenedores de bonos, justo cuando varios países europeos están en las vísperas de reestructurar sus deudas. Incluso se puede reabrir el reciente canje de Grecia.
Conviene diferenciar los intereses de los fondos buitres, que en determinadas circunstancias pueden entrar en contradicción con los fondos de inversión "serios", con los intereses más generales del capital financiero internacional, sobre todo en un período de abundancia de capital-dinero que busca alternativas de inversión no productiva. Por eso no es gratuito que los grandes fondos se hayan manifestado contra el ultimatismo de los buitres y que la propia Reserva Federal y otras instituciones financieras lo hicieran contra la decisión judicial.
No puede obviarse que detrás del fallo esta el interés del capital financiero internacional, viabilizado por el G-7 y el G-20, de reponer el rol del Fondo Monetario Internacional, que había quedado muy cuestionado por la crisis mundial. En perspectiva el objetivo es reordenar el sistema financiero mundial previendo futuras bancarrotas y crisis de deudas. Toda reestructuración deberá pasar por el tamiz del fondo.
Implicancias para Argentina.
El fallo, ahora suspendido, ordenaba a nuestro país pagar 1.330 millones de dólares, el ciento por ciento del valor de los bonos en poder de los fondos mencionados antes del 15 de diciembre. Lo más probable es que esta resolución se extendiera al resto de quienes no entraron al canje, y la deuda se incrementaría entonces en el orden de los 11.000 millones de dólares. Como contrapartida quedaba abierta la posibilidad para que los fondos y bonistas que sí ingresaron a los canjes en su momento, reclamen también por el cien por ciento de sus tenencias, unos 30.000 millones más. Por el contrario, si se desconocía, Argentina sería considerada en desacato, los fondos para pagar los vencimientos de diciembre podían ser intervenidos y se podrían presentar demandas contra el agente de pago que distribuye los montos girados a tal efecto. Eventualmente el gobierno podría intentar pagar por otras vías, incluso convocar a los acreedores a que pasen por ventanilla en Buenos Aires, pero entonces se alterarían las condiciones de pago.
El cualquier caso se hubiera ingresado en "default técnico". No hay que descartar que este sea el objetivo buscado por los fondos buitres, porque accionarían los seguros contra riesgo de default (CDS) y cobrarían el cien por ciento por ese medio.
Hacer buena letra no rinde.
El gobierno argentino, como los anteriores, se negó a investigar la deuda, y optó por su reestructuración, como le exigían los organismos internacionales. Luego de 36 meses de suspensión unilateral de los pagos, la deuda se reestructuró en el 2005, y el canje fue reabierto en dos oportunidades en 2010, violando la Ley Cerrojo que el propio gobierno había hecho sancionar. Para quienes están de acuerdo en que este tipo de deudas hay que pagarlas (honrarlas en el léxico de los organismos), las condiciones fueron mejores que las obtenidas por otros países: quita superior al 70 por ciento, estiramiento de los vencimientos, buenas tasas de interés. Como contrapartida el gobierno debió aceptar condiciones onerosas (ajuste por CER, Cupón atado al PBI) y ceder soberanía jurídica y ciertas inmunidades que dejan al país en condiciones de vulnerabilidad jurídica en una porción de la emisión de bonos. Esto explica la aceptación de casi el 93 por ciento de los tenedores.
A partir del canje el gobierno canceló con reservas su deuda con el FMI. Recurrió al mercado de capitales -para ser justos en pocas oportunidades- y luego, DNU mediante, consiguió el instrumento legal para pagar con reservas. El gobierno dio por resuelto el tema de la deuda. Es cierto que desde entonces la relación con el PBI ha mejorado sustancialmente siendo de las más bajas del mundo, que hay cambios en la composición por monedas y sobre todo más de la mitad es ahora deuda interestatal -mucho más manejable en el corto plazo-, la parte considerada exigible, esto es con tenedores particulares, sería a fines de año inferior al 10 por ciento del PBI. Sin embargo la deuda está de nuevo entre nosotros. Los canjes del 2005 y 2010 fueron respaldados por las leyes de Nueva York, el fallo desanda ese camino y abre un abismo de deudas. Para el capital financiero internacional hacer buena letra es solo para ilusos. Pagar no paga.
Una solución malsana.
La suspensión del fallo favorece a nuestro país, muestra la inconsistencia de la decisión del juez Griesa y fortalece la idea de reapertura del canje. Esta solución concesiva, no es en realidad ninguna solución, será difícil que los buitres acepten la propuesta.
El sistema no perdona, la presión inmediata posterior será que el país cumpla con los pagos por los arbitrajes del Ciadi (una demanda potencial de 60.000 millones). El país retomaría así su puesto entre los grandes deudores del mundo. Se vería entonces obligado a volver a los "mercados voluntarios de crédito" reiniciando el ciclo de endeudamiento externo, objetivo buscado por los organismos internacionales y presentado por la oposición derechista y sectores de centro como la gran solución.
La crisis como oportunidad.
La crisis encierra también la oportunidad, si se acierta con una política práctica para enfrentarla. Hemos sostenido que se debían suspender los pagos de la deuda hasta tanto una investigación, una auditoria, determinara cuál es la parte legítima y cuál no. Qué debe pagarse y qué no. Esta tarea sigue pendiente y no se debe renunciar a ella. Más allá de la suspensión del fallo, que da 90 días de respiro, el problema sigue en pie. Argentina debiera suspender todo pago de los bonos con jurisdicción jurídica en el extranjero. En paralelo cancelar toda tratativa con el Club de París e investigar esa deuda. Retirarse del Ciadi y denunciar los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI’s).
Pero esta es una pelea internacional y es ese terreno en que debe resolverse. Argentina que trazar una línea común con la Unasur y buscar un arco de alianzas con las fuerzas políticas y sociales que en Grecia, España, Portugal, Irlanda... están luchando contra la deuda que los condiciona, los lleva al ajuste estructural y al empobrecimiento de sus sociedades. América latina conoce muy bien este recorrido.
Complementariamente para darle sostenibilidad a esa política se deben buscar mecanismos de financiamiento interno para aprovechar los excedentes que genera nuestra economía -freno la fuga de capitales, reforma tributaria progresiva, cambios en las políticas de subsidios, reposición de la contribución patronal a la seguridad social-.
La hipoteca sobre el país y las implicancias que esta tiene para su desarrollo están presentes. Una vez más está en juego el interés nacional.
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