7D, 2013 y referéndum

La entrada de Sabbatella a las oficinas del grupo Clarín estuvo lejos de la épica que le había otorgado el kirchnerismo. La escena se redujo a abogados de uno y otro lado que debatían si la cautelar que le permite al grupo de Magnetto no aplicar la desinversión establecida por la ley de medios está vigente o no. La llamada “democratización de la palabra” se transformó en una pelea de caranchos (muy bien pagos por sus mandantes), disputándose derechos de propiedad y porciones del mercado.
No se agrega nada nuevo si afirmamos que la estrategia de Clarín es ganar tiempo, pero la novedad es que, por lo visto, el gobierno está dispuesto a dásrselo. Es lo que surge del protocolo armado por el AFSCA, el cual descarta la intervención oficial al multimedios que no presentó el plan de desinversión. De este modo, Magnetto seguirá operando la totalidad de licencias que tiene Clarín en la actualidad y, además, tendrá varios meses para aplicar la “desinversión”. En ese lapso, es más que probable que la Cámara que debe resolver la apelación presentada por la empresa saque un fallo -el que sea cual fuere, será apelado por quien resulte derrotado. El gobierno descuenta que ese fallo será favorable a Clarín, aunque aún puede haber sorpresas. De cualquier forma, al final del camino, será la Corte Suprema la que tendrá la última palabra.
Llegado a este punto, los tiempos políticos y los del calendario se empiezan a mezclar. Es que la Cámara se tomará un tiempo para emitir el fallo y sólo luego irá a la Corte. El gobierno podría abreviarlo, utilizando el per saltum que votó en el Congreso. De este modo, la pelea entre Clarín y el gobierno se meterá de lleno en la campaña electoral de 2013. Para el kirchnerismo, sería una oportunidad de valerse de esa pelea para transformar las elecciones en un referéndum que le permita polarizar y colocar a la oposición como rehén de Magnetto. Semejante recurso no es para nada desdeñable, sobre todo cuando el kirchnerismo vive una pérdida creciente de iniciativa política como consecuencia del agotamiento acelerado del llamado “modelo productivo”.
Dentro del arco oficialista, la transformación de la elección de 2013 en un referéndum genera resistencia. Los gobernadores del peronismo temen quedar como víctimas de una derrota kirchnerista. Por eso, ya hay planes para dividir las elecciones provinciales de las nacionales, buscando asegurar cada uno su propio feudo. De prosperar esta línea, el kirchnerismo se vería en un serio problema, pues perdería el sustento electoral de la enorme legión de punteros que aportan los gobernadores. Más que nunca se pondrá en evidencia que la camarilla kirchnerista tiene como sustento el viejo y podrido aparato del peronismo tradicional.
El grupo Clarín también ve con simpatía estirar la desinversión para después de las elecciones. La apuesta es lógica: de ser derrotado el oficialismo, la “ley de medios” pasará a mejor vida. Incluso se planteará la posibilidad de que una nueva composición del Congreso revise los artículos que afectan al grupo. La excusa puede ser que la ley está “mal hecha” porque no tiene en cuenta las nuevas tecnologías -internet y telefonía- y confunde el espacio radioléctrico, que es limitado, con el cable, que no lo es. De ese modo, Clarín aspira a que una ley de medios reformada no afecte las licencias de Cablevisión y su entrelazamiento con Fibertel (internet). Pero si de todas formas estos planes no caminaran, ya se comenta que Clarín tiene listo un plan de “desinversión”, el cual consistiría en vender Cablevisión a capitales yanquis protegidos con tratados de inversión ‘recíprocos’. La ley nacional y popular podría terminar beneficiando al capital yanqui.
Para la Corte Suprema, que deberá resolver finalmente el tema, las elecciones le permitirán saber para dónde sopla el viento. Frente al agotamiento del gobierno y la crisis de la oposición, la función principal de la Corte es evitar que la cosa se vaya de madre y termine produciendo una crisis política. El choque más general entre el gobierno y la Justicia tiene este trasfondo. El kirchnerismo carece de la fuerza para alinear a todos los poderes del Estado, pero no puede dejar de intentar hacerlo si es que quiere recomponer su capacidad de arbitraje.
La disputa en torno del 7D y a la ley de medios se ha transformado en una lucha política de alcance general. Los campos patronales en disputa son ambos adversarios de la libertad de prensa y de la “democratización de la palabra”, como lo prueban las persecusiones de Clarín y el gobierno contra los trabajadores periodistas propios y ajenos. La salida de este laberinto requiere que los trabajadores de prensa, gráficos y de televisión intervengan con una posición propia, discutida democráticamente como clase, lo cual permitirá fortalecer un polo independiente de los bloques patronales en disputa.

Gabriel Solano