Después de varios meses de caída en picada, desde su reestatización parcial, las acciones de YPF mostraron un repunte. La razón de fondo para que esto ocurra es la triplicación del precio del gas natural, que el gobierno dispuso para la producción que supere los niveles históricos de cada yacimiento. El tarifazo es el único recurso del gobierno para sacar a la petrolera -y a la política energética- del pantano. A partir de estos aumentos, la administración kirchnerista quiere acelerar el endeudamiento interno y externo de la petrolera, así como las asociaciones con grupos petroleros privados -tanto locales como internacionales.
A caballo del tarifazo
Antes de que se anunciara el tarifazo en el gas, el presidente de YPF, Galuccio, le tiró otro ultimátum a la Presidenta: “las naftas deben subir un 35% por encima de la inflación” (Clarín, 16/11). Los tarifazos son la garantía de un endeudamiento. El primer prestamista es la Anses, aunque en condiciones favorables para la petrolera. Por otro lado, el gobierno impulsa asociar a YPF con grupos locales -como Bulgheroni o Eurnekian- y, fundamentalmente, petroleras internacionales. También anunció una preferencia en beneficio de proveedores locales de equipos o servicios petroleros. Los límites de esta política son claros: los préstamos obtenidos hasta ahora no llegan a financiar el 5% del “plan de inversiones”. El camino del financiamiento internacional -y las “alianzas estratégicas” afuera- plantean exigencias de otro alcance.
Fondos buitres y Repsol
En sus reuniones con inversores, Galuccio explicó que va a salir a tomar préstamos al exterior “cuando la situación de Argentina se normalice (…) después de todo el asunto de los holdouts” (Clarín, 8/12). Otro escollo -mayor- es la expropiación ‘inconclusa’ de Repsol. “No hay un solo día en que no haya conversaciones sobre ese asunto entre el gobierno argentino y el español” (La Nación, 20/11). A las presiones de los grupos petroleros, se ha sumado recientemente el propio Departamento de Estado norteamericano, el cual acaba de reclamar al gobierno argentino un “justo resarcimiento” en este caso. Repsol exige una indemnización de 10.000 millones de dólares, que representan la mitad de los recursos propios que YPF tendría que invertir en el próximo lustro. También demandó a Chevron por el acuerdo firmado con YPF, en relación con Vaca Muerta, por “apropiarse de los hallazgos de Repsol” en el yacimiento.
Los nuevos contratos
La triplicación del precio del gas ‘nuevo’ parece haber acelerado los acuerdos con Chevron y Bridas. El “modelo de asociación” con estos grupos les permite “tomar una participación en un bloque del yacimiento a cambio de que financien los costos de exploración y producción por unos años” (Clarín, 8/12). Los pulpos no serían contratistas sino socios plenos de YPF, con derechos sobre el petróleo o el gas extraído. Pero la libertad para disponer de los hidrocarburos deberá completarse, primero, con la habilitación para exportarlos y, después, con la remisión sin restricciones de utilidades al exterior. El kirchnerismo se apresta a explotar Vaca Muerta con el modelo de asociación más leonino en favor del capital extranjero.
El tarifazo del gas es sólo del comienzo. La ruta de los acuerdos con los monopolios petroleros exige un cambio total del ‘modelo’ intervencionista. Es lo que concluyen los ex ministros de Energía, quienes actúan como ariete de la oposición.
Marcelo Ramal
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