"Hay que avanzar también en la devolución constitucional de la propiedad del subsuelo a la Nación, para erradicar el manejo discrecional que realizan los gobernadores de un recurso de todo el país. El destino de los hidrocarburos debe estar en manos del conjunto de la población".
El balance de la privatización de YPF está a la vista: pérdida del autoabastecimiento, importación de combustible, aumento exponencial de los subsidios y fulminante caída de las reservas porfalta de exploración. Repsol es el principal responsable de este desastre. Vació los pozos ya descubiertos, giró utilidades al exterior y utilizó la renta del subsuelo nacional para invertir en otras regiones. Pero el resultado de la “argentinización” posterior fue aún más nefasto. Los grupos locales (Eskenazi) financiaron su ingreso a la compañía sin poner un solo peso, utilizando los recursos surgidos de la distribución de utilidades. En lugar de la ansiada recuperación nacional del sector, se consumó otro fraude. Estos antecedentes indican que un cambio del favoritismo oficial hacia otras empresas agraciadas, no resolverá el agudo problema de las inversiones faltantes. Se requiere anular las concesiones y reestatizar YPF puesto que han incumplido los contratos. El país tiene argumentos jurídicos de sobra para adoptar esta decisión y para litigar en distintos tribunales por el vaciamiento cometido contra la empresa. Obviamente, esta controversia no podrá procesarse en el ámbito del CIADI, que ya tiene preparados dictámenes a favor de las transnacionales antes del comienzo de cualquier juicio. La renacionalización debe instrumentarse sin ningún tipo de indemnización. No basta acuñar una nueva denominación (YPF Federal) o hacer ondear la bandera de la recuperación energética. Hay que detallar cómo se instrumentará ese objetivo. Una recompra de la compañía con fondos públicos dilapidaría el dinero que se necesita para realizar las inversiones. Terminaría favoreciendo, además, a algún negocio privado. Se pueden discutir distintos modelos de gestión futura, otorgando suma relevancia a una asociación petrolera sudamericana. Pero hay que avanzar también en la devolución constitucional de la propiedad del subsuelo a la Nación, para erradicar el manejo discrecional que realizan los gobernadores de un recurso de todo el país. El destino de los hidrocarburos debe estar en manos del conjunto de la población.
Claudio Katz
(Revista Debate)
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