Amado Boudou tiene todo el derecho de sentirse perseguido por mafias y monopolios. Debería defenderse mejor, con más argumentos, en vez de cuestionar a un juez digno y al Procurador General.
La paciencia del vicepresidente pareció colmarse, tras un promocionado allanamiento a un departamento suyo alquilado al empresario Fabián Carosso Donatiello, en el exclusivo Puerto Madero.
¿Boudou tenía razón para enojarse? Sí. Porque el procedimiento instado por el fiscal Carlos Rívolo y dispuesto por el juez federal Daniel Rafecas se hizo con acompañamiento de Clarín.
El enojo también era por la forma de presentar esa noticia en medios monopólicos: decían que en ese departamento vivía el vicepresidente. La verdad es que el mismo estaba alquilado desde 2010 a otra persona. Su explicación fue que sí tiene amistad con José M. Núñez Carmona, quien habría ofrecido a Alejandro Vandenbroele el alquiler mencionado para un amigo de éste, Carosso Donatiello.
La bronca de Boudou aumentó con las conclusiones ventiladas por Clarinete y TN. Supuestamente Rafecas habría hallado pruebas de que Vandenbroele pagaba las expensas del departamento. Para esos medios, tal sería la señal de que el pagador, Vandenbroele, conocía a Boudou, circunstancia negada por ambos. Para un observador imparcial, en cambio, Vandenbroele había pagado las expensas del inquilino y amigo suyo, Carosso Donatiello. Seguía en pie la coartada de que Boudou y Vandenbroele no se habían conocido al tiempo de la intervención de aquél ante la AFIP para que se levantara la quiebra de Ciccone. Esta quedó en poder de un fondo de inversión presidido por Vandenbroele y su ex mujer declaró que es un testaferro del vicepresidente.
Hasta allí las razones de Boudou, para que dijera un crispado discurso en un salón del Senado y se defendiera de aquellos ataques. Pero en esta defensa incurrió en varias pifias políticas, amén de mostrar un cuadro de cierta soledad. No lo acompañó ningún funcionario nacional ni dirigente cristinista. Fue evidente que varios que antes lo sostenían, ahora no ponen las manos al fuego por él. Florencio Randazzo, Aníbal Fernández y Carlos Kunkel declararon en esos días previos al allanamiento que no juraban por la inocencia de nadie. Cuando la posible quemazón de Boudou llegó a ser una hipótesis más firme, Fernández, Juan Manuel Abal Medina, Gabriel Mariotto y otros dirigentes dijeron que creían en esa inocencia. Eso sí, a pesar de tanta profesión de fe en estas Pascuas, las manos de ellos estuvieron siempre enguantados, lejos de las llamas.
Esa división en el seno del gobierno se ahondó luego del speach del sospechado. Es que allí hubo una andanada de acusaciones que también dieron contra el juez Daniel Rafecas y el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, dos figuras muy prestigiadas en Tribunales y la Casa Rosada. Nilda Garré y Mariotto salieron en defensa de ambos y en esto representaron el pensamiento de muchos, de adentro y afuera del gobierno.
Manos al fuego
Poner o no poner las manos al fuego fue la expresión más empleada en esta discusión política, mediática y judicial.
“Por Rafecas tengo mucho respeto”, manifestó la ministra de Seguridad, como extendiendo sus palmas hacia la hornalla. Alegó su performance durante la crisis por la ocupación del Club Albariño por “gente pesada” del macrismo. Luego, seguramente por presión o consejo de la jefa de Estado, Garré dijo que sus manos también se exponían por Boudou.
La opinión favorable sobre el magistrado es compartida por los organismos de derechos humanos, luego de tramitar causas contra represores. Querellantes y testigos lo han visto trabajar duro instruyendo esos procesos y elevándolos a juicios orales y públicos. Las causas del I Cuerpo de Ejército, salvo las del circuito Camps –derivadas a la justicia de La Plata- son del juzgado vapuleado por el vicepresidente como “agencia de noticias” de la mafia.
Las asociaciones de magistrados salieron a defender a Rafecas, jurando por su honorabilidad. Los ataques en su contra podrían llegar ante el Consejo de la Magistratura, lo que marcaría un récord de intolerancia. Se trata de un juez decente y progresista. Nada que ver con varios de sus colegas que figuraron en la servilleta de Carlos Corach y se reciclaron con los gobiernos posteriores. La currícula de Rafecas es opuesta a las de Norberto Oyarbide y María R. Servini de Cubría, por ejemplo. Sería una notable injusticia que ambos sigan pontificando en Comodoro Py y aquél viera cortada su carrera.
Este cronista no pone las manos al fuego por el magistrado, pero cree que es un juez capaz y democrático, y no una marioneta de Héctor Magnetto. Es lo que pensaba Boudou cuando intimó con aquél en los palcos de aniversarios del atentado contra la AMIA, donde ambos fueron oradores. El que cambió fue el vicepresidente, no el juez federal. Este lo investiga respetando su inocencia y el otro lo acusó de servicial con las mafias…
La artillería de Boudou contra el estudio jurídico fundado por Righi también provocó daños colaterales en el gobierno. La acusación fue que se le había ofrecido “aceitar las relaciones con la justicia federal”, léase hacer lobby sobre este fuero y obtener fallos favorables. Esto pintó a Righi como un corrupto que cobra por tramitar influencias. “Esa frase sorprende y estremece: quedamos todos muy sorprendidos”, fue el comentario del vicegobernador Mariotto.
Es que como jefe de los fiscales, el Procurador tiene una bien ganada fama de funcionario probo, luchador y honesto, del mismo palo que el fallecido Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación.
En la órbita de la PGN funciona la Unidad de Seguimiento Fiscal a Causas de Derechos Humanos, que procura acelerar esos juicios. Su periódica rendición de cuentas al interior de la Procuración y el ministerio de Justicia arroja números que –con límites- ubican a Argentina al tope del continente en esta materia.
Vecino de Jaime
Las acusaciones contra Boudou parecen parte de un guión político, escrito por Morales Solá, Alconada Moon, Pagni, Van der Kooy, Blank y otras plumas de la entente Clarín-La Nación.
Se dijo: del promocionado allanamiento surgiría que Vandenbroele le pagó una o más expensas al empresario que alquila el departamento a Boudou, sin probar relación entre el pagador y el propietario del inmueble.
El vicepresidente se mantiene en su postura inicial: sobre Ciccone se limitó a contestar un requerimiento de la AFIP, cuando era ministro de Economía, expresando que mejor era reactivar la empresa para salvar puestos de trabajo.
No obstante, aquellos enemigos de Boudou –quizás ganados por su buen rol en el punto final a las AFJP- se empeñan en demostrar que el nuevo controlante de aquella empresa gráfica era o es su testaferro, tal como acusó la despechada ex esposa del empresario.
En democracia esos críticos del funcionario tienen los estrados de la justicia para probar tales acusaciones, que hasta ahora lucen inconsistentes y politizadas. Creyéndolo casi en la lona, otros actores se sumaron a la cacería, como el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten (de triste actuación con su denuncia de que el desaparecido Julio López estaba enterrado en cierta estación de tren que no resultó cierta). Otro denunciante es el periodista Cristian Sanz, cercano a los servicios de derecha Seprin y el Informador Público, quien aseguraba que la presidenta de la Nación no se había recibido de abogada en La Plata…
Si los acusadores de Boudou van a ser de ese bajo nivel de credibilidad, como Magnetto y los dos citados, al final se ve venir su sobreseimiento judicial.
En medio de varios yerros políticos en su discurso del salón senatorial, entre los que se incluye la negativa a contestar preguntas de la prensa, Boudou dijo varias verdades. Una, la caracterización de mafioso del grupo Magnetto. Otra, que ofrecían mucho dinero por una foto suya con Vandenbroele, que no existe, pero que esos medios nada habían dicho de la foto de Mauricio Macri con un denunciado explotador de prostíbulos VIP en Argentina y México.
En Tribunales hay tres denuncias contra el vicepresidente. La más conocida, por las supuestas negociaciones en el caso Ciccone, incompatibles con su función. La otra, por coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por sus últimas declaraciones a la prensa donde apuntó contra Rafecas, Righi, el titular de la Bolsa, el dueño de Boldt, etc.
Y la tercera, por presunto enriquecimiento ilícito, un expediente que momentáneamente tiene el juez Ariel Lijo.
De las tres causas, al cronista la que le suscita más interrogantes de la conducta del denunciado es la de posible enriquecimiento ilícito. Está bien que de la Anses escaló a Economía y de allí a la vicepresidencia de la Nación, con el sufragio popular, pero sus mejores haberes no parecen estar en regla con el salto de su patrimonio. La duda, sin mayores elementos para sostenerse, es: ¿y si fuera un caso de nuevo rico como Ricardo Jaime, el cuestionado ex secretario de Transporte kirchnerista? Que éste sea vecino de Boudou en Puerto Madero no quiere decir nada, es apenas una coincidencia. La significativa evolución patrimonial de ambos sí puede dar algún margen para los signos de pregunta. ¿Todos son ricos? ¿No hay ningún Illia?
Emilio Marín
La Arena
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