Este martes 17 desde las 11 hs se realizará una audiencia clave en la Cámara de Apelaciones de San Martín (Guemes 3053) en la que debatirá si sigue firme o se revoca el escandaloso sobreseimiento a la patronal de la avícola Nuestra Huella S.A., a la que se le imputa basar su producción en el trabajo infantil y esclavo, reclutar pobres mediante mecanismos de trata y tráfico de personas y auspiciar el uso irresponsable de agrotóxicos peligrosos para la salud que fueron determinantes en la muerte del niño Ezequiel Ferreyra y en la enfermedad de varios trabajadores y niños.
A esa misma hora, los trabajadores denunciantes de Nuestra Huella acompañados por la Alameda, el MTE y numerosas organizaciones sociales se movilizarán ante la Cámara para respaldar a los querellantes y exigir el revocamiento del insólito sobreseimiento dispuesto por el Juzgado Federal de Adrián González Charbay en octubre pasado, no apelado por los fiscales que fueron recientemente sumariados por la Procuración General de la Nación.
A cuatro años de los primeros allanamientos en esa empresa que acreditaron la trata, el trabajo infantil y la reducción a la servidumbre y a casi un año y medio de la muerte del niño Ezequiel Ferreyra, los trabajadores denunciantes de la empresa continúan reclamando justicia y cárcel para la patronal esclavista, a la vez que siguen luchando en las granjas por trabajo digno, sin esclavitud, ni contaminación. La Alameda, el MTE, la CTEP, el Fol y todas las organizaciones que vienen acompañando esta lucha no cesaran en sus esfuerzos por exigir justicia para Ezequiel Ferreyra y los trabajadores que han sido victimas de los esclavistas. Los invitamos a acompañarnos.
Contactos:
Gustavo Vera 15 6158 4835 (La Alameda)
Mario Ganora 15 5883 0233 (Abogado de la querella)
Juan Grabois 15 6384 3877 (MTE)
Pablo Sernani 15 3616 0274 (abogado laboral de los trabajadores)
Breve reseña de la causa penal:
El 12 de octubre del año pasado el Juez Federal de Zarate-Campana, Adrián González Charbay, resolvió sobreseer a los dueños de la empresa avícola Nuestra Huella (Leticia Luace, Alejandra Lopez Camelo y Lucia Peressa) por los delitos de trata de personas y contaminación peligrosa para la salud.
Días antes, el Juez Charbay había rechazado la causa 2199/08 que le remitiera el Juzgado de Garantías en lo penal de Campana en la que se acreditaba luego de tres años de investigación, la reducción a la servidumbre, el trabajo infantil y la trata de personas con fines de explotación laboral en Nuestra Huella. El Juzgado provincial se declara incompetente una vez que prueba la trata y remite las actuaciones como corresponde al Juzgado Federal que ya entendía en otra causa sobre trata de personas a la misma empresa y denunciada por el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, Charbay rechaza el expediente, desestima lo que otros jueces ya juzgaron y se saca de encima las contundentes pruebas, para luego facilitar el sobreseimiento de los directivos de la empresa. Y esto lo hace con la complicidad de los fiscales que ni siquiera apelan la denuncia que habìa hecho el propio Ministerio Público Fiscal y por eso desde marzo pasado se les abre un sumario e investigación.
La Alameda como querellante de las victimas apela el sobreseimiento y también apela el rechazó del juez federal de Campana Adrián González Charbay a la causa que le envía el Juzgado de Garantías. Charbay rechaza la segunda apelación y la Alameda vuelve a presentar un recurso de queja ante la Cámara Federal de San Martín que ahora concentra en sus manos la resolución de las dos causas que investigan a la empresa y que comenzará a definirse en la audiencia de hoy.
La empresa avícola Nuestra Huella que dirigen Leticia Luace y Alejandra López Camelo posee setenta granjas en la zona norte de Bs As y Corboba en la que explota a destajo a familias pobres que trae del exterior y del norte de nuestro país con mecanismos de trata y tráfico de personas. La Alameda-MTE han logrado acreditar con testigos y filmaciones desde el 2008 numerosos casos de trabajo esclavo e infantil, incluso en el 2011.
En abril de 2008 un allanamiento del Juzgado Penal de Campana encontró en una de las granjas a los trabajadores y niños esclavizados, en viviendas precarias, entre el veneno, la sangre y el guano y rodeados de una alambrada electrificada para que no se escapen del lugar. Así comenzó la causa que acreditó la trata y que el magistrado González Charbay no quiere recibir. En Agosto de 2008, las imágenes de los niños trabajando en varias de esas granjas que hicieron la Alameda y el MTE recorrieron el mundo. Un mes después, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, multó a la empresa en un millón de pesos por detectarle trabajo infantil en 30 granjas.
La evidencia recogida en el 2008 más una investigación realizada por la fiscalía antitrata nacional, UFASE, que preside Marcelo Colombo derivó en una denuncia contra la empresa por trata de personas ante el Juzgado Federal de Charbay.
Tiempo después, otra investigación de octubre de 2010 del INADI que fue remitida al Juzgado de Charbay, también acreditó la trata de personas en la empresa.
El 24 de mayo de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el informe de la relatora especial sobre trata de personas Joy Ezeillo acerca de la Argentina en la que se destacan en varios párrafos la escandalosa impunidad de los directivos de Nuestra Huella ante el cúmulo de pruebas reunidas en su contra.
No es un dato menor que la presidenta de la empresa, Alejandra López Camelo es la prima del actual Intendente de Pilar, Humberto Zuccaro, Tampoco que su cuñado, es el titular de UATRE local, Jorge Herrera. La complicidad de la intendencia y del sindicato local que tendría que defender a los trabajadores explotados con la empresa esclavista fue demasiado evidente todos estos años. Varias grabaciones donde un dirigente local de UATRE ofrece dinero a las victimas a cambio de que levanten las denuncias fueron presentadas ante la justicia y los medios por la Alameda. La Intendencia local siempre minimizó las denuncias y el ex intendente de Pilar, Sergio Bivort, patrocinó durante años a los directivos de la firma.
En este marco de complicidad y encubrimiento se inscribe el accionar completamente arbitrario del Juez Federal Adrián González Charbay que nunca quiso unificar las causas, que rechazó la del penal de Campana cuando este acreditó la trata y que sólo se limitó a hacer “como si” fuera a hacer justicia cuando la muerte de Ezequiel conmocionaba al país, esperando pacientemente que bajara la marea mediática, para dejar a todos los directivos impunes.
Los trabajadores denunciantes junto a la Alameda y el MTE no sólo han apelado los últimos fallos de Charbay, sino que además se movilizarán hoy ante la Cámara Federal de San Martín para pedir la revocatoria a los sobreseimientos dispuestos por el Juez Federal y las garantías de que se investigará con imparcialidad y habrá juicio y castigo a los culpables
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