Para salir de esta encerrona, los trabajadores debemos dirigir y controlar la industria energética y la económica toda.
Frente a la ola polar y la crisis energética imperantes, el gobierno dispuso que las empresas distribuidoras y transportistas de gas garantizaran el fluido a usuarios residenciales. 120 estaciones de servicio, en su mayoría de la provincia de Buenos Aires, tuvieron que restringir la semana pasada la venta al público de gas; además, se vieron afectadas empresas del sector de la bebida, de la cerámica, de la madera y del textil. En este marco, los funcionarios libertarios salieron a importar combustibles líquidos para evitar más interrupciones de servicios, en un cuadro de aumento de los precios internacionales de esas mercancías y de bancarrota financiera.
Las distribuidoras de gas limitaron el fluido a los usuarios que tienen contratos interrumpibles, aunque no está excluida la posibilidad de que se haga lo mismo con las industrias que poseen contratos firmes “pero con ventana”. Esta situación viene a empalmar con un escenario de recesión, en el cual muchas empresas están avanzando en despidos y suspensiones de trabajadores con reducción de salario.
El faltante de gas se explica en parte por la postergación de importación de GNL que el gobierno ordenó como parte de su política de pisar las compras al exterior para lograr un precario superávit en la balanza comercial. Esto último está ahora cuestionado por la licitación desesperada para importar gas que acaban de anunciar, por 300 millones de dólares.
La presión es mayor habida cuenta que, con el objeto de pilotear la crisis, el gobierno anunció la importación de combustibles líquidos: necesita 200.000 toneladas de fuel oil y 350.000 metros cúbicos de gasoil. Se estima que el costo estimado de todos los cargamentos rondará 600 millones de dólares adicionales a lo que ya estaba previsto (EconoJorunal, 21/5).
Los combustibles líquidos son más caros que el gas; su uso por parte de las empresas generadoras conducirá a un recalentamiento de las tendencias inflacionarias, cuando todavía quedan aumentazos por aplicar en las tarifas de gas y electricidad. Asimismo, todavía no se saldó la deuda que Cammesa mantiene con las compañías generadoras de energía.
“La Argentina tiene excedentes de gas con el reservorio de Vaca Muerta, pero la falta de inversión en los últimos años generó que esa mayor producción no haya sido acompañada por una ampliación del sistema de transporte”, dice un artículo de La Nación (24/5). En este contexto, el gasoducto Néstor Kirchner está enviando menos de 14 millones de metros cúbicos de gas por día, cuando tendría que transportar al menos 22.
Es que no se instalaron las plantas compresoras que permiten ampliar la capacidad de transporte. El gobierno libertario no giró el dinero a las constructoras a cargo de las obras; tiene una deuda de 40 millones con Sacde y Contreras, dos empresas del rubro.
El plan motosierra es insoportable. A todo esto se suma la suspensión de los envíos de energía de Brasil hacia Argentina como consecuencia de las inundaciones.
De sancionarse la Ley Bases libertaria estos problemas se agravarán, porque el Estado no podría intervenir en el transporte y la comercialización de hidrocarburos.
Asimismo, daría lugar a la libre exportación de hidrocarburos y/o derivados, lo que afectaría el abastecimiento del mercado interno provocando nuevas crisis y también sería un factor de suba de los precios de la energía hasta igualar las cotizaciones internacionales en dólares.
Asimismo, el Ejecutivo nacional debió importar menos combustible porque no tiene dólares. Lo que prima en Argentina es una bancarrota económica-financiera con sus tendencias a la devaluación, a la inflación y a la depresión al rojo vivo.
Para salir de esta encerrona, los trabajadores debemos dirigir y controlar la industria energética y la económica toda.
Nazareno Suozzi
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