En el marco del año electoral que recién empieza, la Ministra de Seguridad aseveró que extenderá el registro de ADN hoy vigente para violadores, a todas las personas que cometan un delito, pero también dejó en claro que su meta es que se extienda a todos los habitantes de la Argentina.
Como ya había afirmado en 2016, la ministra estrella del Gobierno Nacional manifestó una vez más que tiene como pretensión imponer la extracción de muestras de ADN a toda la población para conformar un banco que registre el código genético de todas las personas que habiten el suelo argentino.
Afirmando que se trata de “la huella digital del siglo XXI”, Patricia Bullrich, quien ahora se encuentra en plena campaña y con un alto nivel de exposición mediática, se expresó a favor de la medida con el argumento de que sería útil para casos de “desaparición de personas, paternidad, maternidad”.
Semejante violación a la privacidad de las personas en manos del Estado tendría consecuencias que resultan difíciles de dimensionar. Por mucho menos la misma Bullrich años atrás manifestaba su disconformidad. De hecho, en 2012 la hoy ministra tuiteaba: “Qué más quieren? El ADN para que la gente pueda viajar?”, en pleno debate sobre los datos que recogería la tarjeta SUBE, en el contexto en que a su vez el gobierno kirchnerista impulsaba la recolección de datos biométricos mediante el sistema SIBIOS, la monumental maquinaria que incluía, entre otros datos, los necesarios para el reconocimiento facial.
Con el siempre funcional caballo de batalla de la seguridad, se intenta dejar en segundo plano el fundamental derecho a la intimidad de las personas, en un país en el que la ciudadanía maneja muy poca información al respecto. De hecho, los argentinos están familiarizados, por ejemplo, con el registro de las huellas digitales, cuando en muchos países no existen registros de este tipo.
En Estados Unidos, por tomar un caso, no existe un equivalente al DNI. En países como Alemania, existe un documento de identidad, pero el Estado no cuenta con las huellas digitales de la población. Un caso reciente fue el de Reino Unido, que tuvo que dar marcha atrás con una iniciativa de almacenamiento de datos biométricos, debido a la presión popular.
Cuando decimos que las consecuencias de una medida de este tipo son difícilmente mensurables, nos referimos no sólo a la peligrosidad de que esa información cuantitativa y cualitativamente valiosa, y sensible, se encuentre en manos del Estado y del gobierno de turno, sino también a las corporaciones que entrarían en el juego, manejando información que no solamente se acota a datos que permitirían establecer si una persona estuvo en una escena del crimen, o determinar la existencia de un parentesco, sino que además incluye detallada información sobre aspectos como la predisposición a enfermedades y otros.
El ADN aloja las características que hacen único a cada ser humano, proporcionando la información más detallada e íntima sobre su composición genética, cada día más amplia en tanto se profundiza el conocimiento acerca del genoma humano. Su extracción, análisis y almacenamiento forzado implica una intromisión en manos del Estado nunca vista en nuestra historia.
Teniendo en cuenta la historia argentina en general, la de los últimos años, y en particular las políticas del gobierno actual en lo que llaman seguridad, no hace falta mucho esfuerzo para imaginar cómo se podría profundizar el panorama represivo si el delirio del “ADN para todos” se llevara a cabo.
Mucho Palo Noticias
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