La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó la edición 2018 del Informe de la Situación Represiva Nacional. Entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019 -en 1059 días de gobierno de Mauricio Macri-, se produjeron 1303 muertes a manos de las fuerzas de seguridad.
A tres años cumplidos de gestión de Cambiemos, hoy el Archivo realizado por CORREPI refleja el imponente salto represivo del gobierno de Mauricio Macri que ha batido todos los récords de sus antecesores desde fin de 1983 y ya ha comenzado a superar los propios.
“A fin de 2017, decíamos que, por primera vez en los 35 años transcurridos desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, el actual gobierno había superado la barrera de un muerto por día a manos de su aparato represivo. Señalábamos que, frente al promedio de un muerto cada 30 horas del conjunto de los 12 años de gobierno kirchnerista e, incluso, frente al pico de uno cada 28 horas de 2015, el macrismo había incrementado la frecuencia exponencialmente, con un caso cada 25 horas para fin de 2016 y uno cada 23 al año siguiente. Tres años después, el promedio de muertes bajo el gobierno del PRO y sus aliados es de un caso cada 21 horas”, expresan desde la organización.
Desde CORREPI, señalan que, para comprender la gravedad del dato, basta comparar el ritmo del crecimiento del avance represivo: “Al kirchnerismo le llevó más de 10 años pasar de un caso cada 30 horas a uno cada 28. El macrismo, en apenas tres años, incrementó a más del doble la frecuencia”, afirman en el informe.
Un total de 1.303 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal durante la gestión de Cambiemos, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019. En poco más de tres años, la cifra representa el 20% del total de casos desde diciembre de 1983.
En este sentido, desde CORREPI, indicaron: “Desde el mismo inicio de la gestión de Cambiemos, alertamos sobre el fuerte incremento represivo que vendría, a partir de la certeza de que, para cumplir el objetivo de reestructuración profunda y a largo plazo de la relación capital-trabajo que el nuevo gobierno se proponía, necesitarían echar mano de todos los recursos existentes para ampliarlos y profundizarlos, e inventar nuevas herramientas represivas de ser necesario. Ese diagnóstico inicial fue correcto”.
“Sin embargo, lo que vino en materia de ajuste y represión responde, en nuestro análisis previo, a uno de los peores escenarios pensados. Desde los primeros meses de gobierno, fue evidente el sostenido avance sobre nuestros derechos y su necesario corolario, el ataque para disciplinar todas las formas de protesta, de la mano de un aumento exponencial de las estrategias para el control social difuso en las calles”, agregaron.
Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, suman 91 desde 1995. El gobierno de Cambiemos inauguró en 2017 su cuenta, con la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, y el fusilamiento de Rafael Nahuel, por mano de GNA y PNA respectivamente, y sumó, en 2018, los asesinatos de Ismael Ramírez (13) en la represión a un piquete de desocupados en Sáenz Peña, Chaco, y de Rodolfo Orellana, militante de la CTEP, en la represión a un conflicto por tierra y vivienda en La Matanza.
Desde la organización, manifiestan que, en la categoría de muerte de personas privadas de su libertad, que incluyen cárceles, comisarías y todo otro lugar de detención (incluso patrulleros), “confluyen los clásicos ‘suicidios’, que encubren, en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos e incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que, invariablemente, no reciben auxilio o lo reciben tardíamente”.
Los datos son contundentes: más del 85% del total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal estaban en un calabozo o caminaban por un barrio. La casi totalidad de las muertes en comisaría corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones.
Al respecto, desde CORREPI, señalan: “En estos tres años, se da una paradoja significativa, al ritmo de la época: mientras los fusilamientos de personas desarmadas, en particular, varones jóvenes, crecen a un ritmo nunca antes visto, es cada vez menor el reflejo de esos hechos en los medios del sistema. Excluyendo los casos de contacto directo con la familia o amigos, son los medios de comunicación populares y las redes sociales los que nos permiten enterarnos la mayoría de las veces. A la vez, se desató como nunca antes una campaña de legitimación de estos fusilamientos, protagonizada por los funcionarios de primera línea del gobierno y amplificada hasta el paroxismo por los medios hegemónicos”.
El abrazo del presidente Mauricio Macri al policía de gatillo fácil Luis Chocobar y el de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a la policía fusiladora Carla Céspedes son las dos fotos que ilustran uno de los rasgos distintivos de la gestión Cambiemos: la explícita y frontal reivindicación pública del gatillo fácil como política de estado.
La tinta
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