Mientras el presidente anuncia más parques nacionales y una denodada vocación por cuidar la ecología, varios funcionarios están implicados en causas judiciales por deforestaciones y contaminación de arroyos. Otros, directamente, defienden con voz y votos el uso de agrotóxicos. El discurso vacío que, no por eso, deja de ser efectivo.
El discurso green friendly del presidente Mauricio Macri apareció, en este primer cuatrimestre, en cada una de sus apariciones públicas. La primera, y quizás la más resonante, fue cuando abrió las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación: allí, en los 43 minutos de cadena nacional que estuvo sentado frente a la bancada oficialista y opositora, anunció la creación de nuevos parques nacionales y repasó los avances en ese sentido que se habían dado durante su gestión.
Días más tarde, en la entrevista buenaonda que le hizo Mariana Fabbiani en Canal 13, el presidente fue por más, y no sólo se refirió a proyectos puntuales, sino a una filosofía que supuestamente busca contagiar: “Queremos empresarios que traten bien a su gente, que cuiden el medio ambiente y que inviertan en lo que hacen”.
Hasta ahí, todo bien: algunos lugares comunes que no son nuevos, intenciones que podrán estar mejor o peor pensadas o articuladas, y un cuidadoso relato ecológico que siempre seduce a una parte importante del electorado, de acuerdo al manual de instrucciones duranbarbista. Pero como sucede con su amigo y sucesor porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que promociona una “Ciudad Verde” llena de falsas plantas en las esquinas, la contradicción del presidente se trasluce entre lo que dice y lo que hace. Entre lo concreto y lo dialéctico. Porque mientras se jacta de que su gobierno está preservando y ampliando las superficies de parques nacionales y de áreas protegidas en el mar argentino, algunos funcionarios aparecen involucrados en causas judiciales por daños ambientales y otros no tienen reparos en defender una política que erosiona, cada vez más, el ecosistema.
Deforestados
En Piruaj Bajo, al norte de Santiago del Estero, no hay señal de celular. Las llamadas y los mensajes a las personas que tienen teléfonos y viven allí quedan en un limbo. A veces, internet funciona a la noche y la comunicación puede concretarse. A veces, hay que esperar a viajar a algún pueblo con señal.
En Piruaj Bajo viven alrededor de 100 familias desde el fondo del tiempo. Todas son familias campesinas que crían animales y trabajan pequeñas superficies de tierra para subsistir. “Ahora nos quieren desalojar y nos amenazan, nos ponen alambrados y vienen con topadoras”, le describe Nicolás a Cítrica. Ahora, Nicolás está en Nueva Esperanza, a 80 kilómetros de la comunidad: la distancia que hay que recorrer para que los celulares respondan.
La de Piruaj Bajo podría ser una más de las muchas historias de desalojos a comunidades originarias o campesinas en la Argentina.Pero a este conflicto hay dos singularidades que lo hacen especial: la primera es que la empresa que quiere desalojar a las familias se llama Sacha Rupaska S.A. y tiene, entre sus accionistas, al ministro de Finanzas, Luis Caputo. La segunda es que el motivo del desalojo es para completar un desmonte que debió ser evitado desde el principio: la zona en cuestión está protegida.
Por esa razón, Greenpeace, Mocase-Vía Campesina, un sector de la Iglesia y otras organizaciones se juntaron para denunciar a la empresa, el último 23 de febrero, ante la Dirección de Bosques y Fauna de Santiago del Estero por el desmonte de 500 hectáreas en un área identificada como “amarilla”, en la que –en teoría– no se permite ningún tipo de tala o desmonte.
A diferencia de la empresa offshore que omitió incluir en su declaración jurada, y por la que tuvo que responder en el Congreso, Caputo no tuvo reparos en incluir su participación en Sacha Rupaska: es uno de los accionistas de la empresa desde su creación, en 2007.
Con el mismo propósito que Sacha Rupaska –convertir el monte en un campo de soja–, Alejandro Braun Peña, uno de los primos del jefe de gabinete Marcos Peña, empezó a derribar los árboles de la finca El Cuchuy, ubicada en el departamento de San Martín, en Salta. Pero el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable provincial suspendió esta acción porque la zona está protegida por la Ley de Bosques y la 26.160, que impide los desalojos a pueblos originarios. Como pasa en Santiago del Estero, en esa zona salteña hay un pequeño grupo de familias wichi que quedó arrinconado y es asediado sistemáticamente por los empresarios locales, que en nombre de la rentabilidad quieren cambiar un bosque por un mar sojero. Incluso con exhortos explícitos, como aseguró Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace: “En lugar de detener las topadoras que están destruyendo el monte salteño, Braun Peña nos amenaza con acciones legales. No nos vamos a callar”, dice. El empresario es uno de los primos que el jefe de Gabinete “no conoce”, aunque merodea el círculo rojo de Cambiemos desde siempre: aportó a la campaña electoral, entró en el blanqueo de capitales y ahora es proveedor de luminarias del Estado. En Cuchuy, además, Braun Peña es socio de Pablo Clusellas, actual Secretario de Legal y Técnica de la Nación.
“Cuando los funcionarios se refieren al cambio climático siempre lo embocan como una justificación. No se acuerdan del cambio climático cuando permiten e impulsan la soja transgénica, Vaca Muerta o la megaminería. Para ellos, el cambio climático es algo abstracto y sin culpables”, reflexiona el abogado ambientalista Enrique Viale.
Un disfraz con mal olor
Lo que dice Viale tiene un ejemplo paradigmático. Un ejemplo que pasó inadvertido porque nuestra hipertrofia informativa hace que, muchas veces, lo superficial prevalezca por sobre el contenido. La noche en la que el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, se disfrazó de planta y quedó en el centro de las cargadas en redes sociales, en su cuenta oficial de Twitter escribió un slogan que sintetizó todo: “Soy un hombre planta que trabaja por una Argentina verde #CambioClimático”.
Lo curioso es que mientras hace ese trabajo por un país verde, Bergman figura como uno de los miembros fundadores de una fundación que posee denuncias por contaminar el arroyo de Colonia Avigdor, en Entre Ríos. Además de ser uno de los fundadores, el ministro fue durante mucho tiempo su director ejecutivo.
La fundación se llama R.A.I.C.E.S (Red de Acciones e Iniciativas Comunitarias para la Empresa Social) y uno de los emprendimientos que lleva a cabo es el de gerenciar y administrar una empresa láctea que, según la presentación judicial de la ONG Más ríos, menos termas, arroja líquidos residuales, sin tratamiento alguno, al único arroyo existente de la localidad. Los propios trabajadores afirmaron que el lactosuero no se trataba y era vertido a través de un caño clandestino que nacía en la fábrica y terminaba en el espejo de agua.
“Existe una decisión política del Gobierno de construir el discurso sin ninguna base técnica o sustento. Se basa en repetición y coherencia. Así instalan mentiras. Esta es la característica más notable. Y eso, en el tema ambiental, es trágico”, dice Raúl Montenegro, biólogo, premio Nobel alternativo y presidente de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente.
Veneno como política de Estado
Más allá de las causas judiciales que involucran a funcionarios, hay algo mucho más grande –y mucho más dañino–: el modelo extractivista de un Gobierno que no muestra ningún signo de cambio de rumbo.La prueba más cabal de esto la dio el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, en una reciente reunión con apicultores, que expusieron la “crítica situación” del sector, debido al “progresivo deterioro ambiental por la pérdida de biodiversidad, como resultado de la política agrícola intensiva vinculada al uso de agroquímicos“. Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural, ideólogo de este plan agroindustrial, respondió con una pregunta que era toda una declaración de principios:“¿Cómo piensan convivir con eso? Porque el modelo no va a cambiar”. Y si Etchevehere lo puso en palabras, los concejales de Cambiemos en Gualeguaychú lo pusieron en votos: fueron los únicos que se opusieron al proyecto para prohibir el uso de glifosato en ese departamento entrerriano, en alerta por un incremento sideral de casos de cáncer.
Para Montenegro, el problema justamente es ése: mentir para defender el modelo. “Cuando dicen que los plaguicidas no hacen daño, uno no tiene la posibilidad de comprobarlo. Los números de la inflación, si uno va al super puede desmentirlos”, compara. “Que haya más parques nacionales está bueno. Pero el resto queda liberado al capital impunemente. Tienen mucha publicidad cuando crean un parque, pero eso no justifica todo lo otro”, agrega Viale. Todo lo otro: desmontes ilegales, contaminación de aguas, agroquímicos que destruyen el hábitat. Problemas que existen y crecen, aunque quieran taparlos con sloganes y plantas artificiales.
Quemando basura
El bloqueo mediático que orquestó el Gobierno porteño mediante operadores que convencían a periodistas con viajes a Europa y promesas de un respeto ecológico sin ningún sustento dio resultado: a pesar del rechazo de cooperativas de cartoneros y de todas las organizaciones ambientalistas, la Legislatura porteña — con los votos del bloque oficialista más otros dos legisladores — habilitó, a principios de mayo, el proyecto para incinerar residuos de la Ciudad. Fue una reforma silenciada y sin ningún debate público.
El proyecto, al que el abogado y referente de la CTEP, Juan Grabois, calificó como un “crimen social y ambiental”, pone en riesgo el sistema de reciclado que realizaban cooperativas de cartoneros (que representa seis mil puestos de trabajo directos y más de veinte mil indirectos), pero sobre todo la salud de los porteños y bonaerenses. “La incineración de residuos sólidos urbanos no es una tecnología renovable ni limpia, ya que la basura domiciliaria no es un recurso renovable, y su combustión genera emisiones de gases de efecto invernadero, sustancias peligrosas para la salud y el ambiente”, sostuvo la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Agustín Colombo
Revista cítrica
@ahcolombo
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