El llamado al FMI y el nombramiento de un ministro “coordinador” han buscado, de parte del gobierno, trasmitir el mensaje de que la crisis desatada por la corrida contra el peso habría terminado.
Lejos de esto, las tratativas con el FMI se han convertido en un revulsivo, en primer lugar, de la crisis política. Una expresión de ello es el choque en torno a las retenciones, y el anuncio de que está en carpeta mantenerlas para la soja y reimplantarlas, en parte, para el trigo y el maíz. Este viraje tiene lugar luego de que el gobierno suspendiera por 60 días la aplicación de nuevas subas en las tarifas. Este giro representa un enfrentamiento con dos sectores claves de la política económica del macrismo. Es un resultado, en principio, de la exigencia de ajuste fiscal adicional exigida por el Fondo – que superaría los 8.000 millones de dólares. Además de estos sectores, la exigencia de podas impondría “examinar, por ejemplo, los subsidios a muchas actividades económicas” (La Nación, 24.5), como “el caso de la importación y ensamblado de electrónicos” (id). El mismo diario señala que un recorte, en este caso, tocaría “al alter ego de Macri, Nicolás Caputo”.
De conjunto, se asiste a un choque entre el gobierno y el FMI en torno del tipo de cambio. El FMI exige una devaluación mayor para detener una nueva corrida cambiaria y el creciente déficit de la cuenta corriente con el exterior. El acuerdo ‘stand by’ que propone el Fondo excluye la posibilidad de financiar una fuga de capitales. Sólo aporta al sostenimiento de un ajuste impulsado por la devaluación. Es un acuerdo de ‘asistencia’, no de rescate.
Devaluación
En torno de esta misma cuestión –la de la devaluación – el derrumbe de la política macrista ha acentuado las fisuras entre las facciones capitalistas que sostienen al gobierno y, naturalmente, en el propio gabinete. El clan Caputo-Quintana, que ha comandado las operaciones de deuda desde el 2016 hasta acá –y sostiene los vínculos con los fondos internacionales que siguen especulando con la bancarrota argentina– está interesado en “clavar” el dólar en los niveles actuales, para no golpear a los tenedores de Lebac y de deuda pública, contratadas en pesos. Sin embargo, el ‘desarme’ de la deuda por Lebac, de 1.3 billones de pesos, al 40% de interés, que dice haber puesto en marcha Sturzenegger, llevaría un tiempo larguísimo, el cual es incompatible con una superación de la fuga de capitales. En oposición a este planteo, la salida devaluacionista del FMI es apoyada por la burguesía agraria e industrial asociada a la exportación.
Pero la combinación de la devaluación con el régimen de dolarización de tarifas conduce inexorablemente al rodrigazo que ya se ha desatado, y cuyas consecuencias plenas aún no se desplegaron del todo. Por lo pronto, el dólar a 25 pesos debe llevar a la virtual duplicación de los ya confiscatorios aumentos de tarifas del mes de abril. El lobbysta de los petroleras, Aranguren, ya se encargó de informarle al ministro coordinador que “la nafta tiene un atraso en su precio del 40%, y (…) los combustibles deben recuperar su valor en el segundo semestre” (Clarin, 25.5). En el caso de la electricidad y el gas, sus actuales valores –con el reciente tarifazo incluido- responden a un dólar calculado en…18,50 pesos. Los privatizadores, por lo tanto, ya reclaman por el “atraso tarifario”.
En la deliberación del gabinete y de la propia burguesía, campea, desde luego, el fantasma de una rebelión popular contra el `rodrigazo` en curso. Mientras tanto, el gobierno defiende a rajatablas unas paritarias del 12% anual para los estatales, y ha renovado su oleada de cesantías en las reparticiones (INTI, ministerios). Procura que una renegociación de salarios tenga lugar desde un piso que permita concesiones. En esta línea ha concentrado sus ataques en el movimiento obrero combativo, con la intención armar un frente macartista con la burocracia sindical y el peronismo. Los candidatos a quedarse con la concesión del servicio de subterráneos han puesto la condición de una ‘limpieza laboral’ en el subte.
Un propagandista del gobierno, Willy Kohan, dice, sin embargo, que “no aparece claro el camino para recomponer la confianza en un modelo que se quedó sin nafta” (“Ya no se sabe si gana en 2019”, Cronista 24.5). Sin nafta, la ofensiva del gobierno va más allá de su capacidad para lograr sus objetivos.
El pretendido gobierno monolítico y “ungido” por el FMI, es, por el contrario, un régimen en crisis, que debe enfrentar, en el corto plazo, los sacudones de una crisis financiera que no se ha cerrado, y una lucha de trabajadores, que debemos esforzarnos que crezca y se desarrolle.
Vamos por un congreso obrero del clasismo, por un paro activo nacional, y por un Congreso de bases de las centrales obreras, para desarrollar una alternativa obrera al derrumbe capitalista.
Marcelo Ramal
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