miércoles, 23 de mayo de 2018

Mucho más que el subte



Qué se juega en esta lucha

La atención pública excluyente que ganó el conflicto del subte en estas horas no es un hecho fortuito: la lucha de los metrodelegados concentra –y anticipa– cuestiones centrales de la actual situación política.
En primer lugar, la lucha del subte ha colocado al rojo vivo la cuestión de la reapertura de las paritarias: a esta altura, y con una perspectiva inflacionaria del 28-30% para este año, los acuerdos paritarios del 15% y en cuotas plantean la perspectiva de una caída del salario del orden del 13-15% para 2018, ello, sin considerar nuevas corridas o saltos devaluatorios en puerta.
El gobierno y las patronales se escudan en “cláusulas de revisión” que en el pasado reciente incluso fueron desconocidas, y que en cualquier caso van a desconocer el brutal desfasaje provocado por la megadevaluación y la carestía ulterior. La gran pulseada entre el Estado y la clase obrera pasa ahora por esta tentativa de desvalorización del salario y las jubilaciones. Detrás del reclamo de Metrovías, puede abrirse la puerta de las decenas de gremios que, de la mano de todas las fracciones de la burocracia, han firmado paritarias ruinosas.

“Personería”

Para desconocer el reclamo salarial, el gobierno alude a la “incapacidad legal” del sindicato del subte para discutir paritarias, ello, por el fallo de la Corte que le negó este derecho a la AGTSyP y mandó para atrás todo el trámite de reconocimiento integral de su personería gremial. Es la personería que el kirchnerismo nunca le quiso otorgar a la AGTSyP durante su mandato, como parte de los pactos de “gobernabilidad” que sostenía la ex presidenta CFK con el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri. La inscripción gremial sólo le fue otorgada al subte días antes del traspaso presidencial de 2015.
Ahora, el Estado se vale de la proscripción gremial que él mismo armó – a pesar de que la AGTSyP concentra la adhesión del 85% del subte – para rechazar siquiera una negociación con los metrodelegados. Semejante acto de violencia “institucional” demuestra hasta dónde llega la coacción y el despotismo de los poderes del Estado cuando está planteada una lucha contra la clase obrera. Los operadores mediáticos que se escandalizan con los piquetes de los trabajadores del subte no dicen una palabra de esta monumental operación de despojo de los derechos sindicales, y que fue completada, en los túneles, con palos, gas pimienta y detenciones contra los trabajadores que organizaban la huelga.
Estos mismos “mediáticos” le admiten a los metrodelegados que “paren”, si quieren, pero sin “impedir que otros trabajen” (en este caso, los supervisores a quienes la patronal intentó poner a hacer funcionar los trenes). Pero la huelga no es el derecho `individual` a no trabajar. Es el derecho colectivo de los trabajadores a interrumpir la producción con todos sus métodos de lucha. Sólo está acción colectiva puede enfrentar a la inmensa conspiración del gobierno, el concesionario parásito y la “justicia” contra los trabajadores. No hay subterfugios para defender este camino: con estos mismos métodos, los metrodelegados defendieron en el pasado la seguridad y la salud de los pasajeros, frente a formaciones contaminantes y en pésimo estado de mantenimiento.

A dónde vamos

La invocación hasta el hartazgo del fallo de la Corte contra la AGTSyP demuestra que la escalada legal contra el subte –y cuya directiva tendió a minimizar – sería fuertemente explotada por el gobierno a la hora de atacar a los metrodelegados. Es cierto, sin embargo, que un sindicato es mucho más que un papel o una personería – lo demostró el contundente paro general de este martes, después de las 16 detenciones. Para superar la proscripción gremial, el sindicato debe ser la fuerza colectiva de los trabajadores actuando contra el capital y el Estado.
El reclamo de la reapertura de paritarias, de una mesa de negociación con los metrodelegados, de levantamiento inmediato de todas las sanciones y procesos judiciales exige de un plan de lucha que debe contemplar la preparación de la huelga general, en conexión con todo el movimiento obrero que soporta, también, la perspectiva de una liquidación inflacionaria de sus salarios.
El gobierno que ha enviado las tropas a los andenes pretende mostrar una fortaleza que no tiene a la hora de contener la fuga de capitales, el desmadre económico y la bancarrota de su propia política. Las consecuencias devastadoras de ese derrumbe lo sufre toda la población trabajadora que se transporta para el subte. Es necesario ganarla a los propósitos de esta lucha con una campaña enérgica en defensa del derecho a huelga, a la reapertura de todas las paritarias y a la propia seguridad en el transporte, siempre amenazada por el parasitismo del concesionario que arrancó un tarifazo del 66% pero pretende que “sus” trabajadores se arreglen con un 15%.
Encaremos una campaña en toda la Ciudad en defensa de los trabajadores del subte.

Marcelo Ramal

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