La impunidad conocida : Blaquier ni a la indagatoria ni se sabe dónde está.

Empresario directamente vinculado al genocidio
Salió del país y alegó problemas de salud para no presentarse a la indagatoria

Un viejo truco para ganar tiempo

El presidente del Ingenio Ledesma debía declarar hoy por la Noche del Apagón. Sus abogados pidieron diferir la citación y, además, Migraciones confirmó que Blaquier viajó a Uruguay hace un mes y no volvió. Las querellas pedirían su captura internacional.

Por Alejandra Dandan - Desde Jujuy

Pedro Blaquier volvió a patear el tablero: no se presentará a la indagatoria de hoy. Sus abogados presentaron en el Juzgado Federal de Jujuy un escrito “para acreditar una dolencia de salud”. El presidente del Ingenio Ledesma, citado a indagatoria por su participación en la privación ilegal de 27 personas en la causa por la Noche del Apagón, consiguió de esa manera “diferir” la citación. El juez federal Fernando Poviña, que aceptó la presentación, dijo que la indagatoria se posponía “solo por única vez” y pidió de todas maneras un perito del Cuerpo Médico Forense para que acredite ese estado. Aun así, mientras esa noticia se confirmaba en Jujuy, donde la indagatoria de Blaquier era esperada por un acampe multitudinario de organizaciones políticas y sociales y organismos de derechos humanos, este diario pudo conocer que en realidad nadie sabe si los peritos van a poder ver alguna vez al empresario: según los datos de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior, Blaquier salió del país el último 15 de abril con destino a Uruguay y todavía no regresó. Los organismos de derechos humanos que forman parte de la querella anunciaron que, si se confirma en forma oficial que Blaquier permanece fuera del país, pedirían su captura internacional. En el juzgado, sin embargo, fueron más cautos: dicen que como la indagatoria fue técnicamente “diferida” deben esperar el informe de los peritos para tomar una decisión.
Ninguno de los acampantes se levantó de la plaza de San Salvador cuando se conoció que Blaquier no se presentaría. Los carteles preparados durante toda la noche por las organizaciones –como la Tupac Amaru, de Milagros Sala– para esperar el momento de la indagatoria multiplicaban en las calles miles de imágenes con el logo del Ingenio Ledesma, ahora dibujado con una gorra militar y la palabra “genocidas”.
Blaquier está representado en la causa por el abogado Horacio Aguilar, ex juez federal de la provincia de Jujuy. Aguilar fue el juez que tuvo en sus manos la causa del Ingenio Ledesma que nunca avanzó, y quien dejó como sucesor a Carlos Olivera Pastor, que siguió sus pasos y terminó obligado a renunciar por las movilizaciones multitudinarias del último 24 de marzo. Poviña es el nuevo juez subrogante. Viene de Tucumán porque no se consiguieron jueces ni en Jujuy ni en Salta. Asumió en la causa el 16 de abril, sugestivamente un día después de la partida de Blaquier. El fue el juez que ordenó dos allanamientos simultáneos a las sedes de la empresa Ledesma el 26 de abril, y el 3 de mayo le prohibió a Blaquier la salida del país y lo convocó a indagatoria. En la causa no hay ningún dato acerca del viaje de Blaquier. Los únicos datos que hay en el expediente son los que entregaron sus abogados el martes pasado, 14 de mayo. En esos escritos pidieron posponer la indagatoria por razones de salud. Avalaron la presentación con certificados expedidos en Argentina, por médicos de instituciones de Buenos Aires. En los informes dicen que Blaquier debe someterse a interconsultas en el exterior. En ese contexto, el juez pidió ese mismo martes al cuerpo médico forense un perito para que acredite esa situación de salud. Y ahora espera la respuesta.
Los abogados no informaron ese día sobre el viaje de Blaquier, pero los investigadores dicen que, si bien hubiese sido adecuado hacerlo, la omisión no es ilegal. Blaquier podría estar en este momento en una casa de Punta del Este o en cualquier otro lugar y volver al país cuando los peritos lo requieran. El asunto es que a esta altura nadie cree demasiado en esta supuesta buena voluntad. Quienes conocen de estos temas aseguran que aquellos que buscan salir del país para evitar una causa penal suelen hacerlo a través de países limítrofes y luego desde ahí tomar otro rumbo. En ese escenario, los investigadores dicen que deben esperar el informe de los peritos antes de tomar alguna decisión. Las querellas, en cambio, acostumbradas a las prácticas dilatorias que caracterizaron a esta causa, ayer ya abrieron el paraguas. Pablo Pelazzo, representante legal de los organismos de derechos humanos y querellante, presentó un escrito para que el juzgado autorice un perito particular y para que pida informes a Migraciones sobre la salida del país. “Si Migraciones dice oficialmente que Blaquier no está en el país, pediremos la captura internacional para que se vuelva a presentar”, explicó a Página/12.
Un dato curioso son los certificados médicos. Los escritos son del 13 de abril. Si Blaquier salió del país el día 15, se hicieron dos días antes. Uno de los datos llamativos es que los médicos, con esas fechas, se adelantaron al pedido de indagatoria: Poviña la ordenó después de los allanamientos, el día 3 de mayo.
Pero éstas no fueron las únicas noticias del día. Durante la mañana, las organizaciones fueron llegando al centro de San Salvador para acampar en la plaza y esperar al primero de los indagados civiles de la compañía. A las cinco de la tarde debía presentarse en el juzgado federal el ex administrador de Ledesma, Alberto Lemos, a quien las querellas señalan como el brazo ejecutor de los secuestros de la Noche del Apagón. Para esa hora, las organizaciones habían proyectado una movilización con el tono de una vigilia. Al final, tampoco eso salió como se suponía.
El ex administrador de Ledesma, representado por el mismo abogado de Blaquier, se presentó anticipadamente en el juzgado, a la mañana temprano, acompañado por varios hombres con pinta de custodios y sus defensores. Lemos le pidió al juez adelantar unas horas la indagatoria, probablemente para evitar la marcha. El juzgado lo consultó con el fiscal Domingo Batule, y se aceptó. Durante el trámite, Lemos se negó a declarar pero dejó un escrito con un descargo. Pese al pedido de prisión que hicieron los organismos de derechos humanos, el juzgado lo dejó en libertad. La medida tampoco parece causal: el problema de la indagatoria de Lemos y el pedido de prisión parece derivar del modo en que la fiscalía lo imputó por los cargos: lo acusó por “privación ilegal de la libertad” de 27 personas, una carga que tiene un máximo de seis años de prisión, y no lo imputó por los cargos de tormentos y desapariciones que reclaman los querellas. En ese contexto, aunque el juez tiene diez días hábiles para decidir si lo procesa, si no cambian las cosas podría dejarlo en libertad. Una situación que podría repetirse con Blaquier: está imputado por los mismos cargos.
Inés Peña, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, es una de las que se quedó pasmada con la rapidez de todo el trámite de Lemos. “Es una impresión subjetiva –dijo–, pero uno espera que en una indagatoria el otro declare”, explicó. “Sin embargo, el hecho de que haya ido a la indagatoria es reparatorio para los familiares, ahora nos preocupan las medidas que tome la Justicia para que no se fugue, porque no es cualquier represor, es uno de los pesos pesados.” Algo de eso, se entendía también dentro del juzgado. En ese lugar, frente al cual hace poco más de un mes todavía estaba Olivera Pastor, ahora se están presentado los abogados de los acusados: “Ahora traen papeles y documentos, piden exenciones de prisión: antes ni siquiera lo hacían”.

Pedido de juicio ya

“Queremos que haya juicio ya”, dijo Milagro Sala de la Tupac Amaru. “Hay que recordar que en julio del ’76, durante un apagón en Calilegua, detuvieron y torturaron a 400 compañeros, de los cuales 30 permanecen todavía hoy desaparecidos. En ese entonces, la empresa Ledesma puso toda la infraestructura en contra de quienes militaban por la justicia social. Hoy, después de 36 años, estamos viendo una pequeña luz de esperanza de que estos tipos paguen por todo lo que hicieron. En Jujuy estamos en democracia y se tienen que sentar en el banquillo para rendir cuentas por los delitos que cometieron durante la última dictadura.”