Después de muchos años, el Ingenio Ledesma tiene a dos de sus directivos citados a declarar y sin poder salir del país. No es mucho precio por tantos delitos que se le imputan, pero es algo. Su vida ya no será tan dulce.
Hasta fines de 2011 Jujuy ostentaba un triste récord: no se había celebrado ningún juicio oral ni público, y tampoco por el viejo Código ("por escrito") por violaciones a los derechos humanos. Un nítido contraste con el resto del país, donde las causas eran elevadas a juicio y, sin la velocidad deseada por los organismos de derechos humanos, finalmente había audiencias y condenas.
En abril de ese año la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento por Delitos de Lesa Humanidad de la Procuración de la Nación, que dirige Jorge Auat, expresó: "El avance procesal de todas estas causas (en Jujuy) ha sido obstaculizado desde un inicio por la inacción y la denegación de los pedidos fiscales por parte del juzgado federal a cargo de Carlos Olivera Pastor". Además de apuntar contra ese magistrado, se consideraba que había complicidad para ese retardo de la Cámara Federal de Salta.
Además de esos poderosos bolsones o algo más, extendidos en la justicia de Jujuy, en el enorme retraso de esos procesos influía el poder económico de la región. Es que en aquellos no había sólo imputaciones contra militares y policías, como ocurre en el resto del país. También las había contra directivos del Ingenio Ledesma, un monopolio de prosapia oligárquica con vasos comunicantes con distintos gobiernos que se alternaron en la provincia y el país, incluido el actual.
El Apagón.
Olivera Pastor no quería ir contra semejante empresa, que tiene tres causas, adormecidas hasta fines de 2011 y principios de 2012, esto sin contar su implicancia en la represión policial que causó cuatro muertos en julio de 2011.
De la época de la dictadura militar, la más conocida, es la del "Apagón" de julio de 1976, cuando los efectivos de Gendarmería y Ejército secuestraron a 400 personas, al amparo de la oscuridad de un apagón donde tuvo que ver la empresa. Esta también proporcionó listas de empleados díscolos, las camionetas y agentes de seguridad. Los secuestros se produjeron en el área comprendida entre Calilegua y Pueblo Libertador San Martín (Ledesma); sus víctimas fueron llevadas a sedes policiales, torturadas y una parte liberada, aunque 55 desaparecieron en esa "noche y niebla" del nazismo.
Otra causa es por la desaparición de cinco ciudadanos de Jujuy, entre ellos el médico Luis Arédez, ex intendente de la localidad en 1973, quien cometió el horrible delito de cobrarle impuestos por vez primera al Ingenio fundado en 1908. Aredez fue primero secuestrado en Jujuy tras el golpe y blanqueado como preso político en Buenos Aires, para ser posteriormente liberado. Poco después fue otra vez secuestrado y desaparecido. Las otras víctimas en esta causa son Antonio Filliú, Ramón Luis Bueno, Omar Gainza y Carlos Alberto Melián.
Los caminos conducen a Blaquier.
El blindaje jurídico por décadas no les alcanzó a los dueños del azúcar para toda la vida. Las protestas de los organismos de DDHH y del fiscal Auat ayudaron al progreso de las causas, que ya en 2009 había impulsado el fiscal Domingo José Batule. En la del "Apagón" había pedido indagar al ex administrador Alberto Lemos y el jefe de Relaciones Públicas, Marcos Paz, el mismo que en el documental de Eduardo Aliverti, "Sol de noche", había admitido, como si fuese un mérito, haber cesanteado a más de 10.000 trabajadores en esos años dictatoriales.
Lamentablemente, hasta principios de 2012 el bloqueo del juez Olivera Pastor pudo más, aunque le valieron denuncias ante el Consejo de la Magistratura y un apartamiento.
El juez que lo subrogó en ese Juzgado Federal número 2, Fernando Poviña, dio nuevo empuje a las actuaciones. En 2011 había muerto Paz, así que la citación a indagatoria la mantuvo para Lemos y nada menos que para Carlos Pedro Blaquier, el dueño de la gran empresa. Esto significó un vuelco espectacular en el expediente y un acto de estricta justicia demorado 36 años.
Rendir cuentas.
Era hora que estos monopolistas rindieran cuentas, como en marzo de 2011 reclamó en sede judicial Adriana Arédez, hija del médico desaparecido y de Olga Márquez de Arédez, la madre de Plaza de Mayo que animó todos esos años las marchas de los jueves en Ledesma y las Marchas del Apagón. Ella también fue víctima del monopolio pues en 2004 falleció de cáncer de pulmón provocado por bagazosis, una enfermedad derivada de aspirar el aire contaminado por la quema del bagazo de caña, especialidad de la casa Ledesma.
De la complicidad con la dictadura hay suficientes pruebas en esas actuaciones por el "Apagón" de 1976, pero también de antes, como se verá en el caso del detenido y desaparecido Jorge O. Weisz, y a posterioridad. En un par de libros se incluyó la carta que Blaquier le dirigió a su amigo José A. Martínez de Hoz donde da cuenta de entrevistas con directivos de medios extranjeros que lo invitan a poner dinero y publicar en el Time un artículo a favor de la dictadura. Todo eso había sido tramado por Martínez de Hoz con la crema de los monopolios, incluido su amigo azucarero, quien en la carta ratifica su "profunda admiración" por "Joe" y el plan económico de entonces, aplicado con terrorismo por el general Videla.
El juez Poviña ha citado a declarar a Lemos el 17 de mayo próximo y a Blaquier el día siguiente, y entre tanto les ha prohibido salir del país, en la causa por el secuestro y torturas sufridas por el doctor Arédez y los otros cuatro jujeños. La decisión judicial equivale a mojarle la oreja al monopolio y ha sido celebrada en el noroeste y el país, incluso en el extranjero pues ante el retraso judicial el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales se presentó en 2011 como "amicus curiae".
Clase contra clase.
Era hora que Blaquier sea sentado en el banquillo de acusados, como ocurrirá el 12 de julio próximo cuando Jujuy debute con un juicio. Hasta ahora no fue importunado por su participación activa en los delitos cometidos durante la dictadura. Quienes deseen conocer más detalles de la oscura historia de explotación y violaciones a los derechos humanos de sus empleados y de los pueblos originarios a los que succionaron su sangre desde 1908, pueden ver el documental "Diablo, Familia y Propiedad", del realizador Fernando Krichmar y Cine Insurgente.
Los Blaquier no eran excepción. En 1985 varios sindicalistas denunciaron ante el juez Baltasar Garzón, en Madrid, los delitos cometidos por esa empresa y sus colegas de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca (Techint), Ford y Mercedes Benz.
En los allanamientos a dos oficinas de Ledesma en la última semana de abril pasado se halló documentación muy valiosa para las causas del pasado y el presente.
Del pasado, se dio con una carpeta con información de una agencia de seguridad norteamericana, World Division-Psicología Industrial, referida a Weisz, el principal dirigente obrero del Ledesma, militante de Vanguardia Comunista (actual Partido de la Liberación). Weisz era sindicalista y fue despedido en 1974, siendo detenido en octubre de ese año por instigación de monopolio. En diciembre de 1976, estando preso en el penal jujeño, fue desaparecido por fuerzas del Ejército, junto con el abogado del gremio, también militante de VC, Carlos Patrignani.
No hace falta ser un lince para darse cuenta que aquella carpeta en poder de la empresa la liga con la detención y desaparición del líder clasista, objetivo logrado con la complicidad del gobierno justicialista. Los Snopek y Martiarena de aquella época, como los Barrionuevo y Fellner de estos días, han sido muy obedientes a las órdenes de esa familia oligárquica.
Responsabilidades.
El gobernador Barrionuevo afectó en 2011 los derechos humanos, toda vez que la falta de viviendas sociales motivó en julio ocupaciones de terrenos en Ledesma y sobrevino una durísima represión policial con varios muertos. Esa represión tuvo que ver con la actitud empresaria, a la que habían ocupado unas pocas hectáreas, sobre las 155.000 que tiene en el distrito, y en vez de dialogar con los ocupantes humildes, instigó el desalojo a los balazos.
La presidenta también tiene responsabilidad en lo sucedido, porque Jujuy es parte de la Argentina. Pero también por otros motivos: en 2009 Cristina Fernández recibió a Blaquier y a Federico Nicholson, enviando en 2010 a los ministros Julio de Vido y Débora Giorgi a la inauguración de la planta de etanol del Ingenio. Nicholson presidió la 16° Conferencia Industrial de la UIA en 2010, cuando CFK comenzó a criticar unilateralmente al movimiento obrero. Al titular del evento, en cambio, lo trataba amigablemente de "Federico".
Que la carpeta del espionaje sobre el desaparecido Weisz estuviera en oficinas de Ledesma es muy grave. Igualmente que se hallara allí documentación sobre la marcha del Apagón de 2005, con datos de personas, reuniones, patentes de vehículos, etc. No bastará con procesar y condenar a Blaquier; también será necesario depurar a las fuerzas de seguridad y terminar con el "Programa X" de Gendarmería.
Emilio Marin
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