El plan liberticida es cargarle nafta a la motosierra para ir a una nueva ronda de eliminaciones, ajustes y recortes sobre programa sociales, jubilaciones y subsidios -lo que hemos dado en llamar un proceso de eutanasia social.
Todo este paquete se empezará a discutir el miércoles en Diputados. El año pasado el gobierno terminó retirando el proyecto de presupuesto y finalmente prorrogó el de 2023 y modificando sus partidas por decreto.
Hachazo a pedido del Fondo
El hachazo sobre las jubilaciones es el ítem clave de este presupuesto ya que es el gasto más importante en volumen. Se mantiene la actual fórmula de movilidad -que establece un ajuste por inflación que perpetúa la pérdida por la devaluación de diciembre de 2023- y no toca el bono de $70.000 que reciben tres millones de jubilados que cobran la jubilación mínima. Dicho esto, teniendo en cuenta el congelamiento del bono, se estima una merma en los ingresos reales de este segmento de jubilados del 13,5%. Lo contrario a la ´recuperación´ de más del 5 % que anunció Milei.
En el caso de las asignaciones familiares a cargo de la ANSES (AUH, por miembro familiar con discapacidad, por ayuda escolar o embarazo), dejarán de actualizarse automáticamente por inflación y esto quedará sujeto a discreción del Poder Ejecutivo. Seguirían el camino del programa Potenciar Trabajo, aún congelado desde diciembre del 2022 en $78.000, desde que fue ´desenganchado´ del valor del salario mínimo oficial. Este golpe a las asignaciones es una de las garantías que pidió el FMI al Ministerio de Economía en la primera revisión del acuerdo y muestra la voluntad del Fondo de aplastar aún más los salarios. El gobierno avasalla así leyes aprobadas por el Congreso que establecían actualizaciones según el índice de precios al consumidor.
La actualización mensual de la AUH y de la Tarjeta Alimentar fueron el principal factor de ´reducción´ de la indigencia –sin ellas, se estima que alcanzaría estadísticamente al 25% de la población. La contracara fue la eliminación y liquidación de alimentos a comedores, planes sociales, cooperativas y emprendimientos a cargo de organizaciones sociales y municipios.
Impuestos y tarifas recargados
Por el lado de las tarifas de energía, los subsidios serán recortados a 4 billones de pesos, una caída de 12,4% comparando con 2025 y del 68,5% respecto al 2023. Ya anuncian que esto será refrendado por las empresas distribuidoras con aumentos en las boletas de gas y electricidad.
Lo que si habrá es una compensación a las distribuidoras por los ingresos que no percibieron en el periodo de las leyes de emergencia del kirchnerismo. Con esto cancelarán deudas principalmente de ##Edesur y Edenor con Cammesa (la mayorista del sector). Una estafa a libro cerrado que blanqueará los subsidios millonarios malversados por el lobby energético durante décadas de gobiernos desde los Kirchner a Macri y Alberto Fernández.
El retiro de subsidios afectará a 3 millones de domicilios que dependen del gas en zonas frías de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Esto se redoblará eliminando zonas completas cubiertas por la exención y volviendo al régimen del 2002 que cubre solo la región patagónica y la Puna. El sector del transporte mantendrá los subsidios actuales, algo clave para el transporte de colectivos en el AMBA, que mantiene los recortes del 2024 y 2025 en trenes y colectivos.
El proyecto de presupuesto incluye un recorte sobre el impuesto de Bienes Personales, cuya recaudación caería un 24% (unos $90.000 millones menos). El agujero será compensado con la recaudación del impuesto a los combustibles, estimada en 3 billones de pesos (un 50% más que este año) y el impuesto a las Ganancias -que incluye a una masa de salariados- con 16 billones (9% más).
Obra pública y fondos provinciales
Aquí lo que cambia es el ajuste a las transferencias a las provincias donde el acogotamiento a los gobernadores afloja. El aumento de los giros de coparticipación será del 6,5% -es decir por debajo de la inflación- con una desigualdad con las transferencias no automáticas que son las que afectan a salud y educación que no tendrán los mismos aumentos que las de Capital.
Estas últimas tendrán una mejoría del 34% para lo que sería un intento libertario de reactivar la obra pública en 2026, con un esquema de financiación que entienden similar al fideicomiso de participación público-privada (PPP) de Mauricio Macri, disuelto este año por el propio Milei. A pesar de estos fondos, nada estará siquiera cerca de los niveles del año 2023, conformando una continuidad al despojo de los fondos públicos en favor del pago de deuda.
En este marco, la obra pública tendrá de inciso 3,3 billones de pesos: un aumento del 32% comparando con este año, pero un 74% menos que el 2023. Fondos que irán centralmente a Vialidad Nacional con el objetivo de atacar el estado calamitoso de las rutas y la infraestructura tras dos años de parate. La reducción de la obra pública en los ítems de vivienda, agua potable (-7%) y alcantarillas (-1%) seguirá su curso y se profundizará.
Los aumentos en los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) -la madre de los conflictos de La Libertad Avanza con los gobernadores- serán de $569.000 millones (aumentan 147%) pero para aquellas provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias será -57% del actual, conformando una extorsión.
Para concluir, el presupuesto 2026 es una nueva tanda de recortes de perfil reaccionario que vuelve a remachar el golpe de Estado económico que Milei impuso al inicio de su gestión.
Leonardo Perna
23/09/2025
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