Cuando faltan semanas para el inicio del juicio oral de la llamada Causa de los Cuadernos, los empresarios imputados por pagar coimas para quedarse con los contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas –entre ellos Ángelo Calcaterra, primo de Macri, y una larga lista de contratistas que siguieron haciendo negocios con el Estado– buscan zafar de los tribunales ofreciendo pagar una indemnización. Este mecanismo de “reparación integral” sería un vuelto comparado con los contratos que embolsaron estos años, una suerte de coima legal con la cual pretenden evadir los cargos y obtener un sobreseimiento definitivo. El juicio quedaría entonces reducido a juzgar a los funcionarios, en primer lugar Cristina Kirchner, como si no fueran los capitalistas los beneficiarios de estas tramas de corrupción. Estamos ante todo un régimen de coimeros.
Los cuadernos en cuestión son como los actuales audios de Spagnuolo, pero referidos a las coimas pagadas a cambio de sobreprecios y direccionamiento en la asignación de la obra pública durante el kirchnerismo. El que tomaba nota de lo chanchullos era Oscar Centeno, chofer de la mano derecha del condenado De Vido en el Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta. Entre los negociados con esas concesiones figuraban Calcaterra y la brasileña Odebrecht con el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, o Electroingeniería a cargo de la construcción con capitales chinos de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz; obras faraónicas que nunca se terminaron, pero que insumieron millones de dólares y endeudamiento externo.
Según las versiones periodísticas, ahora decenas de empresarios imputados negocian con la Justicia pagar una suma a cambio del sobreseimiento, sin reconocer los delitos y quedando limpios de antecedentes para seguir currando con el Estado.
Como vemos por la continuidad de los negociados, los que se apropian ilegalmente de fondos públicos son los capitalistas, y las coimas son una suerte de distribución de dividendos con los funcionarios estatales.
Como se ve claramente con la Agencia Nacional de Discapacidad y sus contratos con la droguería Suizo Argentina, o en el Pami con las compras de insumos oftalmológicos, todos estos negociados los paga el pueblo trabajador con ajuste y también en sus consecuencias más brutales. Así lo demostraron años atrás las víctimas de la masacre de Once en el caso del tren Sarmiento, y hoy se expresa en la salud de los jubilados y las personas con discapacidad.
Es esta asociación delictiva entre el Estado y los capitalistas es lo que se prepara para dejar impune la Justicia. Solo la lucha de los trabajadores puede imponer que la crisis la paguen los capitalistas, terminar con las corruptelas a costa del pueblo y echar a todas estas camarillas de ladrones.
Camila García
Iván Hirsch
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