Se cayó la operación del gobierno contra los comedores populares

El periodista Ari Lijalad, en el portal ‘El Destape’, publicó la semana pasada un reconocimiento del gobierno de que nunca existió la auditoría sobre el Registro Nacional de Comedores Comunitarios (RENACOM). Sin embargo, Sandra Pettovello la invocó como argumento para retirar los alimentos, muy al comienzo de su gestión. Esta información surge de un documento oficial del Ministerio de Capital Humano, luego de una citación judicial. Allí se blanquea que no se visitaron los comedores y merenderos populares, ni se realizó un relevamiento completo, y que el corte de los alimentos que afectó a millones de familias no tuvo respaldo administrativo. En su momento, Nicolás Posse, entonces Jefe de Gabinete, sostuvo que el 50% de los comedores no existían. Esto fue parte de un intento de justificar la suspensión de la provisión de alimentos, retenidos en los galpones del Ministerio incluso más allá de su fecha de vencimiento. 

 En mayo del2024, la diputada Natalia Zaracho, vinculada a la UTEP y Juan Grabois, pidió una copia de la auditoría nombrada por Posse en el Congreso. El pedido tenía el detalle: “Vengo a solicitar copia del Informe de la auditoría a que hace referencia el señor Jefe de Gabinete Nicolás Posse en su presentación del Informe de Gestión ante esta Cámara de Diputados de fecha 15/05/2024, en el que mencionan que, producto de dicha auditoría detectaron que casi el 50% de los comedores no existían”.

 Eran días en que el gobierno aseguraba a los medios de comunicación amigos que estaba ´demostrado´ que el 50% de los comedores no existían y que las organizaciones sociales tenían montada una inmensa red de robo, extorsión y lucro. Esto fue parte de una campaña contra el movimiento piquetero, que llevó a más de 100 allanamientos a comedores y sedes de organizaciones, incluso a una causa judicial contra el Polo Obrero -oficial-, Barrios de Pie y otras organizaciones que está en instancia de juicio oral. Sandra Pettovello se resistió a brindar la información, Zaracho judicializó el pedido y tras 12 meses, por fin llegó la respuesta: no existió la mentada auditoría. 

 La respuesta del Ministerio muestra que todo era un infundio político: “La referencia genérica a ‘auditoría’ comporta una interpretación gramatical realizada por el entonces Jefe de Gabinete, la cual se refiere a las acciones de control propias de los órganos a cargo de la ejecución de las políticas públicas y no a un informe de auditoría con los alcances previstos en la Ley N° 24.156, que es la Ley de Administración Financiera que regula el funcionamiento de los organismos públicos”. Sí explicaron que hicieron “supervisiones y/o verificaciones territoriales que no se corresponden metodológica ni teleológicamente con los Informes de Auditoría” y que resolvieron “denegar parcialmente la solicitud de acceso a la información pública interpuesta, en cuanto al ‘Informe de Auditoría’ al que se alude, ya que la misma resulta ser inexistente”. 

 Los infundios de la guerra a las organizaciones sociales

 El mismo Ministerio reconoce que sólo se relevó el 6% de los espacios inscriptos, a lo que hay que sumar que la mayoría no están inscriptos en el RENACOM y menos aún están reconocidos de manera oficial. Por ejemplo, muchos entregan la comida en tuppers que realizan en patios y casas de familia. Estos espacios no están reconocidos por no tener la infraestructura necesaria. 

 Cuando vemos las visitas físicas -y tomando a favor de la camarilla liberticida los números brindados- es apenas el 3% los que fueron visitados. Desde organizaciones sociales afirman que “lo que se auditó fue una lista de anotados en un formulario” y “no fueron a ver si estaban o no, sino que cruzaron los datos de los formularios solamente”. Entre los comedores ´inexistentes´, nunca se verificó si continuaban funcionando en nuevas direcciones por reubicación o cambios en los alquileres, algo cotidiano en los locales en barrios, villas y asentamientos. Durante la pandemia muchos espacios fueron abiertos, cerrados y relocalizados y durante el gobierno de Alberto Fernández, no hubo una actualización del RENACOM. Por otro lado, durante el gobierno de Javier Milei el corte de alimentos llevó al cierre a muchos espacios durante el período del falso relevamiento. 

 Hay que destacar que la inscripción en el RENACOM no tiene como correlato la asignación de un recurso de parte del Estado. Eso depende, como lo marca la historia del movimiento de desocupados de las movilizaciones y luchas en municipios, gobernaciones y en el propio Ministerio. 

 Los liberticidas en Casa Rosada no usaron el método de montar un bulo sólo en la cuestión de los comedores. Este año continuaron con la agitación en base a datos falsos, llegando a sostener la propaganda de que 12 millones de personas “salieron de la pobreza” gracias a su modelo económico.

 El gobierno que usó una falsa auditoria, servicios de inteligencia para montar causas y una campaña mediática con el objetivo de poner un punto final a la organización de los trabajadores en villas y barrios populares. La organización a través de los reclamos más elementales como los alimentos, el trabajo, la salud y la vivienda tiene más vigencia que nunca. 

 Leonardo Perna

 09/09/2025