El principal argumento que plantea el gobierno es que de aprobarse la ley alteraría el equilibrio fiscal, ya que se requeriría incrementar la partida presupuestaria en más de un billón de pesos para salarios, becas estudiantiles y gastos de funcionamiento. El proyecto no establece de dónde saldrían esos fondos, por lo tanto, un gasto sin respaldo real debería financiarse con la emisión monetaria, sostiene el gobierno.
En el texto del veto, Milei reconoce la caída salarial: "Entre diciembre de 2023 y julio de 2025 los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales se incrementaron un ciento veintiocho coma cuarenta y nueve por ciento (128,49 %), mientras que en el mismo período la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del doscientos veinte como cuarenta y cinco por ciento (220,45 %)"; por lo tanto, "adecuar las remuneraciones del personal docente y no docente de las universidades públicas en septiembre de 2025 para reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025 implicaría otorgar un incremento salarial del 40,25 %", algo que seria imposible porque afectaría el plan económico.
El veto termina planteando que el próximo 15 de septiembre se presentará el proyecto de presupuesto 2026, donde estarán contemplados de manera integral “la forma de afrontar los gastos y erogaciones que demandan las distintas políticas públicas”. Un intento de disolver el debate de esta ley, contraponiéndole la discusión sobre el 2026.
El gobierno afirmó que no se movería un milímetro de la política de ajuste fiscal y de ataque contra el pueblo, pese a la paliza electoral que recibió en provincia de Buenos Aires el domingo pasado.
Indudablemente el veto a la ley de financiamiento de este año no se da en el mismo escenario que el veto del año pasado, ya que el gobierno se encuentra a la deriva, bajo el acecho de la crisis financiera y la repulsa popular. La banda gobernante ha recibido un cachetazo en las urnas, que promete acentuarse en las elecciones de octubre.
Las burocracias y el CIN, sin embargo, han dando aire al gobierno para que se reacomode en este cuadro de crisis. Se ha votado un paro general de 24 horas para el 12 de septiembre de todas las federaciones universitarias en rechazo al veto, y se anunció una nueva marcha federal, con fecha probable para el próximo miércoles, cuando el veto sea tratado en el congreso (algunos estiman que podría ser el 17 o el 24 de septiembre). La marcha, de acuerdo a los convocantes, tendrá el propósito de ejercer presión en el parlamento para ratificar la ley. Muchas asambleas propusieron adelantar la movilización para golpear a Milei y arrancar las reivindicaciones. La política de la burocracia ha sido la de paros decrecientes durante agosto, lo que ha llevado al desgranamiento de la lucha universitaria, por la abstención del ala de la CGT universitaria (FEDUN y FATUN), que ni siquiera convocó a los paros semanales previos al veto.
Esta orientación debe ser superada por la acción conjunta de estudiantes, docentes y no docentes para que podamos avanzar y conquistar nuestros reclamos. Es necesario impulsar la lucha independiente del movimiento universitario, frente a las maniobras por arriba que buscan disolverla y desactivarla. En los sindicatos de base, centros de estudiantes y asambleas autoconvocadas tenemos que resolver un curso de acción diferente al que buscan imponer los Rectores, los Decanos y las burocracias.
Hoy más que nunca, cuando el gobierno se encuentra en franco retroceso, es necesario derrotarlo con una lucha vigorosa por nuestras reivindicaciones ahora. Volvamos a ganar calles con cortes, clases públicas, tomas y una gran marcha educativa nacional a Plaza de Mayo y todos los centros de poder político. Derrotemos el veto y al gobierno con la movilización, las autoconvocatorias, la huelga general y la unidad de los trabajadores, los jubilados y todos sectores en lucha.
Anahí Rodríguez
12/09/2025
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