lunes, 3 de febrero de 2025

Despidos, cierre de programas y recortes en medicamentos para privatizar la salud


El ataque a la salud pública perpetrado por el gobierno liberticida de Milei y el ministro de salud Mario Lugones está generando graves consecuencias en la población trabajadora. Comenzó en 2024 y continúa en 2025 con la intervención del Hospital Laura Bonaparte y el despido de 1400 trabajadores de distintas dependencias del Ministerio de Salud. De esta forma, se produjeron ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud (-48 %), ANMAT (-17 %), hospitales nacionales, en el Instituto Nacional del Cáncer (-13 %) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-15 %). En total se contabiliza una reducción del 16 % de personal que depende del Ministerio De Salud. En este contexto, los trabajadores y trabajadoras del Hospital Laura Bonaparte convocan a un nuevo abrazo este viernes 31.

  Recorte de medicamentos, un crimen social 

Una de las situaciones más graves es la que se atraviesa en relación a la entrega de medicamentos por medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), organismo que entrega medicamentos y/o elementos de tecnología sanitaria a todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad que presenten un problema agudo o grave de salud en el que corre riesgo cierto su vida (enfermedad terminal o patología crónica grave), y que no cuenten con obra social, ni cualquier otro tipo de cobertura de salud. La demora en la entrega de los medicamentos y los recortes resultaron en la muerte de al menos siete pacientes oncológicos, aunque desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), contabilizan más en todo el país. Frente a esto, organizaciones de la sociedad civil realizaron un amparo en abril del 2024 por el cuál obtuvieron una respuesta favorable el 30 diciembre del 2024. La respuesta del gobierno fue disolver la Dadse, bajo el argumento de que el Ministerio de salud “absorbería” las funciones de la disuelta dirección. Por su parte, las exigencias para el acceso a la medicación gratuita de PAMI también se volvieron más restrictivas y se denunciaron más de 550 despidos en los últimos 13 meses, 200 de los cuales ocurrieron en las primeras semanas de enero. 

 El cierre de las coordinaciones de Tuberculosis y Hepatitis 

El ataque a la salud incluye también el cierre de las coordinaciones de Tuberculosis y Hepatitis. Mario Lugones y el viceministro Alejandro Vilches argumentaron que las funciones de estas coordinaciones serán mantenidas en la Dirección de VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis. Pero circuló una documentación oficial que expone que los contratos de todas las personas que trabajan y forman parte del equipo de la Dirección tienen fecha de vencimiento el 31 de enero de 2025 (Perfil 25/01). Esta situación se da en el marco del aumento de los casos de tuberculosis, el crecimiento de la sífilis, el VIH y la mortalidad por SIDA. Mientras que las hepatitis virales continúan siendo de las infecciones con más alta prevalencia en el país (Ídem 25/01). Enfermedades como la tuberculosis están relacionadas con el empeoramiento de las condiciones sociales, situación que se va a ir agravando a medida que la crisis social aumente producto del programa recesivo de los liberticidas. Por otro lado, se evidenciaron fuertes recortes en los programas destinados a las personas con discapacidad. 
 La decisión de ejecutar en 2025 el mismo presupuesto aprobado en 2023 agrava la situación de la salud pública. La privatización de la salud empieza llevándose por delante a los más vulnerables, quiénes no pueden costear tratamientos y los necesitan de suma urgencia. Pero el acceso a la salud no sólo se ve dinamitado por la privatización: el aumento de las tarifas del transporte afecta considerablemente la concurrencia a turnos médicos o consultas por guardias o la realización de trámites sumamente burocráticos para poder acceder a un tratamiento o la medicación. 

 Una lucha en defensa de la salud pública 

En este contexto, la lucha contra los despidos en el Bonaparte, el Sommer, Posadas, PAMI, y en Salud en general toma un aspecto fundamental que debe ser tomado por toda la población trabajadora. No se trata de un conflicto meramente sindical; se trata de evitar una reforma reaccionaria de la salud, que tiene como objetivo beneficiar a los dueños de las prepagas, laboratorios y farmacéuticas. Las direcciones burocráticas que intervienen (UPCN, ATE) sólo se limitan a armar mesas de negociación y a realizar acciones aisladas que sólo llevan a desgastar el conflicto. Esperar de ellos la convocatoria a un paro cae en saco roto. La contracara a la complicidad sindical es la masividad con que la población (no solo trabajadores de la salud) apoya por ejemplo las convocatorias del Hospital Bonaparte. Un escenario similar se reprodujo el sábado pasado en el Parque Lezama, aunque sin aparatos sindicales imponiendo vallados de por medio. 
 Este viernes, día en el que efectivamente cierran los contratos y se efectivizarían los despidos, los trabajadores del Bonaparte están convocando a una nueva acción en las puertas del Hospital, participemos masivamente.

 Daniela Magoc 
 01/02/2025

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