Mientras continúan los análisis del avance nacional de Javier Milei, sin lugar a dudas, la gran sorpresa de las últimas PASO, un dato no menor y poco difundido fue la celebración, con "abrazos y gritos de libertad”, desde la Unidad Penal número 34 que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo. Así lo describió la periodista Ailín Bullentini en el sitio Letra P.
En la conocida "cárcel vip", la depedencia del Servicio Penitenciario Federal habilitada solo para condenados por lesa humanidad y custodiados por personal militar, cumplen condena más de 50 genocidas de la última dictadura cívico militar eclesiática. Entre los detenidos en la unidad militar de San Miguel están Mario Sandoval, exmiembro de la Policía Federal e integrante del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA ; el exteniente coronel Jorge Héctor Di Pasquale, condenado por su actuación en la Brigada de San Justo, responsable del asesinato de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto; y el exoficial de Inteligencia de la Marina, Jorge Luis Guarrochena, acusado en el actual juicio ESMA VII.
Una versión no oficial sostuvo que horas después de las primarias, Villarruel habría enviado mensajes a algunos de los represores detenidos donde les auguraba que “la libertad para ellos estaba muy cerca”.
No debería causar sorpresa dado que la figura principal que acompaña a Milei en la fórmula presidencial, Victoria Villarruel, es una reconocida y activa negacionista del genocidio de clase que planificó y llevó adelante la última dictadura; "una apologista de la dictadura militar" como la nombró la candidata a presidenta por el Frente de Izquierda Myriam Bregman en un fuerte cruce que mantuvieron en el Congreso.
En las últimas recorridas mediáticas del candidato por La Libertad Avanza, dejó entrever que Villarruel, en un supuesto triunfo, estaría al mando del ministerio de Seguridad y Defensa, ya que considera que, por su linaje militar, tiene "vasta experiencia en la materia".
Es necesario recordar algunos datos de Victoria Villarruel.
Mientras avanzaban los juicios contra crímenes de lesa humanidad, después de la anulación de las leyes de impunidad que supieron mantener radicales y peronistas por dos décadas, en 2006, junto a otros defensores de la dictadura, creó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, (Celtyv). Desde allí promovió la idea de que militares, policías y empresarios acusados eran "víctimas del terrorismo", haciendo lobby, nacional e internacionalmente, para lograr un retroceso en leyes y jurisprudencia que, aún dentro del régimen democrático burgués, han sido conquistas de sobrevivientes y organismos de derechos humanos en la búsqueda de verdad y justicia.
Se sabe del perfil conservador de la abogada y su constante lobby contra los derechos de las mujeres, los pueblos originarios y el movimiento ambientalista. La vimos recientemente cuando desplegó su racismo en contra de las comunidades y el pueblo jujeño que se manifiesta contra la reforma reaccionaria de Morales y el PJ.
Si de negacionista se trata, no debemos olvidar a Ricardo Bussi, otro reinvindicador del genocidio que protagonizó su padre Antonio, quien comandó el Operativo Independencia durante el gobierno peronista de 1975, y luego ungido como gobernador por Tucumán por Videla. Durante la campaña de Ricardo como candidato a gobernador por La Libertad Avanza, Milei viajó a Tucumán e hizo gala de su verdadero pensamiento al negar a los 30.000 detenidos desaparecidos.
Puede sonar contradictorio que Milei vocifere que está por la "libertad" y contra toda "dictadura" y a la vez lleve como candidata a vicepresidenta a una negacionista. Si bien afirmó que, de ser presidente, no habrá indultos para los condenados por lesa humanidad, es un acérrimo defensor del plan económico que Martínez de Hoz y sus cómplices llevaron adelante. Ese plan nunca hubiera sido posible sin la represión contra quienes luchaban por otro sistema.
Si bien Villarruel tiene todas las intenciones de avanzar en beneficio de sus "héroes", Milei no estaría dispuesto a tanto; sabe que es más probable que se enfrente a la resistencia de gran parte de la población. Así se vio en 2017 cuando la Corte Suprema intentó aplicar el 2x1 a los condenados de la dictadura y desató la movilización masiva en las calles que obligó a retroceder a los jueces y a que se promulgara en el Congreso una ley para evitar intentos futuros en esa línea.
El desafío es salir nuevamente a las calles en defensa de la memoria y la verdad, una gran interpelación para los organismos de derechos humanos que han sido cooptados por los gobiernos peronistas. Para enfrentar a la derecha, hay que batallar contra las políticas de ajuste del gobierno actual y del que vendrá, que se disponen a redoblar las condiciones de explotación; las mismas condiciones contra las que pelearon los 30.000.
Valeria Jasper
@ValeriaMachluk
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