Los programas ADOP y ADOPI, creados hace casi dos décadas, que se encargan de la internación domiciliaria en salud mental para adultos y niños, están desapareciendo debido a un progresivo vaciamiento presupuestario. Sus trabajadores están cobrando la irrisoria suma de $40.000 de bolsillo mensuales. Sus reclamos por un salario digno conforme a la actividad que desarrollan nunca fueron escuchados. Es un caso paradigmático de cómo el Gobierno de la Ciudad obliga indirectamente a sus trabajadores de la salud a abandonar sus puestos de trabajo.
En otro ejemplo de cómo estas campañas ‘futuristas’ pretenden ‘ciudades inteligentes’, el Hospital Durand carece hasta de un sistema de emergencia eléctrico e instalaciones acordes. Esto obligó a sus cirujanos en el día de hoy a terminar una operación iluminándose con las linternas de sus celulares.
Lousteau pregona la mejora en la atención primaria de la salud, proponiendo que la jornada laboral se extienda a los sábados. Mientras tanto, los centros carecen de seguridad, infraestructura y recursos humanos.
En un registro que pone al desnudo sus intenciones, Lousteau plantea que el sistema “priorice” a los habitantes de la ciudad. Es una clara expresión de un ‘sálvese quien pueda’. Se trata de un programa que, lejos de atender las necesidades de atención primaria de quienes trabajan en CABA -que duplica su población diariamente durante la jornada laboral-, pretende expulsar a los vecinos del conurbano. Se trata de un desconocimiento de enunciados y derechos que están garantizados en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley Básica de Salud. Es el mismo candidato que, en un acto fascista, dice querer “acabar con los piquetes”, es decir reprimir el derecho a la protesta.
Lucas García y Silvia Allocati
04/08/2023
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