La crisis alimentaria se filtra en la crisis política

La estampida de precios agrícolas desatada por la guerra ha colocado a la Argentina y a sus trabajadores a la puerta de una crisis alimentaria. En apenas treinta días, el pan subió un 30%, y, naturalmente, ocurrió lo propio con varios otros productos derivados de la harina y que son parte substancial de la canasta de alimentos. La inflación de febrero, que orillará nada menos que el 4% -y una proyección del 50% para el año- estará lejos de recoger, sin embargo, el impacto de esta escalada más reciente de precios. 

 El gobierno salió a improvisar medidas de regulación a la exportación y al comercio interior de harinas y granos, sin resultados a la vista. Ha creado un fondo (fideicomiso) para subsidiar la producción de fideos y harina con recursos de la exportación de trigo y maíz, cuyos precios internacionales subieron entre un 30% y un 50% el último mes. Pero los resultados (negativos) están a la vista, puesto que la canasta alimentaria se dispara de cualquier forma. Ahora, plantea seguir el mismo procedimiento para subsidiar la elaboración de pan, el cual, en sólo un mes, ya subió un 30%. El régimen de “fondos” especiales para morigerar la suba de los precios internos es fácilmente burlado por los exportadores y por los monopolios productores de alimentos, que reclaman embolsarse integralmente los beneficios que les proporcione la crisis mundial. “Los exportadores no estamos disfrutando de los precios que tienen las commodities”, reclamó ante La Nación (15/3) un empresario harinero, en relación a los controles oficiales. 

 Guzmán-Fernández, en este cuadro, resolvieron suspender las exportaciones de subroductos y aceite de soja, pero sólo como preámbulo de otra medida: la elevación en apenas dos puntos de las retenciones a esos productos, otra vez, para subsidiar el mercado interno de trigo y de maíz. Según informan los diarios, el gobierno estudiaba también elevar las retenciones a estos últimos productos, de impacto directo en la canasta alimentaria. Si lo llevara adelante, a la segura rebelión del capital agrario le añadiría una nueva crisis política: los voceros del radical-macrismo, en las últimas horas, se han apresurado a señalar que el ejecutivo carece de condiciones legales para aumentar esas retenciones por decreto. El tema debería pasar por el Congreso, donde le espera un rechazo seguro. Más allá de radicales y macristas, Perotti y Schiaretti, los gobernadores pejotistas de Santa Fe y Cordoba, se anticiparon a bajarle el pulgar a la medida. 

 Así las cosas, el gobierno improvisa en las últimas horas un nuevo viraje, para negociar con el capital agrario algún esquema que mantenga la cuestión de los precios en torno de los actuales e impotentes “controles” de Feletti. 

 Cogobierno y bonapartismo “huérfanos” 

La crisis alimentaria se enlaza en este punto con la crisis de régimen político. Los límites del cogobierno pejotista- gorila que se insinuó con la votación del acuerdo con el FMI se han revelado en cuestión de horas. Esecogobierno` no le da a Fernández-Guzmán mandato alguno para medidas de arbitraje que, como en este caso, pretendan recortar los ingresos extraordinarios de la patria exportadora. Según informa el periodista Roman Lejtman, la marcha atrás en las retenciones obtuvo la venia del “Instituto Patria” –hay que recordar los vínculos fluidos de CFK con el Consejo Agroexportador. 

 El gobierno, por lo tanto, padece de una orfandad por partida doble: está demasiado fracturado internamente como para gobernar por decreto, y tampoco tiene condiciones para refrendar sus medidas en el Congreso. Este es el sentido estratégico de la negativa de la oposición a votar el “programa” inevitablemente atado al arreglo fondomonetarista. Fernández Guzmán podrán tener avales opositores para una nueva reforma previsional o una reforma laboral, pero no para las fricciones con el capital agrario. 

 Si el gobierno renuncia a subir las retenciones, renunciaría también a un ingreso fiscal extraordinario, algo que siempre sería apetecido por el FMI. A Fernández –Guzmán le queda la carta de ensayar un “bonapartismo” de la mano de Kristalina, lo cual solo podría ser el anticipo de nuevas crisis y de un mayor aislamiento político. 

 Salarios y alimentos 

La estampida de los alimentos tiene como telón de fondo y factor agravante a la fantástica caída de los salarios de los trabajadores, que en el último lustro perdieron entre el 20 y 30% de su poder de compra entre los formales, y un 40 o 50% entre los precarizados. La estampida de los alimentos, que se conjuga con tarifazos del 70-80% previstos en el acuerdo con el FMI, coloca a la Argentina a las puertas de una rebelión popular. Las regulaciones oficiales –controles de precios, suba de derechos-, en nombre de “desenganchar” los precios internacionales de los precios internos de los alimentos- son un nuevo intento de preservar el otro “desenganche” –el de los salarios de Argentina, que se encuentran en el último o penúltimo lugar del continente en materia de poder adquisitivo. La crisis de estas horas, en materia de retenciones y cupos, vuelven a mostrar la impotencia del gobierno del FdT para siquiera arbitrar entre el gran capital agrario y las masas, en un momento de mayúscula crisis social. Sin perjuicio de ello, el gobierno se valdrá de sus fricciones con el capital agrario para reeditar la cantinela de que “de la mesa de los argentinos nos ocupamos nosotros”. Su aliado en esta política, la burocracia sindical, está suscribiendo acuerdos paritarios cuyas cuotas se encuentran en un 10 y 15% por debajo de la galopante inflación prevista. La clase obrera necesita intervenir en la crisis alimentaria con un planteo independiente y de lucha por la recuperación del valor de la fuerza de trabajo, su indexación mensual y la lucha por un salario mínimo que cubra la canasta familiar. 

 Marcelo Ramal 

 15/03/2022