En Mendoza procesaron al ex magistrado Rolando Carrizo

El juez que dejó pasar torturas y violaciones

La Justicia Federal procesó a Rolando Carrizo por no haber investigado durante la dictadura delitos de lesa humanidad en perjuicio de personas secuestradas en el D2.

La Justicia Federal de Mendoza procesó al ex juez Rolando Carrizo por no haber investigado torturas y violaciones a una decena de hombres y mujeres que, durante la última dictadura cívico-militar, estuvieron secuestrados en el centro clandestino D2 de la provincia. Carrizo fue uno de los ex funcionarios judiciales condenados por delitos de lesa humanidad en 2017.
“Aquel juicio fue fundamental, pero también un primer paso” en la evaluación de la participación que el propio Poder Judicial tuvo en el plan de exterminio que aplicó el terrorismo de Estado, indicó el abogado querellante Pablo Salinas. Salinas fue representante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos en aquel juicio, en el que además de Carrizo fueron condenados los ex jueces Roque Otilio Romano, Luis Guillermo Max Petra Recabarren y Luis Francisco Miret a prisión perpetua por haber eludido su responsabilidad de investigar delitos de lesa humanidad. Y también lo es en la Causa Rabanal, que se abrió tras aquella sentencia y que revisa ese mismo comportamiento de Carrizo en perjuicio de nuevas víctimas.
En esta ocasión, los denunciantes son Daniel Rabanal, Silvia Ontiveros, Fernando Rule, Ivonne Larrieu, Alberto Muñoz, Rodolfo Molinas, Marcos Ibáñez, Guido Actis, Stella Maris Ferrón, Vicenta Zárate y Juan Sgroi, quien falleció. Todos eran militantes políticos y gremiales en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y Montoneros, como en ATE. Todos fueron secuestrados entre 1976 y 1977 y pasaron por el centro clandestino de detención que funcionó en el Departamento de Informaciones (D2) de la Jefatura de Policía de Mendoza, antes de ser trasladados a otros chupaderos o ser blanqueados en diversos destinos carcelarios del país. Allí fueron torturados física y psicológicamente y, en algunos casos, abusados sexualmente. Allí fueron recibidos por Carrizo, que entonces ejercía como juez federal número 1 de Mendoza, desde un despacho que había instalado en la Unidad Regional de la Policía local.
Para el juez federal de primera instancia Marcelo Garnica, Carrizo “habría tenido conocimiento de las torturas y de la violación” y, “no obstante ello, omitió promover la investigación de los presuntos delitos faltando a la obligación funcional de su cargo”. Como magistrado, Carrizo “se encontraba obligado a promover la acción procesal penal por ser delitos de acción pública, y tenía competencia para ello”, completó. Lo procesó sin prisión preventiva –Carrizo cumple la condena en su domicilio– y lo embargó por 50 mil pesos.
Según los testimonios que las víctimas vertieron en diversos juicios orales o ante el Ministerio Público Fiscal, Carrizo los recibió cuando todos evidenciaban deplorables condiciones físicas producto de las torturas. Todos estaban heridos y la mayoría de ellos le advirtieron sobre los calvarios que estaban atravesando. Rule, por ejemplo, declaró que el día en que compareció ante el entonces juez, firmó su negativa a declarar, pero no se quedó callado: “Yo firmé y me abstengo de declarar, en realidad no me abstengo de declarar, digo que me habían torturado, pero la estupidez y el miedo me hacían decir que había sufrido apremios ilegales en lugar de torturas. El me dice ‘usted me declara lo que yo le pregunté’, yo dije ‘bueno’”, contó. Incluso las mujeres que fueron abusadas lo contaron ante Carrizo. Cuando fue conducida a prestar declaración indagatoria ante Carrizo, Silvia Ontero le hizo conocer que había sido violada. Para llegar hasta su despacho, la habían tenido que llevar en andas entre dos oficiales ya que no podía caminar por las heridas que tenía. “Mire doctor me han violado, míreme cómo estoy, y él me dijo: ¿no te habrás caído?”, testimonió.
Salinas evaluó la decisión de Garnica como “fundamental”. “Trabajamos todos los días para que todos los hechos que están enmarcados en la represión ilegal que desplegó la última dictadura lleguen a juicio y, si bien Carrizo ya fue condenado por delitos de lesa humanidad, estos hechos por los que se lo procesó son nuevos en el sentido de que no habían sido analizados previamente. Es importante que siga siendo juzgado por todos los hechos en los que intervino –concluyó–, es la única manera de darle justicia a las víctimas.”

Ailín Bullentini