Un nuevo plazo judicial para la cooperativa que gestiona el Hotel Bauen pone más cerca la posibilidad de un desalojo. La jueza que lleva la causa les dio una semana para llegar a un acuerdo con la empresa. Frente a eso, los trabajadores anunciaron una serie de medidas que van desde elaborar una propuesta a la empresa Mercoteles S.A., hasta un plan de lucha. Recibieron el apoyo de cientos de organizaciones, movimientos, partidos políticos y otras cooperativas que reconocen en el Bauen un emblema de la recuperación y generación de fuentes de empleo frente a las crisis. La empresa que reclama la propiedad del edificio mantiene deudas con el Estado y goza de un beneficio crediticio otorgado en dictadura y perdonado por los sucesivos gobiernos. La contracara: la cooperativa decidió albergar estos años a otros proyectos como La Garganta Poderosa, la revista Cítrica, el almacén de economía social de el movimiento La Dignidad, la cooperativa teatral El descubridor, entre otros, que suman en total más de 200 trabajadorxs amenazadxs.
“Entramos en zona de tormenta”.
Las palabras de Federico Tonarelli, referente histórico del recuperado Hotel Bauen, sintetizan la instancia del litigio judicial que mantienen desde hace casi veinte años con la empresa Mercoteles S.A., de la familia Iurcovich, que llegó ayer martes a una instancia decisiva. En una audiencia en la que se vieron las caras las dos partes, la jueza Paula Hualde, del Juzgado Comercial nº 9, otorgó un plazo de una semana para llegar a un “acuerdo”.
¿Qué significa? Los trabajadores encienden la alarma, pero son prudentes: “Fuimos intimados a buscar acuerdo so pena de que continúe el expediente judicial que tiene firme una sentencia de desalojo”, resumen a lavaca.
Es decir: el desalojo no es la semana próxima, sino que en la misma causa en la que se tramita el desalojo, la jueza generó una instancia (¿la última?) más. “Si nosotros rechazamos la propuesta que nos hacen estos días, sabemos que nos exponemos a que la jueza nos notifique que tenemos que dejar el edificio. ¿Cuándo? No lo sabemos”.
Breve historia de una estafa
Ante el alerta, cientos de personas se acercaron al hotel de la Avenida Callao al 300 para escuchar la conferencia en la que el abogado de la cooperativa, Ataliva Dinani, la presidenta, María Eva Lossada, y el referente Federico Tonarelli contaron las malas nuevas.
Allí recordaron que la sentencia de desalojo se encuentra firme desde julio de 2007 por parte del mismo juzgado de primera instancia que tomó la causa tras la quiebra de la empresa Mercoteles en el 2001. Luego de esa decisión, hubieron distintas instancias judiciales cuyos trámites fueron permitiendo la gestión ininterrumpida de la cooperativa al día de hoy, que mantiene 130 trabajadores.
A pesar de que la Corte Suprema falló en contra de la cooperativa, en conferencia los trabajadores recuerdan que en 2016 una Ley sancionada en ambas cámaras planteó la expropiación del edificio a manos del Estado. Esa expropiación –dictaba el proyecto- sería abonada con los créditos impagos que el grupo Mercoteles S.A. mantiene con el Estado, a partir de un préstamo oficial obtenido en 1978, en plena dictadura militar. Esa deuda permanece impaga al día de hoy; según un cálculo judicial de 2016, el monto de esa deuda supera en 2 ó 3 veces el valor del edificio.
La historia de cómo la justicia le otorga la propiedad del edificio a un grupo empresario que jamás lo pagó puede sintetizar parte de la trama oscura de este país. “Pero ese no es el principal problema”, recuerda Federico Tonarelli. “El tema central es que el sujeto de esa causa no es Mercoteles S.A., sino Bauen S.A., otra empresa de la familia Iurcovich. Es decir, la forma de eludir la responsabilidad jurídica de estos grupos es mandar a la quiebra a una sociedad y crear otra. Y esa otra es la que compra el Bauen en la quiebra. La justicia es la que debe vincularlas. Esa es la única manera de terminar con la impunidad de estos grupos que representan la especulación financiera que fundió el país en los 90 y pretende volver a hacerlo ahora”.
Las dos causas se mantuvieron en paralelo y la que avanza –con cierta malicia en un año electoral- es la que pone contra la pared a los trabajadores. Tonarelli lo define así: “Estamos hablando de expertos en maniobras judiciales para hacerse de fondos públicos, estamos hablando de un empresariado parasitario del Estado, que ha tejido relaciones de todo tipo –jurídicas, políticas, sociales, personales- que les permiten manejar esto de una forma imposible para cualquiera de nosotros. Es muy simple y lo puede entender cualquiera: si vos debés la cuota de tu crédito hipotecario, te rematan el departamento, pero ellos pretenden que les perdonemos las deudas y le devolvamos algo que, a esta altura, es de todos. No sólo nuestro, de los trabajadores del Bauen: de todos”.
La Ley de expropiación soluciona(ba) la amenaza de desalojo: simplemente legalizaba la gestión de la cooperativa frente al hotel, lo que en la práctica ya viene pasando. Y no le otorgaba la propiedad a la cooperativa – lo cual circuló, también, con cierta malicia- sino que se la entregaba en comodato, una especie de alquiler.
Durante largos años el hotel funcionó sin leyes ni soluciones concretas por parte de la dirigencia política del entonces oficialismo kirchnerista. Pero se logró sancionar la Ley en Diputados y luego en Senadores la Ley de expropiación, vetada finalmente por el presidente Mauricio Macri en 2016. Tras el veto, la causa judicial volvió a flote. Y después de un 2017 y un 2018 de idas y venidas judiciales, finalmente el 28 de diciembre del año pasado la Corte Suprema rechazó las apelaciones finales de la cooperativa. “A partir de ese rechazo vuelve el expediente a la jueza de primera instancia que, como tiene firme la sentencia de desalojo desde 2007. Nos convoca a un acuerdo. En la breve audiencia de este martes nos comunica que nos otorga un plazo de 7 días hábiles a los efectos que las partes en conflicto intentemos un acuerdo”, cierra Tonarelli.
El complejo cooperativo
Cualquiera que pisó el hotel sabe que la consigna “el Bauen es de todos” no es una consigna. Cientos de actividades sociales, culturales, sindicales y de cualquier otra índole – desde reuniones de inmigrantes senegaleses hasta convenciones de tatuadores, pasando por la Asociación Argentina de Luthiers- llenan los pasillos, los auditorios y las piezas de este hotel que se ha convertido en un emblema del cooperativismo argentino.
Durante los últimos años, la cooperativa del Bauen se ha encargado además de cobijar en el edificio a otros proyectos: “Están en riesgo los puestos de trabajo de la cooperativa cultural El descubridor, de la revista Cítrica, de la cooperativa que hace La Garganta Poderosa, del área de distribución y comercialización del Movimiento La Dignidad”, enumera Tonarelli. “Al hablar del Bauen, nos referimos a un conjunto de al menos 200 trabajadores y trabajadoras en total”.
Esta trama de cooperativas y organizaciones sociales no solo se ve sino que se siente en la conferencia en la que el Bauen pide, y a su vez, manifiesta un apoyo transversal a los distintos colores políticos en pleno año electoral. “De ahora en más la solidaridad es con todos: estamos dispuestos a defender los puestos de trabajo de todos los trabajadores que estamos acá” plantearon ante la presencia de representantes de las dos CTA, la CGT, la asociación de teatros independientes, gremios de aceiteros, actores, bancarios y muchos otros. Así lo rubrica Eva, la presidenta de la Cooperativa Bauen: “Gracias a cada organización. Más allá de donde estén políticamente, sentimos que hay mucha gente defendiendo nuestros puestos de trabajo. Por eso una se siente invencible. No somos la única cooperativa que paga el gas, la luz, que nos cuesta. No nos dejen caer, lo único que les pido. Estén con nosotros y lleven esta lucha porque así como nosotros hay un montón de compañeros que pueden quedar sin trabajo si esto se cae. Sabemos lo que es levantarnos temprano con la lluvia, con el viento para tomarnos el colectivo: ellos no lo saben. Eso es lo que hace que no nos puedan desalojar. El Bauen no es de los trabajadores solamente: es de todos. Y al que no le gusta, se jode.
La instancia internacional
Frente a los malos anuncios, y después de dos recorridos completos en instancias judiciales nacionales, el equipo jurídico del Bauen preparó una serie de presentaciones que plantean el caso ante dos organismos internacionales. “También hemos vuelto a presentar nuevamente en el Congreso de Nación el proyecto de declaración de utilidad pública del Hotel, nada menos que el proyecto que fue Ley en 2016”, suma Tonarelli.
Lavaca dialogó con el abogado Ataliva Dinani para precisar las instancias del acuerdo urgente y conocer sobre las instancias que siguen fuera del país.
¿Qué iniciativa va a tomar la cooperativa en el acuerdo?
Nosotros le explicamos hoy a la jueza que lo que queremos preservar son las fuertes de trabajo. Es una necesidad laboral: no podemos aceptar cualquier tipo de acuerdo que implique quedar en la calle y no tener nada para llevar a las casas. Hace unos años hubo una propuesta que tenía que ver con seguir ele emprendimiento aunque sea en otro lado. Negar ese derecho es inadmisible. Espero que la justicia entienda que esta situación no es un capricho: hay una necesidad básica que es sostener las fuentes de trabajo. Todo lo que desarrolla el Bauen, toda la solidaridad que genera, los vínculos con la sociedad tienen que poder seguir desarrollándolos.
¿Cuál es la posición de la empresa?
Ellos piden que se atengan a la sentencia que ya está: el desalojo. La audiencia de hoy terminó con Iurcovich hijo diciendo que viaja a Brasil el viernes y que hasta ese día nos daba tiempo para hablar con él. Fue muy shockeante, porque fue lo mismo que sucedió en 2003 cuando los trabajadores se vieron ante la obligación de tomar este lugar para preservar las fuentes de trabajo: ese mismo ultimátum, pero de Iurcovich padre. En el plano jurídico nosotros hemos trabajado cada instancia que teníamos a nivel de derecho interno y ahora a nivel internacional.
¿Cómo es la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Ahora elevamos una denuncia a la Comisión que evaluará si amerita ser tratado el caso en la Corte Interamericana. Es una denuncia al Estado: nosotros decimos que, de favorecer a la familia Iurcovich nuevamente, se produce un incumplimiento del derecho a la justicia de los trabajadores – y una violación al derecho al trabajo. Es notoria la violación. Y el día de mañana (por hoy, miércoles 26) estará viajando a Perú José Schulman (de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre) para llevar una denuncia ante el relator de la ONU con respecto a la independencia de los magistrados. La idea es que los organismos internacionales tomen conocimiento de esta situación: lejos de ser un problema de 200 personas, es un problema de una visión social del Estado argentino respecto de sus ciudadanos.
lavaca.org
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