Los gobiernos patronales son responsables de esta catástrofe.
La noticia de que el 49,3% de los trabajadores está ocupado en el llamado “sector micro-informal de la estructura productiva” ilustra la catástrofe social que está atravesando la Argentina.
Según el informe referido al tercer trimestre de 2018 que difundió esta semana el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, se trata de “actividades laborales autónomas no profesionales o llevadas a cabo en pequeñas unidades productivas de baja productividad, alta rotación y baja o nula vinculación con el mercado formal”. En este sector “el ingreso medio mensual de los trabajadores (...) fue un 41% menor que el ingreso del total de ocupados”, con un valor de $10.283 miserables. Además, el 81,7% de los empleos “micro-informales” son “de baja calidad” y el 75,9% no hace aportes al sistema de seguridad social. Dentro de este universo, las mujeres ocupan la mayor cantidad de lugares. Para los “agraciados” que pertenecen al sector formal privado o al empleo público, el estado de cosas está lejos de ser un oasis: el ingreso medio de estos sectores está en $24.985 y $22.987, respectivamente.
Los datos se publican pocos días después de que se conociera el crecimiento de la desocupación al 10.1% (dos millones de personas) y corresponden al mismo período que arrojó la cifra de pobreza más alta de la última década: 33.6%. Estos datos demoledores alcanzan y sobran para demostrar el fracaso estrepitoso del macrismo, que en su momento hizo demagogia prometiendo “generar empleos de calidad”. Mientras se cerraron fábricas en forma sistemática, la mistificación ideológica fue el elogio oficial al “emprendedurismo” -un eufemismo para encubrir la realidad concreta de los datos arriba reseñados-. A la vez, el informe arroja un dato que no ha sido suficientemente destacado: en casi el 40% “de los hogares tenían a todos sus trabajadores en empleos precarios o desocupados”. El “enigma” de la pobreza estructural argentina se clarifica en esta postal. Como si todo esto fuera poco, los nuevos datos deberían ser peores, pues los últimos dos trimestres reflejarán impactos aún más profundos de la crisis en curso -como la devaluación y aceleración inflacionaria-.
Una tendencia que también incluye al gobierno de CFK
La serie histórica (2010-2018) que presenta el informe sobre la calidad del empleo en la última década aporta datos significativos. Por un lado, desde el punto de vista de “la foto” vale aclarar que este pico de trabajadores “micro-informales” ya tuvo lugar en 2014 (49,4%).
Por otro, la “película” también es ilustrativa, pues en los ocho años citados se observa una notoria degradación dentro del propio universo de empleos precarios. Es decir, mientras el llamado “empleo pleno” (mayormente en blanco) se mantiene con poca oscilación (43,8% en 2010, 44,1% en 2018), dentro del gigantesco abanico de trabajadores que están precarizados o desocupados (siempre en torno al 55%), fueron ganando terreno las formas todavía más frágiles. Así, en 2010 al interior de las formas inestables de trabajo el llamado empleo precario representaba el 35,1% y el “subempleo inestable”, el 9,7%. En 2018, la primera categoría retrocedió al 27,1% mientras el subempleo inestable creció hasta el 18,6. Se trata de un retroceso histórico en las condiciones de vida de millones: peores trabajos, más inestables, mayor incertidumbre.
Contra lo que más de un desprevenido creería, esta tendencia no arrancó con el macrismo; al ver el gráfico, es notorio el desplazamiento de estos números entre 2010-2015. En otras palabras, durante el gobierno de Cristina Fernández se desarrolló una notable precarización de la fuerza de trabajo. Luego, la política de Macri profundizó con nuevos y más profundos mazazos ese camino. Sobre este punto, el mentado informe grafica el derrumbe salarial de los últimos años: el ingreso medio total del sector “micro-informal” empieza a descender en 2013, y a fines de 2018 representó un 33% menos que el de ese año en términos reales. En resumen: los datos indican que cada vez más trabajadores están en peores condiciones de empleo y con ingresos reales que decrecen.
Responsabilidades y perspectivas
Estos datos constituyen una denuncia contundente del estado actual de cosas, en las que una mayoría creciente de las clases laboriosas agrava sus condiciones de vida. Es preciso determinar responsabilidades, de un lado, y un programa para transformarlas, del otro. La condición “estructural” sobre la precariedad laboral y la pobreza en Argentina que suele destacarse en la presentación de estos informes es adecuada; se desprende, agregamos, de las relaciones sociales vigentes. En otras palabras, la burguesía nacional ha sido incapaz de desarrollar el país según las premisas que vocifera para la tribuna -empleo de calidad, infraestructura, industrialización y otras mentiras-. No lo hizo mediante el gobierno “populista” o “industrialista”, tampoco bajo el “neoliberal”. La “falta de trabajo” es pura responsabilidad de esta clase social; basta con observar el despilfarro de una capacidad instalada en torno al 60%. ¿Qué otro obstáculo hay para no utilizar el restante más que la primacía del lucro por sobre las necesidades sociales?
En este cuadro dramático, los partidos patronales que disputan el destino del país en las próximas elecciones ofrecen salidas contrarias a una solución positiva de esta crisis. Macri, por caso, planteó “hacer más rápido lo que vinimos haciendo”, es decir, llevar a fondo la política capitalista que tuvo como resultado este desastre. La reforma laboral inconclusa supone precarizar aún más las condiciones de empleo -una “uberización” general a medida recomponer la ganancia capitalista- . En la pretendida “vereda de enfrente” las cosas no son tan distintas. Nielsen, uno de los economistas que asesora a Fernández, planteó abiertamente que las reformas “son necesarias”. Agis, que sería el ala “progresista”, dijo sin sonrojarse que es preciso “congelar” salarios por al menos un año. Todos coinciden, entonces, en la agenda estratégica de la burguesía nacional y el capital financiero: reformas y acuerdo con el FMI.
Frente a políticas que lejos de resolver este cuadro catastrófico, solo prometen reforzarlo, el programa del Partido Obrero y del Frente de Izquierda-Unidad desborda realismo. En primer lugar, porque la “falta de trabajo” podría resolverse con una medida elemental: repartir el conjunto de las horas disponibles sin afectar los salarios. La “calidad” en sus condiciones debe estar garantizada por la plena vigencia de los convenios colectivos, que deben hacerse respetar con la libertad de organización absoluta para la clase obrera. Para revertir los ingresos de miseria, es preciso que el salario mínimo equivalga al costo de la canasta familiar -lo contrario a la traición de la burocracia sindical, que pacta un inicial de indigencia junto a las cámaras patronales-.
Estas medidas suponen, en definitiva, que la crisis la paguen los capitalistas, responsables de esta masacre laboral. Para terminar con la pobreza estructural y la degradación generalizada, se precisa una reorganización social integral bajo dirección de los trabajadores.
Alejandro Lipco
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