jueves, 28 de febrero de 2019
Detrás de las mentiras: las dictaduras y masacres que EEUU apoya en el mundo
Dictadura versus Democracia. Así presentan la disputa que hoy se desarrolla en Venezuela.
Pero, ¿es creíble un bando democrático dirigido por Trump y secundado por Piñera, Macri y Bolsonaro?
En Argentina tambalea el frente amplio burgués: otra oportunidad para la militancia
Nada está definido todavía. El frente amplio burgués (Fab) vacila y demorará en definir la opción: mantener el apoyo a Macri cuando aumenta la posibilidad de una derrota de Cambiemos en las presidenciales de octubre; o correr el riesgo de un Lavagna Presidente con el aparato peronista detrás.
En este vacío se presenta una nueva oportunidad para la militancia antimperialista y anticapitalista, mientras mengua Cambiemos y se disuelve al tradicional aparato peronista con todas sus fracciones. Es posible echar las bases de un partido de masas de la clase trabajadora y el conjunto de sus aliados potenciales.
El espacio producido por la vacilación de la gran burguesía resulta de la crisis estructural del sistema, manifestada en la imposibilidad de un mínimo saneamiento económico sin chocar de frente con la mayoría de la sociedad. Expresa también las irremediables fracturas del capital local y de éste con los centros de la economía mundial. Pero la consecuencia a la vista, si históricamente es irremediable, es políticamente temporaria.
Aunque a mitad de camino de lo necesario para el capital, las medidas económicas han provocado un espasmo social. No explosión ni movilización. Sí un replanteo político, lejos de la conciencia de clase, de una orientación definida, pero suficiente para lanzar a la nada a la mayoría del electorado que Macri y los suyos lograron volcar a su favor en 2015 y 2017.
La táctica del gran capital
La burguesía hegemónica comprueba ese fenómeno en curso. Y el Fab tambalea. A favor de una leve reactivación económica a partir de marzo –ya perceptible sectorialmente- y con medidas demagógicas, diseñadas según una ingeniería electoral tan minuciosa como endeble, espera recapturar al votante aterrado y confundido. A la vez, como medida precautoria, prepara un recambio apoyado en el ala subordinada de las clases dominantes y, sobre todo, en las cúpulas sindicales y sus operadores políticos.
En ese plan descarta a Cristina Fernández. Constata que Sergio Massa y Juan Urtubey no pueden ganar el apoyo de siquiera un quinto del electorado y desconfía de la aparición de un salvador desconocido. Pero no todo está bajo control. La avanzada de un sector (encabezado por Techint, más una cantidad de aliados hasta ayer subordinados al Fab) adelantó la candidatura de Roberto Lavagna y puso en crisis el manejo de la coyuntura. Consecuencias de la feroz disputa interburguesa que, como detalle, tiene decenas de grandes empresarios procesados por corrupción, muchos de ellos ya en la cárcel. Habrá que ver si en la disputa el Fab logra sostenerse como tal o la burguesía pierde su centro de unidad y el poder ingresa en zona de turbulencia.
La maniobra se hizo pública a mediados de enero, cuando apareció el nombre de Lavagna como candidato posible de otra coalición burguesa. Para hacerlo más digerible, lo presentaron con el gobernador socialdemócrata de Santa Fe, como eje de un amplio frente opositor, que incluiría al PJ, fracciones de la UCR (con Ricardo Alfonsín como mascarón de proa), Massa y su comparsa, más sectores desnortados de eso abusivamente denominado centroizquierda. Es el llamado “frente popular y progresista”. Y hasta el momento es sólo un proyecto.
Muchas semanas antes, esa variante hasta entonces secreta había sido denunciada en esta columna ( En qué rumbo marcha Argentina , 10/12/18). Transcurridos casi tres meses, un arco político efectivamente muy amplio, que incluye a prácticamente todo el peronismo, así como denominaciones sabidamente oportunistas, se pronuncia hoy a favor de una candidatura presidencial del ex ministro de economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. La cúpula del capital espera a ver la magnitud y el carácter de la crisis social. Demorará su opción por Lavagna. Y éste acaso demore su postulación, aunque de varios flancos lo azuzan para que se defina ya.
En caso de llegar a la certeza de que Macri pierde en segunda vuelta, el gran capital quiere un reemplazo breve. No se adelanta porque si la conclusión es una victoria de Cambiemos, rechaza la posibilidad de un jefe que congregue a toda la oposición e impida el accionar debido del aspirado segundo mandato de Macri. Así de inestable está la situación y de confusas las previsiones. Al límite de su oferta, Lavagna hizo trascender que sólo estaría en la presidencia por un período, es decir cuatro años.
Dicho de otro modo y observado del lado inverso: cuando la crisis general asoma otra vez en el horizonte, aun con sus insalvables diferencias,n las clases dominantes tiene dos proyectos políticos y sus respectivos candidatos, aparentemente opuestos, pero en sustancia idénticos como gotas de agua.
Al frente, la clase obrera no tiene proyecto ni estructura propios; mucho menos un programa para afrontar la crisis capitalista y un candidato para presidir la nación en un proceso revolucionario. Y eso no se reemplaza con afiches.
No hace falta decir que allí reside la principal fuerza del capital. Si esa falencia no se resuelve, de uno u otro modo el Fab se reconstituirá al menos por un período, quienquiera sea su candidato. Y la marcha de la política de obligado saneamiento continuará.
Cómo actuar en la coyuntura
Urge por tanto actuar con una estrategia no electoral en medio de la catarata de comicios que dominará el panorama en los próximos nueve meses. Está a la vista el despliegue no sólo de la burguesía como clase, sino también de organizaciones y políticos que juegan su destino a recoger las migajas de Cambiemos y las inanes fracciones del peronismo.
A tales estrategias no es posible torcerles la voluntad en esta circunstancia. Sí es posible en cambio gestar una convocatoria que incluso las abarque, aunque apuntada centralmente a decenas de miles de activistas que, más o menos pasivamente, la comparten en todo el país, en todas las estructuras partidarias, sindicales o, como mal se dice ahora, sociales.
La fuerza militante puede transformar el cuadro dominante si es capaz de un enérgico paso en dirección al protagonismo político del activo obrero, estudiantil y popular, con objetivos tan simples como insoslayables: “queremos otro país; no a la subordinación a la Casa Blanca y el FMI; no a los intentos de sanear el capitalismo; sí a la elaboración democrática de un programa de acción basado en las necesidades de los trabajadores, las juventudes y las grandes mayorías”.
Es posible hoy dar un nuevo impulso, acaso decisivo, a la edificación de una estructura política de masas, que no puede sino ser un partido, con definición antimperialista y anticapitalista, plural en ese ámbito, democrático, con particular énfasis en la educación política de las grandes mayorías y en la acción colectiva consciente y organizada.
Como punto de partida está la voluntad de cada militante para reunir activistas ya definidos en este sentido o abrumados por sucesivos fracasos sindicales o frustraciones políticas, en condiciones de escuchar y asumir una propuesta diferente.
Unas pocas decenas de militantes respetados/as y respetables en su ámbito propio pueden poner en marcha a escala nacional un mecanismo poderoso. Se trata de convenir en la estrategia de construir un partido político de las masas explotadas y oprimidas. No será difícil acordar un conjunto básico de objetivos al cual se sumen adhesiones desde cada fábrica, escuela o universidad, barrio, ciudad o provincia. De esta manera, un Manifiesto provisional puede convocar a reuniones de menor a mayor hasta llegar a un encuentro a escala nacional. Todo gradual y meticulosamente respetuoso de las particularidades, pero a velocidad de viento. Porque no hay tiempo para postergaciones ni demoras.
Este proceso puede adoptar un carácter federativo, para procesar las marcadas desigualdades de nuestro país, a condición de que ese inalterable federalismo tenga la capacidad de unirse tras un programa de acción común, en una estructura organizativa nacional, que participativa y democráticamente elija en todos los niveles a quienes conducirán la lucha contra los partidos y demás instituciones del capital.
Cuadrante latinoamericano
Estados Unidos y el Grupo de Lima acaban de sufrir otro rudo revés con el fracaso de la invasión supuestamente humanitaria a Venezuela. Resta saber si al fracaso le seguirá la invasión militar sin máscara. Mientras tanto, la extraordinaria disposición de lucha de la Revolución Bolivariana y las masas venezolanas, más el apoyo en toda América Latina, no orgánico y desperdigado, pero en cualquier caso altamente significativo, frenaron la payasada del pelele nombrado por Washington como “presidente encargado”. Nicolás Maduro emerge como gran vencedor de la batalla.
Los presidentes de Colombia y Chile, más el vicepresidente estadounidense, presentes en la ridícula escenificación de la “ayuda humanitaria”, son los grandes derrotados. Macri dio un paso al costado a último momento. No asistió a Cúcuta el 23F y no presentó batalla dos días después en Bogotá en a la cumbre del cartel de Lima. El vicepresidente de Brasil, al parecer a cargo de este país, tampoco asistió a Cúcuta el 23F, supuesto Día D, y en Bogotá el lunes 25 dijo muy explícitamente que su gobierno se opone a una guerra contra Venezuela y el territorio brasileño no será utilizado por Estados Unidos para ese fin. Macri no lo dijo. Pero lo hizo. Y esto selló la suerte del Grupo de Lima en la agresión contra la Revolución Bolivariana. En una farragosa declaración cargada de calumnias, mentiras y amenazas de matón humillado, cuenta únicamente el punto 16, en el cual los cancilleres “ Reiteran su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza” .
Inesperadamente, en medio de una supuesta ola reaccionaria a favor de la Casa Blanca, los 10 gobiernos más derechistas del continente se negaron a cumplir la orden del núcleo fascista, tan grotesco como aislado, que desde Washigton encabeza la irracional marcha del ala descontrolada del imperio en caída vertical. Es evidente que con Brasil como bola sin manija, Argentina juega un papel especial en la coyuntura ( Si Macri rectifica, se evita la guerra ). Tal vez no es tan claro que una agresión armada a Venezuela era y sigue siendo un factor adicional para hacer estallar la alianza Cambiemos.
De modo que, además de lo obvio, en Argentina hay una razón interna, directa y de enorme peso para promover un frente antimperialista con consignas tan simples como la oposición a la injerencia en Venezuela, la negativa a la guerra en la región y la afirmación de la unidad latinoamericano-caribeña.
Puesto en ese cuadrante, el accionar del activo militante tiene una plataforma sólida para proyectarse no sólo a la acción política local, sino al protagonismo continental que la situación reclama de Argentina.
Luis Bilbao
@BilbaoL
En este vacío se presenta una nueva oportunidad para la militancia antimperialista y anticapitalista, mientras mengua Cambiemos y se disuelve al tradicional aparato peronista con todas sus fracciones. Es posible echar las bases de un partido de masas de la clase trabajadora y el conjunto de sus aliados potenciales.
El espacio producido por la vacilación de la gran burguesía resulta de la crisis estructural del sistema, manifestada en la imposibilidad de un mínimo saneamiento económico sin chocar de frente con la mayoría de la sociedad. Expresa también las irremediables fracturas del capital local y de éste con los centros de la economía mundial. Pero la consecuencia a la vista, si históricamente es irremediable, es políticamente temporaria.
Aunque a mitad de camino de lo necesario para el capital, las medidas económicas han provocado un espasmo social. No explosión ni movilización. Sí un replanteo político, lejos de la conciencia de clase, de una orientación definida, pero suficiente para lanzar a la nada a la mayoría del electorado que Macri y los suyos lograron volcar a su favor en 2015 y 2017.
La táctica del gran capital
La burguesía hegemónica comprueba ese fenómeno en curso. Y el Fab tambalea. A favor de una leve reactivación económica a partir de marzo –ya perceptible sectorialmente- y con medidas demagógicas, diseñadas según una ingeniería electoral tan minuciosa como endeble, espera recapturar al votante aterrado y confundido. A la vez, como medida precautoria, prepara un recambio apoyado en el ala subordinada de las clases dominantes y, sobre todo, en las cúpulas sindicales y sus operadores políticos.
En ese plan descarta a Cristina Fernández. Constata que Sergio Massa y Juan Urtubey no pueden ganar el apoyo de siquiera un quinto del electorado y desconfía de la aparición de un salvador desconocido. Pero no todo está bajo control. La avanzada de un sector (encabezado por Techint, más una cantidad de aliados hasta ayer subordinados al Fab) adelantó la candidatura de Roberto Lavagna y puso en crisis el manejo de la coyuntura. Consecuencias de la feroz disputa interburguesa que, como detalle, tiene decenas de grandes empresarios procesados por corrupción, muchos de ellos ya en la cárcel. Habrá que ver si en la disputa el Fab logra sostenerse como tal o la burguesía pierde su centro de unidad y el poder ingresa en zona de turbulencia.
La maniobra se hizo pública a mediados de enero, cuando apareció el nombre de Lavagna como candidato posible de otra coalición burguesa. Para hacerlo más digerible, lo presentaron con el gobernador socialdemócrata de Santa Fe, como eje de un amplio frente opositor, que incluiría al PJ, fracciones de la UCR (con Ricardo Alfonsín como mascarón de proa), Massa y su comparsa, más sectores desnortados de eso abusivamente denominado centroizquierda. Es el llamado “frente popular y progresista”. Y hasta el momento es sólo un proyecto.
Muchas semanas antes, esa variante hasta entonces secreta había sido denunciada en esta columna ( En qué rumbo marcha Argentina , 10/12/18). Transcurridos casi tres meses, un arco político efectivamente muy amplio, que incluye a prácticamente todo el peronismo, así como denominaciones sabidamente oportunistas, se pronuncia hoy a favor de una candidatura presidencial del ex ministro de economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. La cúpula del capital espera a ver la magnitud y el carácter de la crisis social. Demorará su opción por Lavagna. Y éste acaso demore su postulación, aunque de varios flancos lo azuzan para que se defina ya.
En caso de llegar a la certeza de que Macri pierde en segunda vuelta, el gran capital quiere un reemplazo breve. No se adelanta porque si la conclusión es una victoria de Cambiemos, rechaza la posibilidad de un jefe que congregue a toda la oposición e impida el accionar debido del aspirado segundo mandato de Macri. Así de inestable está la situación y de confusas las previsiones. Al límite de su oferta, Lavagna hizo trascender que sólo estaría en la presidencia por un período, es decir cuatro años.
Dicho de otro modo y observado del lado inverso: cuando la crisis general asoma otra vez en el horizonte, aun con sus insalvables diferencias,n las clases dominantes tiene dos proyectos políticos y sus respectivos candidatos, aparentemente opuestos, pero en sustancia idénticos como gotas de agua.
Al frente, la clase obrera no tiene proyecto ni estructura propios; mucho menos un programa para afrontar la crisis capitalista y un candidato para presidir la nación en un proceso revolucionario. Y eso no se reemplaza con afiches.
No hace falta decir que allí reside la principal fuerza del capital. Si esa falencia no se resuelve, de uno u otro modo el Fab se reconstituirá al menos por un período, quienquiera sea su candidato. Y la marcha de la política de obligado saneamiento continuará.
Cómo actuar en la coyuntura
Urge por tanto actuar con una estrategia no electoral en medio de la catarata de comicios que dominará el panorama en los próximos nueve meses. Está a la vista el despliegue no sólo de la burguesía como clase, sino también de organizaciones y políticos que juegan su destino a recoger las migajas de Cambiemos y las inanes fracciones del peronismo.
A tales estrategias no es posible torcerles la voluntad en esta circunstancia. Sí es posible en cambio gestar una convocatoria que incluso las abarque, aunque apuntada centralmente a decenas de miles de activistas que, más o menos pasivamente, la comparten en todo el país, en todas las estructuras partidarias, sindicales o, como mal se dice ahora, sociales.
La fuerza militante puede transformar el cuadro dominante si es capaz de un enérgico paso en dirección al protagonismo político del activo obrero, estudiantil y popular, con objetivos tan simples como insoslayables: “queremos otro país; no a la subordinación a la Casa Blanca y el FMI; no a los intentos de sanear el capitalismo; sí a la elaboración democrática de un programa de acción basado en las necesidades de los trabajadores, las juventudes y las grandes mayorías”.
Es posible hoy dar un nuevo impulso, acaso decisivo, a la edificación de una estructura política de masas, que no puede sino ser un partido, con definición antimperialista y anticapitalista, plural en ese ámbito, democrático, con particular énfasis en la educación política de las grandes mayorías y en la acción colectiva consciente y organizada.
Como punto de partida está la voluntad de cada militante para reunir activistas ya definidos en este sentido o abrumados por sucesivos fracasos sindicales o frustraciones políticas, en condiciones de escuchar y asumir una propuesta diferente.
Unas pocas decenas de militantes respetados/as y respetables en su ámbito propio pueden poner en marcha a escala nacional un mecanismo poderoso. Se trata de convenir en la estrategia de construir un partido político de las masas explotadas y oprimidas. No será difícil acordar un conjunto básico de objetivos al cual se sumen adhesiones desde cada fábrica, escuela o universidad, barrio, ciudad o provincia. De esta manera, un Manifiesto provisional puede convocar a reuniones de menor a mayor hasta llegar a un encuentro a escala nacional. Todo gradual y meticulosamente respetuoso de las particularidades, pero a velocidad de viento. Porque no hay tiempo para postergaciones ni demoras.
Este proceso puede adoptar un carácter federativo, para procesar las marcadas desigualdades de nuestro país, a condición de que ese inalterable federalismo tenga la capacidad de unirse tras un programa de acción común, en una estructura organizativa nacional, que participativa y democráticamente elija en todos los niveles a quienes conducirán la lucha contra los partidos y demás instituciones del capital.
Cuadrante latinoamericano
Estados Unidos y el Grupo de Lima acaban de sufrir otro rudo revés con el fracaso de la invasión supuestamente humanitaria a Venezuela. Resta saber si al fracaso le seguirá la invasión militar sin máscara. Mientras tanto, la extraordinaria disposición de lucha de la Revolución Bolivariana y las masas venezolanas, más el apoyo en toda América Latina, no orgánico y desperdigado, pero en cualquier caso altamente significativo, frenaron la payasada del pelele nombrado por Washington como “presidente encargado”. Nicolás Maduro emerge como gran vencedor de la batalla.
Los presidentes de Colombia y Chile, más el vicepresidente estadounidense, presentes en la ridícula escenificación de la “ayuda humanitaria”, son los grandes derrotados. Macri dio un paso al costado a último momento. No asistió a Cúcuta el 23F y no presentó batalla dos días después en Bogotá en a la cumbre del cartel de Lima. El vicepresidente de Brasil, al parecer a cargo de este país, tampoco asistió a Cúcuta el 23F, supuesto Día D, y en Bogotá el lunes 25 dijo muy explícitamente que su gobierno se opone a una guerra contra Venezuela y el territorio brasileño no será utilizado por Estados Unidos para ese fin. Macri no lo dijo. Pero lo hizo. Y esto selló la suerte del Grupo de Lima en la agresión contra la Revolución Bolivariana. En una farragosa declaración cargada de calumnias, mentiras y amenazas de matón humillado, cuenta únicamente el punto 16, en el cual los cancilleres “ Reiteran su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza” .
Inesperadamente, en medio de una supuesta ola reaccionaria a favor de la Casa Blanca, los 10 gobiernos más derechistas del continente se negaron a cumplir la orden del núcleo fascista, tan grotesco como aislado, que desde Washigton encabeza la irracional marcha del ala descontrolada del imperio en caída vertical. Es evidente que con Brasil como bola sin manija, Argentina juega un papel especial en la coyuntura ( Si Macri rectifica, se evita la guerra ). Tal vez no es tan claro que una agresión armada a Venezuela era y sigue siendo un factor adicional para hacer estallar la alianza Cambiemos.
De modo que, además de lo obvio, en Argentina hay una razón interna, directa y de enorme peso para promover un frente antimperialista con consignas tan simples como la oposición a la injerencia en Venezuela, la negativa a la guerra en la región y la afirmación de la unidad latinoamericano-caribeña.
Puesto en ese cuadrante, el accionar del activo militante tiene una plataforma sólida para proyectarse no sólo a la acción política local, sino al protagonismo continental que la situación reclama de Argentina.
Luis Bilbao
@BilbaoL
La “querella argentina”, una batalla contra la impunidad del franquismo
El documentalista Dietmar Post presenta “La causa contra Franco” en el Centre Cultural Octubre de Valencia
En agosto de 1936 las tropas franquistas bajo el mando del general Yagüe sembraron el terror en la ciudad de Badajoz, con masacres como la ocurrida en la plaza de toros; la cifra de republicanos muertos varía según las fuentes, pero podría acercarse a las 4.000. En febrero de 1937, el crucero italiano Eugenio di Savoia bombardeó Barcelona con un balance de 18 muertos; en esas fechas se produjeron los primeros ataques navales y aéreos del fascismo italiano sobre Valencia, y el uno de abril las bombas de los junkers alemanes causaron cerca de 159 muertes en Jaén.
El 26 de abril la Legión Cóndor nazi y la fuerza área italiana arrojaron toneladas de explosivos sobre Gernika, un mes después del bombardeo de Durango. También fueron víctimas de los ataques por mar y aire los civiles que huían –en la llamada “desbandá”- a través de la carretera Málaga-Almería, en febrero de 1937 (el éxodo de la población civil pudo alcanzar las 300.000 personas y el de muertes por las bombas, un mínimo de 5.000); además, según el historiador Javier Rodrigo, los 180 campos de concentración del franquismo acogieron a cerca de medio millón de internos (el último campo, en Miranda de Ebro, fue clausurado en 1947); las víctimas de desaparición forzada -enterradas en cunetas y fosas- superan las 100.000. Asimismo, según el Ministerio de Justicia, en el territorio español se distribuyen 2.500 fosas comunes del franquismo, la mayor de ellas ubicada en el valle de Cuelgamuros, en Madrid.
“Todos estos lugares fueron silenciados durante décadas”, afirma Dietmar Post, co-director junto a Lucía Palacios del documental de 97 minutos “La causa contra Franco: ¿El Nuremberg español?”, estrenado en septiembre de 2018 en la sala Mirador de Madrid. El antecedente de la película se sitúa en 2010, cuando el Tribunal Supremo español dictó un auto de juicio oral contra el juez Baltasar Garzón por la investigación de los crímenes del franquismo (Garzón fue absuelto en 2012 del presunto delito de prevaricación). Así, la batalla contra la impunidad continuaba. El documental tiene como punto de inicio y desarrollo la denominada “querella argentina”, presentada el 14 de abril de 2010 por asociaciones y familiares de las víctimas para que se investigara el “genocidio y/o crímenes de lesa humanidad” franquistas y se condenara a los autores.
La instructora de la querella es María Servini, jueza titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº1 de Buenos Aires, que ordenó la detención preventiva con fines de extradición –basándose en el principio de jurisdicción universal- de 24 presuntos responsables de los delitos. Las dos resoluciones de Servini –septiembre de 2013 y octubre de 2014- imputaron entre otros a Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales el tres de marzo de 1976 cuando la represión policial de una huelga en Vitoria terminó con cinco obreros asesinados y más de 150 heridos; otro de los imputados es el policía Juan Antonio González Pacheco (“Billy el niño”), por presuntas torturas contra 15 detenidos entre 1971 y 1975 (en julio de 1977 el BOE publicó la orden firmada por Martín Villa, entonces ministro de la Gobernación, que otorgaba la Medalla de Plata al Mérito Policial al inspector González Pacheco).
“La justicia y el gobierno españoles se negaron a colaborar con la jueza Servini y le impidieron tomar declaración a los acusados”, explica el documental; dos de los argumentos centrales del Estado español figuran en la sentencia 101/2012 del Tribunal Supremo: la prescripción de los delitos y la Ley de Amnistía aprobada en octubre de 1977, que la sentencia del alto tribunal califica como “un pilar esencial, insustituible y necesario para superar el franquismo” y una medida, entre otras, orientada “hacia la reconciliación nacional, en la que se buscó que no hubiera dos Españas enfrentadas”.
La citada Ley 46/1977 establece la amnistía para “los actos de intencionalidad política” tipificados como delitos y faltas por la dictadura, pero también –en el artículo segundo- para “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. En octubre de 2017, Amnistía Internacional presentó 205.000 firmas ante el Ministerio de Justicia en las que se pedía que la Ley de Amnistía “no sea un mecanismo de impunidad”, y recordó que –desde 2013- cinco organismos de Naciones Unidas han instado a la derogación del texto legal, por su “incompatibilidad” con las obligaciones internacionales del Estado español. Además, el pasado 20 de marzo el Congreso de los Diputados rechazó –con los votos del PP, PSOE y Ciudadanos- la propuesta para una reforma de la Ley 46/1977 de Amnistía, de modo que pudieran investigarse los crímenes del franquismo; la reforma fue defendida por Unidos-Podemos, ERC, el PNV, EH Bildu, el PDeCAT y Compromís.
Dietmar Post ha presentado “La causa contra Franco” en el Centre Cultural Octubre de Valencia, en un acto organizado por Associació Ciutadana i Comunicació (ACICOM), Acció Cultural del País Valencià y el grupo municipal de EUPV-IU en Aldaia. Lucía Palacios y Dielmar Post estrenaron en 2013 el documental “Los colonos del caudillo”, que analiza la dictadura a partir de uno de los 300 “asentamientos” – el de Llanos del Caudillo (Ciudad Real)- construidos por el Instituto Nacional de la Colonización adscrito al Ministerio de Agricultura franquista.
Los ejemplos incluidos en “La causa contra Franco” podrían prolongarse hasta hoy. Tres familiares de Enrique Suárez Ferrera presentaron el 13 de febrero una denuncia en el Consulado de Argentina en Madrid por la desaparición de este minero y vecino de La Rina (Asturias), tras ser detenido por la guardia civil en abril de 1948; los allegados piden la exhumación de la fosa de Pozo Funeres, donde supuestamente fue arrojado Enrique Suárez con otros tres capturados el mismo día. El Ayuntamiento de Zaragoza y 33 familias de víctimas interpusieron el 31 de enero una querella en los juzgados de la ciudad contra 25 personas –entre ellas siete policías y siete gobernadores militares-, acusados de los delitos de genocidio y lesa humanidad en la guerra de España y la dictadura. La querella se fundamenta en los testimonios de 136 víctimas y sus familiares que, informó el consistorio, serán incorporados a la causa instruida por la jueza Servini.
“Mi padre y otros fueron a misa y, cuando salieron, les esperaba una pareja de la guardia civil y dos chicos jóvenes de 17 años, de aquí de Busturia (Vizcaya), vestidos de falangistas ya. Se llevaron a mi padre y al otro a Bermeo (Vizcaya) y ya no les vimos más”. Es el testimonio de los hermanos Julen y Elisa Kalzada sobre la suerte de su padre, Doroteo Kalzada, recogido en “La causa contra Franco”. Concejal del PNV de Busturia, Doroteo Kalzada fue fusilado por las tropas franquistas en junio de 1937; María Servini tomó declaración a los dos hermanos en los juzgados de Gernika, en 2014.
Otro querellante en la causa argentina es Antonio Narváez, que en septiembre de 2015, con 82 años, declaró en los juzgados de Sevilla por el fusilamiento de su padre y su madre -en julio de 1936- perpetrado por unos falangistas; su voz se incluye en el documental de Dietmar Post y Lucía Palacios, al igual que el testimonio de Elsa Osaba, hija y sobrina de refugiados republicanos españoles en Francia; “Mi tío Francisco, cuando llegan los alemanes, es conducido a unos stalags (campo para prisioneros de guerra) y de ahí llegó en un convoy a Mauthausen, en abril de 1941”, recuerda. “Yo conozco a centenares de personas que han sido torturadas por Muñecas: bañera, electrodos, golpes…”, afirma el antropólogo forense Francisco Etxeberria. El capitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas Aguilar, figura entre los acusados por Servini en el auto de 2013, por presuntas torturas a Andoni Arrizabalaga tras su detención -en agosto de 1968- y permanecer 22 días incomunicado. El documental incluye entrevistas con la hija del general Yagüe y con José Utrera Molina, fallecido en 2017; el político de extrema derecha desempeñaba el cargo de ministro-secretario general del Movimiento cuando la dictadura ejecutó al militante libertario Salvador Puig Antich.
Enric Llopis
En agosto de 1936 las tropas franquistas bajo el mando del general Yagüe sembraron el terror en la ciudad de Badajoz, con masacres como la ocurrida en la plaza de toros; la cifra de republicanos muertos varía según las fuentes, pero podría acercarse a las 4.000. En febrero de 1937, el crucero italiano Eugenio di Savoia bombardeó Barcelona con un balance de 18 muertos; en esas fechas se produjeron los primeros ataques navales y aéreos del fascismo italiano sobre Valencia, y el uno de abril las bombas de los junkers alemanes causaron cerca de 159 muertes en Jaén.
El 26 de abril la Legión Cóndor nazi y la fuerza área italiana arrojaron toneladas de explosivos sobre Gernika, un mes después del bombardeo de Durango. También fueron víctimas de los ataques por mar y aire los civiles que huían –en la llamada “desbandá”- a través de la carretera Málaga-Almería, en febrero de 1937 (el éxodo de la población civil pudo alcanzar las 300.000 personas y el de muertes por las bombas, un mínimo de 5.000); además, según el historiador Javier Rodrigo, los 180 campos de concentración del franquismo acogieron a cerca de medio millón de internos (el último campo, en Miranda de Ebro, fue clausurado en 1947); las víctimas de desaparición forzada -enterradas en cunetas y fosas- superan las 100.000. Asimismo, según el Ministerio de Justicia, en el territorio español se distribuyen 2.500 fosas comunes del franquismo, la mayor de ellas ubicada en el valle de Cuelgamuros, en Madrid.
“Todos estos lugares fueron silenciados durante décadas”, afirma Dietmar Post, co-director junto a Lucía Palacios del documental de 97 minutos “La causa contra Franco: ¿El Nuremberg español?”, estrenado en septiembre de 2018 en la sala Mirador de Madrid. El antecedente de la película se sitúa en 2010, cuando el Tribunal Supremo español dictó un auto de juicio oral contra el juez Baltasar Garzón por la investigación de los crímenes del franquismo (Garzón fue absuelto en 2012 del presunto delito de prevaricación). Así, la batalla contra la impunidad continuaba. El documental tiene como punto de inicio y desarrollo la denominada “querella argentina”, presentada el 14 de abril de 2010 por asociaciones y familiares de las víctimas para que se investigara el “genocidio y/o crímenes de lesa humanidad” franquistas y se condenara a los autores.
La instructora de la querella es María Servini, jueza titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº1 de Buenos Aires, que ordenó la detención preventiva con fines de extradición –basándose en el principio de jurisdicción universal- de 24 presuntos responsables de los delitos. Las dos resoluciones de Servini –septiembre de 2013 y octubre de 2014- imputaron entre otros a Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales el tres de marzo de 1976 cuando la represión policial de una huelga en Vitoria terminó con cinco obreros asesinados y más de 150 heridos; otro de los imputados es el policía Juan Antonio González Pacheco (“Billy el niño”), por presuntas torturas contra 15 detenidos entre 1971 y 1975 (en julio de 1977 el BOE publicó la orden firmada por Martín Villa, entonces ministro de la Gobernación, que otorgaba la Medalla de Plata al Mérito Policial al inspector González Pacheco).
“La justicia y el gobierno españoles se negaron a colaborar con la jueza Servini y le impidieron tomar declaración a los acusados”, explica el documental; dos de los argumentos centrales del Estado español figuran en la sentencia 101/2012 del Tribunal Supremo: la prescripción de los delitos y la Ley de Amnistía aprobada en octubre de 1977, que la sentencia del alto tribunal califica como “un pilar esencial, insustituible y necesario para superar el franquismo” y una medida, entre otras, orientada “hacia la reconciliación nacional, en la que se buscó que no hubiera dos Españas enfrentadas”.
La citada Ley 46/1977 establece la amnistía para “los actos de intencionalidad política” tipificados como delitos y faltas por la dictadura, pero también –en el artículo segundo- para “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. En octubre de 2017, Amnistía Internacional presentó 205.000 firmas ante el Ministerio de Justicia en las que se pedía que la Ley de Amnistía “no sea un mecanismo de impunidad”, y recordó que –desde 2013- cinco organismos de Naciones Unidas han instado a la derogación del texto legal, por su “incompatibilidad” con las obligaciones internacionales del Estado español. Además, el pasado 20 de marzo el Congreso de los Diputados rechazó –con los votos del PP, PSOE y Ciudadanos- la propuesta para una reforma de la Ley 46/1977 de Amnistía, de modo que pudieran investigarse los crímenes del franquismo; la reforma fue defendida por Unidos-Podemos, ERC, el PNV, EH Bildu, el PDeCAT y Compromís.
Dietmar Post ha presentado “La causa contra Franco” en el Centre Cultural Octubre de Valencia, en un acto organizado por Associació Ciutadana i Comunicació (ACICOM), Acció Cultural del País Valencià y el grupo municipal de EUPV-IU en Aldaia. Lucía Palacios y Dielmar Post estrenaron en 2013 el documental “Los colonos del caudillo”, que analiza la dictadura a partir de uno de los 300 “asentamientos” – el de Llanos del Caudillo (Ciudad Real)- construidos por el Instituto Nacional de la Colonización adscrito al Ministerio de Agricultura franquista.
Los ejemplos incluidos en “La causa contra Franco” podrían prolongarse hasta hoy. Tres familiares de Enrique Suárez Ferrera presentaron el 13 de febrero una denuncia en el Consulado de Argentina en Madrid por la desaparición de este minero y vecino de La Rina (Asturias), tras ser detenido por la guardia civil en abril de 1948; los allegados piden la exhumación de la fosa de Pozo Funeres, donde supuestamente fue arrojado Enrique Suárez con otros tres capturados el mismo día. El Ayuntamiento de Zaragoza y 33 familias de víctimas interpusieron el 31 de enero una querella en los juzgados de la ciudad contra 25 personas –entre ellas siete policías y siete gobernadores militares-, acusados de los delitos de genocidio y lesa humanidad en la guerra de España y la dictadura. La querella se fundamenta en los testimonios de 136 víctimas y sus familiares que, informó el consistorio, serán incorporados a la causa instruida por la jueza Servini.
“Mi padre y otros fueron a misa y, cuando salieron, les esperaba una pareja de la guardia civil y dos chicos jóvenes de 17 años, de aquí de Busturia (Vizcaya), vestidos de falangistas ya. Se llevaron a mi padre y al otro a Bermeo (Vizcaya) y ya no les vimos más”. Es el testimonio de los hermanos Julen y Elisa Kalzada sobre la suerte de su padre, Doroteo Kalzada, recogido en “La causa contra Franco”. Concejal del PNV de Busturia, Doroteo Kalzada fue fusilado por las tropas franquistas en junio de 1937; María Servini tomó declaración a los dos hermanos en los juzgados de Gernika, en 2014.
Otro querellante en la causa argentina es Antonio Narváez, que en septiembre de 2015, con 82 años, declaró en los juzgados de Sevilla por el fusilamiento de su padre y su madre -en julio de 1936- perpetrado por unos falangistas; su voz se incluye en el documental de Dietmar Post y Lucía Palacios, al igual que el testimonio de Elsa Osaba, hija y sobrina de refugiados republicanos españoles en Francia; “Mi tío Francisco, cuando llegan los alemanes, es conducido a unos stalags (campo para prisioneros de guerra) y de ahí llegó en un convoy a Mauthausen, en abril de 1941”, recuerda. “Yo conozco a centenares de personas que han sido torturadas por Muñecas: bañera, electrodos, golpes…”, afirma el antropólogo forense Francisco Etxeberria. El capitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas Aguilar, figura entre los acusados por Servini en el auto de 2013, por presuntas torturas a Andoni Arrizabalaga tras su detención -en agosto de 1968- y permanecer 22 días incomunicado. El documental incluye entrevistas con la hija del general Yagüe y con José Utrera Molina, fallecido en 2017; el político de extrema derecha desempeñaba el cargo de ministro-secretario general del Movimiento cuando la dictadura ejecutó al militante libertario Salvador Puig Antich.
Enric Llopis
30 años del Caracazo: la rebelión que dio un golpe de muerte al "puntofijismo"
La realidad venezolana se encuentra marcada por la injerencia de Estados Unidos, que junto a la derecha continental, apoya la avanzada golpista encabezada por Juan Guaidó. Pero este 27 y 28 de febrero se cumplen 30 años de la rebelión en las principales ciudades del país que significó un cambio histórico, que abrió una nueva etapa en la lucha de clases, dando un golpe de muerte al gobierno de Carlos Andrés Pérez y su “paquete” neoliberal, muy similar al plan económico que hoy presenta como salida la oposición golpista.
El siguiente artículo constituye extractos de las tesis programáticas fundacionales de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) y se centra en la descripción y definición del Caracazo, en un repaso breve por los hechos de la época y las perspectivas que abrió la revuelta. En otros materiales hemos abordado con detenimiento el otro hecho de relevancia que configuró la época siguiente, el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992.
La rebelión social contra el paquete neoliberal
Esta histórica y contundente protesta contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP) y su “paquete” fondomonetarista, expresó la rabia y el hastío del pueblo contra la pobreza, el hambre y las precarias condiciones de vida a que estaba sometido, mientras la corrupción de los gobernantes era pública y notoria, en un país plagado de enormes desigualdades sociales. Fue una explosión de profundo malestar social de los de abajo con la vida que llevaban bajo un capitalismo dependiente en crisis que, para sostenerse, dejaba caer en picada el nivel de vida del pueblo y conducía a millones a la miseria.
El país padecía el enorme peso de la deuda externa y la crisis económica interna, y para cumplir con los pagos de la deuda Carlos Andrés iniciaba su segunda vez en el gobierno con la firma de ese mecanismo perverso de dominación imperialista que se extendió como una plaga por América Latina en los 80 y 90: una “Carta de Intención” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), comprometiéndose a medidas de ajuste a cambio de un préstamo –es decir, ¡más endeudamiento!–. De manera que el 16 de febrero, a pocos días de asumir la presidencia, anuncia el paquete de medidas pactado con el FMI: devaluación del bolívar (liberación del control de cambio), reducción del déficit fiscal, que implicaba aumento de las tarifas de los servicios públicos (agua, luz, teléfono y transporte), duplicación del precio de la gasolina, liberación de precios (a excepción de 18 rubros de la cesta básica), congelamiento de los cargos en la administración pública, liberación de las tasas de interés; acompañadas de algunos programas sociales que no compensaban en modo alguno el impacto del “paquete” neoliberal.
La especulación con los precios y el acaparamiento de productos de consumo popular exasperaban los ánimos, y el alza desmesurada del pasaje del transporte público detonó la mañana del lunes 27 la explosión de rabia del pueblo trabajador y pobre que se expresó en saqueos, barricadas, quema de vehículos, comercios y módulos policiales, choques con la policía y el ejército en Guarenas, Guatire, Caracas, y una decena más de las principales ciudades del país (La Guaira, Catia La Mar, Valencia, Mérida, San Cristóbal, Maracaibo, Barquisimeto, Puerto Ordaz, San Félix, Puerto La Cruz, Cumaná, San Juan de los Morros), llegando en Caracas a rebasar la represión policial y controlar partes de la ciudad hasta la mañana del 28.
Quienes desde muy tempranas horas viajan diariamente desde Guarenas a trabajar en Caracas, se vieron ese día conminados a pagar un aumento del pasaje incluso por encima del 30% aprobado por el gobierno, desatando la protesta que rápidamente se extendió, por razones similares, en La Guaira, contagiando rápidamente a Caracas y posteriormente al resto del país. El gobierno, por supuesto, descalificó y condenó las acciones: “Los asaltos y los saqueos, la quema de automóviles y autobuses, el atraco y la violencia no forman parte de las múltiples expresiones de una sociedad democrática y el gobierno no está dispuesto a tolerarlos”.
Sin embargo en la calle la apreciación era otra. Desde el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez (enero del 58) no se había visto tal sentimiento colectivo de irreverencia y seguridad en la justeza de ocupar las calles y desafiar en masa la represión estatal. Decenas de miles sintieron en las calles la posibilidad de poder desplegar toda la rabia acumulada con la situación de injusticias y padecimientos sociales, era el sentir legitimada cualquier acción “violenta” y “destructiva”.
“En la Intercomunal de Antímano, la turba invadió los depósitos y la fábrica de Pastas Ronco, mientras los propietarios observaban impotentes un robo que parecía no serlo” (El Nacional, 01/03/89). “No estoy arrepentida. Fue un saqueo honrado. En mi casa hay comida y cuatro bermudas, una franela, un par de zapatos y una correa para mí. ¿Lo volvería a hacer?, no sé” (El Diario de Caracas, 07/03/89)[1].
La prensa burguesa reclamaba la existencia de organizaciones que encausaran el descontento:
“¿Dónde están los sindicatos que organizadamente defienden el salario de los trabajadores? ¿Dónde las organizaciones capaces de orientar a los consumidores en la lucha contra el costo de la vida? ¿Dónde los partidos políticos en condiciones de trazar líneas de acción coherentes y racionales a la ciudadanía acerca de la crisis política? Nada de eso existe. Luego, el caos no puede sorprendernos” (El Diario de Caracas, 02/03/89).
Esta queja que daba cuenta del gran vacío de mediaciones políticas e institucionales capaces de contener el malestar de los de abajo.
Como reconociera más adelante Rafael Caldera, en febrero de 1989 el pueblo enardecido “rompió la vitrina de exhibición de la democracia latinoamericana” que se supone era Venezuela, rompió estruendosamente esa fachada de la “democracia para ricos” (como definiera Lenin a la democracia burguesa) que imperaba en nuestro país.
Una rebelión defensiva con gran poder desestabilizador
El Caracazo no fue propiamente una insurrección, al carecer de objetivos de poder y dirección, sin embargo, fue una contundente rebelión popular, defensiva, ante el ataque en regla a las condiciones de vida de la clase obrera y el pueblo pobre, que constituyó una de las más contundentes expresiones de protesta obrera y popular que contra las políticas neoliberales se dieron desde finales de los 80 en América Latina.
Podríamos decir, en todo caso, tomando la expresión de León Trotsky, que se trató de una “insurrección de fuerzas elementales”: “un movimiento de masas que, ligado por su hostilidad al antiguo régimen, no tiene perspectivas claras ni métodos de lucha elaborados, ni dirección que conduzca conscientemente a la victoria”[2]. En este sentido, la definición como rebelión o revuelta permite comprender los límites de esta gran explosión de malestar social. “El día que los cerros bajaron”, el “Caracazo” o “el sacudón”, entró así en la historia de las numerosas revueltas que los explotados, explotadas y pobres han protagonizado a lo largo de la historia ante situaciones inaguantables, acciones espontáneas, con alto nivel de violencia incluso, pero defensivas, por cuanto no tienen como objetivo reemplazar el orden existente sino mostrar, in extremis, la inconformidad con el mismo.
En nuestro caso, esta revuelta significó la apertura de un período de auge de la lucha de clases e inestabilidad política: fuerte movilización social, enfrentamiento entre los poderes del Estado, fractura en las Fuerzas Armadas, alta abstención electoral, fin del bipartidismo y desprestigio de las instituciones.
La izquierda reformista: del otro lado de la barricada
Los partidos de la izquierda reformista y parlamentaria estaban totalmente desligados de la calle. Ni el Movimiento Al Socialismo (MAS) ni La Causa Radical (LCR) eran parte del movimiento, tampoco tuvieron política para empalmar con él, muy al contrario, se ubicaron claramente del lado del “orden” y la “democracia” para ricos. La Causa R, con importante inserción y ascendencia en el movimiento obrero, así como con tribuna parlamentaria, declaró, en boca de su diputado y secretario general, Pablo Medina: “deploramos todos los sucesos ocurridos y ratifico el repudio a quienes protagonizan hechos de vandalismo y violencia en perjuicio de pequeños comerciantes y consumidores”. El MAS publicó un remitido en la prensa nacional abogando por un “programa de ajustes mas gradualista, equilibrado y equitativo”(¡!), al tiempo que decía “es necesario restablecer el orden político sin suspender las garantías. Es cierto que ha habido graves desbordamientos y se ha creado un clima de zozobra, inseguridad y miedo”[3].
¡Esta era la posición de los dos partidos más importantes de la izquierda, mientras miles acababan de morir a manos de la represión, estaba decretado el Estado de sitio, y continuaba la represión selectiva en los barrios y los cerros de Caracas! No solo demostraron una completa impotencia para enfrentar el paquete de medidas que había llevado a la rebelión de las masas, sino que, en el caso del MAS, tenía acuerdo con la política misma de hacer “ajustes” contra el pueblo –aunque de manera “gradual”–, y de conjunto, a pesar de tibias críticas, avalaron la represión desatada por el Estado de los capitalistas. Al extremo que Teodoro Petkoff, principal dirigente del MAS, declaró que “cuando el Presidente nos llamó para anunciarnos la suspensión de las garantías yo le dije que esa iba a ser la orden para un baño de sangre”[4], es decir, ¡sabían lo que se iba a desatar pero siguieron ubicados en la acera de los que abogaban por el “restablecimiento del orden”!
Estos partidos mostraron nítidamente su carácter completamente adaptado e integrado al régimen burgués, sin ninguna perspectiva para dar al traste de manera revolucionaria con el orden capitalista, limitando su política opositora a ganar cuotas de poder en el mismo sistema de dominio para acometer alguna que otra reforma parcial, o incluso para pasar ellos mismos a aplicar los planes capitalistas, como fue el caso del MAS apoyando luego a Rafael Caldera y brindándole dirigentes para su gobierno neoliberal.
El auge de luchas obreras, populares y estudiantiles tras la revuelta
Luego del Caracazo asistimos a un fuerte incremento de las luchas obreras y populares en el país, haciéndose cotidianas las movilizaciones de calle de diversos sectores de los trabajadores (maestros, obreros, empleados públicos, médicos, profesores, jubilados, etc.), estudiantes de liceos y universitarios, y sectores populares, sin que faltaran los enfrentamientos con las fuerzas represivas del Estado: sólo en el año ’91 se contaron 25 asesinatos estudiantiles a manos de la represión.
La burocracia sindical de la CTV decía: “Aún no nos hemos puesto de acuerdo en el tipo de respuesta, pero todos coincidimos en que hay que darla. De lo contrario seremos rebasados por los propios trabajadores”. Así, el 18 de mayo de aquel 1989, apenas mes y medio después de restituidas las “garantías constitucionales”, se declara el paro nacional, la central de trabajadores más importante del país, aliada de siempre del Estado y las políticas de la burguesía, garante durante décadas de la “paz laboral y social”, se vio obligada a llamar a un paro general de 24 horas, el primero en 31 años de puntofijismo.
El Universal, diario fundamental de la burguesía, entendía a la burocracia sindical: “El movimiento sindical está actuando con grandes signos de madurez y buscando en esta acción recuperar el liderazgo sobre las grandes mayorías trabajadoras del país. Su responsabilidad es muy grande, pues si no saben manejar debidamente la situación perderán definitivamente su liderazgo y el campo quedará despejado para la más perniciosa demagogia y la más disolvente anarquía”.
El paro no sirvió como válvula para descomprimir la rabia social acumulada. En el movimiento obrero se desarrollaban procesos antiburocráticos que minaban el control de la burocracia cetevista, o directamente la desplazaban –algunos procesos venían de antes del ’89, como en el sector siderúrgico, donde en el ’87 habían sido desplazados los burócratas de la CTV que mantenían intervenido el sindicato. Estas tendencias, aunque incipientes, daban cuenta de cómo se expresaba también la crisis del régimen en el seno de los asalariados, que buscaban caminos para sacarse de encima la losa burocrática y avanzar en la construcción de organismos eficaces para la lucha por sus reivindicaciones, es decir, para enfrentar los planes de la burguesía y el imperialismo a través de los métodos de la democracia obrera.
La crisis terminal del “Pacto de Punto Fijo”: golpes, juicio y caída de CAP, fin del bipartidismo
El Caracazo marcó el inicio de la desintegración del régimen puntofijista. A la embarazosa situación en que se encontraba la burocracia de la CTV, pata sindical del régimen, vino a sumarse la crisis al interior de las FF.AA.: fracciones de esta institución represiva, pilar del orden capitalista, rompieron el “consenso” del que venía gozando durante décadas la “democracia” del Pacto de Punto Fijo, lanzándose al golpe de Estado con el objetivo de producir por esa vía un cambio de gobierno (o de régimen). Son los golpes de Estado fallidos del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992 –¡dos golpes de Estado en menos de un año!–.
El 4-F y el 2-N no obedecieron a una misma dirección –ni política ni organizativa– sino a movimientos distintos, con signos ideológicos diversos incluso al interior de cada uno, mostrando que la rebelión del ’89 y la gran crisis social y política que le siguió impactaban a tal punto que distintas corrientes ideológicas se movían conspirando al interior de las FFAA.
Al año siguiente, por primera vez en la historia democrática del país un presidente en ejercicio era enjuiciado, destituido y encarcelado: en las calles el “¡Fuera CAP!” era una constante, así que un sector de la clase dominante y sus partidos decidieron sacrificarlo, sacándolo de escena en mayo del ’93, por vía institucional y por los cargos de “corrupción”, antes que fuera sacado desde abajo mediante las movilizaciones o por un nuevo golpe militar.
Hacia las elecciones de finales del 93, la crisis del bipartidismo se expresó en las fuertes disputas internas entre sus corrientes y divisiones, que darán un salto cuando Caldera, experimentado político burgués y padre del puntofijismo, deja en el camino a COPEI y funda Convergencia, ganando las elecciones con una coalición heterogénea –“el chiripero”– que iba desde la centro-derecha a la izquierda reformista y stalinista del MAS y el PCV, respectivamente.
Por primera vez en más de tres décadas de “democracia” en el país, AD o COPEI no ganaban la presidencia y no obtenían cada uno ni una cuarta parte del total de votos nacionales. A lo que hay que agregar las denuncias de fraude –no sin fundamento– por parte de la candidatura de Andrés Velásquez, de La Causa Radical (LCR), con importante inserción y ascendencia en el movimiento obrero y popular: quedó como incógnita histórica si realmente no fue Velásquez quien ganó las elecciones. En todo caso, el bipartidismo, mecanismo clave de décadas de puntofijismo, estaba muerto.
Se abrió una nueva etapa
Era un hecho que la burguesía no podía seguir gobernando con el mismo personal político y los mismos partidos con que había venido gobernando desde el 58. Tampoco podía seguir gobernando de la misma manera que en las décadas precedentes. El chavismo, el nuevo régimen que sucederá al puntofijismo, no puede explicarse sin las jornadas de febrero del 89 –y sin el enorme vacío de referencia por izquierda que había en el país.
Estos dos días en que la rabia popular se adueñó de las calles, cuya osadía debió pagar con 300 muertos según el saldo oficial, 3.000 según las organizaciones de derechos humanos, en que los tanques y fusiles del ejército ocuparon las calles, entradas de los barrios pobres e incluso las casas, demostraron claramente la falsedad de la convivencia pacífica entre explotadores y explotados, la idea de la colaboración de clases… una idea que, sin embargo, sostendrá luego Chávez en nombre de la “revolución bolivariana”.
Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS)
Notas
* Este artículo es una versión resumida del primer capítulo de las "Tesis Programáticas" que sirvieron de base para la fundación de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) en mayo de 2007.
[1] Estas reseñas periodísticas de la época están reflejadas en el libro La insurrección de febrero. Un análisis para la lucha revolucionaria, Elio Colmenarez, Ediciones La Chispa, 1989.
[2] Trotsky, León, Historia de la revolución rusa, capítulo XX, “El arte de la insurrección”.
[3] Ibídem, "La insurrección de febrero".
[4] Ídem.
miércoles, 27 de febrero de 2019
La CGT suspendió sus vacaciones para reunirse con el FMI
Los técnicos del FMI se encontraron con la mesa chica de la central obrera, tras un trimestre sin apariciones públicas a pesar de la ola de despidos, suspensiones y tarifazos que afectan a los trabajadores.
El jueves 21, antes de finalizar su paso por la Argentina, el equipo del FMI se vio nuevamente las caras con los principales dirigentes de la central obrera.
La del jueves fue la tercera reunión entre la CGT y el FMI. Las anteriores, en agosto y noviembre del año pasado, se realizaron también en el marco de visitas trimestrales técnicas para realizar un seguimiento de las variables de la economía argentina.
En los encuentros anteriores la central obrera había planteado la necesidad de un diálogo “institucional” entre empresarios, partidos políticos, sindicatos y Gobierno para tratar la evolución del empleo mientras tenga vigencia el acuerdo con el Fondo, y advirtieron sobre la posibilidad de un “conflicto muy grave en la Argentina si el ajuste se extiende”.
Luego, la CGT pidió que una parte de los desembolsos trimestrales que hará el organismo en el marco del programa de asistencia financiera sea destinada a “promoción de la actividad productiva y el mercado interno”, en lugar de que se utilice únicamente para cubrir el bache fiscal.
Tras el encuentro, el integrante del binomio de conducción de la CGT, Héctor Daer, dijo que “este modelo empobrece a los trabajadores para ser competitivo” y no descartó un nuevo paro general.
“Nosotros manifestamos que el sostenimiento de este ajuste lo único que lleva es a un estrangulamiento de la economía, con todas las consecuencias que estamos viviendo”, explicó Daer.
Además, el gremialista dijo que los técnicos del FMI “son conscientes que el compañero que se queda sin empleo no ingresa a otro empleo”. Agregó que “ven el deterioro del empleo y se asombran con la inflación de enero”.
El líder de Sanidad remarcó que le dejaron claro a los economistas que: “No somos nosotros con el salario en las paritarias los que generamos la inflación, sino el Gobierno con los aumentos de tarifas y liberando los precios de los commodities”.
“El Fondo tiene que entender que los vencimientos de 2020, 2021 y 2022 hay que rediscutirlos porque son impagables”, anticipó el líder cegetista y planteó que “la caída del poder adquisitivo empieza a generar que los gastos cotidianos sean dejados de lado” y que “eso marca el empobrecimiento social del país”
“Este modelo empobrece a los trabajadores para ser competitivo”, sentenció Daer.
Al ser consultado sobre si hay una ola de procedimientos preventivos de crisis para encarar una reforma laboral gradual en los hechos, sostuvo: “No creo que los procedimientos de crisis sean una estrategia para hacer una reforma laboral en cuotas”.
Además pidió al peronismo unido en un gran frente que le permita ganar las elecciones con una sólo opción. “Con un frente que incluya a todo el peronismo, la candidata puede ser Cristina, puede ser Lavagna o quien sea”.
Por último anticipó que “si se agudizan las condiciones y no hay respuestas a temas que están dando vueltas, indefectiblemente vamos a ir a un paro general”.
“Los gremios están preocupados por la situación económica”
Al término del cónclave, Roberto Cardarelli, cabeza de la misión del organismo multilateral de crédito en el país fue abordado por los periodistas apostados en el edifico del gremio de la Construcción, sede de la cumbre.
Ante la pregunta de si se reunían con dirigentes y economistas de la oposición porque prevén que el macrismo puede no ganar las elecciones, Cardarelli explicó que “es para escuchar todas las opiniones. Queremos escuchar el más grande número de ideas, opiniones, perspectivas, propuestas. Siempre lo hacemos, es normal”.
Además sostuvo que los gremios “están preocupados por la situación económica, todos lo estamos. Nosotros creemos que la situación va a estar mejor en 2019, pero claro que siempre hay riesgos”.
Carderelli aseguró que la Argentina verá una “recuperación gradual a partir del segundo trimestre del año”.
Por último el economista ventiló algunos de los temas conversados con los popes sindicales. “Hablamos de la economía real, reformas estructurales, cómo garantizar el crecimiento de la economía argentina, que es fundamental”, dijo.
“Nosotros no pedimos ninguna reforma laboral”, explicó Roberto Cardarelli, y agregó: “Un mercado laboral demasiado rígido es malo y demasiado flexible también es malo”.
Además Cardarelli remarcó que según su visión “cualquier reforma estructural que se quiera llevar adelante, sea de la naturaleza que sea, es más viable en un marco de crecimiento económico”.
En representación de la central obrera estuvieron presentes el anfitrión, Gerardo Martínez (Uocra), Héctor Daer (Sanidad), Andrés Rodríguez (UPCN), Enrique Salinas (UOM), Sebastián Maturano (La Fraternidad) y Julio Piumato (Judiciales).
“Que la CGT se reúna con el FMI no da una buena imagen”
El secretario General del gremio de Canillitas, Omar Plaini, cuestionó a los dirigentes de la Confederación General del Trabajo que mantuvieron una reunión con los técnicos que integran la misión del Fondo Monetario Internacional.
“Que la CGT se reúna con el FMI no da una buena imagen, es una muy mala señal para los trabajadores de a pie. No es la mejor imagen para la CGT que necesitamos”, afirmó el dirigente gremial, cercano a Hugo Moyano.
Reforma laboral sí o no
El tratamiento y aprobación del proyecto original de reforma laboral en el Congreso nacional podría quedar como una cuenta pendiente del mandato presidencial de Cambiemos. A lo sumo, según reconocieron desde la cartera de Producción y Trabajo, aspiran a lograr consenso para un proyecto limitado que recoja los artículos vinculados con el blanqueo laboral y la posibilidad de habilitar un Fondo de Cese Laboral en algunos sectores que así lo acuerden.
Mientras, las patronales han optado por avanzar por la vía de los hechos. Para eso han recurrido al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un mecanismo al que apelan a fin de imponer nuevas condiciones de trabajo. Estos recursos, de ser aprobados, por ejemplo, habilitan el pago de indemnizaciones por despido por el 50% del valor estipulado por la Ley de Contratos de Trabajo. La reducción de las indemnizaciones fue uno de los puntos más controvertidos del Proyecto de ley de reforma laboral original que fue rechazado por las protestas duramente reprimidas contra la reforma previsional de diciembre de 2017.
Además, la práctica apunta a generar planteles con bajo costo imponiendo una mayor carga de trabajo y la polifuncionalidad a los empleados que continúan trabajando. Así, bajo la amenaza de cierre, las empresas avanzarían en la aplicación de otro de los artículos de la postergada reforma laboral, el denominado “ius variandi” que concede a las patronales el derecho de modificar las condiciones de trabajo.
En los últimos días, empresas como la fábrica de neumáticos FATE, parte del grupo Madanes que gestiona ALUAR, entre otras firmas, presentó un PPC que, según denunció el sindicato SUTNA, apunta a imponer una reforma laboral en los hechos.
El mismo camino tomó Editorial Atlántida que, según denuncian los delegados de la Comisión interna del SiPreBA, persigue el propósito de imponer despidos con indemnizaciones al 50% y modificar las condiciones laborales de los trabajadores que continúen en su labor.
A contramano de la mentada “revolución de los aviones” anunciada por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la empresa Avian Líneas Aéreas, ex Macair Jet del Grupo Socma, de la familia del presidente Mauricio Macri, también dio inicio a un pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis en el Ministerio de Producción y Trabajo, según confirmó Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas.
Según el portal especializado aviacionenargentina.com , “dicho procedimiento buscará, entre otros detalles, la caída de los convenios colectivos de trabajo homologados, acordar un salario de crisis en torno al 75% de los sueldos actuales para garantizar los puestos de trabajo en un marco de diálogo y paz social.”
El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte destacó que el crecimiento de este recurso -según la Secretaría de Trabajo, entre 2016 y 2018 se presentaron a proceso preventivo de crisis 246 empresas, siendo solamente 108 los casos en 2018, el valor más alto desde 2005- “no tiene sólo que ver con la crisis económica, sino con el hecho de que hay un escenario muy favorable a los empresarios en el Ministerio de Producción y Trabajo, que los viene favoreciendo en cada procedimiento. La estrategia está al servicio de las empresas, no siempre habiendo demostrado que fuera necesaria o efectiva tal o cual medida”, sentenció.
Mientras tanto, la mesa chica de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) recibió en la sede del Sindicato La Fraternidad, al Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y al Secretario de Trabajo de la Nación, Lucas Fernández Aparicio.
Los sindicalistas confirmaron que Sica desmintió que se trabaje en un Proyecto de Reforma Laboral para que se trate en el Congreso Nacional en el período de sesiones ordinarias. Sin embargo, el funcionario ratificó que el Gobierno continuará negociando y propiciando cambios en los Convenios colectivos de distintas ramas de la economía, en mesas de negociación sectoriales. Algo que en 2019 ya fracasó para textiles y metalúrgicos.
Sin embargo, en las últimos días se conoció el informe denominado “Leyes Para la Transformación Productiva”, donde el Gobierno plantea medidas ya rechazadas por los gremios cuando se intentó llevar la reforma laboral al Congreso.
El texto, del Ministerio de Producción y Trabajo, propone una condonación de deudas por incumplimiento de la normativa laboral (blanqueo), la reducción de las indemnizaciones por despido, la eliminación de las multas que castigan el empleo no registrado, y el fondo de cese.
La presentación incluye la posibilidad de blanquear a trabajadores informales con condonación de deudas y de pagar menos multas por parte de los empleadores, que además podrán pagar menos indemnización.
“El mal llamado ‘blanqueo’ laboral que propone el gobierno nacional implica una segunda privación de derechos para los trabajadores no registrados. Después de haber sido contratados de manera informal (es decir, sin vacaciones, aguinaldo, obra social, etc.), el proyecto oficial busca eliminar el resarcimiento que les corresponde a los trabajadores por esa situación. Se reduciría el monto de las multas que deben pagar los empleadores infractores, que ya no iría al bolsillo del trabajador sino al sistema de seguridad social.
Mario Hernandez
El jueves 21, antes de finalizar su paso por la Argentina, el equipo del FMI se vio nuevamente las caras con los principales dirigentes de la central obrera.
La del jueves fue la tercera reunión entre la CGT y el FMI. Las anteriores, en agosto y noviembre del año pasado, se realizaron también en el marco de visitas trimestrales técnicas para realizar un seguimiento de las variables de la economía argentina.
En los encuentros anteriores la central obrera había planteado la necesidad de un diálogo “institucional” entre empresarios, partidos políticos, sindicatos y Gobierno para tratar la evolución del empleo mientras tenga vigencia el acuerdo con el Fondo, y advirtieron sobre la posibilidad de un “conflicto muy grave en la Argentina si el ajuste se extiende”.
Luego, la CGT pidió que una parte de los desembolsos trimestrales que hará el organismo en el marco del programa de asistencia financiera sea destinada a “promoción de la actividad productiva y el mercado interno”, en lugar de que se utilice únicamente para cubrir el bache fiscal.
Tras el encuentro, el integrante del binomio de conducción de la CGT, Héctor Daer, dijo que “este modelo empobrece a los trabajadores para ser competitivo” y no descartó un nuevo paro general.
“Nosotros manifestamos que el sostenimiento de este ajuste lo único que lleva es a un estrangulamiento de la economía, con todas las consecuencias que estamos viviendo”, explicó Daer.
Además, el gremialista dijo que los técnicos del FMI “son conscientes que el compañero que se queda sin empleo no ingresa a otro empleo”. Agregó que “ven el deterioro del empleo y se asombran con la inflación de enero”.
El líder de Sanidad remarcó que le dejaron claro a los economistas que: “No somos nosotros con el salario en las paritarias los que generamos la inflación, sino el Gobierno con los aumentos de tarifas y liberando los precios de los commodities”.
“El Fondo tiene que entender que los vencimientos de 2020, 2021 y 2022 hay que rediscutirlos porque son impagables”, anticipó el líder cegetista y planteó que “la caída del poder adquisitivo empieza a generar que los gastos cotidianos sean dejados de lado” y que “eso marca el empobrecimiento social del país”
“Este modelo empobrece a los trabajadores para ser competitivo”, sentenció Daer.
Al ser consultado sobre si hay una ola de procedimientos preventivos de crisis para encarar una reforma laboral gradual en los hechos, sostuvo: “No creo que los procedimientos de crisis sean una estrategia para hacer una reforma laboral en cuotas”.
Además pidió al peronismo unido en un gran frente que le permita ganar las elecciones con una sólo opción. “Con un frente que incluya a todo el peronismo, la candidata puede ser Cristina, puede ser Lavagna o quien sea”.
Por último anticipó que “si se agudizan las condiciones y no hay respuestas a temas que están dando vueltas, indefectiblemente vamos a ir a un paro general”.
“Los gremios están preocupados por la situación económica”
Al término del cónclave, Roberto Cardarelli, cabeza de la misión del organismo multilateral de crédito en el país fue abordado por los periodistas apostados en el edifico del gremio de la Construcción, sede de la cumbre.
Ante la pregunta de si se reunían con dirigentes y economistas de la oposición porque prevén que el macrismo puede no ganar las elecciones, Cardarelli explicó que “es para escuchar todas las opiniones. Queremos escuchar el más grande número de ideas, opiniones, perspectivas, propuestas. Siempre lo hacemos, es normal”.
Además sostuvo que los gremios “están preocupados por la situación económica, todos lo estamos. Nosotros creemos que la situación va a estar mejor en 2019, pero claro que siempre hay riesgos”.
Carderelli aseguró que la Argentina verá una “recuperación gradual a partir del segundo trimestre del año”.
Por último el economista ventiló algunos de los temas conversados con los popes sindicales. “Hablamos de la economía real, reformas estructurales, cómo garantizar el crecimiento de la economía argentina, que es fundamental”, dijo.
“Nosotros no pedimos ninguna reforma laboral”, explicó Roberto Cardarelli, y agregó: “Un mercado laboral demasiado rígido es malo y demasiado flexible también es malo”.
Además Cardarelli remarcó que según su visión “cualquier reforma estructural que se quiera llevar adelante, sea de la naturaleza que sea, es más viable en un marco de crecimiento económico”.
En representación de la central obrera estuvieron presentes el anfitrión, Gerardo Martínez (Uocra), Héctor Daer (Sanidad), Andrés Rodríguez (UPCN), Enrique Salinas (UOM), Sebastián Maturano (La Fraternidad) y Julio Piumato (Judiciales).
“Que la CGT se reúna con el FMI no da una buena imagen”
El secretario General del gremio de Canillitas, Omar Plaini, cuestionó a los dirigentes de la Confederación General del Trabajo que mantuvieron una reunión con los técnicos que integran la misión del Fondo Monetario Internacional.
“Que la CGT se reúna con el FMI no da una buena imagen, es una muy mala señal para los trabajadores de a pie. No es la mejor imagen para la CGT que necesitamos”, afirmó el dirigente gremial, cercano a Hugo Moyano.
Reforma laboral sí o no
El tratamiento y aprobación del proyecto original de reforma laboral en el Congreso nacional podría quedar como una cuenta pendiente del mandato presidencial de Cambiemos. A lo sumo, según reconocieron desde la cartera de Producción y Trabajo, aspiran a lograr consenso para un proyecto limitado que recoja los artículos vinculados con el blanqueo laboral y la posibilidad de habilitar un Fondo de Cese Laboral en algunos sectores que así lo acuerden.
Mientras, las patronales han optado por avanzar por la vía de los hechos. Para eso han recurrido al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un mecanismo al que apelan a fin de imponer nuevas condiciones de trabajo. Estos recursos, de ser aprobados, por ejemplo, habilitan el pago de indemnizaciones por despido por el 50% del valor estipulado por la Ley de Contratos de Trabajo. La reducción de las indemnizaciones fue uno de los puntos más controvertidos del Proyecto de ley de reforma laboral original que fue rechazado por las protestas duramente reprimidas contra la reforma previsional de diciembre de 2017.
Además, la práctica apunta a generar planteles con bajo costo imponiendo una mayor carga de trabajo y la polifuncionalidad a los empleados que continúan trabajando. Así, bajo la amenaza de cierre, las empresas avanzarían en la aplicación de otro de los artículos de la postergada reforma laboral, el denominado “ius variandi” que concede a las patronales el derecho de modificar las condiciones de trabajo.
En los últimos días, empresas como la fábrica de neumáticos FATE, parte del grupo Madanes que gestiona ALUAR, entre otras firmas, presentó un PPC que, según denunció el sindicato SUTNA, apunta a imponer una reforma laboral en los hechos.
El mismo camino tomó Editorial Atlántida que, según denuncian los delegados de la Comisión interna del SiPreBA, persigue el propósito de imponer despidos con indemnizaciones al 50% y modificar las condiciones laborales de los trabajadores que continúen en su labor.
A contramano de la mentada “revolución de los aviones” anunciada por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la empresa Avian Líneas Aéreas, ex Macair Jet del Grupo Socma, de la familia del presidente Mauricio Macri, también dio inicio a un pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis en el Ministerio de Producción y Trabajo, según confirmó Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas.
Según el portal especializado aviacionenargentina.com , “dicho procedimiento buscará, entre otros detalles, la caída de los convenios colectivos de trabajo homologados, acordar un salario de crisis en torno al 75% de los sueldos actuales para garantizar los puestos de trabajo en un marco de diálogo y paz social.”
El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte destacó que el crecimiento de este recurso -según la Secretaría de Trabajo, entre 2016 y 2018 se presentaron a proceso preventivo de crisis 246 empresas, siendo solamente 108 los casos en 2018, el valor más alto desde 2005- “no tiene sólo que ver con la crisis económica, sino con el hecho de que hay un escenario muy favorable a los empresarios en el Ministerio de Producción y Trabajo, que los viene favoreciendo en cada procedimiento. La estrategia está al servicio de las empresas, no siempre habiendo demostrado que fuera necesaria o efectiva tal o cual medida”, sentenció.
Mientras tanto, la mesa chica de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) recibió en la sede del Sindicato La Fraternidad, al Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y al Secretario de Trabajo de la Nación, Lucas Fernández Aparicio.
Los sindicalistas confirmaron que Sica desmintió que se trabaje en un Proyecto de Reforma Laboral para que se trate en el Congreso Nacional en el período de sesiones ordinarias. Sin embargo, el funcionario ratificó que el Gobierno continuará negociando y propiciando cambios en los Convenios colectivos de distintas ramas de la economía, en mesas de negociación sectoriales. Algo que en 2019 ya fracasó para textiles y metalúrgicos.
Sin embargo, en las últimos días se conoció el informe denominado “Leyes Para la Transformación Productiva”, donde el Gobierno plantea medidas ya rechazadas por los gremios cuando se intentó llevar la reforma laboral al Congreso.
El texto, del Ministerio de Producción y Trabajo, propone una condonación de deudas por incumplimiento de la normativa laboral (blanqueo), la reducción de las indemnizaciones por despido, la eliminación de las multas que castigan el empleo no registrado, y el fondo de cese.
La presentación incluye la posibilidad de blanquear a trabajadores informales con condonación de deudas y de pagar menos multas por parte de los empleadores, que además podrán pagar menos indemnización.
“El mal llamado ‘blanqueo’ laboral que propone el gobierno nacional implica una segunda privación de derechos para los trabajadores no registrados. Después de haber sido contratados de manera informal (es decir, sin vacaciones, aguinaldo, obra social, etc.), el proyecto oficial busca eliminar el resarcimiento que les corresponde a los trabajadores por esa situación. Se reduciría el monto de las multas que deben pagar los empleadores infractores, que ya no iría al bolsillo del trabajador sino al sistema de seguridad social.
Mario Hernandez
La enigmática supervivencia política de Mauricio Macri
Pese a que Argentina es un país con una fuerte tradición de luchas sociales, el gobierno de Mauricio Macri, que ha combinado ajuste con retrocesos económicos en todos los planos, goza (hasta ahora) de una sorprendente calma social. Los «dadores de gobernabilidad» le están permitiendo al gobierno sobrevivir a la crisis e incluso, aunque el año electoral será un campo minado, buscar la reelección del presidente. La apuesta a la «grieta» y al antikirchnerismo queda como último recurso para un gobierno que viene perdiendo la iniciativa.
Un enigma recorre Argentina luego de tres años de gobierno de la coalición Cambiemos1: ¿por qué una administración que aplica un ajuste de la magnitud del impulsado por el presidente Mauricio Macri no colapsa o termina cercada por la movilización popular?
La sociedad argentina es una de las más contenciosas del continente, tiene la impronta de la movilización permanente, sostiene un entramado sindical significativo comparado con el de otros países latinoamericanos; existen en su seno fuertes movimientos sociales que encuadran a trabajadores de la denominada «economía popular» (desocupados, precarios o emprendimientos autogestionados) y conserva una vital sociedad civil que parece siempre dispuesta al conflicto. La tierra que engendró la Reforma Universitaria de 1918 a inicios del siglo pasado, el Cordobazo en 1969 o las jornadas de diciembre que en el temprano 2001 inauguraron el nuevo siglo y provocaron la huida del poder del presidente Fernando de la Rúa parece hoy excesivamente pasiva frente al deterioro cualitativo de todos los indicadores económico-sociales que provoca el duro programa neoliberal. Las causas de este fenómeno, en apariencia extraño, son múltiples: estructurales, históricas y coyunturales. Pese a la estabilidad relativa, el gobierno que encabeza el presidente Macri ingresa en su último año de gestión bajo el signo de la incertidumbre.
En 2019 se eligen (o reeligen) el presidente y la mayoría de los gobernadores y se renuevan parte de los legisladores del Congreso Nacional y de las legislaturas locales. El oficialismo encara el denso calendario electoral con una pérdida significativa del control de la economía, que combina estancamiento e inflación; números rojos en todas las áreas (inversión, consumo, pib); una disminución de las bases de apoyo en la sociedad y una fuerte caída en la imagen de sus referentes. Además, es evidente el fracaso de la promesa original y de todas sus representaciones simbólicas. También se produce el distanciamiento de algunos poderes fácticos que le otorgaron un respaldo inicial clave y ahora se alejan sin prisa pero sin pausa: corporaciones empresarias, medios de comunicación y fracciones del Poder Judicial. Cambiemos se transformó en un experimento gubernamental que agravió demasiado a los de abajo y no terminó de conformar a los de arriba; sin embargo, cuando nos despertamos, como el dinosaurio de Augusto Monterroso, todavía está allí.
Debacle económica
Algunas variables sintetizan el balance económico del gobierno de Macri en sus tres años de gestión: el pib acumula una caída de 1,3%, la inflación fue del orden de 163%, el dólar se disparó 290% –en relación con la cotización oficial de diciembre de 2015; 160% frente al dólar paralelo en ese momento–; la deuda en dólares creció en 80.000 millones con acreedores privados y en más de 100.000 millones de dólares si se incluyen los primeros desembolsos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (fmi)2.
Con el nuevo récord de endeudamiento, las obligaciones financieras de 2019 trepan hasta los 42.400 millones de dólares; con los desembolsos del fmi se cubre 54% de ese total, el resto se supone se conseguirá en el mercado interno. En 2020, las necesidades alcanzan los 39.900 millones, pero los aportes del fmi solo cubren 14,7%; por lo tanto, hay que volver a los mercados internacionales de crédito, los mismos que cortaron el financiamiento meses atrás. El año cerró con el riesgo país disparándose bastante por arriba de los 800 puntos básicos. Este índice mide el porcentaje de tasa que paga el país por sus créditos por encima de la de Estados Unidos. Su crecimiento muestra la desconfianza de los especuladores –eufemísticamente llamados «inversores»– hacia las posibilidades de honrar la deuda o –dicho en términos más crudos– evitar el default. Si los pronósticos más optimistas se verifican, en cuatro años la caída del pib rondará el 1,8%. Un vaticinio posible si en 2019 la economía se achica solo 0,5%, como estima el gobierno; pero si se cumple la predicción del fmi y la caída es de 1,7%, el desplome de todo el ciclo será superior y alcanzará el 3%. Pero la madre de todas las derrotas habrá sido la batalla contra inflación, que en toda la era Macri acumulará 211% en el mejor de los casos: si cerrara en 2018 en alrededor de 45% y en 2019 se redujera a 25%. Hasta ahora, nunca se cumplieron las estimaciones oficiales.
El dato más preocupante que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) cuando culminaba el año es el desmoronamiento de la inversión. En el tercer trimestre cayó 11,2% respecto al mismo trimestre de 2017 y 8,1% en relación con el segundo trimestre. Nadie apuesta a que vaya a recuperarse en el año electoral: el propio fmi prevé una caída de 9,5%3.
Las consecuencias de estos números macro en la vida cotidiana de las mayorías populares son profundamente disgregadoras. El desempleo alcanzó el 9% durante el tercer trimestre de 2018 y no llegó a los dos dígitos porque, por ahora, el grueso del ajuste se realizó vía licuación del poder adquisitivo del salario. A medida que la recesión y la caída de los ingresos se aceleraron, más personas salieron a buscar trabajo; una parte lo encontró, pero informal, precario y de baja calidad, en servicios nuevos como entrega a domicilio o Uber4. Un empalme de series estadísticas entre el índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires y el Indec sentencia que la inflación fue de 163% en estos 36 meses, mientras que los asalariados registrados del sector privado tuvieron un incremento acumulado en el mismo periodo de apenas 121%. Esto implica que un trabajador que cobra un salario promedio tendrá una capacidad de compra 16% inferior a la que tenía hace tres años. Para los empleados estatales, la pérdida fue de 24 puntos porcentuales, y quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (auh, un plan de ayuda estatal para los sectores más vulnerables) vieron retroceder sus ingresos en 23,7% en este periodo5. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica Argentina informó que la pobreza alcanzó a 33,6% de los habitantes urbanos del país en el tercer trimestre de 2018. La indigencia afecta a 6,1% de las personas. Desmoronamiento económico y profundo retroceso social son el saldo que dejó hasta ahora el gobierno de la nueva derecha argentina. Y lo peor parece estar por venir.
Fracaso discursivo
La consecuencia lógica de esta deriva es el mentís que recibió el conjunto de ideas y promesas enarboladas por Macri en 2015: nueva matriz económica, mayor productividad, libre –o prácticamente anárquico– movimiento de capitales, desregulaciones económicas que traerían una «lluvia de inversiones», libertad individual y carrera meritocrática como único camino al progreso, y el mercado como Santo Grial del mito laico neoliberal. El quiebre de esa narrativa dejó a Macri y a Cambiemos sin propuesta de futuro, y su apuesta se reduce a administrar el miedo al pasado, a postularse como el mejor agente del «antikirchnerismo» (la contracara del proyecto político que gobernó Argentina hasta 2015, con Néstor Kirchner y Cristina Fernández). Con el agregado de fuertes componentes punitivistas y securitarios a tono con los discursos de las derechas duras que avanzan en el continente y que hoy tienen en Jair Bolsonaro, el flamante presidente de Brasil, su expresión más poderosa y radical.
Para Ignacio Ramírez, sociólogo y director del posgrado en Opinión Pública y Comunicación Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), quedó poco de la promesa inicial de Cambiemos: el desempeño de la economía y el fracaso económico no fueron gratuitos a la salud simbólica de la marca Cambiemos tal como estaba equipada al comienzo de esta etapa. Uno no los imagina en 2019 haciendo campaña con aquella batería de representaciones como: «sector privado, sinónimo de transparencia» o «gerenciamiento de la política como equivalente de eficiencia o eficacia». Ese tipo de credenciales son las que han crujido, incluso la idea aspiracional como gran promesa. El fracaso económico arrastró a un fracaso simbólico6.
Marcelo Leiras, sociólogo y director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés, coincide y asegura que
hubo una versión maximalista y una versión minimalista de la apuesta de Cambiemos. La maximalista incluía la receta desregulatoria clásica en los gobiernos de derecha, con el propósito de reducir la inflación y el déficit fiscal y estimular la inversión y el crecimiento económicos. El programa desregulatorio se quedó a mitad de camino, la reducción gradual del déficit no alcanzó para sostener el altísimo ritmo de endeudamiento, y los aspectos muy poco gradualistas del programa de gobierno, en particular el ajuste tarifario, produjeron más oposiciones que alivio fiscal o mejora en la calidad de los servicios. En lo político, el programa maximalista aspiraba a desplazar al peronismo de muchos gobiernos provinciales y de algunos de sus bastiones en el Conurbano bonaerense, con el muy ambicioso objetivo último de producir un Senado más equilibrado. La receta económica maximalista fracasó ruidosamente y comprometió seriamente el objetivo político. Queda en pie la versión minimalista: antikirchnerismo al palo.7
Gabriel Vommaro, coautor de Mundo pro . Anatomía de un partido fabricado para ganar8 y de La larga marcha de Cambiemos. La construcción silenciosa de un proyecto de poder9, considera que lo que queda en pie del proyecto oficialista es la apuesta por construir una centroderecha competitiva electoralmente y que en eso se mostró relativamente exitoso. Sin embargo, asegura que
sin dudas hubo un fracaso de un proyecto sin base social, sin actores y sin una «burguesía emprendedora» capaz de apostar por este gobierno y por su proyecto. Eso no llegó ni en el primer año, ni en el segundo en el que apostaron a la inversión pública con una expansión fiscal que les permitió ganar las elecciones de medio término de 2017. Por supuesto, tampoco en el tercero, que fue el derrumbe donde se pagaron en buena parte los costos fiscales de 2017.10
Vommaro explica que también cayó el mito o la creencia del macrismo en la posibilidad de una transición sin conflicto hacia una sociedad de mercado totalmente abierta, una ideología que se terminó con el acuerdo con el fmi , el impulso a un ajuste drástico que implica algún tipo de escarmiento social. En ese contexto, sentencia: «Al gobierno parece que se le acabó la mística en términos de proyecto societal». Finalmente, Pablo Touzon –editor de la revista política Panamá– también cree que lo único que quedó es el antikirchnerismo. Todo el resto de las promesas –que ya de por sí eran eslóganes bastante vagos– quedaron truncas. No solo es visible en la economía: no hubo «revolución educativa», «Conadep anticorrupción»11, combate a las mafias –término hoy de moda en el discurso oficial–, ni avance en derechos civiles, como quedó cristalizado en el rechazo a la legalización del aborto.12
El relato oficialista con que Cambiemos dio impulso a su proyecto político, propio de un manual de autoayuda a lo Ravi Shankar, mutó hacia la polarización con la reconstrucción de un enemigo a medida (la candidatura de Cristina Fernández) y la restauración frenética de la llamada «grieta» como último recurso para el desafío electoral. Tiene gusto a demasiado poco, pero la elección está abierta.
La crisis que no fue
«No solo de ‘política’ vive el hombre», sentenció el marxista ruso León Trotski en su libro Problemas de la vida cotidiana. Parafraseándolo, podemos decir que no solo por la política, entendida en el sentido estrecho, sobrevivió el proyecto macrista. También fueron determinantes las relaciones de fuerzas sociales que significaron un sostén y a la vez un límite para las ambiciones de Cambiemos.
Una paradoja de origen que limitó las posibilidades del proyecto de Macri fue la inexistencia de una crisis catastrófica sin salida en el fin del ciclo kirchnerista. El antecedente argentino más próximo a un proyecto neoliberal como el que, en términos de programa económico, encabeza Macri fue el que llevó adelante Carlos Menem en la década de 1990. Una de las condiciones de posibilidad de su éxito –no la única, pero sí una de las más importantes– fue el estallido hiperinflacionario que definió la suerte de su antecesor, Raúl Alfonsín, en 1988-1989. Aquella crisis traumática para la memoria colectiva de los argentinos operó como disciplinadora, junto con derrotas en el terreno de la lucha social y un ciclo internacional favorable para la imposición de las contrarreformas neoliberales. El historiador marxista inglés Perry Anderson escribió que «hay un equivalente funcional al trauma de la dictadura militar como mecanismo para inducir ‘democrática’ y no coercitivamente a un pueblo a aceptar las más drásticas políticas neoliberales. Este equivalente es la hiperinflación. Sus consecuencias son muy parecidas»13. El «terror económico» operó también en la crisis que culminó con el estallido de 2001 y, esta vez a través de la hiperdesocupación, preparó el terreno para la brusca devaluación y consecuente desvalorización del salario impulsadas por el presidente interino Eduardo Duhalde, quien comandó la transición. Con esa carencia de origen, el gobierno de Cambiemos transitó estos tres años entre los límites que imponía una resistencia social disgregada, pero presente, y la presión del mundo empresario y los factores reales de poder en pos de acelerar las contrarreformas.
El derrotero incluyó un comienzo con lo que se denominó «gradualismo», cuyo sentido era transitar el ajuste, pero administrando los tiempos para evitar chocar de frente contra un bloque social hostil. El «gradualismo» era a la vez financiado con el endeudamiento que el gobierno creyó infinito e ilimitado. Luego de triunfar en las elecciones de medio término de octubre de 2017 –con una combinación de antikirchnerismo y lo que algunos calificaron como «populismo financiero o fiscal»–, Macri lanzó el tridente del «reformismo permanente» (ajuste previsional, flexibilización laboral y reforma impositiva), con el que pretendió aligerar el plan.
Pero a octubre lo devoró diciembre. Las movilizaciones contra la reforma previsional del 14 y 18 de diciembre de 2017, con enfrentamientos violentos frente al Congreso Nacional y múltiples cacerolazos en los barrios porteños protagonizados por sectores de clase media, fueron el punto más alto de la movilización social en la era Macri, y pese a que la ley que modificaba el cálculo de las jubilaciones y pensiones se aprobó, Cambiemos sufrió una derrota política que nunca pudo remontar14.
Luego de aquellos acontecimientos, el gobierno se vio obligado a postergar sin fecha la reforma laboral e intentó retomar el camino del «gradualismo». En el discurso de inauguración de las sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa en marzo de 2018, Macri habló de cuestiones tan estratégicas como una «agenda verde» y la mala alimentación de los niños15. Nada había quedado en pie de la ofensiva lanzada apenas cuatro meses antes. Pero en abril se desató la furia de los «mercados», con una corrida cambiaria provocada por el fin de las posibilidades de seguir aumentando la deuda. La rebelión financiera duró varios meses y obligó al pedido de rescate al fmi . Los «mercados» comenzaron a desconfiar de las capacidades de Macri para aplicar las contrarreformas neoliberales. De hecho, un conjunto de economistas «libertarios», que ahora buscan conformar un partido en línea con las ideas ultraliberales, suele acusar a Macri de ser un «populista con buenos modales»16.
La vuelta al fmi , pergeñada por el gobierno para poner fin a la corrida especulativa contra el peso, trajo consigo un nuevo programa de ajuste con el «déficit cero» como bandera y ya sin lugar para gradualistas. El resultado fue una disminución permanente del volumen político de Cambiemos, que nunca detuvo su marcha descendente. Pero su resiliencia no se explica sin el concurso de lo que el controversial escritor argentino Jorge Asís –devenido estridente analista y operador político– calificó como «dadores voluntarios de gobernabilidad». Entre ellos, se encuentra no solo gran parte del peronismo político que habilitó la aprobación de más de 100 leyes que facilitaron la tarea de Cambiemos (fueza minoritaria en el Parlamento), sino también la acción o inacción de las conducciones de los sindicatos y la Confederación General del Trabajo (cgt) y los llamados «movimientos sociales», herederos sobre todo del mundo piquetero de los años 2000.
Luego de 2001 y en parte como conclusión estratégica de aquellos acontecimientos, se produjo un proceso de institucionalización relativa de una amplia gama de organizaciones que agrupan a desocupados, trabajadores precarizados y los sectores más pobres de la sociedad argentina. La emergencia de estas organizaciones es una manifestación de su peso gravitante y eventualmente explosivo, a la vez que un instrumento de contención para evitar su emergencia disruptiva. Junto con la desprestigiada dirección de la cgt, que convocó a cuatro paros generales sin movilización y con la suficiente distancia uno de otro como para que solo cumplieran la función de descomprimir la tensión social, las conducciones de los movimientos sociales adoptaron la lógica «sindical» y actuaron para evitar que se configurara un escenario del tipo del de diciembre de 2017. Con diferentes responsabilidades, operaron como un factor conservador para una respuesta masiva y coordinada al ataque del gobierno a las condiciones de vida de las mayorías. Además, el grueso de los dirigentes de estas organizaciones (sindicales o sociales) están fuertemente comprometidos con la reorganización del peronismo con vistas a las elecciones: su apuesta estratégica no es por la derrota del plan de Macri en las calles, sino por el desgaste para facilitar su salida del poder en las elecciones17. Por último, gran parte de estas estructuras reciben una fuerte influencia del papa Francisco, para quien evitar un estallido en su país de origen es de una importancia vital, además de estar a tono con su ideología histórica. Efectivamente, la «teología del pueblo» a la que adhiere Francisco (desde los tiempos en que era el cardenal Jorge Bergoglio) postula una alianza con las organizaciones sociales sobre la base de considerar a los pobres como víctimas y proponer una política de rescate, de contención y tutelaje, siempre con el objetivo de evitar la acción directa.
En síntesis, los frenos de mano que el gobierno se vio obligado a aplicar por imposición de las circunstancias y la «ética de la responsabilidad» de la oposición, combinada con una estrategia que prioriza el eje electoral y con el «respaldo divino», otorgaron una sobrevida a un proyecto político estancado.
El futuro llegó
Gran parte de la fortaleza que aún mantiene el macrismo cuando comienza el decisivo último año de gobierno es concedida por otros. Economistas afines a Cambiemos se aferran a dos factores a la espera de algo parecido a una recuperación: la cosecha récord que auguran para 2019 y la apuesta a algunas inversiones en el yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el sur argentino. Parece difícil que esos nichos, incluso si son exitosos, remonten la cuesta abajo de la economía.
La disminución del volumen político de Cambiemos se ve reflejada en la distancia que toman algunos factores de poder con respecto al futuro de ese proyecto político: el Grupo Clarín, principal oligopolio mediático del país, ya juega –de mínima– a dos puntas, solo en última instancia mantiene el apoyo a Macri contra el kirchnerismo, pero cada vez se notan más los hilos de su trabajo por el llamado «peronismo racional». El Grupo América (segunda corporación mediática del país) manifestó por boca de uno de sus accionistas mayoritarios, Daniel Vila, el respaldo a esa fracción del peronismo no kirchnerista. Una mayoría de la Corte Suprema votó hacia fin de año contra el gobierno en un fallo simbólicamente importante sobre el cálculo de deuda que el Estado tiene con unos 150.000 jubilados que litigaron contra él. Y una fracción considerable del empresariado comienza a explorar otras opciones, sin descartar incluso al kirchnerismo conducido por Cristina Fernández, una de cuyas estrategias disponibles, y a la que al parecer podría apostar, es la de adoptar un perfil de «leona herbívora», si retomamos la expresión con que se calificó a sí mismo el Juan Domingo Perón consensual y conciliador que volvió al país en la década de 1970, tras 18 años de exilio. El analista político liberal Sergio Berensztein escribió en el diario La Nación: «Sin embargo, pasado el 75% de su mandato, [Macri] carece del apoyo concreto de una constelación de actores sociales que le otorguen solidez para implementar la agenda de reformas estructurales más allá de los números que entreguen las urnas o de la correlación de fuerzas que esos votos produzcan en el Congreso y en las gobernaciones»18.
La definición es similar a lo que en términos del marxista italiano Antonio Gramsci puede calificarse como ausencia de hegemonía. Pero quizá lo más relevante para el presente y el futuro argentino es que la «tragedia» a la que está condenado Cambiemos, más allá de si logra el milagro de un resultado electoral favorable, condiciona al conjunto de las fuerzas políticas tradicionales cuyos programas se enmarcan dentro del respeto a los intereses estratégicos de los dueños del país y a la hoja de ruta del fmi. Bajo esas condiciones, en cualquier circunstancia, no se avizora una luz al final del túnel. Y la posibilidad de un nuevo colapso está en el menú de posibilidades.
Fernando Rosso
Nueva Sociedad
Notas:
1. Alianza entre Propuesta Republicana (PRO), partido liderado por Mauricio Macri, y la centenaria Unión Cívica Radical (UCR).
2. En junio de 2018, Argentina y el FMI firmaron un acuerdo stand-by para un préstamo por 50.000 millones de dólares; en diciembre del mismo año se aprobó una ampliación que alcanzó los 56.300 millones de dólares.
3. «La economía retrocedió 3,5% en el tercer trimestre del año» en Télam, 18/12/2018.
4. Ismael Bermúdez: «Las apps de delivery y de transporte y las changas contienen la desocupación» en Clarín, 23/12/2018.
5. Lucía Ruiz: «¿Cuánto perdieron el salario y las jubilaciones en la era Macri?» en suplemento «Ideas de izquierda» de La Izquierda Diario, 15/12/2018.
6. Entrevista con el autor, 17/12/2018.
7. En su máxima expresión, en el lenguaje popular argentino.
8. Alejandro Bellotti, G. Vommaro y SergioMorresi: Mundo pro. Anatomía de un partido fabricado para ganar, Planeta, Buenos Aires, 2015.
9. Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2017.
10. Entrevista con el autor, 21/12/2018.
11. Se trata de una propuesta que agitó Cambiemos: poner en pie una comisión que investigara la corrupción tomando el modelo de la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas que investigó los crímenes de la dictadura durante la transición democrática de los años 80.
12. Entrevista con el autor, 20/12/2018. En 2018 se debatió en el Parlamento argentino una ley de interrupción voluntaria del embarazo que se aprobó en la Cámara de Diputados pero fue rechazada en el Senado.
13. P. Anderson: «Balance del neoliberalismo: lecciones para la izquierda» en Viento Sur No 6, 1996.
14. Todas las encuestas y estudios de opinión marcan una caída de la imagen del presidente y de la gestión desde aquel momento. 15.
15. La transcripción del discurso completo y el video fueron publicados por el diario El Cronista el 1/3/2018 (disponibles en www.cronista.com/economiapolitica/El-discursocompleto-de-Macri-en-la-Asamblea-Legislativa-20180301-0078.html).
16. Los más estridentes entre ellos son Javier Milei y José Luis Espert; el último lanzó su candidatura presidencial a fin de año.
17. F. Rosso: «Sin que se caiga» en Le Monde diplomatique edición Cono Sur No 234, 12/2018.
18. S. Berensztein: «Cambiemos, una coalición electoral sin respaldo de los actores sociales» en La Nación, 21/12/2018.
Un enigma recorre Argentina luego de tres años de gobierno de la coalición Cambiemos1: ¿por qué una administración que aplica un ajuste de la magnitud del impulsado por el presidente Mauricio Macri no colapsa o termina cercada por la movilización popular?
La sociedad argentina es una de las más contenciosas del continente, tiene la impronta de la movilización permanente, sostiene un entramado sindical significativo comparado con el de otros países latinoamericanos; existen en su seno fuertes movimientos sociales que encuadran a trabajadores de la denominada «economía popular» (desocupados, precarios o emprendimientos autogestionados) y conserva una vital sociedad civil que parece siempre dispuesta al conflicto. La tierra que engendró la Reforma Universitaria de 1918 a inicios del siglo pasado, el Cordobazo en 1969 o las jornadas de diciembre que en el temprano 2001 inauguraron el nuevo siglo y provocaron la huida del poder del presidente Fernando de la Rúa parece hoy excesivamente pasiva frente al deterioro cualitativo de todos los indicadores económico-sociales que provoca el duro programa neoliberal. Las causas de este fenómeno, en apariencia extraño, son múltiples: estructurales, históricas y coyunturales. Pese a la estabilidad relativa, el gobierno que encabeza el presidente Macri ingresa en su último año de gestión bajo el signo de la incertidumbre.
En 2019 se eligen (o reeligen) el presidente y la mayoría de los gobernadores y se renuevan parte de los legisladores del Congreso Nacional y de las legislaturas locales. El oficialismo encara el denso calendario electoral con una pérdida significativa del control de la economía, que combina estancamiento e inflación; números rojos en todas las áreas (inversión, consumo, pib); una disminución de las bases de apoyo en la sociedad y una fuerte caída en la imagen de sus referentes. Además, es evidente el fracaso de la promesa original y de todas sus representaciones simbólicas. También se produce el distanciamiento de algunos poderes fácticos que le otorgaron un respaldo inicial clave y ahora se alejan sin prisa pero sin pausa: corporaciones empresarias, medios de comunicación y fracciones del Poder Judicial. Cambiemos se transformó en un experimento gubernamental que agravió demasiado a los de abajo y no terminó de conformar a los de arriba; sin embargo, cuando nos despertamos, como el dinosaurio de Augusto Monterroso, todavía está allí.
Debacle económica
Algunas variables sintetizan el balance económico del gobierno de Macri en sus tres años de gestión: el pib acumula una caída de 1,3%, la inflación fue del orden de 163%, el dólar se disparó 290% –en relación con la cotización oficial de diciembre de 2015; 160% frente al dólar paralelo en ese momento–; la deuda en dólares creció en 80.000 millones con acreedores privados y en más de 100.000 millones de dólares si se incluyen los primeros desembolsos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (fmi)2.
Con el nuevo récord de endeudamiento, las obligaciones financieras de 2019 trepan hasta los 42.400 millones de dólares; con los desembolsos del fmi se cubre 54% de ese total, el resto se supone se conseguirá en el mercado interno. En 2020, las necesidades alcanzan los 39.900 millones, pero los aportes del fmi solo cubren 14,7%; por lo tanto, hay que volver a los mercados internacionales de crédito, los mismos que cortaron el financiamiento meses atrás. El año cerró con el riesgo país disparándose bastante por arriba de los 800 puntos básicos. Este índice mide el porcentaje de tasa que paga el país por sus créditos por encima de la de Estados Unidos. Su crecimiento muestra la desconfianza de los especuladores –eufemísticamente llamados «inversores»– hacia las posibilidades de honrar la deuda o –dicho en términos más crudos– evitar el default. Si los pronósticos más optimistas se verifican, en cuatro años la caída del pib rondará el 1,8%. Un vaticinio posible si en 2019 la economía se achica solo 0,5%, como estima el gobierno; pero si se cumple la predicción del fmi y la caída es de 1,7%, el desplome de todo el ciclo será superior y alcanzará el 3%. Pero la madre de todas las derrotas habrá sido la batalla contra inflación, que en toda la era Macri acumulará 211% en el mejor de los casos: si cerrara en 2018 en alrededor de 45% y en 2019 se redujera a 25%. Hasta ahora, nunca se cumplieron las estimaciones oficiales.
El dato más preocupante que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) cuando culminaba el año es el desmoronamiento de la inversión. En el tercer trimestre cayó 11,2% respecto al mismo trimestre de 2017 y 8,1% en relación con el segundo trimestre. Nadie apuesta a que vaya a recuperarse en el año electoral: el propio fmi prevé una caída de 9,5%3.
Las consecuencias de estos números macro en la vida cotidiana de las mayorías populares son profundamente disgregadoras. El desempleo alcanzó el 9% durante el tercer trimestre de 2018 y no llegó a los dos dígitos porque, por ahora, el grueso del ajuste se realizó vía licuación del poder adquisitivo del salario. A medida que la recesión y la caída de los ingresos se aceleraron, más personas salieron a buscar trabajo; una parte lo encontró, pero informal, precario y de baja calidad, en servicios nuevos como entrega a domicilio o Uber4. Un empalme de series estadísticas entre el índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires y el Indec sentencia que la inflación fue de 163% en estos 36 meses, mientras que los asalariados registrados del sector privado tuvieron un incremento acumulado en el mismo periodo de apenas 121%. Esto implica que un trabajador que cobra un salario promedio tendrá una capacidad de compra 16% inferior a la que tenía hace tres años. Para los empleados estatales, la pérdida fue de 24 puntos porcentuales, y quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (auh, un plan de ayuda estatal para los sectores más vulnerables) vieron retroceder sus ingresos en 23,7% en este periodo5. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica Argentina informó que la pobreza alcanzó a 33,6% de los habitantes urbanos del país en el tercer trimestre de 2018. La indigencia afecta a 6,1% de las personas. Desmoronamiento económico y profundo retroceso social son el saldo que dejó hasta ahora el gobierno de la nueva derecha argentina. Y lo peor parece estar por venir.
Fracaso discursivo
La consecuencia lógica de esta deriva es el mentís que recibió el conjunto de ideas y promesas enarboladas por Macri en 2015: nueva matriz económica, mayor productividad, libre –o prácticamente anárquico– movimiento de capitales, desregulaciones económicas que traerían una «lluvia de inversiones», libertad individual y carrera meritocrática como único camino al progreso, y el mercado como Santo Grial del mito laico neoliberal. El quiebre de esa narrativa dejó a Macri y a Cambiemos sin propuesta de futuro, y su apuesta se reduce a administrar el miedo al pasado, a postularse como el mejor agente del «antikirchnerismo» (la contracara del proyecto político que gobernó Argentina hasta 2015, con Néstor Kirchner y Cristina Fernández). Con el agregado de fuertes componentes punitivistas y securitarios a tono con los discursos de las derechas duras que avanzan en el continente y que hoy tienen en Jair Bolsonaro, el flamante presidente de Brasil, su expresión más poderosa y radical.
Para Ignacio Ramírez, sociólogo y director del posgrado en Opinión Pública y Comunicación Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), quedó poco de la promesa inicial de Cambiemos: el desempeño de la economía y el fracaso económico no fueron gratuitos a la salud simbólica de la marca Cambiemos tal como estaba equipada al comienzo de esta etapa. Uno no los imagina en 2019 haciendo campaña con aquella batería de representaciones como: «sector privado, sinónimo de transparencia» o «gerenciamiento de la política como equivalente de eficiencia o eficacia». Ese tipo de credenciales son las que han crujido, incluso la idea aspiracional como gran promesa. El fracaso económico arrastró a un fracaso simbólico6.
Marcelo Leiras, sociólogo y director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés, coincide y asegura que
hubo una versión maximalista y una versión minimalista de la apuesta de Cambiemos. La maximalista incluía la receta desregulatoria clásica en los gobiernos de derecha, con el propósito de reducir la inflación y el déficit fiscal y estimular la inversión y el crecimiento económicos. El programa desregulatorio se quedó a mitad de camino, la reducción gradual del déficit no alcanzó para sostener el altísimo ritmo de endeudamiento, y los aspectos muy poco gradualistas del programa de gobierno, en particular el ajuste tarifario, produjeron más oposiciones que alivio fiscal o mejora en la calidad de los servicios. En lo político, el programa maximalista aspiraba a desplazar al peronismo de muchos gobiernos provinciales y de algunos de sus bastiones en el Conurbano bonaerense, con el muy ambicioso objetivo último de producir un Senado más equilibrado. La receta económica maximalista fracasó ruidosamente y comprometió seriamente el objetivo político. Queda en pie la versión minimalista: antikirchnerismo al palo.7
Gabriel Vommaro, coautor de Mundo pro . Anatomía de un partido fabricado para ganar8 y de La larga marcha de Cambiemos. La construcción silenciosa de un proyecto de poder9, considera que lo que queda en pie del proyecto oficialista es la apuesta por construir una centroderecha competitiva electoralmente y que en eso se mostró relativamente exitoso. Sin embargo, asegura que
sin dudas hubo un fracaso de un proyecto sin base social, sin actores y sin una «burguesía emprendedora» capaz de apostar por este gobierno y por su proyecto. Eso no llegó ni en el primer año, ni en el segundo en el que apostaron a la inversión pública con una expansión fiscal que les permitió ganar las elecciones de medio término de 2017. Por supuesto, tampoco en el tercero, que fue el derrumbe donde se pagaron en buena parte los costos fiscales de 2017.10
Vommaro explica que también cayó el mito o la creencia del macrismo en la posibilidad de una transición sin conflicto hacia una sociedad de mercado totalmente abierta, una ideología que se terminó con el acuerdo con el fmi , el impulso a un ajuste drástico que implica algún tipo de escarmiento social. En ese contexto, sentencia: «Al gobierno parece que se le acabó la mística en términos de proyecto societal». Finalmente, Pablo Touzon –editor de la revista política Panamá– también cree que lo único que quedó es el antikirchnerismo. Todo el resto de las promesas –que ya de por sí eran eslóganes bastante vagos– quedaron truncas. No solo es visible en la economía: no hubo «revolución educativa», «Conadep anticorrupción»11, combate a las mafias –término hoy de moda en el discurso oficial–, ni avance en derechos civiles, como quedó cristalizado en el rechazo a la legalización del aborto.12
El relato oficialista con que Cambiemos dio impulso a su proyecto político, propio de un manual de autoayuda a lo Ravi Shankar, mutó hacia la polarización con la reconstrucción de un enemigo a medida (la candidatura de Cristina Fernández) y la restauración frenética de la llamada «grieta» como último recurso para el desafío electoral. Tiene gusto a demasiado poco, pero la elección está abierta.
La crisis que no fue
«No solo de ‘política’ vive el hombre», sentenció el marxista ruso León Trotski en su libro Problemas de la vida cotidiana. Parafraseándolo, podemos decir que no solo por la política, entendida en el sentido estrecho, sobrevivió el proyecto macrista. También fueron determinantes las relaciones de fuerzas sociales que significaron un sostén y a la vez un límite para las ambiciones de Cambiemos.
Una paradoja de origen que limitó las posibilidades del proyecto de Macri fue la inexistencia de una crisis catastrófica sin salida en el fin del ciclo kirchnerista. El antecedente argentino más próximo a un proyecto neoliberal como el que, en términos de programa económico, encabeza Macri fue el que llevó adelante Carlos Menem en la década de 1990. Una de las condiciones de posibilidad de su éxito –no la única, pero sí una de las más importantes– fue el estallido hiperinflacionario que definió la suerte de su antecesor, Raúl Alfonsín, en 1988-1989. Aquella crisis traumática para la memoria colectiva de los argentinos operó como disciplinadora, junto con derrotas en el terreno de la lucha social y un ciclo internacional favorable para la imposición de las contrarreformas neoliberales. El historiador marxista inglés Perry Anderson escribió que «hay un equivalente funcional al trauma de la dictadura militar como mecanismo para inducir ‘democrática’ y no coercitivamente a un pueblo a aceptar las más drásticas políticas neoliberales. Este equivalente es la hiperinflación. Sus consecuencias son muy parecidas»13. El «terror económico» operó también en la crisis que culminó con el estallido de 2001 y, esta vez a través de la hiperdesocupación, preparó el terreno para la brusca devaluación y consecuente desvalorización del salario impulsadas por el presidente interino Eduardo Duhalde, quien comandó la transición. Con esa carencia de origen, el gobierno de Cambiemos transitó estos tres años entre los límites que imponía una resistencia social disgregada, pero presente, y la presión del mundo empresario y los factores reales de poder en pos de acelerar las contrarreformas.
El derrotero incluyó un comienzo con lo que se denominó «gradualismo», cuyo sentido era transitar el ajuste, pero administrando los tiempos para evitar chocar de frente contra un bloque social hostil. El «gradualismo» era a la vez financiado con el endeudamiento que el gobierno creyó infinito e ilimitado. Luego de triunfar en las elecciones de medio término de octubre de 2017 –con una combinación de antikirchnerismo y lo que algunos calificaron como «populismo financiero o fiscal»–, Macri lanzó el tridente del «reformismo permanente» (ajuste previsional, flexibilización laboral y reforma impositiva), con el que pretendió aligerar el plan.
Pero a octubre lo devoró diciembre. Las movilizaciones contra la reforma previsional del 14 y 18 de diciembre de 2017, con enfrentamientos violentos frente al Congreso Nacional y múltiples cacerolazos en los barrios porteños protagonizados por sectores de clase media, fueron el punto más alto de la movilización social en la era Macri, y pese a que la ley que modificaba el cálculo de las jubilaciones y pensiones se aprobó, Cambiemos sufrió una derrota política que nunca pudo remontar14.
Luego de aquellos acontecimientos, el gobierno se vio obligado a postergar sin fecha la reforma laboral e intentó retomar el camino del «gradualismo». En el discurso de inauguración de las sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa en marzo de 2018, Macri habló de cuestiones tan estratégicas como una «agenda verde» y la mala alimentación de los niños15. Nada había quedado en pie de la ofensiva lanzada apenas cuatro meses antes. Pero en abril se desató la furia de los «mercados», con una corrida cambiaria provocada por el fin de las posibilidades de seguir aumentando la deuda. La rebelión financiera duró varios meses y obligó al pedido de rescate al fmi . Los «mercados» comenzaron a desconfiar de las capacidades de Macri para aplicar las contrarreformas neoliberales. De hecho, un conjunto de economistas «libertarios», que ahora buscan conformar un partido en línea con las ideas ultraliberales, suele acusar a Macri de ser un «populista con buenos modales»16.
La vuelta al fmi , pergeñada por el gobierno para poner fin a la corrida especulativa contra el peso, trajo consigo un nuevo programa de ajuste con el «déficit cero» como bandera y ya sin lugar para gradualistas. El resultado fue una disminución permanente del volumen político de Cambiemos, que nunca detuvo su marcha descendente. Pero su resiliencia no se explica sin el concurso de lo que el controversial escritor argentino Jorge Asís –devenido estridente analista y operador político– calificó como «dadores voluntarios de gobernabilidad». Entre ellos, se encuentra no solo gran parte del peronismo político que habilitó la aprobación de más de 100 leyes que facilitaron la tarea de Cambiemos (fueza minoritaria en el Parlamento), sino también la acción o inacción de las conducciones de los sindicatos y la Confederación General del Trabajo (cgt) y los llamados «movimientos sociales», herederos sobre todo del mundo piquetero de los años 2000.
Luego de 2001 y en parte como conclusión estratégica de aquellos acontecimientos, se produjo un proceso de institucionalización relativa de una amplia gama de organizaciones que agrupan a desocupados, trabajadores precarizados y los sectores más pobres de la sociedad argentina. La emergencia de estas organizaciones es una manifestación de su peso gravitante y eventualmente explosivo, a la vez que un instrumento de contención para evitar su emergencia disruptiva. Junto con la desprestigiada dirección de la cgt, que convocó a cuatro paros generales sin movilización y con la suficiente distancia uno de otro como para que solo cumplieran la función de descomprimir la tensión social, las conducciones de los movimientos sociales adoptaron la lógica «sindical» y actuaron para evitar que se configurara un escenario del tipo del de diciembre de 2017. Con diferentes responsabilidades, operaron como un factor conservador para una respuesta masiva y coordinada al ataque del gobierno a las condiciones de vida de las mayorías. Además, el grueso de los dirigentes de estas organizaciones (sindicales o sociales) están fuertemente comprometidos con la reorganización del peronismo con vistas a las elecciones: su apuesta estratégica no es por la derrota del plan de Macri en las calles, sino por el desgaste para facilitar su salida del poder en las elecciones17. Por último, gran parte de estas estructuras reciben una fuerte influencia del papa Francisco, para quien evitar un estallido en su país de origen es de una importancia vital, además de estar a tono con su ideología histórica. Efectivamente, la «teología del pueblo» a la que adhiere Francisco (desde los tiempos en que era el cardenal Jorge Bergoglio) postula una alianza con las organizaciones sociales sobre la base de considerar a los pobres como víctimas y proponer una política de rescate, de contención y tutelaje, siempre con el objetivo de evitar la acción directa.
En síntesis, los frenos de mano que el gobierno se vio obligado a aplicar por imposición de las circunstancias y la «ética de la responsabilidad» de la oposición, combinada con una estrategia que prioriza el eje electoral y con el «respaldo divino», otorgaron una sobrevida a un proyecto político estancado.
El futuro llegó
Gran parte de la fortaleza que aún mantiene el macrismo cuando comienza el decisivo último año de gobierno es concedida por otros. Economistas afines a Cambiemos se aferran a dos factores a la espera de algo parecido a una recuperación: la cosecha récord que auguran para 2019 y la apuesta a algunas inversiones en el yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el sur argentino. Parece difícil que esos nichos, incluso si son exitosos, remonten la cuesta abajo de la economía.
La disminución del volumen político de Cambiemos se ve reflejada en la distancia que toman algunos factores de poder con respecto al futuro de ese proyecto político: el Grupo Clarín, principal oligopolio mediático del país, ya juega –de mínima– a dos puntas, solo en última instancia mantiene el apoyo a Macri contra el kirchnerismo, pero cada vez se notan más los hilos de su trabajo por el llamado «peronismo racional». El Grupo América (segunda corporación mediática del país) manifestó por boca de uno de sus accionistas mayoritarios, Daniel Vila, el respaldo a esa fracción del peronismo no kirchnerista. Una mayoría de la Corte Suprema votó hacia fin de año contra el gobierno en un fallo simbólicamente importante sobre el cálculo de deuda que el Estado tiene con unos 150.000 jubilados que litigaron contra él. Y una fracción considerable del empresariado comienza a explorar otras opciones, sin descartar incluso al kirchnerismo conducido por Cristina Fernández, una de cuyas estrategias disponibles, y a la que al parecer podría apostar, es la de adoptar un perfil de «leona herbívora», si retomamos la expresión con que se calificó a sí mismo el Juan Domingo Perón consensual y conciliador que volvió al país en la década de 1970, tras 18 años de exilio. El analista político liberal Sergio Berensztein escribió en el diario La Nación: «Sin embargo, pasado el 75% de su mandato, [Macri] carece del apoyo concreto de una constelación de actores sociales que le otorguen solidez para implementar la agenda de reformas estructurales más allá de los números que entreguen las urnas o de la correlación de fuerzas que esos votos produzcan en el Congreso y en las gobernaciones»18.
La definición es similar a lo que en términos del marxista italiano Antonio Gramsci puede calificarse como ausencia de hegemonía. Pero quizá lo más relevante para el presente y el futuro argentino es que la «tragedia» a la que está condenado Cambiemos, más allá de si logra el milagro de un resultado electoral favorable, condiciona al conjunto de las fuerzas políticas tradicionales cuyos programas se enmarcan dentro del respeto a los intereses estratégicos de los dueños del país y a la hoja de ruta del fmi. Bajo esas condiciones, en cualquier circunstancia, no se avizora una luz al final del túnel. Y la posibilidad de un nuevo colapso está en el menú de posibilidades.
Fernando Rosso
Nueva Sociedad
Notas:
1. Alianza entre Propuesta Republicana (PRO), partido liderado por Mauricio Macri, y la centenaria Unión Cívica Radical (UCR).
2. En junio de 2018, Argentina y el FMI firmaron un acuerdo stand-by para un préstamo por 50.000 millones de dólares; en diciembre del mismo año se aprobó una ampliación que alcanzó los 56.300 millones de dólares.
3. «La economía retrocedió 3,5% en el tercer trimestre del año» en Télam, 18/12/2018.
4. Ismael Bermúdez: «Las apps de delivery y de transporte y las changas contienen la desocupación» en Clarín, 23/12/2018.
5. Lucía Ruiz: «¿Cuánto perdieron el salario y las jubilaciones en la era Macri?» en suplemento «Ideas de izquierda» de La Izquierda Diario, 15/12/2018.
6. Entrevista con el autor, 17/12/2018.
7. En su máxima expresión, en el lenguaje popular argentino.
8. Alejandro Bellotti, G. Vommaro y SergioMorresi: Mundo pro. Anatomía de un partido fabricado para ganar, Planeta, Buenos Aires, 2015.
9. Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2017.
10. Entrevista con el autor, 21/12/2018.
11. Se trata de una propuesta que agitó Cambiemos: poner en pie una comisión que investigara la corrupción tomando el modelo de la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas que investigó los crímenes de la dictadura durante la transición democrática de los años 80.
12. Entrevista con el autor, 20/12/2018. En 2018 se debatió en el Parlamento argentino una ley de interrupción voluntaria del embarazo que se aprobó en la Cámara de Diputados pero fue rechazada en el Senado.
13. P. Anderson: «Balance del neoliberalismo: lecciones para la izquierda» en Viento Sur No 6, 1996.
14. Todas las encuestas y estudios de opinión marcan una caída de la imagen del presidente y de la gestión desde aquel momento. 15.
15. La transcripción del discurso completo y el video fueron publicados por el diario El Cronista el 1/3/2018 (disponibles en www.cronista.com/economiapolitica/El-discursocompleto-de-Macri-en-la-Asamblea-Legislativa-20180301-0078.html).
16. Los más estridentes entre ellos son Javier Milei y José Luis Espert; el último lanzó su candidatura presidencial a fin de año.
17. F. Rosso: «Sin que se caiga» en Le Monde diplomatique edición Cono Sur No 234, 12/2018.
18. S. Berensztein: «Cambiemos, una coalición electoral sin respaldo de los actores sociales» en La Nación, 21/12/2018.
Contra el golpe en Venezuela y por una salida de los trabajadores a la crisis
La izquierda marchó a la Embajada yanqui.
La izquierda se movilizó esta tarde a la Embajada de Estados Unidos, para repudiar la tentativa de un golpe imperialista en Venezuela y la autoproclamación como presidente de Juan Guaidó, que ha recibido el apoyo del gobierno de Donald Trump y sus socios en América Latina.
Impulsada por el Frente de Izquierda, la movilización contó con la participación de las fuerzas que lo componen –Partido Obrero, PTS, Izquierda Socialista-, así como del MAS y el MST.
Dialogaron con Prensa Obrera los dirigentes del Partido Obrero Gabriel Solano, Marcelo Ramal y Néstor Pitrola y los referentes Juan Carlos Giordano (IS) y Myriam Bregman (PTS).
Solano señaló que “venimos como parte de una lucha contra la penetración imperialista en toda la región” y destacó que “no vienen a la Embajada los que nos proponen un ‘frente antimacrista’ ni mucho menos el kirchnerismo, que de manera sibilina está apoyando al imperialismo europeo en una política golpista y de penetración imperialista bajo otros intereses. Acá está la izquierda que lucha contra el FMI, contra los pactos políticos que provocan que la crisis la paguen los trabajadores. La política argentina y la política internacional tienen que tener una coherencia. América Latina está en un momento decisivo y rechazamos el golpismo en la región”.
Por su parte, Ramal advirtió que “toda esta intentona golpista está diseñada por el imperialismo y luego por sus socios en América Latina. Queremos denunciar muy particularmente la perfidia y la complicidad del gobierno macrista, que por decreto ha resuelto adherir a la extorsión económica y política sobre Venezuela. Macri no está solo: tiene otros socios locales como [el senador del PJ Miguel Ángel] Pichetto, que ha pedido que el Congreso legalice esta misma extorsión. Y un kirchnerismo que mira para otro lado y pide un diálogo y una paz mentirosa, porque no puede haber diálogo y paz sobre la base del asedio económico y militar. Señalamos a su vez que el nacionalismo capitalista, el nacionalismo que no alteró las relaciones de propiedad en Venezuela y que hoy se encarna en un régimen en descomposición como el de Nicolás Maduro, es el que en definitiva le ha abierto paso a toda esta intentona derechista. Nos movilizamos contra el golpe, por una salida obrera y socialista para los trabajadores y los explotados de Venezuela y de toda América Latina”.
Bregman aseveró que “si el imperialismo yanqui logra salirse con sus planes en Venezuela, se fortalecen los gobiernos como los de Bolsonaro y el de Mauricio Macri” y que la respuesta que hoy da la izquierda “es la que no dan otros que fueron aliados del chavismo y que hoy guardan silencio porque quieren quedar bien con el FMI y la política de Estados Unidos. Por su parte, Giordano repudió a “la derecha de Guaidó y el imperialismo norteamericano” al tiempo que señaló el carácter “hambreador y represivo” del gobierno de Maduro, a quien “queremos echar con la movilización autónoma e independiente, por una salida obrera y popular a la tremenda crisis humanitaria, en camino a un gobierno de trabajadores: por el aumento de salarios, que el petróleo sea 100% venezolano, se nacionalice la banca y el comercio exterior, no se pague la deuda”.
Para Pitrola, que habló en el acto por el PO, la marcha de hoy se ubica “en la ruta histórica de las mejores tradiciones antiimperialista del pueblo argentino y de la izquierda revolucionaria” y que en la lucha contra el golpe de Estado promovido por el imperialismo y los mandatarios latinoamericanos nucleados en el Grupo de Lima “se juega el futuro de América Latina: las bases militares norteamericanas, las tropas en Haití, los pactos militares y la salida por derecha en todo el continente. Estamos en campaña contra todo ello, con un programa antiimperialista. El Partido Obrero destaca el fracaso del operativo del 23F [de entrada del imperialismo con la excusa de la “ayuda humanitaria”] y también la impotencia de Maduro, que no expropia al capital, que no deja de pagar la deuda y que se basa en las Fuerzas Amadas, fracasando en movilizar a la clase obrera y al pueblo de Venezuela que está exhausto y en medio de una catástrofe”.
Prensa Obrera
martes, 26 de febrero de 2019
En todo el país, las organizaciones sociales y piqueteras marcharon contra el hambre
Más de 20 provincias fueron escenario hoy de una jornada de lucha del Polo Obrero, Barrios de Pie y una veintena de organizaciones sociales y piqueteras frente al crecimiento del hambre y la desocupación, contra los tarifazos, por trabajo genuino y el aumento del monto y la reapertura de los programas sociales.
La concentración central partió por la mañana de Avenida de Mayo y 9 de Julio, cruzando el centro porteño y dirigiéndose a Parque Lezama, donde pasado el mediodía tenía lugar en Parque Lezama un plenario de delegados de organizaciones, con réplicas en otras provincias.
Desde allí Eduardo Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero, señaló a Prensa Obrera que la jornada forma parte del plan de lucha que incluyó movilizaciones el 30 de enero y el 7 y 14 de febrero, y con una perspectiva fuerte de continuidad para marzo, cuyas características debatían hoy los miles de delegados reunidos. Y enfatizó en que la jornada de hoy, en 22 provincias, es “un indicador de la enorme voluntad de lucha que hay en la población, frente a la enorme miseria y el ajuste que están afectando a miles de familias, mientras la CGT y la CTA miran para otro lado”.
Por su parte Silvia Saravia, de Barrios de Pie, marcó que “este gobierno, en su plan de ajuste, le quita la comida a los comedores y no complementa los puestos del salario social complementario. La propia ministra Carolina Stanley reconoce que suben los índices de pobreza, y sin embargo ajusta y recorta”.
Los manifestantes denuncian que el gobierno mantiene cerrada la inscripción a los programas sociales, pese al crecimiento de la desocupación, y los existentes se devalúan sin pausa ante el aumento de tarifas y los alimentos, superior incluso a la inflación general.
Participan también de la convocatoria el MTR-Votamos Luchar, Movimiento 29 de Mayo, Movimiento 19 de diciembre (CTA A), MOT, Bloque Piquetero Nacional, T.Or.Re, Agrupación Armando Conciencia-RUP OTL, Organización de Trabajadores Libertarios, MRT 12 de abril, OCR y FADU.
Otra nutrida convocatoria tuvo lugar en Córdoba, donde hubo un corte en Puente Centenario y luego se movilizaron al Patio Olmos. Allí Emanuel Berardo, del Polo Obrero, enfatizó en el reclamo de trabajo genuino y expresó que “no vamos a firmar una paz social con [el gobernador Juan] Schiaretti ni con Macri, que siguen ajustando a los trabajadores”.
En cuanto a la perspectiva del movimiento, Belliboni aseveró que “es necesario impulsar plenarios de delegados, mostrar el camino de la organización por abajo, para imponer un paro activo de 36 horas y derrotar el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI”.
Prensa Obrera
Cada jubilado perdió casi 10 mil pesos desde la reforma previsional
“Esta pérdida alcanzará su peor resultado en febrero de este año cuando el haber mínimo significará un 21,4% menor al de diciembre de 2015", aseguró la universidad de Avellaneda.
El informe semanal publicado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) reveló que, desde la reglamentación de la reforma previsional, cada jubilado/a habrá perdido $9.720 en relación a la inflación, incluso contemplando la actualización del 11,8% prevista para marzo.
El estudio elaborado por el equipo de economistas de Economía UNDAV, basado en datos que se desprenden de la ANSES, el INDEC y el BCRA, remarca que “con la reforma de la fórmula de movilidad de diciembre de 2017, los jubilados se vieron fuertemente perjudicados y empezaron a enfrentar jubilaciones sensiblemente menores en términos de poder adquisitivo sin volver a recuperar niveles de poder de compra previos”.
Monetizando el deterioro en los haberes reales, se encuentran pérdidas significativas para los trabajadores pasivos, donde desde el año 2018 hasta junio del corriente, quienes cobran la mínima se estima que perderán $12.179 en relación a la inflación.
En este sentido, el documento de la Universidad Nacional de Avellaneda advierte que “el cambio en los parámetros de ajuste jubilatorio no repercute solamente sobre los haberes, también impacta en los ingresos de demás programas de transferencia como la AUH, asignaciones familiares y ciertas pensiones no contributivas”.
Si se compara estas mermas en términos de poder de compra con los productos de la canasta básica es posible señalar que desde enero de 2018 cada jubilado perdió y perderá por mes 2,5 kilos de queso; 6,2 kilos de yerba; 6,9 litros de aceite; 8,8 kilos de pan; 18,7 kilos de fideos o 22,9 litros de leche, al menos hasta junio de 2019.
En un análisis integral, el empeoramiento de las jubilaciones rondará un 14% a mediados de año: un deterioro se potenció con la aplicación de la reforma previsional.
Medido en relación a la canasta básica computada por el Indec, la merma también es significativa: se redujo en un 21% promedio, desde diciembre de 2017 hasta la actualidad.
“Esta pérdida alcanzará su peor resultado en febrero de este año cuando el haber mínimo significará un 21,4% menor al de diciembre de 2015. Incluso con la recomposición que habrá en junio el haber mínimo estará en un 11,5% por debajo del nivel de diciembre de 2015”, concluye el estudio.
APU
El informe semanal publicado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) reveló que, desde la reglamentación de la reforma previsional, cada jubilado/a habrá perdido $9.720 en relación a la inflación, incluso contemplando la actualización del 11,8% prevista para marzo.
El estudio elaborado por el equipo de economistas de Economía UNDAV, basado en datos que se desprenden de la ANSES, el INDEC y el BCRA, remarca que “con la reforma de la fórmula de movilidad de diciembre de 2017, los jubilados se vieron fuertemente perjudicados y empezaron a enfrentar jubilaciones sensiblemente menores en términos de poder adquisitivo sin volver a recuperar niveles de poder de compra previos”.
Monetizando el deterioro en los haberes reales, se encuentran pérdidas significativas para los trabajadores pasivos, donde desde el año 2018 hasta junio del corriente, quienes cobran la mínima se estima que perderán $12.179 en relación a la inflación.
En este sentido, el documento de la Universidad Nacional de Avellaneda advierte que “el cambio en los parámetros de ajuste jubilatorio no repercute solamente sobre los haberes, también impacta en los ingresos de demás programas de transferencia como la AUH, asignaciones familiares y ciertas pensiones no contributivas”.
Si se compara estas mermas en términos de poder de compra con los productos de la canasta básica es posible señalar que desde enero de 2018 cada jubilado perdió y perderá por mes 2,5 kilos de queso; 6,2 kilos de yerba; 6,9 litros de aceite; 8,8 kilos de pan; 18,7 kilos de fideos o 22,9 litros de leche, al menos hasta junio de 2019.
En un análisis integral, el empeoramiento de las jubilaciones rondará un 14% a mediados de año: un deterioro se potenció con la aplicación de la reforma previsional.
Medido en relación a la canasta básica computada por el Indec, la merma también es significativa: se redujo en un 21% promedio, desde diciembre de 2017 hasta la actualidad.
“Esta pérdida alcanzará su peor resultado en febrero de este año cuando el haber mínimo significará un 21,4% menor al de diciembre de 2015. Incluso con la recomposición que habrá en junio el haber mínimo estará en un 11,5% por debajo del nivel de diciembre de 2015”, concluye el estudio.
APU
La ONU sobre Argentina: “El modelo de agricultura industrial ha socavado la seguridad alimentaria de la población”
En un informe sobre el derecho a la alimentación en el país, la Relatora Especial de Naciones Unidas, Hilal Elver, realiza duras críticas a la expansión del monocultivo con transgénicos por sus consecuencias en la salud, el ambiente y la disponibilidad de alimentos, e insta al gobierno a apoyar la agricultura familiar. Además, advierte que el Estado tiene la obligación de priorizar recursos para sostener el derecho a la alimentación en tiempos de crisis económica.
“La Argentina tiene abundantes recursos naturales que permiten la autosuficiencia y brindan apoyo a un sector agrícola productivo. En tanto no debería haber problemas para garantizar la disponibilidad de alimentos para la población, el modelo actual de la agricultura industrial, que promueve la soja y otros cultivos comerciales para la exportación por sobre un sector agrícola diversificado, ha socavado la seguridad alimentaria de la población”, expresa una de las primeras conclusiones del informe final presentado este mes por la Relatora Especial de Naciones Unidas, Hilal Elver, ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo.
El documento, elaborado en base a una visita que Elver realizó al país en septiembre de 2018, analiza el impacto de la crisis económica y financiera que atraviesa el país en el derecho a la alimentación. Afirma que la Argentina se ha concentrado en fomentar la inversión extranjera y las exportaciones agrícolas en base al monocultivo de transgénicos, y detalla las consecuencias negativas que esto genera en el ambiente, la salud y la alimentación mientras que “solo un porcentaje pequeño de la población se beneficia en forma directa del modelo agrícola actual”.
El informe señala además que las políticas existentes no apuntan a revertir esta tendencia y reconoce que “existen presiones para modificar la actual Ley de semillas”, ante lo cual recomienda al Estado proteger el derecho de propiedad de los productores respecto de las semillas tradicionales, para que puedan comercializarlas libremente. En ese marco, insta también al gobierno nacional a promover la agricultura familiar y la agroecología a fin de proteger la disponibilidad de alimentos y a proteger el acceso a la tierra de los pueblos originarios.
El documento oficial también advierte que el gobierno debe cumplir con sus obligaciones legales de sostener el derecho a la alimentación en tiempos de una crisis económica nacional, teniendo en cuenta aún más los efectos de sus medidas de austeridad sobre los más pobres. Y en relación a los acuerdos aprobados por el gobierno de Cambiemos con el FMI, recuerda que el Estado Argentino tiene la obligación de atender el derecho a la alimentación, antes de usar los recursos públicos para otros objetivos, como la deuda.
Estas fueron algunas de las conclusiones y recomendaciones que se derivan de lo relevado por la Relatora Especial el año pasado, cuando mantuvo reuniones con funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, Justicia, Salud y Desarrollo Social, Hacienda, e Interior, con legisladores nacionales y autoridades locales, además de visitas a campo en las provincias de Buenos Aires y Chacho, incluyendo a comunidades en zonas urbanas y rurales, pequeñxs productorxs, representantes del sector académico, de organizaciones internacionales, y de la sociedad civil.
Los derechos humanos antes que la deuda
Durante su visita, la Relatora Especial buscó evaluar las implicancias del acuerdo con el FMI, así como los efectos de la crisis sobre el derecho a la alimentación de la población, una situación que sufren especialmente “los campesinos sin tierra, los trabajadores agrícolas, los migrantes y los pueblos indígenas, que ven peligrar sus medios de subsistencia”, plantea el informe. Y observa que actualmente en Argentina una mayor cantidad de personas acude a comedores comunitarios, o se saltea comidas, y que muchos niños dependen exclusivamente de los programas escolares de alimentación.
“Deben tomarse todas las medidas necesarias para que los medios de subsistencia, así como los derechos de las personas, no se vean afectados por la pérdida del poder adquisitivo y el aumento en los precios de los alimentos”, advierte el informe y aclara que la preocupación se refiere no solo a los grupos más vulnerables, sino también a la clase media.
Al mismo tiempo, manifiesta que el derecho a la alimentación está interconectado con otros derechos humanos y recuerda que como parte de diversos tratados internacionales, “el Estado argentino tiene la obligación de asegurar que estos derechos sean debidamente atendidos antes de utilizar los recursos públicos para lograr otros objetivos del Estado que no se encuentran relacionados con los derechos humanos como, por ejemplo, el servicio de la deuda”. Incluso, señala que las posibles víctimas de violaciones a estos derechos, pueden presentar una demanda ante un órgano independiente e imparcial, a fin de solicitar una reparación adecuada, así como su aplicación.
Modelo agrícola para unxs pocxs
El documento, de casi veinte páginas de extensión, dedica una gran parte de su contenido a analizar el modelo agrícola del país basado en el monocultivo de transgénicos y a analizar sus impactos tanto en el derecho a la alimentación como en el ambiente, la salud y la economía. “Aunque la Argentina tiene una superficie cultivada suficiente para alimentar a su población de 42 millones de habitantes, aproximadamente un 60 % de la tierra cultivada (19 millones de hectáreas) están dedicadas a la producción de soja, una gran parte de la cual se destina a la exportación. Solamente un 2 % de esta soja se consume en el país y el resto se procesa y exporta, principalmente a China”, advierte el informe. Y agrega que la tenencia de la tierra se encuentra altamente concentrada.
El perfil productivo de la Argentina, indica, se ha tornado aún menos diverso en décadas recientes, ya que se ha concentrado en fomentar la inversión extranjera y las exportaciones agrícolas, lo que se manifiesta, por ejemplo, en la disminución de la actividad ganadera. “Dichas políticas económicas le han permitido a la Argentina convertirse en el principal exportador de productos agrícolas y también han perpetuado un modelo agrícola industrial que socava la seguridad alimentaria y la nutrición de la población. Las políticas existentes no apuntan a revertir esta tendencia ya que se proyecta un crecimiento de un 18 % en la producción de soja y harina proteica durante la próxima década”, señala el documento.
La aprobación y el uso de semillas transgénicas es otro de los puntos de preocupación del informe de la ONU: “El país tiene más de 22 millones de hectáreas en regiones agrícolas dedicadas al cultivo de la soja (alrededor del 95 %), algodón y maíz, con tecnología genéticamente modificada. Su aprobación fue autorizada por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, integrada por las mismas empresas, por lo que su opinión resulta ilegítima debido al conflicto de intereses”.
Incluso, el organismo advierte que “existen presiones para modificar la actual Ley de semillas para que pueda aplicarse la restricción del uso propio”. Ante ello recomienda al Estado proteger el derecho de propiedad de los productores respecto de las semillas tradicionales, para que puedan comercializarlas libremente, y crear bancos a fin de mantener la diversidad genética de las semillas y asegurar una distribución equitativa de sus beneficios.
Elver también remarca el fuerte incremento del uso de plaguicidas que este modelo agrícola ha provocado y plantea su preocupación respecto del peligro que implican para la alimentación y la salud. “Desafortunadamente, la Argentina no ha introducido legislación efectiva ni ha aplicado sus leyes como corresponde para reducir el uso de plaguicidas en la producción agrícola, ni para reparar el daño sufrido por las poblaciones expuestas a la contaminación”, denuncia y advierte que esto podría constituir una violación de los derechos humanos.
El resto de los impactos ambientales de los agronegocios también son puntualizados, incluyendo datos alarmantes sobre la degradación del suelo, la deforestación y la contaminación del agua, así como la falta de interés del gobierno denunciada por la FAO de respetar la Ley de Bosques 26631, razón por la cual la relatora internacional insta al gobierno a implementar y monitorear cuidadosamente las reglamentaciones ambientales.
La ONU advierte en su informe que los pueblos indígenas son uno de los sectores de la población que exigen una atención especial en este momento, ya que como consecuencia del modelo agrícola han perdido grandes porciones de sus tierras tradicionales y muchas familias debieron migrar a las ciudades. Además, el desmonte como parte de la expansión de la frontera agrícola, limitó severamente la disponibilidad y el acceso a las plantas, así como a los animales. Por ello, la relatora del organismo señala que debe darse prioridad a proteger el acceso de los pueblos originarios a la tierra.
Agricultura familiar e inseguridad alimentaria
Ante este diagnóstico, la relatora del organismo afirma que ciertos compromisos internacionales asumidos por Argentina no parecen corresponderse con la realidad: “Los regímenes fiscales del sector agrícola deberían proteger a los pequeños productores, así como el derecho a una alimentación adecuada, y no solo favorecer al sector industrial exportador”, señala. E insiste en diversas ocasiones sobre el lugar fundamental que la agricultura familiar constituye para proteger la disponibilidad de alimentos, ya que produce casi la mitad de las frutas y hortalizas que se consumen en el país y emplea a 2 millones de personas.
Durante su visita, la relatora de la ONU también visito predios de producción agroecológica que, en sus propios términos, “llevan a lograr no solo rendimientos impresionantes, sino que también promueven prácticas que respetan el medio ambiente”. En el mismo sentido, destaca: “La agroecología es una alternativa importante para la agricultura industrial con monocultivo que debería ser promovida por el Gobierno para la diversificación de la economía agrícola, la producción de alimentos en forma más sostenible, la protección de los recursos naturales, la adaptación al cambio climático, y el apoyo a los pequeños productores y a los programas de comedores escolares”. Además, insiste en que “el marco jurídico para el derecho a una alimentación adecuada debería incluir la soberanía alimentaria para todos”.
Por otro lado, ante el aumento alarmante de los índices de pobreza a partir de 2018, el informe remarca el vínculo directo que existe entre pobreza, y especialmente pobreza urbana, e inseguridad alimentaria, ya que como no pueden producir sus propios alimentos, los pobres que viven en las ciudades son vulnerables al incremento en los precios de los alimentos. De acuerdo a la FAO, en la Argentina la prevalencia de personas que viven en situaciones de inseguridad alimentaria severa aumentó del 5,8 % (2.500.000 personas) en el período 2014-2016 a 8,7 % (3.800.000 personas) en el período 2015-2017. “Sin ingresos estables que resulten suficientes, los hogares luchan por brindarle a sus hijos una alimentación adecuada y nutritiva, lo que resulta en mayores niveles de desnutrición”, expresa el documento de Naciones Unidas.
Lucía Maina
La tinta
“La Argentina tiene abundantes recursos naturales que permiten la autosuficiencia y brindan apoyo a un sector agrícola productivo. En tanto no debería haber problemas para garantizar la disponibilidad de alimentos para la población, el modelo actual de la agricultura industrial, que promueve la soja y otros cultivos comerciales para la exportación por sobre un sector agrícola diversificado, ha socavado la seguridad alimentaria de la población”, expresa una de las primeras conclusiones del informe final presentado este mes por la Relatora Especial de Naciones Unidas, Hilal Elver, ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo.
El documento, elaborado en base a una visita que Elver realizó al país en septiembre de 2018, analiza el impacto de la crisis económica y financiera que atraviesa el país en el derecho a la alimentación. Afirma que la Argentina se ha concentrado en fomentar la inversión extranjera y las exportaciones agrícolas en base al monocultivo de transgénicos, y detalla las consecuencias negativas que esto genera en el ambiente, la salud y la alimentación mientras que “solo un porcentaje pequeño de la población se beneficia en forma directa del modelo agrícola actual”.
El informe señala además que las políticas existentes no apuntan a revertir esta tendencia y reconoce que “existen presiones para modificar la actual Ley de semillas”, ante lo cual recomienda al Estado proteger el derecho de propiedad de los productores respecto de las semillas tradicionales, para que puedan comercializarlas libremente. En ese marco, insta también al gobierno nacional a promover la agricultura familiar y la agroecología a fin de proteger la disponibilidad de alimentos y a proteger el acceso a la tierra de los pueblos originarios.
El documento oficial también advierte que el gobierno debe cumplir con sus obligaciones legales de sostener el derecho a la alimentación en tiempos de una crisis económica nacional, teniendo en cuenta aún más los efectos de sus medidas de austeridad sobre los más pobres. Y en relación a los acuerdos aprobados por el gobierno de Cambiemos con el FMI, recuerda que el Estado Argentino tiene la obligación de atender el derecho a la alimentación, antes de usar los recursos públicos para otros objetivos, como la deuda.
Estas fueron algunas de las conclusiones y recomendaciones que se derivan de lo relevado por la Relatora Especial el año pasado, cuando mantuvo reuniones con funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, Justicia, Salud y Desarrollo Social, Hacienda, e Interior, con legisladores nacionales y autoridades locales, además de visitas a campo en las provincias de Buenos Aires y Chacho, incluyendo a comunidades en zonas urbanas y rurales, pequeñxs productorxs, representantes del sector académico, de organizaciones internacionales, y de la sociedad civil.
Los derechos humanos antes que la deuda
Durante su visita, la Relatora Especial buscó evaluar las implicancias del acuerdo con el FMI, así como los efectos de la crisis sobre el derecho a la alimentación de la población, una situación que sufren especialmente “los campesinos sin tierra, los trabajadores agrícolas, los migrantes y los pueblos indígenas, que ven peligrar sus medios de subsistencia”, plantea el informe. Y observa que actualmente en Argentina una mayor cantidad de personas acude a comedores comunitarios, o se saltea comidas, y que muchos niños dependen exclusivamente de los programas escolares de alimentación.
“Deben tomarse todas las medidas necesarias para que los medios de subsistencia, así como los derechos de las personas, no se vean afectados por la pérdida del poder adquisitivo y el aumento en los precios de los alimentos”, advierte el informe y aclara que la preocupación se refiere no solo a los grupos más vulnerables, sino también a la clase media.
Al mismo tiempo, manifiesta que el derecho a la alimentación está interconectado con otros derechos humanos y recuerda que como parte de diversos tratados internacionales, “el Estado argentino tiene la obligación de asegurar que estos derechos sean debidamente atendidos antes de utilizar los recursos públicos para lograr otros objetivos del Estado que no se encuentran relacionados con los derechos humanos como, por ejemplo, el servicio de la deuda”. Incluso, señala que las posibles víctimas de violaciones a estos derechos, pueden presentar una demanda ante un órgano independiente e imparcial, a fin de solicitar una reparación adecuada, así como su aplicación.
Modelo agrícola para unxs pocxs
El documento, de casi veinte páginas de extensión, dedica una gran parte de su contenido a analizar el modelo agrícola del país basado en el monocultivo de transgénicos y a analizar sus impactos tanto en el derecho a la alimentación como en el ambiente, la salud y la economía. “Aunque la Argentina tiene una superficie cultivada suficiente para alimentar a su población de 42 millones de habitantes, aproximadamente un 60 % de la tierra cultivada (19 millones de hectáreas) están dedicadas a la producción de soja, una gran parte de la cual se destina a la exportación. Solamente un 2 % de esta soja se consume en el país y el resto se procesa y exporta, principalmente a China”, advierte el informe. Y agrega que la tenencia de la tierra se encuentra altamente concentrada.
El perfil productivo de la Argentina, indica, se ha tornado aún menos diverso en décadas recientes, ya que se ha concentrado en fomentar la inversión extranjera y las exportaciones agrícolas, lo que se manifiesta, por ejemplo, en la disminución de la actividad ganadera. “Dichas políticas económicas le han permitido a la Argentina convertirse en el principal exportador de productos agrícolas y también han perpetuado un modelo agrícola industrial que socava la seguridad alimentaria y la nutrición de la población. Las políticas existentes no apuntan a revertir esta tendencia ya que se proyecta un crecimiento de un 18 % en la producción de soja y harina proteica durante la próxima década”, señala el documento.
La aprobación y el uso de semillas transgénicas es otro de los puntos de preocupación del informe de la ONU: “El país tiene más de 22 millones de hectáreas en regiones agrícolas dedicadas al cultivo de la soja (alrededor del 95 %), algodón y maíz, con tecnología genéticamente modificada. Su aprobación fue autorizada por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, integrada por las mismas empresas, por lo que su opinión resulta ilegítima debido al conflicto de intereses”.
Incluso, el organismo advierte que “existen presiones para modificar la actual Ley de semillas para que pueda aplicarse la restricción del uso propio”. Ante ello recomienda al Estado proteger el derecho de propiedad de los productores respecto de las semillas tradicionales, para que puedan comercializarlas libremente, y crear bancos a fin de mantener la diversidad genética de las semillas y asegurar una distribución equitativa de sus beneficios.
Elver también remarca el fuerte incremento del uso de plaguicidas que este modelo agrícola ha provocado y plantea su preocupación respecto del peligro que implican para la alimentación y la salud. “Desafortunadamente, la Argentina no ha introducido legislación efectiva ni ha aplicado sus leyes como corresponde para reducir el uso de plaguicidas en la producción agrícola, ni para reparar el daño sufrido por las poblaciones expuestas a la contaminación”, denuncia y advierte que esto podría constituir una violación de los derechos humanos.
El resto de los impactos ambientales de los agronegocios también son puntualizados, incluyendo datos alarmantes sobre la degradación del suelo, la deforestación y la contaminación del agua, así como la falta de interés del gobierno denunciada por la FAO de respetar la Ley de Bosques 26631, razón por la cual la relatora internacional insta al gobierno a implementar y monitorear cuidadosamente las reglamentaciones ambientales.
La ONU advierte en su informe que los pueblos indígenas son uno de los sectores de la población que exigen una atención especial en este momento, ya que como consecuencia del modelo agrícola han perdido grandes porciones de sus tierras tradicionales y muchas familias debieron migrar a las ciudades. Además, el desmonte como parte de la expansión de la frontera agrícola, limitó severamente la disponibilidad y el acceso a las plantas, así como a los animales. Por ello, la relatora del organismo señala que debe darse prioridad a proteger el acceso de los pueblos originarios a la tierra.
Agricultura familiar e inseguridad alimentaria
Ante este diagnóstico, la relatora del organismo afirma que ciertos compromisos internacionales asumidos por Argentina no parecen corresponderse con la realidad: “Los regímenes fiscales del sector agrícola deberían proteger a los pequeños productores, así como el derecho a una alimentación adecuada, y no solo favorecer al sector industrial exportador”, señala. E insiste en diversas ocasiones sobre el lugar fundamental que la agricultura familiar constituye para proteger la disponibilidad de alimentos, ya que produce casi la mitad de las frutas y hortalizas que se consumen en el país y emplea a 2 millones de personas.
Durante su visita, la relatora de la ONU también visito predios de producción agroecológica que, en sus propios términos, “llevan a lograr no solo rendimientos impresionantes, sino que también promueven prácticas que respetan el medio ambiente”. En el mismo sentido, destaca: “La agroecología es una alternativa importante para la agricultura industrial con monocultivo que debería ser promovida por el Gobierno para la diversificación de la economía agrícola, la producción de alimentos en forma más sostenible, la protección de los recursos naturales, la adaptación al cambio climático, y el apoyo a los pequeños productores y a los programas de comedores escolares”. Además, insiste en que “el marco jurídico para el derecho a una alimentación adecuada debería incluir la soberanía alimentaria para todos”.
Por otro lado, ante el aumento alarmante de los índices de pobreza a partir de 2018, el informe remarca el vínculo directo que existe entre pobreza, y especialmente pobreza urbana, e inseguridad alimentaria, ya que como no pueden producir sus propios alimentos, los pobres que viven en las ciudades son vulnerables al incremento en los precios de los alimentos. De acuerdo a la FAO, en la Argentina la prevalencia de personas que viven en situaciones de inseguridad alimentaria severa aumentó del 5,8 % (2.500.000 personas) en el período 2014-2016 a 8,7 % (3.800.000 personas) en el período 2015-2017. “Sin ingresos estables que resulten suficientes, los hogares luchan por brindarle a sus hijos una alimentación adecuada y nutritiva, lo que resulta en mayores niveles de desnutrición”, expresa el documento de Naciones Unidas.
Lucía Maina
La tinta
lunes, 25 de febrero de 2019
Economía y política en el debate electoral
El gobierno privilegia en el debate político y electoral de este año los temas de seguridad antes que los relativos a la economía, especialmente ante el negativo impacto sobre la población de menores ingresos: la inflación y la recesión.
Hemos sostenido que el macrismo disputa consenso desde la política, principalmente contra el “populismo”, una categoría difusa que alude a los gobiernos kirchneristas; pero también a los procesos políticos regionales críticos a la orientación neoliberal, muy especialmente en estas horas sobre Venezuela.
No pueden defender el resultado económico, aun cuando sostienen que el rumbo político y económico es el adecuado. Incluso, tienen críticos por derecha, caso de los economistas “libertarios”, cruzados del liberalismo a ultranza, fanáticos del odio a todo proceso de distribución del ingreso o la riqueza, que pretenden acelerar el ajuste y la reaccionaria reestructuración del capitalismo local.
Por eso la critica a toda propuesta que contradiga, aun parcialmente el rumbo acordado entre el gobierno, el FMI y la oposición cómplice que disputa la gestión presidencial.
¿Cuál es el rumbo?
El de la regresiva reestructuración de la economía, la sociedad y la política. Es una lógica favorable a la ganancia y a las inversiones privadas; a la promoción del individualismo y la defensa de la propiedad privada y su seguridad jurídica; junto a una “modernización” de las relaciones políticas y del Estado que aleje toda forma de participación popular en la toma de decisiones.
Por eso sostienen la necesidad de avanzar en una reforma laboral y previsional, achicando el gasto estatal y de las grandes empresas, para flexibilizar las relaciones entre el capital y el trabajo, a favor de los propietarios de medios de producción.
Esperan modificar conquistas sociales producto de una larga historia de luchas reivindicativas a través de la historia y generar una nueva normalidad. Ese es el sentido de lo sostenido contra el “derecho a la energía”, oportunamente expresado por el ex Ministro Aranguren; o la deliberada acción des-financiadora de la salud o la educación públicas.
La privatización promovida desde 1975/76 e iniciada con fuerza en los 90 pretende ser completada en un nuevo turno bajo hegemonía de las derechas locales.
El saldo será una sociedad más desigual como forma de hacer frente al relanzamiento del orden capitalista con oportunidades para grandes inversores externos, en el camino de la soja y los hidrocarburos (Vaca Muerta). Es la oferta de Macri en los viajes al exterior realizados durante su gestión.
Aprovechan un clima mundial de ofensiva del capital, las derechas y las dominantes, en una estrategia que se despliega de los 70´ con las dictaduras del cono sur y luego en los 90´ ante la caída del socialismo en el este de Europa.
Son fenómenos que ahora se presentan bajo nuevas modalidades de crítica al aperturismo globalizador, bajo el liderazgo de Donald Trump y/o procesos como el Brexit o las nuevas derechas en expansión en todo el mundo.
Cuentan con el apoyo ideológico propagandístico del sentido común inducido desde la dominación mediática y cultural. Ello exige un accionar contracultural sustentado en argumentaciones y prácticas sociales de confrontación contra el orden capitalista, el patriarcalismo y toda forma de dominación y discriminación.
Pensar y actuar otros rumbos
Por eso, no solo se trata de contrarrestar el rumbo del gobierno Macri, sino de sembrar condiciones de posibilidad para habilitar otro debate en la sociedad, que contribuya a gestar nuevas subjetividades y programas que reviertan el rumbo del poder.
Requiere de mucha audacia en la definición del diagnostico de situación y en las propuestas de transformación unidas a una práctica social económica, productiva, que anticipe en el presente la sociedad esperada. No se trata de cambios individuales sucesivos, sino de multiplicar experiencias socioeconómicas y políticas de colectivos organizados para construir el orden alternativo.
Apunto a variados procesos, sea de nuevo sindicalismo u organizaciones populares, económicas, sociales, culturales, que anticipan el devenir esperado. Un ejemplo importante está siendo protagonizado por el movimiento de mujeres, que en diversidad están impulsando un cambio cultural de enorme magnitud desde el “ni una menos” y las luchas por el aborto seguro.
Claro que no se trata de idealizar, pero en esa búsqueda está lo mas importante de las experiencias de cambio político ocurridas en Nuestra América en este Siglo XXI y que hoy se condensan en el debate sobre Venezuela.
El debate sobre Venezuela es principalmente sobre el ¿Qué Hacer? en estos tiempos de ofensiva del capital contra el trabajo, la Naturaleza y la sociedad; de ofensiva de las derechas mundiales.
No es que no importe analizar los porque de los problemas que puedan existir en la tierra de Bolívar; pero si debemos enfatizar en que lo que le importa al poder es impugnar cualquier perspectiva anti capitalista, por lo que insisten en que el único rumbo posible es el capitalismo.
Ese es el discurso de Trump o Macri, de Piñera o Duque, más allá de comprensibles matices. El cerco de la derecha mundial se cierra sobre el proceso venezolano y convoca a un fuerte debate ideológico y político, no solo contra estas derechas, sino y muy especialmente con el conjunto de la sociedad, sometida a una campaña de desprestigio de cualquier intento transformador.
Resulta muy complejo ir contra el sentido común mayoritario, mas aun cuando los principales medios de comunicación propalan un mensaje critico a cualquier intento de ir contra la corriente hegemónica del orden capitalista .
En ese marco hay que pensar las elecciones de renovación presidencial de octubre próximo en Argentina y colocar un límite a la continuidad del proyecto en curso, ejecutado por el gobierno o de los cómplices políticos en los gobiernos provinciales, el poder legislativo o incluso en organizaciones del movimiento sindical y social.
Por eso insistimos también en que hace falta polemizar con los discursos críticos de la hegemonía actual para pensar en conjunto como revertir el proceso que explicita el acuerdo con el FMI. De ese modo iniciar un rumbo alternativo, de contenido y forma plural, que necesariamente confronte con el orden del capital, al tiempo que proponga otra economía para otra política y sociedad sin dominados ni dominadores.
Se trata de desafíos que trascienden el debate nacional y convergen en otros similares en la región y en el mundo.
Julio C. Gambina
Hemos sostenido que el macrismo disputa consenso desde la política, principalmente contra el “populismo”, una categoría difusa que alude a los gobiernos kirchneristas; pero también a los procesos políticos regionales críticos a la orientación neoliberal, muy especialmente en estas horas sobre Venezuela.
No pueden defender el resultado económico, aun cuando sostienen que el rumbo político y económico es el adecuado. Incluso, tienen críticos por derecha, caso de los economistas “libertarios”, cruzados del liberalismo a ultranza, fanáticos del odio a todo proceso de distribución del ingreso o la riqueza, que pretenden acelerar el ajuste y la reaccionaria reestructuración del capitalismo local.
Por eso la critica a toda propuesta que contradiga, aun parcialmente el rumbo acordado entre el gobierno, el FMI y la oposición cómplice que disputa la gestión presidencial.
¿Cuál es el rumbo?
El de la regresiva reestructuración de la economía, la sociedad y la política. Es una lógica favorable a la ganancia y a las inversiones privadas; a la promoción del individualismo y la defensa de la propiedad privada y su seguridad jurídica; junto a una “modernización” de las relaciones políticas y del Estado que aleje toda forma de participación popular en la toma de decisiones.
Por eso sostienen la necesidad de avanzar en una reforma laboral y previsional, achicando el gasto estatal y de las grandes empresas, para flexibilizar las relaciones entre el capital y el trabajo, a favor de los propietarios de medios de producción.
Esperan modificar conquistas sociales producto de una larga historia de luchas reivindicativas a través de la historia y generar una nueva normalidad. Ese es el sentido de lo sostenido contra el “derecho a la energía”, oportunamente expresado por el ex Ministro Aranguren; o la deliberada acción des-financiadora de la salud o la educación públicas.
La privatización promovida desde 1975/76 e iniciada con fuerza en los 90 pretende ser completada en un nuevo turno bajo hegemonía de las derechas locales.
El saldo será una sociedad más desigual como forma de hacer frente al relanzamiento del orden capitalista con oportunidades para grandes inversores externos, en el camino de la soja y los hidrocarburos (Vaca Muerta). Es la oferta de Macri en los viajes al exterior realizados durante su gestión.
Aprovechan un clima mundial de ofensiva del capital, las derechas y las dominantes, en una estrategia que se despliega de los 70´ con las dictaduras del cono sur y luego en los 90´ ante la caída del socialismo en el este de Europa.
Son fenómenos que ahora se presentan bajo nuevas modalidades de crítica al aperturismo globalizador, bajo el liderazgo de Donald Trump y/o procesos como el Brexit o las nuevas derechas en expansión en todo el mundo.
Cuentan con el apoyo ideológico propagandístico del sentido común inducido desde la dominación mediática y cultural. Ello exige un accionar contracultural sustentado en argumentaciones y prácticas sociales de confrontación contra el orden capitalista, el patriarcalismo y toda forma de dominación y discriminación.
Pensar y actuar otros rumbos
Por eso, no solo se trata de contrarrestar el rumbo del gobierno Macri, sino de sembrar condiciones de posibilidad para habilitar otro debate en la sociedad, que contribuya a gestar nuevas subjetividades y programas que reviertan el rumbo del poder.
Requiere de mucha audacia en la definición del diagnostico de situación y en las propuestas de transformación unidas a una práctica social económica, productiva, que anticipe en el presente la sociedad esperada. No se trata de cambios individuales sucesivos, sino de multiplicar experiencias socioeconómicas y políticas de colectivos organizados para construir el orden alternativo.
Apunto a variados procesos, sea de nuevo sindicalismo u organizaciones populares, económicas, sociales, culturales, que anticipan el devenir esperado. Un ejemplo importante está siendo protagonizado por el movimiento de mujeres, que en diversidad están impulsando un cambio cultural de enorme magnitud desde el “ni una menos” y las luchas por el aborto seguro.
Claro que no se trata de idealizar, pero en esa búsqueda está lo mas importante de las experiencias de cambio político ocurridas en Nuestra América en este Siglo XXI y que hoy se condensan en el debate sobre Venezuela.
El debate sobre Venezuela es principalmente sobre el ¿Qué Hacer? en estos tiempos de ofensiva del capital contra el trabajo, la Naturaleza y la sociedad; de ofensiva de las derechas mundiales.
No es que no importe analizar los porque de los problemas que puedan existir en la tierra de Bolívar; pero si debemos enfatizar en que lo que le importa al poder es impugnar cualquier perspectiva anti capitalista, por lo que insisten en que el único rumbo posible es el capitalismo.
Ese es el discurso de Trump o Macri, de Piñera o Duque, más allá de comprensibles matices. El cerco de la derecha mundial se cierra sobre el proceso venezolano y convoca a un fuerte debate ideológico y político, no solo contra estas derechas, sino y muy especialmente con el conjunto de la sociedad, sometida a una campaña de desprestigio de cualquier intento transformador.
Resulta muy complejo ir contra el sentido común mayoritario, mas aun cuando los principales medios de comunicación propalan un mensaje critico a cualquier intento de ir contra la corriente hegemónica del orden capitalista .
En ese marco hay que pensar las elecciones de renovación presidencial de octubre próximo en Argentina y colocar un límite a la continuidad del proyecto en curso, ejecutado por el gobierno o de los cómplices políticos en los gobiernos provinciales, el poder legislativo o incluso en organizaciones del movimiento sindical y social.
Por eso insistimos también en que hace falta polemizar con los discursos críticos de la hegemonía actual para pensar en conjunto como revertir el proceso que explicita el acuerdo con el FMI. De ese modo iniciar un rumbo alternativo, de contenido y forma plural, que necesariamente confronte con el orden del capital, al tiempo que proponga otra economía para otra política y sociedad sin dominados ni dominadores.
Se trata de desafíos que trascienden el debate nacional y convergen en otros similares en la región y en el mundo.
Julio C. Gambina
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