Sostuvo que era una cuestión de la Justicia Militar: El ex juez Córdoba dijo que no era su responsabilidad investigar la Masacre
El ex magistrado declaró este miércoles ante el Juez Federal de Resistencia, Carlos Skidelsky. Negó haber encubierto hechos de tormentos y torturas y señaló que incluso recibió amenazas durante los años de plomo.
Acusado de encubrir delitos de lesa humanidad durante la dictadura en el Chaco, el ex magistrado, Luis Ángel Córdoba, declaró este miércoles ante el Juez Federal de Resistencia, Carlos Skidelsky. Aseguró que si bien recibió una denuncia informal sobre un fusilamiento clandestino perpetrado en cercanías de Margarita Belén, en diciembre de 1976, desestimó investigarlas por considerar que dichas actuaciones le corresponderían a la Justicia Militar. Negó haber encubierto hechos de tormentos y torturas y señaló que incluso recibió amenazas durante los años de plomo.
Córdoba inició su relato negando cualquier tipo de vinculación con una asociación ilícita dedicada a torturar, asesinar y desaparecer personas durante los años 1975 y 1980. Como era previsible, dijo que incluso desconoce a la treintena de civiles, militares y policías que están requeridos por el Ministerio Público Fiscal por integrar dicha organización criminal. Sólo dijo conocer a la cúpula de la Justicia Federal que actuó en ese momento, integrada por Roberto Mazzoni (hoy preso), Carlos Flores Leyes (muerto impune) y Domingo Rezka (también fallecido sin condena).
En el marco de la Causa Caballero Residual, el ex juez realizó un descargo general de su actuación como juez en aquella época, pero también se encargó de responder preguntas de los fiscales Patricio Sabadini, (fiscal Federal) y Diego Vigay, (fiscal ad hoc de Derechos Humanos). Se refirió a las visitas que efectuó en los lugares de detención de presos políticos, que tenía a su cargo gracias la ley 20840 “contra la subversión”.
Dijo que solamente visitó una sola vez la Brigada de Investigaciones, (considerada como el mayor centro de detención de Chaco) que pudo haber sido entre 1977 o 78 aunque reconoció que no sabía que había detenidos a su disposición en esa delegación entre 1976 y 1977.
Indagatorias
También declaró, que todas las indagatorias que se tomaron en el juzgado, se hacían con abogados defensores, pero no recordó haber tenido a su disposición a mujeres embarazadas. Sin embargo, Córdoba a medida que iba comentando sobre su desempeño, también entraba en algunas contradicciones: por ejemplo, con respecto a la Masacre de Margarita Belén, informó que una de las víctimas, Carlos Sala, estaba a su disposición en el juzgado, aunque se enteró recién un tiempo después de los fusilamientos.
A esto, le agregó que como juez no tenía que investigar el hecho que terminó con más de 20 presos políticos muertos, sino que le correspondía a la justicia militar, porque se había informado que una fuerza “irregular”, había atacado a una fuerza regular y esto ya no era de su competencia.
Acá, el exjuez tuvo una contradicción debido a que si bien dijo que nunca hubo una denuncia por la masacre, reconoció al mismo tiempo que Mirta Clara, viuda de Néstor Sala, le planteó en una oportunidad que investigue la muerte de su esposo, siendo éste uno de los indicios que tuvo para iniciar una denuncia acerca los acontecimientos del 13 de diciembre de 1976, pero no lo hizo.
Reconoció también que el padre de otra de las victimas, Fernando Yedro presentó un habeas corpus sobre la detención de su hijo, pero que luego pidió que quede sin efecto, porque los militares le habían cambiado la identidad para resguardar su vida, pues en teoría reveló que un grupo de presos se iba a intentar una fuga. Es decir, acá también tuvo una denuncia pero no la tomó.
Según Córdoba, ese hábeas corpus promovido por Yedro le permitió realizar algunas averiguaciones. Siempre de acuerdo a su relato, en ese momento solicitó informes al Jefe de Brigada, de Infantería de Corrientes y otros organismos donde logró que le dieran información sobre quienes integraron el convoy que participó de la Masacre de Margarita Belén. Junto a esa comunicación, dijo haber recibido una llamada telefónica amenazante donde ironizaban sobre la posibilidad de tirarlo al Río Paraná.
Insuficiente
En su informe sobre su desempeño laboral, indicó que solamente tomaba denuncias formales realizadas por los detenidos que padecían tormentos por parte de sus captores, por lo que desestimaba si la víctima relataba que había sido torturada por considerarla insuficiente. No obstante, se supo que con la legislación vigente en dicha época tenía la obligación de actuar de oficio ante estos casos.
Cabe recordar que está acusado de: encubrimiento por infracción de deber de denunciar delitos (art. 277 Código Penal), dieciocho hechos en concurso real en calidad de autor: omisión de hacer cesar una detención ilegal (143 inc. 6 CP), ocho hechos en concurso real: omisión de promover la persecución y represión de delincuentes (274 CP), dieciocho hechos en concurso real (nueve hechos de omisión de investigar tormentos, nueve hechos de omisión de investigar privación ilegítima de la libertad en calidad de autor. Además de, incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 CP), nueve hechos en concurso real en calidad de autor y de Prevaricato (269 CP), dos hechos en concurso real.
Por otro lado, llamó la atención que en su defensa, haya dicho que llevó adelante la investigación de una causa importante en 1982 sobre la desaparición de una persona cuando era juez federal de San Martín, de nombre Alfredo Giorgi. Según expresó, él reabrió dicha causa de esta persona que había desaparecido en 1976.
Juicios Chaco
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