Se suceden vertiginosamente los debates, a cual más apasionado, sobre temas como la soberanía sobre Malvinas, la defensa del petróleo argentino y el derecho de las mujeres al aborto.
La causa argentina sobre Malvinas sigue progresando, en la consideración interna y en el ámbito latinoamericano. La novedad fue que el viaje de Cristina Fernández de Kirchner a Santiago de Chile colectó el apoyo de Sebastián Piñera.
El derechoso mandatario tiene a los estudiantes otra vez en las calles reclamando una educación pública, y a los pueblos patagónicos tomando puentes en Aysén. En esos aspectos lo de Piñera es cuestionable. Sin embargo, al tomar posición del lado argentino en los derechos en el archipiélago, Piñera mostró una diferencia sustancial con Augusto Pinochet que fue el mejor aliado británico en 1982. Lo suyo fue más meritorio aún porque unos días antes había desembarcado en Chile el secretario de Estado británico, Jeremy Browne.
No fue el único avance regional. La postura del ecuatoriano Rafael Correa es por ahora esquiva a la VI Cumbre de las Américas en Cartagena. La exclusión que se ha tramado contra la participación de Cuba, entre Colombia y Washington, es la primera razón de esa eventual ausencia. La segunda es que en Cartagena no se exigirá la devolución de Malvinas a Argentina, debido a la presencia del socio mayor de Londres, la administración Obama.
La demanda argentina sigue chocando con la intransigencia británica, que busca el apoyo norteamericano. El premier David Cameron estuvo estos días con Barack Obama y recabó su apoyo para que las cosas sigan con la posesión inglesa de las islas como “territorios de ultramar”.
Frente a esa cerrazón londinense, al gobierno argentino no le ha quedado más remedio que ir adoptando medidas que implican sanciones contra las empresas inglesas que operan en el Atlántico Sur. Héctor Timerman y la Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, hicieron una conferencia de prensa para dar cuenta de esa iniciativa oficial. Anunciaron medidas administrativas y judiciales contra las cinco empresas británicas que están explorando crudo en el mar alrededor de las islas. Los bancos, consultoras y otras compañías implicadas en esa red que está explotando los recursos petroleros de nuestro país redondean casi un centenar, varias de las cuales tienen actividad en la Argentina continental.
Entre la Procuración, la Secretaría de Energía, AFIP y la Procuración de la Nación harán el seguimiento de las infracciones cometidas por esas empresas y promoverán las sanciones correspondientes. La respuesta del Foreing Office fue de pasmoso cinismo, al replicar que la actividad petrolera es lícita. Claro, si fuera en su territorio y se tratara de recursos propios. En Malvinas, a 14.000 km del Reino Unido, depredar la pesca y el petróleo de nuestro país supone un grave delito, como sostuvo Timerman. En una primera etapa de la campaña, Buenos Aires condenó la militarización en Malvinas; ahora la depredación petrolera.
Recuperar el petróleo
El gobierno reclamó por el saqueo del crudo explorado por Rockhopper y las otras cuatro firmas, pero hay una contradicción con la política petrolera en Argentina continental. Hasta enero pasado se mantuvo excelentes relaciones con Repsol, con la hegemonía total de capitales españoles y luego con un 25 por ciento del paquete en manos de la familia Ezkenazi, en ese tiempo ultrakirchnerista.
Algo se rompió en esa alianza, cuando la jefa de Estado reprochó que en 2011 el país debió importar combustibles por 9.300 millones de dólares más que los del año anterior. Fue una crítica abierta al comportamiento de la firma presidida por Antonio Brufau. Ese enfrentamiento nacional fue recorriendo las diez provincias que reflotaron la Organización Federal de Provincias productoras de Hidrocarburos (Ofephi).
Primero la Secretaría de Energía y el Ministerio de Planificación intimaron a Repsol a aumentar el 15 por ciento la producción so pena de revertirle áreas concesionadas. Brufau y sus muchachos hicieron una reunión en Puerto Madero y no dejaron entrar a los representantes del gobierno y tampoco aumentaron la producción de crudo y la refinación de naftas. El Estado multó pero la firma recurrió la sanción.
La confrontación pegó un salto cuando Chubut y Santa Cruz resolvieron cesar a Repsol dos áreas en cada provincia. Esta saludable reacción supuso un punto de inflexión en la línea de las privatizaciones. Y fue refrendada con un acto en un puesto fronterizo entre las dos provincias, con participación de miles de trabajadores.
Martín Buzzi, titular del Ejecutivo chubutense, dijo que las acciones de Repsol bajaban en la cotización de la Bolsa porque subían la de los pueblos patagónicos. Su colega Peralta arengó en el acto diciendo a la presidenta que podía contar con esos dos pueblos para avanzar en la recuperación petrolera.
Esa recuperación de áreas concesionadas donde no existió inversión ni mayor producción, se contagió a Neuquén y Mendoza, que esbozó un decreto similar al chubutense y el santacruceño. La Pampa también pidió a los privados el incremento del 15 por ciento no cumplido en los otros distritos.
Este giro político es positivo, al margen de la intencionalidad política de los dos gobernadores. Buzzi estuvo hasta su cuestionada victoria en los comicios provinciales bajo el ala de Mario Das Neves y Eduardo Duhalde. Ahora se ha desmarcado de esa tutela y su renovada gestión petrolera amerita abrirle un crédito acotado.
Tampoco es cuestión de agrandar el mérito de ese giro. Las dos áreas a recuperar por Santa Cruz en 90 días importan el 0,7 por ciento de lo que extraen los españoles a nivel nacional; las dos de Chubut el 6,9 por ciento. Amén de ese límite cuantitativo está el cualitativo: en vez de reestatizar esas cuatro áreas, la idea de Buzzi es volver a privatizar, quizás para Panamerican.
Bien la Corte
La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que interpretó el artículo 86, inciso 2 del Código Penal, relativo al aborto no punible de mujer violada, demente.
Tomando intervención en un caso de menor de 15 años violada en Chubut en 2010, y que pudo interrumpir el embarazo, la CSJN falló que ese aborto era no punible. Y que la misma calidad revestirán, de aquí en más, los embarazos producidos por violaciones en cualquier mujer, demente o incapaz, o normal. Una declaración jurada de la mujer grávida por una violación será suficiente para que el médico del hospital público o privado proceda a interrumpir ese embarazo, sin judicializar el caso, ni derivar o supeditar esa operación a lo que diga la justicia.
Como se sabe, cuando ocurren esas judicializaciones, entran a tallar intereses ajenos al caso y la familia, como ser la cúpula de la Iglesia, grupos de abogados católicos que se atribuyen la exclusividad de la interpretación de la ley y la moral, los medios de comunicación monopólicos, etc.
En el caso chubutense, la menor se hizo el aborto en su momento, con el acompañamiento de su madre, de organizaciones de mujeres y con apoyo de una parte de la justicia provincial (otra jugó abiertamente a favor de que ese embarazo siguiera a término).
En otros casos, como el de la menor violada y embarazada de 11 años en Entre Ríos, el aparato mencionado de los puntos de vista fundamentalistas de la Iglesia católica, más el gobierno local y su ministro de Salud Hugo Cettour, terminaron ejerciendo una presión que cambió la decisión familiar de deseaba interrumpir el embarazo.
En estos días se conoció el caso de otra menor, de 10 años, violada y embarazada en Corrientes, con lo que se acrecienta el debate sobre si este es o no un derecho de las mujeres (y de las niñas, como se ve en estos casos).
De allí que el fallo de la Corte haya llegado en un momento justo. Una declaración jurada de la mujer violada permitirá el aborto, sin supeditarse a lo que diga o no la justicia, los medios y la Iglesia.
Por supuesto, esto no significa lisa y llanamente una legalización del aborto sino precisar esos casos extremos que datan de 1921 y que en 2012 siguen chocando con la oposición de los puntos de vista más reaccionarios.
Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte, defendió el fallo unánime del alto tribunal (aunque dos de los miembros votaron con sus propios argumentos), aunque aclarando lo obvio, de que esa resolución no significa la legalización del aborto.
Aún con esos límites, la importancia de lo comunicado por Lorenzetti en la semana fue extraordinaria. Por supuesto, la oposición del cardenal Arancedo, del obispo Aguer y del resto del Episcopado, va a seguir más furiosa que antes. Tratando de nadar a dos aguas, el ministro de Justicia, Julio Alak, aclaró que “el aborto no está en la agenda del gobierno”. Debió ser más claro y decir que no lo está por la decisión antiabortista de la presidenta.
En ese marco, el fallo de la Corte es un hecho histórico. Pero no agota el debate, porque la justicia está en el lado correcto, en este caso, pero si la política no aporta la mayoría en la sociedad y el parlamento, el oscurantismo no dejará de poner palos en la rueda. Centenares de mujeres, en su mayoría pobres, seguirían muriendo por abortos clandestinos y mal hechos. La Corte ayudó a que eso no pase y así defendió la vida.
Emilio Marin
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