Crisis petrolera

Los gritos de la tribuna y los susurros de vestuario

Mientras los choques verbales entre el gobierno y Repsol subían de tono, el vocero oficial Verbitsky salió a poner paños fríos: “La Presidenta preferiría que YPF hiciera las inversiones que no ha hecho hasta ahora” (Página/12, 18/3). O sea que los cruces entre el gobierno y la petrolera transitan dentro del marco jurídico y económico establecido. Hay quienes sostienen que la reversión de áreas favorece al monopolio, porque se trata de yacimientos agotados. Argentina importará entre 10.000 y 12.000 millones de dólares en energéticos, una cifra que supera el superávit comercial. En la escalada contra Repsol YPF, el gobierno actúa bajo la presión de un descalabro económico. Lo mismo Repsol, que quiere que se reponga la ruta del aumento progresivo del precio de las naftas.

Endoso a las provincias

Después de las presiones ejercidas por el rey de España, el gobierno le endosó a las provincias el fardo de subir los decibeles con Repsol. El ministro de industria de España “valoró en forma positiva que no haya sido el gobierno (nacional) el que haya quitado las licencias, y que el tema se maneje a nivel provincial” (Ambito Financiero, 16/3). Hasta ahora, las rescisiones sólo afectaron al 7 por ciento de las concesiones de Repsol, y se relacionan con pozos exhaustos o con muy baja producción. Jorge Sapag reclama “precios justos”, en consonancia con la petrolera, para la extracción de petróleo en su provincia (La Mañana de Neuquén, 18/3). Las limitaciones sociales y políticas de los gobernadores petroleros para poner en caja a YPF están a la vista.

“Interés público” o nacionalización

Por lo pronto, la primera consecuencia de las estocadas aisladas contra Repsol será una “profundización de la caída en la producción y las reservas” y “la sobreexplotación de las áreas en operación”, según señala el Instituto Mosconi. O sea que los escarceos con Repsol agravarán la crisis. De cara a esa realidad, los funcionarios camporistas estudian la posibilidad de una declaración de “utilidad pública” de los hidrocarburos. Pero los Estados no tienen los recursos para invertir.
Otra alternativa es retomar el control público de las concesiones petroleras y remplazar la concesión por contratos de obras y servicios. Se compara esto con lo realizado en Bolivia, pero Evo Morales, en 2006, puso en pie un régimen de “producción compartida”, donde los pulpos se quedan con el 50% de los beneficios. Andrés Soliz Rada, ex ministro boliviano de Hidrocarburos, denunció que esa modalidad le permitió a Petrobras y a otros pulpos “anotar nuevamente en Bolsa las reservas de Bolivia” (revista Pueblos, 25/10/11), que es el principal beneficio de un régimen de concesión. La “producción compartida” condenó a su población a la penuria energética y a los ‘gasolinazos’.
En oposición a la política oficial, defendemos una nacionalización sin resarcimiento a los vaciadores de las reservas, y bajo control de los trabajadores.

Marcelo Ramal