Senadores sancionaron la Ley Antiterrorista

Hoy, pasada la medianoche, la Cámara Alta sancionó el proyecto de Ley Antiterrorista, que el 15 de diciembre contó con media sanción de Diputados. El tratamiento de esta ley fue enviado por el Poder Ejecutivo el 14 de octubre y, el 10 de diciembre, día de la asunción del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta pidió en su discurso que se incluyera en sesiones extraordinarias. A pesar del repudio de organismos de Derechos Humanos, así como de un amplio marco de organizaciones sociales, gremiales, territoriales, ambientalistas y otras, se aprobó una ley de la cual el gobierno está dando dos señales: “Una es a los luchadores sociales. Les está diciendo que se va a potenciar la criminalización de la protesta social; le está diciendo a los jueces que hay excepciones para ejercer un derecho constitucional. El otro mensaje es para asegurar los capitales de las transnacionales”, afirmó Soledad Sede, integrante de la Red de Asistencia Jurídica contra la megaminería.

Por ANRed - L (redaccion@anred.org)

Luego de la media sanción en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores -por 39 votos afirmativos y 22 negativos- sancionó hoy, pasada la medianoche, la Ley Antiterrorista.
El 14 de octubre del corriente año, Cristina Fernández de Kirchner envió el proyecto al Congreso de la Nación. En el día de asunción de su segundo mandato -10 de diciembre- la Presidenta pidió su tratamiento y por Decreto 2021/2011 llamó a Sesiones Extraordinarias, incluyendo la Ley Antiterrorista en el temario.
Este proyecto -enérgicamente rechazado por organismos de Derechos Humanos, así como por organizaciones sociales, gremiales, territoriales, ambientalistas y otras- responde a un requerimiento del Departamento de Estado de Estados Unidos: a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se exigió que para considerar a la Argentina como un país seguro de inversiones externas se debía aprobar un paquete de leyes. Cabe destacar que nuestro país no es una excepción, sino que la sanción y reforma de leyes antiterroristas se está dando en el continente.
Desde la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo -CADEP- se señaló, a través de un comunicado de prensa, que “el nuevo proyecto de ley enviado por la presidenta postula la derogación de la ley 26.268, pero al mismo tiempo requiere la aprobación de una legislación ‘antiterrorista’ cuyos alcances son mucho mayores y que permite la aplicación lisa y llana de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuos que cuestione y se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales, abriendo la puerta de una potestad represiva del Estado mucho mayor que la conocida hasta ahora desde el año 1983”.
Específicamente, se promueve la incorporación al Código Penal del art. 41 quinquies estableciendo que “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala.”
En este sentido:
se tipifica como terrorista cualquier delito que tenga como finalidad la de aterrorizar a la población; este requisito permite a jueces y fiscales aplicar el doble de las penas de los delitos de los que se acuse a los involucrados, en el marco de cualquier acción reivindicativa, movilización, huelga, ocupación de tierras, ocupación de la vía pública u otras acciones enmarcadas en la lucha social y política, si entendieran que esto “aterroriza a la población”
se coloca en la misma situación a acciones que impliquen la comisión de delitos (teniendo en cuenta que para el Estado cortar una ruta, ocupar el espacio público, ocupar una tierra, llevar adelante medidas de fuerza sindicales y reclamar por fuera del ámbito tolerable constituyen delito) y que tengan como objetivo exigir a las autoridades nacionales, gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales que hagan o se abstengan de hacer algo. En todos los casos se duplican los mínimos y los máximos de las escalas penales
permite sancionar como terrorista no sólo a las acciones de grupos organizados, sino también a acciones individuales o colectivas de personas que no sean el fruto de una organización puntual. Por ejemplo, si vecinos cortan una calle exigiendo la prestación de servicios mínimos que deben ser garantizados por el Estado podrían eventualmente ser encuadrados en esta nueva normativa.
Además, la ley agrega al Código Penal como art. 306 la figura de “financiación del terrorismo”, que castiga explícitamente el hecho de colaborar económicamente con cualquier organización o persona que haya cometido delitos a los que se califique de terroristas. “La consecuencia directa de esto” -marcan desde CADEP- “es que se puede criminalizar o perseguir cualquier campaña de solidaridad con cualquier preso político al que se le haya aplicado el agravante de terrorismo. Es más, la ley castiga inclusive el ‘financiamiento’ aún cuando se trate de personas acusadas de delitos de ‘terrorismo’ ocurridos fuera del país”.
Para CADEP, “No quedan dudas que esta ley será utilizada para limitar, restringir y penalizar a los integrantes de organizaciones obreras y populares y a los luchadores en general (...) Se trata de una legislación que desarrolla y legitima el poder de represión contra los que reclaman activamente”.

Conferencia de prensa contra la Ley Antiterrorista

Representantes de organismos de derechos humanos, sociales y políticos realizaron una conferencia de prensa el lunes 19 de diciembre para pronunciar su repudio contra la Ley Antiterrorismo impulsada por el Frente para la Victoria.
Las primeras en tomar la palabra fueron las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quienes abrieron afirmando que “esta ley es consecuencia de la línea popular, democrática de este gobierno que habla de derechos humanos pero en realidad, tiene miles de luchadores procesados y nosotras venimos de una historia donde hubo muertos, desaparecidos, perseguidos, excarcelados”. Y agregaron: “Esta ley me hace retroceder a muchos años atrás. Nosotros no queremos más presos por reclamar. No queremos más desaparecidos, como sucedió con López. No queremos más que los derechos humanos sean utilizados de esta manera. Queremos que el trabajador salga a la calle y reclame lo que tenga que reclamar. Esto no es un acto inmoral ni extorsivo, sólo están reclamando lo que les parece justo”.
Por su parte, Soledad Sede, integrante de la Red de Asistencia Jurídica contra la megaminería, expreso “hay que tener en cuenta dos puntos. Lo que el GAFI se propone como definición de ‘terrorismo’ es un ángel al lado de lo que el gobierno nacional está proponiendo en este proyecto de ley que es macabro. No solo es terrorista sino que es macabro”. Sede explicitó la situación que se dio en Famatina cuando asambleístas encontraron listas negras que la empresa minera Osisko Mining Corporation tenía con los nombres de más de 30 integrantes de la localidad donde se detallaban ocupaciones y accionar político, entre otros datos. A partir de esto vinculó el proyecto de Ley Antiterrorista con la situación entre trabajadores y asambleístas, con las grandes empresas de hidrocarburos y mineras: “El gobierno está dando una señal con este proyecto de ley y con esta definición de terrorismo. Le está dando una señal a dos sectores claves de la población. Una es a los luchadores sociales. A ellos les está diciendo que el año que viene se va a potenciar la criminalización de la protesta social, que este delito se efectúa si un trabajador o asambleísta ejerce su derecho constitucional; con esto le está diciendo a los jueces que hay excepciones para ejercer un derecho constitucional. El otro mensaje es para las transnacionales (...) esta ley antiterrorista es para asegurar los capitales de las transnacionales megamineras, hidrocarburíferas, que no quieren volver a dar marcha atrás con sus inversiones millonarias”.
La legisladora Patricia Walsh, de Izquierda Socialista, también expresó su opinión sobre el presente proyecto. Dijo en la conferencia, “No puede menos que dolernos ver que Remo Carlotto, el hijo de Estela de Carlotto, sea uno de los diputados nacionales del Frente para la Victoria que vote a favor de esta ley. Una de las leyes que se votó en este periodo de sesiones extraordinarias es la ley de leyes, el presupuesto nacional. Y en medio de todo eso, y ‘entre gallos y medianoches’, escondida como si fuera una ley sabandija, aparece esta Ley Antiterrorista”. Sobre el rol de los medios señalo que “si uno lee el diario Página 12, en donde se da el temario a tratarse en el Senado aparecen un montón de leyes y, sorpresa, la Ley Antiterrorista no figura. Lo que pasa es que un diario como Página 12 hoy decide silenciar que estamos en vísperas de que esta ley se convierta en ley de la nación”. Y agregó un breve repaso histórico sobre legislación antiterrorista en el país, “el tema de la legislación antiterrorista ya tiene historia, en el año 2005 voté en contra, no fui la única pero fuimos pocos, aunque una cantidad de bloques dieron cuenta de la gravedad de esto. En el 2007 volvió a suceder y allí ya directamente se toca el Código Penal. Ahora llegamos a una modificación del Código Penal que implica una realidad como la que ya estamos prefigurando”.
Por su parte, el Diputado Nacional Jorge Cardelli, de Movimiento Proyecto Sur enmarcó el proyecto de ley en una coyuntura latinoamericana. “En Perú, el presidente Humala ha descubierto que es mejor volver a la minería y ha mandado a reprimir a todas las asambleas que están confrontando con la empresa minera en el Valle de Catamarca, y lo hace con el mismo mecanismo de las leyes antiterrorista. En Chile la represión al pueblo Mapuche se realiza con leyes antiterroristas. Nosotros podemos esperar que todas las disputas fuertes que hay por la tierra en nuestro país, y por los recursos naturales, se van a profundizar. Este es un aspecto de la situación”. Cardelli fustigó al Diputado Rossi, del Frente para la Victoria por sus dichos: “En el discurso, Rossi nos dice que como este gobierno no ha reprimido la protesta social, esta ley no es problema porque ellos se van a portar bien. Ese es el argumento. Ahora, de lo que se olvida Rossi es que no hay ley sin jueces. Las leyes son el papel escrito más los jueces que las aplican, y en este país se sabe que los interpretadores, que son los jueces, tienen una particular tendencia a interpretar las cosas contra el pueblo. Entonces, además de la mostrada voluntad política del gobierno de reprimir la protestad social, tiene como socio una buena cantidad de jueces que se desesperan por interpretar las cosas contra el pueblo. Lo que dice Rossi no tiene absolutamente nada que ver con la realidad”. Cardelli cerró su intervención sumando nombres de diputados, con identificación más progresista, que votaron a favor de la Ley Antiterrorista, “quisiera agregar a lista que hizo Patricia Walsh que también Heller votó por la ley, Sabatella votó por la ley, Adriana Puiggros votó por la ley y Carlos Raimundi comete el segundo pecado, porque hubo un pecado anterior donde había votado la ley de flexibilidad laboral. Para esto había dicho que se había equivocado, que no se dio cuenta. Ahora comete el segundo pecado, capaz que en dos o tres años nos vuelve a decir que no se dio cuenta”.
Hugo Blasco, Secretario de DD.HH. de la CTA Nacional, fue uno de los que cerró la conferencia. “Lo que lleva adelante que este gobierno saque una ley absolutamente reaccionaria es algo así como generar una especie de marco legal que justifique el accionar represivo del gobierno dentro de la legalidad. Porque si tienen que reprimir vía el asesinato, como sucedió en el último año con alrededor de 15, 16 compañeros asesinados a manos de las patotas o de la policía, esto tiene que ser investigado y condenado, y de alguna manera, a través de una marco legal que les permita actuar con toda la violencia que necesitan, lo van a mostrar como algo virtuoso que los va cubrir de no tener que estar sosteniendo o apañando actos delictivos, por lo menos desde la formalidad de las normas, del derecho”. Blasco continuó trazando un posible paralelo, “esto se va a aplicar por cualquier protesta social en Argentina, como en su momento sucedió en El Salvador, cuando compañeros lucharon fueron juzgados con leyes antiterroristas de aquel momento, por tratar de impedir la privatización del agua”.
Para cerrar, el secretario de DD.HH. de la CTA apuntó: “si el Estado argentino, por una cuestión de seguridad de las inversiones extranjeras, tiene que seguir los lineamientos de un organismo como el GAFI, está bien, que lo haga; si los trabajadores no lavamos dinero, no tenemos dinero además. Seguramente son otros los que lavan dinero y están mucho más cercanos al gobierno nacional”.