¿Qué rol tuvieron las empresas durante la dictadura? Esa es la pregunta de la que partiremos, cuya respuesta, casi obvia, nos da la pauta de cuál es el camino a seguir en esta etapa de recuperación de la memoria.
La última dictadura militar que azotó a nuestro país tuvo por objeto la instauración del proceso de concentración y centralización económica que favoreció a determinados grupos e implicó la desaparición de puestos de trabajo y la pérdida de los derechos laborales adquiridos por medio de la lucha durante todo el siglo XX.
Luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, distintos grupos económicos llevaron a cabo un complejo plan de crecimiento y concentración, con absorción de pequeñas empresas y la consecuente monopolización de ramas o sectores.
Este proceso, que se manifestó a lo largo y ancho del país, implicó la destrucción de comisiones internas sindicales y cuerpos de delegados, y la desaparición física de militantes populares que luchaban dentro y fuera de las fábricas.
Un caso paradigmático es el de la empresa siderúrguca Acindar, no solo porque el ex ministro de economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz fue su presidente, sino también por la represión desatada contra sus trabajadores el 20 de marzo de 1975. En la madrugada de esa fecha, la policía federal, la policía provincial y un grupo de policía rural autodenominado “Los pumas”, desataron una cacería que terminó con más de 300 trabajadores y vecinos secuestrados. Esto fue un adelanto de lo que vendría un año después.
En otra muestra de complicidad, Acindar prestó parte de sus instalaciones para lo que terminaría siendo el primer centro clandestino de detención de la Argentina.
Otro caso resonante es el de la automotriz Mercedes Benz, la misma que colaboró con el régimen de Hitler. En nuestro país financió el golpe de Estado y proporcionó los medios logísticos y económicos para garantizar la represión. También formó parte de laoperación financiera de endeudamiento externo, con la que se enriqueció transfiriendo al pueblo argentino la odiosa deuda externa.
Quizá una de las muestras más claras de su complicidad, fue la donación de un aparato de neonatología, que los militares utilizarían con las detenidas cuyos hijos luego serían apropiados. De hecho, el gerente de la empresa, Juan Tasselkraut, tiene un hijo apropiado y el ex policía Raúl Lavallen, jefe de seguridad de la empresa, fue el apropiador de Paula Logares, la primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo.
Debemos mencionar que Mercedes Benz tendrá que afrontar un juicio civil en Estados Unidos, por delitos de lesa humanidad cometidos en Argentina. Éste fue iniciado por familiares de catorce trabajadores desaparecidos y tres sobrevivientes, quienes ya han anunciado que parte de la reparación económica estará destinada a construir un hospital en la localidad de González Catán, donde funcionó la planta.
Similar es el caso de la automotriz Ford, otra impulsora del golpe. No es mera coincidencia que los famosos “Falcon verdes”, que ella fabricaba, sean un ícono de aquellos años de plomo.
La Ford también estuvo a la orden de las persecuciones, los secuestros y las torturas. Más de 300 trabajadores fueron despedidos y se instaló un régimen de control policial al ingreso y en el interior de la planta, que sería un ensayo de la ocupación de la misma por parte del Ejército, que después del 24 de marzo del 1976 instalaría un centro clandestino de detención dentro de la propia fábrica, en el sector del quincho y del campo de deportes.
Otro dato importante es que, en todos los casos, estas empresas aceptaron la contratación de personal encubierto, con el objetivo de vigilar a los trabajadores y recibir informes de inteligencia sobre sus acciones.
Junto con Acindar, Mercedes Benz y la Ford se pueden mencionarseo muchos casos más, como los de La Cantábrica, Ledesma, Tensa, Astarsa o la apropiación de Papel Prensa por parte de los grupos Clarín, La Nación y La Razón.
La provincia de Mendoza no escapó a este flagelo, aquí también se registraron casos de complicidad empresarial con el terrorismo de Estado. De hecho, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) apoyó explícitamente el golpe, y exhortó a sus afiliados y a todo el empresariado mendocino en general a “…cumplir fielmente las disposiciones impartidas en los comunicados dados a conocer por la junta de comandantes de las fuerzas armadas, que han asumido todo los poderes de la Nación. En cumplimiento de sus funciones específicas es un deber ir acompañando de auténtico sentido y carácter patriótico, afirmando nuestra fe en el gobierno argentino, procediendo con real vocación de servicio..."
En el centenario diario Los Andes, los uniformados estuvieron presentes desde el mismo 24 de marzo. Entre sus trabajadores fueron detenidos Rafael Morán, Alberto Atienza, Antonio Di Benedetto (subdirector del diario) y Norma Sibila (redactora y esposa de Morán).
También se allanó el domicilio de Pedro Tránsito Lucero, jefe de redacción del diario El Andino, la versión vespertina de Los Andes, y detenido junto con su esposa, la abogadaDora Goldfar. Y antes de que se produjera el golpe, en noviembre del 75, ya había sido secuestrado Jorge Bonardell, redactor del diario.
Analizando el caso de Norma Sibila, con cierta lógica, se puede inferir la conducta cómplice del diario, pues Norma, durante los 5 días posteriores al golpe no se presentó a trabajar, a sabiendas de lo que podía ocurrirle. Sin embargo, la empresa la obligó a asistir mediante telegrama colacionado, bajo apercibimiento de despido. Por esta razón se hizo presente y de inmediato fue secuestrada. Los otros detenidos fueron despedidos “por ausencia injustificada” cuando era resabido lo que les había ocurrido.
También en las Industrias Metalúrgicas Pescarmona y en las fábricas de portland deMinetti y Corcemar, se acosó a los trabajadores mediante persecuciones y despidos. Incluso hay testimonios de víctimas que señalan que en los hornos de aquellas fábricas de cemento se habrían quemados algunos cadáveres de personas que, a la fecha, figuran como desaparecidos.
También la fábrica Modenfold, en la que trabajaban los ciudadanos chilenos Juan Humberto Hernández Zaspe y Manuel Jesús Amaya Martínez, quienes fueron secuestrados y aún siguen desaparecidos. Estaban en una "lista negra".
Y no sólo en el sector privado se manifestó esta situación, sino que también alcanzó al sector público, y ejemplo de ello es la empresa Giol, en la que se tomaron medidas drásticas, y en octubre de 1976 fueron asesinados los dirigentes obreros García y Brizuela.
Lo expuesto no es más que una muestra contundente de que existió un patrón común de funcionamiento que se repitió con características similares en los grandes establecimientos fabriles: la colaboración con las fuerzas represivas mediante la provisión de vehículos, infraestructura, dinero y/o personal, el otorgamiento de libre acceso a las plantas y la confección de “listas negras”.
Los grandes intereses económicos sacaron provecho de la coyuntura de la época, sin importar los medios, convirtiéndose en colaboradores del Estado ante una sistemática violación de los derechos humanos.
Hoy las instancias en el país están cambiando; se ha logrado la condena de muchos de los militares responsables de la represión de aquellos años, pero debemos seguir avanzando y lograr que la justicia determine las responsabilidades de quienes fueron cómplices civiles de la dictadura militar.En ese sentido, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre convocó a un Encuentro sobre Empresas y Terrorismo de Estado del Cono Sur. Se realizará el próximo 24 de marzo en una gran jornada por el juicio y castigo al poder económico y contra la continuidad del neoliberalismo en la región.
Reparar el daño hecho a toda la sociedad es comenzar a vislumbrar nuevas esperanzas.
- Évelin Torre desde Mendoza, Argentina
http://casapueblos-difundiendo-lo-silenciado.blogspot.com/2011/12/lo-civil-de-la-dictadura-militar.html
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