La "renuncia voluntaria" es cuento

El tarifazo viene acompañado de un impuestazo. "Hay un efecto adicional y es que aumentará el monto sobre el cual se calcula la carga tributaria, según advierte un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf)" (La Nación, 29/11). La adición equivaldrá como mínimo al 21% del subsidio eliminado (ésa es la alícuota del IVA)... "El gobierno nacional dejará de girar fondos para subsidios y, al mismo tiempo, recaudará más por el impuesto al valor agregado (IVA)" (ídem). El nuevo mandato de Cristina debuta con una recarga impositiva que acentúa aún más la regresividad del régimen vigente.
No es moco de pavo. "Por cada 100 pesos que se eliminen de subsidio, hay que sumar 28 pesos por los tributos nacionales o de otro nivel" (ídem). Cuando se habla de "otro nivel", se hace referencia a los tributos provinciales y municipales, los que van enganchados a los servicios en la misma factura.

Renuncias compulsivas

Los requisitos dados a conocer por el gobierno para mantener el subsidio confirman que sólo podría acceder una ínfima minoría. Si nos atenemos a las condiciones que se publicaron, sólo quedarían exceptuados los indigentes. Un jubilado que cobrara una suma superior a la mínima, debería pagar la tarifa plena. Mientras el gobierno bate el parche sobre las "renuncias voluntarias", lo cierto es que vamos a una renuncia compulsiva de la gran mayoría de los hogares argentinos -o sea, de los trabajadores y de la clase media. Si el usuario cree que "sus ingresos son insuficientes para afrontar el pago de las tarifas plenas" (una de las alternativas que incluye el formulario), será sometido "a un cruce de datos con el Afip y la Anses y su caso quedará en manos de los funcionarios encargados de aprobar la quita o extensión de los subsidios" (ídem).

¿A dónde va a parar la quita de subsidios?

La perlita la puso De Vido cuando dijo que "en esta nueva etapa, iremos orientando los subsidios a los sectores que lo necesiten, como es el sector de la construcción" -o sea a favor de la patria contratista, a la que están asociados los principales grupos corporativos (amigos y no tan amigos del gobierno), con sus Skanska y Schoklender.
En lugar de una "renuncia voluntaria", estamos ante una imposición.

Pablo Heller