El Caso Ingalinella. El 1er desaparecido [1955]

Mal que les pese a cualquier gobierno peronista, el primer detenido desaparecido fue un medico rosarino comunista, el cual no cobrara las consultas y donaba mucho mas que tiempo.

Juan Ingalinella

Nacimiento: 1911 Rosario, Provincia de Santa Fe Argentina
Fallecimiento: junio de 1955 Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina
Ocupación: Médico y político

Juan Ingallinela, fue un médico y político militante en el Partido Comunista que fue detenido por la policía el 17 de junio de 1955 y murió al ser torturado sin que nunca apareciera su cuerpo, en un hecho que tuvo basta repercusión conocido como El caso Ingallinela. A raíz de la investigación realizada se condenó a quienes fueron autores materiales del hecho, pero el cuerpo nunca fue hallado, por lo que algunos[1] lo consideran el primer desaparecido de la historia argentina.[2] [3]

Biografía

Juan Ingallinella, nació en 1911 y era hijo de inmigrantes sicilianos. Estudió medicina y tenía su consultorio en la misma casa donde vivía, en la calle Saavedra 667, del barrio Tablada de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Se casó con Rosa Trumper, que era maestra, con quien tuvo una hija.
Hay testimonios recogidos en la prensa de Rosario que cuentan que a los pacientes sin recursos los atendía gratuitamente y les suministraba muestras de medicamentos gratis cuando no tenían dinero para comprarlas. Incluso, les regalaba ropa y zapatillas. También atendía ad honorem en el Hospital de Niños de Rosario.
Ingallinela era un conocido militante comunista en cuyo consultorio tenía un cuadro con la foto de Lenin. Cuando a principios de 1944, la policía rosarina detuvo y torturó a tres comunistas e Ingallinella, que manejaba una pequeña imprenta clandestina, denunció el hecho en un volante y señaló como responsables a los oficiales Félix Monzón, jefe de la sección Orden Social y Político, Santos Barrera, subjefe de la misma sección y Francisco Lozón, jefe de la sección Leyes Especiales y Santos Barrera.
Si bien posteriormente el Partido Comunista fue reconocido como organización legal y participaba en las elecciones, sus militantes eran objeto de persecución policial y fue así que acumuló 20 procesos por desacato y resistencia a la autoridad y estuvo detenido varias veces en la Jefatura de Policía en Rosario.

Su desaparición

El 16 de junio de 1955 se produjo en la Argentina una rebelión con la finalidad de derrocar al presidente Juan Domingo Perón, en cuyo curso sin aviso previo alguno, aviones de la Marina bombardearon la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, en una acción sin precedentes en la historia argentina, ocasionando al menos 300 muertos y más de 2000 heridos. Ingallinella, que en esa fecha era apoderado del Partido Comunista en Rosario, redactó e hizo circular de inmediato un volante de condena a lo ocurrido.
El mismo día 16 la policía rosarina comenzó a detener dirigentes opositores y al día siguiente una comisión policial concurrió al domicilio de Ingallinela, quien había desechado la oportunidad de ocultarse, y lo condujo a la División Investigaciones de la Jefatura de Policía junto con unas sesenta personas entre las cuales estaban los abogados Guillermo Kehoe y Alberto Jaime.
Los detenidos fueron retornando a sus hogares pero no Ingallinela. Ante las gestiones de su esposa y de sus camaradas la Policía aseguró que había salido por sus propios medios de la Jefatura.

Las movilizaciones

De inmediato hubo movilizaciones de profesionales y estudiantes, y se formó una Comisión Universitaria para presionar por la investigación; el 13 de julio los trabajadores judiciales hicieron una huelga y el 2 de agosto la Confederación Médica de la República Argentina dispuso un paro nacional de actividades. El 20 de julio de 1955 el interventor federal de la provincia, Ricardo Anzorena, que hasta entonces había negado la veracidad de la denuncia ordena la detención del jefe y del Subjefe de investigaciones y de otros policías así como el reemplazo del jefe de policía de Rosario, Emilio Vicente Gazcón, por Eduardo Legarreta y exoneró a los policías involucrados. El 27 de julio el ministro de gobierno de Santa Fe da un comunicado reconociendo que el Dr. Ingallinela
"habría fallecido a consecuencia de un síncope cardíaco durante el interrogatorio en que era violentado por empleados de la Sección Orden Social y Leyes Especiales".[4]

La investigación judicial

La legislación entonces vigente había establecido el fuero policial, esto es que el personal de esa fuerza no era juzgado penalmente por la justicia común sino por un tribunal especial, el Consejo de Justicia Policial, el cual inicialmente trató de tomar el caso. Como el juez de instrucción Carlos Rovere también sostuvo la competencia, debió resolver el conflicto la Corte Suprema de Justicia de la provincia, la cual el 3 de agosto de 1955 se inclinó el juez argumentando que los policías habían perdido su estado policial por haber sido exonerados.
Con la investigación judicial se puso al descubierto la maniobra de encubrimiento que se había realizado, tal como la desaparición de numerosas fojas del libro donde se asentaban los ingresos y egresos de detenidos. Lo sucedido con Ingallilena se pudo reconstruir con el testimonio de otros detenidos, de lo que surgió que Lozón quería ubicae el mimeógrafo donde se habían impreso los volantes, para lo cual torturaron a varios detenidos, incluyendo a Ingallilena, con la picana eléctrica.
Tiempo después, uno de los acusados, el oficial Rogelio Luis Delfín Tixie, rompió el pacto de silencio y contó que Ingallinella había fallecido durante la tortura y que su cadáver había sido enterrado cerca de la estación de trenes de Ibarlucea y luego trasladado a otro punto, en un vehículo de la División Investigaciones. La Justicia comprobó que se habían arrancado las 41 primeras fojas del libro de guardia del 19 de junio de 1955 del puesto de la Policía Caminera de Pérez, para borrar las huellas del traslado. No obstante, se constató que el vehículo utilizado había regresado a Rosario a las 21 de aquel día. Y al hacerse excavaciones en la zona indicada por el policía, se halló una tela que habría correspondido al sobretodo del médico. Sin embargo, nunca se supo dónde fueron llevados los restos de la víctima.
Tixie también involucró al ex jefe de policía Emilio Gazcón, quien según dijo encomendó personalmente a Lozón los procedimientos y le ordenó aplicar torturas.


La sentencia

El 30 de mayo de 1961, el juez Juan Antonio Vitullo declaró que el hecho de no haberse encontrado el cadáver no era óbice para que con la abundante prueba rendida se tuviera por acreditada la existencia del homicidio. La defensa de los acusados había planteado que no podían suponer que la picana eléctrica fuera normalmente peligrosa dado que ninguna de las otras víctimas había sufrido consecuencias graves por lo que la muerte debía atribuirse a una condición anormal predisponente del doctor Ingallinella. En esta forma excluían el homicidio doloso y planteaban la hipótesis del homicilio culposo.
El Juez rechazó la hipótesis, afirmó que la muerte de Ingallinela pudo no haber sido planeada, pero estaba dentro de las posibilidades por el método de tortura y calificó el hecho de homicidio agravado. Lozón, Monzón, Tixie y Barrera fueron condenados a prisión perpetua, Serrano a dos años de prisión y el jefe de policía Gazcón al pago de una multa y la inhabilitación por un año. La defensa apeló y el 19 de diciembre de 1963 la sala II de la Cámara del Crimen de Rosario modificó la calificación a la de homicidio simple. Lozón fue condenado a veinte años de prisión como "promotor, autor material y responsable principal" de homicidio simple, privación ilegal de la libertad y apremios ilegales; Félix Monzón, Rogelio Luis Tixie, Fortunato Domingo Desimone, Arturo Lleonart y Santos Barrera a 15 años de prisión; Ricardo Rey y Héctor Andrés Godoy a 6 años, por encubrimiento, privación ilegal de la libertad y apremios ilegales; Francisco Rogelio Espíndola y Fernando Luis Serrano a dos años, por encubrimiento; Gilbert Silvestre Bermúdez -ex jefe de Investigaciones- y Emilio Gazcón fueron multados por violación de los deberes de funcionario público.[5] Por otra parte, la misma sentencia declaró que a esos crímenes no se aplicaba la amnistía para delitos políticos que había aprobado la ley 14.436 porque ella excluía de sus beneficios "los delitos atroces cometidos de manera inhumana, carente de relación atendible con el móvil político o gremial alegados".

La repercusión política

Después de los hechos del 16 de junio de 1955 el gobierno se había lanzado a una campaña de pacificación y tratado de tender puentes con la oposición. Dentro de ese marco se autorizó para que algunos dirigentes opositores pronunciaran discursos por radio, comenzando el 27 de julio por el líder radical Arturo Frondizi. El caso Ingallinela incidió negativamente en ese proceso. Dice el historiador Félix Luna al respecto:
“Este escándalo, ocurrido casi por casualidad, hería de muerte los intentos de pacificar los espíritus. Ni el gobierno nacional ni el de Santa Fe habían tenido responsabilidad directa en el criminal proceder de la policía rosarina. Pero era como si las obreras telefónicas de 1948, el dirigente azucarero Aguirre, el estudiante Bravo, los estudiantes de FUBA y los obreros ferroviarios de 1951, los conspiradores de Suárez de 1952, los terroristas de 1953, los centenares de argentinos que habían pasado por la ordalía de la picana eléctrica durante el gobierno de Perón sin que se castigara a sus torturadores, se corporizaran ahora en el cadáver de Ingallinela. Ninguna responsabilidad directa, es cierto; pero el régimen había permitido que se usara habitualmente la tortura, había protegido a sus operadores, había desestimado sistemáticamente las investigaciones que reclamaba la oposición. El azar de un corazón débil revelaba ahora, de manera dramática e irreprimible, la esencia represiva del sistema justicialista: al fin de cuentas la policía rosarina había jugado con Ingallinela del mismo modo como muchos policías de todo el país jugaban desde años atrás con los presos políticos.”[4]
No hay elementos de juicio para suponer que el caso Ingallinela fuera decisivo por sí solo para marcar el rumbo posterior de los hechos que culminaría con el alzamiento del 16 de setiembre que derrocó a Perón, pero ciertamente fue utilizado por la oposición como argumento crítico de un régimen cuya estabilidad tambaleaba por muchas y complejas razones.
Ana María Ingallinella, que tenía 12 años cuando secuestraron a su padre, es ingeniera sanitaria y fue directora del Centro de Ingeniería Sanitaria (CIS) e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario. El Concejo Deliberante de la ciudad de Rosario dispuso por ordenanza n* 7121 aprobada el 9 de noviembre de 2000 que se diera el nombre de Dr. Juan Ingallinela a la plaza ubicada entre las calles Virasoro, Alem, Rueda y 1° de mayo de esa ciudad.

Notas

↑ Ortega Peña, Rodofo y Duhalde, Eduardo Luis, Felipe Vallese proceso al sistema. A 40 años la lectura del crimen, pág. 11, Buenos Aires, 2002, Editorial Punto Crítico y Bardini, Roberto en Requiem por Juan Ingallinella
↑ Esto lleva, sin quererlo, a la comparación entre las circunstancias de los casos de Ingallinella, de Felipe Vallese y de los desaparecidos durante el Proceso de 1976. Baste decir que todos fueron absolutamente repudiables pero difirió la actitud del gobierno de turno: investigación en el primer caso, posible reticencia en el segundo y abierto respaldo y planificación en el tercero.
↑ Osvaldo Bayer en Los anarquistas expropiadores, Simón Radowitzky y otros ensayos, pág. 76, Buenos Aires, 1975, Editorial Galerna hace referencia a un caso de desaparición forzada en perjuicio de los militantes anarquistas Miguel Arcángel Roscigna, Andres Vázquez Paredes y Fernando Malvicini que había ocurrido en 1937, pero omite totalmente la mención de fuentes que referencien la información.
↑ a b Félix Luna, Perón y su tiempo tomo III El régimen exhausto p. 303, año 1986, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, ISBN 950-07-0381-5
↑ La sentencia de la Cámara del Crimen en el expediente "Lozón, Francisco E. y otros" está publicada en Revista Jurídica Argentina La Ley tomo 119 pág. 66

Referencias

Aguirre, Osvaldo (2005): «El crimen de Inagallinella.», en Todo es Historia, Nº 455. p. 6
Luna, Félix (1986), Perón y su tiempo tomo III El régimen exhausto., Buenos Aires: Editorial Sudamericana,. p. 303. ISBN 950-07-0381-5


Requiem por Juan Ingallinella

Por Roberto Bardini

Publicado digitalmente: 25 de agosto de 2005

Hace unos días, se publicó en este espacio mi artículo Vallese, el primer desaparecido. Debo retractarme: el título correcto debió ser Vallese, el primer desaparecido político peronista, (como indicaba la presentacion de la Nac&Pop). Porque antes hubo otro, de distinta filiación: el médico rosarino Juan Ingallinella, dirigente del Partido Comunista de Santa Fe.
El 17 de junio de 1955, Ingallinella fue detenido, torturado y asesinado por policías de civil. Su cadáver nunca fue hallado.
Lo paradójico es que el médico y sus camaradas santafecinos se opusieron -al menos a través de un manifiesto- al sangriento golpe militar que el día antes había intentado derrocar al presidente Juan Domingo Perón.

Quién fue

Ingallinella, nacido en 1912 e hijo de inmigrantes sicilianos, vivía y atendía a sus pacientes en la calle Saavedra 667, del barrio Tablada. En el consultorio exhibía un cuadro con la foto de Lenin. Su esposa, Rosa Trumper, era maestra.
Qienes lo conocieron, lo describen como una persona muy querida en el barrio.
Testimonios recogidos en la prensa de Rosario cuando se cumplieron 50 años de su desaparición, narran que no les cobraba a los pobres y les suministraba muestras gratis cuando no tenían para comprar medicinas. Incluso, les regalaba ropa y zapatillas. También atendía ad honorem en el Hospital de Niños de Rosario. Hay que reconocer que hoy no existen muchos médicos con estas características.
Además, Ingallinella era un militante que acumuló 20 procesos por desacato y resistencia a la autoridad.
En los últimos diez años de su vida fue el huésped más frecuente de la Jefatura de Policía en Rosario.
En 1943, el golpe militar que derrocó al presidente Ramón Castillo declaró ilegal al Partido Comunista. A principios de 1944, la policía rosarina detuvo y torturó a tres comunistas. Ingallinella, que manejaba una pequeña imprenta clandestina, denunció el hecho en un volante y señaló como responsables a los oficiales Félix Monzón, Francisco Lozón y Santos Barrera.
El comisario Monzón era jefe de Orden Social y Político. Barrera era el subjefe.
El comisario Lozón dirigía Leyes Especiales. En abril descubrieron al médico y lo encarcelaron. El matrimonio Ingallinella festejó en una celda el primer cumpleaños de su hija Ana María.
En las elecciones de abril de 1954, el doctor fue candidato a diputado nacional por el Partido Comunista, cuya dirección provincial integraba al momento de su desaparición.

Los hechos

El 16 de junio de 1955, un golpe militar intentó derrocar a Perón. Aviones de la Marina y la Fuerza Aérea bombardearon la Casa Rosada y a civiles reunidos en la Plaza de Mayo. La masacre dejó 300 muertos y más de 2 mil heridos y mutilados.
Ese mismo día, en Rosario, el Partido Comunista distribuyó un volante titulado Unidad popular contra el golpe oligárquico imperialista. Era una breve declaración contra el complot antiperonista.
Sin embargo, el entonces jefe de policía de Rosario, Emilio Gazcón, ordenó detenciones masivas de comunistas. Los primeros en caer fueron los hermanos Víctor Hugo y Miguel Angel Riskin, a quienes el subcomisario Barrera y un grupo de agentes les secuestraron panfletos en los que se instaba al pueblo a mantenerse contra los golpes de estado, según el informe posterior.
El 17 de junio, Ingallinella repartió volantes cerca del Frigorífico Swift, en la zona sur de Rosario. Por la tarde, tres policías al mando del oficial Telémaco Ojeda llegaron a pie a su casa y lo detuvieron junto con su cuñado, Joaquín Trumper.
Se fueron a la jefatura en el tranvía 18 y cada uno pagó su boleto de diez centavos. Una vez allí, mientras esperaban el ascensor -relató Trumper cinco décadas después- pasó un policía y dijo: Hola Inga, hace mucho que no viene por aquí.
El médico siempre era de los primeros en ser buscados.
Poco después, todo cambió. Ingallinella fue brutalmente torturado con la picana eléctrica por el comisario Francisco Lozón y otros policías, hasta que murió de un paro cardíaco. Tenía 43 años.

Los epílogos

El 18 de junio de 1955, todos los detenidos quedaron en libertad y Lozón falsificó la firma del médico en el registro de salida. Después, exhibió ante sus cómplices una carta escrita a máquina por el propio jefe de policía, comisario Emilio Gazcón, como si hubiera sido dirigida por Ingallinella a su esposa. El falso mensaje a Rosa Trumper anunciaba que se iba del país. Para darle más credibilidad, Lozón dijo que él mismo la iba a enviar desde Entre Ríos.
El 3 de agosto de 1955, la justicia de Santa Fe intervino en la investigación del asesinato de Ingallinella y el 9 de septiembre inició el proceso a los policías. Uno de ellos, Rogelio Tixe, rompió el habitual pacto de silencio y reveló los detalles del caso. Un grupo de expertos en calígrafía determinó que la firma del médico había sido falsificada. Los acusados dijeron que el cadáver había sido arrojado al río Paraná, mientras que la defensa planteaba que no existía prueba del crimen porque no se había encontrado el cuerpo de la víctima.
El 30 de mayo de 1961, el juez Juan Antonio Vitullo rechazó la hipótesis de homicidio sin intención que esgrimía la defensa. Sostuvo que la muerte de Ingallinella pudo no haber sido planeada, pero estaba dentro de las posibilidades por el método de tortura. Lozón, Monzón, Tixe y Barrera fueron condenados a prisión perpetua y Serrano a dos años de prisión. El magistrado le impuso al jefe de policía Gazcón una multa y la inhabilitación por un año.
La defensa apeló y el caso volvió a ser debatido el 19 de diciembre de 1963, ante los jueces Carlos Carré, Luis Laporte y Jorge Tellería.
En su edición del 12 de junio de 2005, el diario La Capital, de Rosario, publicó un artículo de Osvaldo Aguirre con el epílogo: En opinión de estos jueces, el asesinato de Ingallinella debía ser encuadrado como homicidio simple, ya que los policías no se habían propuesto matar a la víctima, escribe el periodista.
Aguirre, que es redactor de la sección policiales y editor del suplemento de cultura, apunta que la defensa de los policías insistió en que no podemos suponer (que la picana eléctrica) fuera normalmente peligrosa desde que ninguna de las otras víctimas sufrió consecuencias graves. Más bien debe pensarse en una condición anormal predisponente del doctor Ingallinella para explicar la diferencia de resultado. El periodista comenta que este argumento es algo que se parecía a responsabilizar a la víctima de lo sucedido.
Los jueces rebajaron las penas a todos los condenados a prisión perpetua: 20 años, en el caso de Lozón, y 15 años para los otros policías. Aún así, señala Aguirre, el crimen no quedó sin castigo.
Dos epílogos adicionales: Ana María Ingallinella, tenía 12 años cuando secuestraron a su padre. Hoy es ingeniera sanitaria, directora del Centro de Ingeniería Sanitaria (CIS) e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario.
Telémaco Ojeda, el oficial que detuvo al médico, con el paso de los años llegó a ser comisario inspector y subjefe de la Policía Provincial de Santa Fe. Antes, había ganado fama de mano dura como jefe de Robos y Hurtos. El 23 de marzo de 1975 fue acribillado a tiros por un comando de los Montoneros en Campana, mientras guardaba el coche en un garage cercano a su casa.

Roberto Bardini