lunes, 6 de diciembre de 2021

La variante Ómicron del coronavirus llegó a Argentina


¿Qué medidas hay que tomar? 

 El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este domingo el primer caso de la variante Ómicron en Argentina, a solo un mes de haberse detectado en Sudáfrica. Un día antes, el sábado, se detectaba el primer caso confirmado en Chile. En Brasil ya son seis los reportados, uno de ellos en un paso fronterizo entre nuestro país y Uruguay, Rio Grande do Sul. Perú y México también tienen casos, ninguno autóctono aún.
 Más allá de la cantidad de contagios que tenga actualmente cada uno, lo cierto es que la penetración de la variante en América Latina da cuenta del fracaso de las política sanitarias de los gobiernos del continente, quienes incluso teniendo la “ventaja” de conocer a Ómicron y sus consecuencias antes que Europa, África y Asia no pudieron detener su entrada más que unos pocos días. Los expertos ya habían advertido que el cierre de fronteras no era una verdadera salida en tanto era tardío puesto que la variante estaba en diversos países y no sólo en Sudáfrica, y perjudicaba a las economías de los países bloqueados (Infobae, 02/12). 
 Dicho y hecho, en Argentina se trata de un joven de 38 años proveniente de Sudáfrica vía Estados Unidos que viajó de vuelta al país sin síntomas, es decir que llegó de una región para la cual no había restricciones. Cuando llegó a Ezeiza se realizó un test PCR y un test de antígeno, ambos negativos; sin embargo, más tarde personas con las que había estado días previos en el exterior le comunicaron que se habían contagiado, por lo que se realizó un nuevo test, el cual dio positivo. Él, su familia y el remisero que lo trasladó hasta San Luis se encuentran aislados. 
 Un día antes, el sábado, la ministra de Salud Carla Vizzotti había aceptado que la llegada de Ómicron era “inevitable” y que esperan que “aumenten los casos pero no las hospitalizaciones y muertes”. Pero el desarrollo de la pandemia y de esta variante en particular no solo aumentó los fallecimientos en aquellos lugares donde ingresó, contrario a cualquier predicción de la ministra, sino que obligó a instalar nuevos confinamientos por la disparada de casos. La confianza de Vizzotti radica en que, teniendo más anticipación que los países de Europa, Argentina puede reforzar la vacunación antes de que Ómicron se disperse por todo el territorio. Pero esto es relativo: si bien una persona se encuentra mucho más protegida habiendo recibido las dos inyecciones, Ómicron no parece respetar la inmunización a la hora de infectar. De hecho, el caso detectado en San Luis contaba con las dos dosis de la vacuna y había tenido Covid-19 en marzo de este año. Aunque todavía falta determinarlo con certeza, todo parece indicar que las 55 mutaciones de la cepa le confieren mayor resistencia a las vacunas que las previas. Es decir que la vacunación es condición necesaria pero no suficiente; se necesita una batería de medidas para enfrentar esta nueva etapa.
 Luego de tocar el piso de casos a principio de octubre, con un promedio de 772 el día 12, este domingo Argentina registró un promedio de 2.033. La positividad, es decir el porcentaje de personas testeadas que dan positivo, también repuntó: de tocar un 2% en octubre se elevó al 3,5% el 20 de noviembre y, ahora, ya roza el 5%. La dinámica de evolución de la pandemia indica que Argentina se dirige hacia un recrudecimiento del coronavirus. A dicho escenario responde que Vizzotti haya adelantado un rebrote para marzo (Cronista, 4/12), para cuando “esperan tener a la mayor parte de la población inmunizada” y “no necesitar ninguna acción más”. De raíz, rechaza cualquier intervención sobre el sistema sanitario, el cual vienen desvalijando no solo presupuestariamente sino también desarmando los dispositivos Covid como los centros de testeo o vacunación.
 En términos presupuestarios, el gobierno proyectó un presupuesto para 2022 con un recorte para salud de entre un 13% y 20%. Esencialmente, es un presupuesto que no contempla la pandemia, dejando a la población a merced del coronavirus en caso de un rebrote o tercera ola. Es una política criminal que ya demostró su fracaso, como se vio en estos últimos dos años. En cambio, para enfrentar al coronavirus se necesita un cambio de prioridades que ponga en un lugar central a la salud pública, apostando a su financiación a través del aumento presupuestario para la mejora de sus instalaciones, la compra de insumos médicos y el incremento del salario de sus trabajadores. 
 Es fundamental la búsqueda activa de los casos de coronavirus y la secuenciación de las muestras para la detección de variantes. Para garantizar el funcionamiento conjunto de todos los efectores se necesita la centralización de hospitales, clínicas, sanatorios, centros de investigación y laboratorios públicos y privados. Campaña de información para fomentar la vacunación y desarrollo y producción de una vacuna nacional con financiación estatal y bajo control de los trabajadores. 

 Lucía Cope

Macri procesado


Por espionaje ilegal contra familiares de las víctimas del ARA San Juan. 

 El expresidente Mauricio Macri fue procesado este miércoles en la causa que investiga el espionaje ilegal contra familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, hundido en 2017. De acuerdo al magistrado Martín Bava, del Juzgado de Dolores, el exmandatario fue quien ordenó el seguimiento de los mismos.
 A Macri se le impuso un embargo por 100 millones de pesos y la prohibición de salir del país, aunque podrá solicitar autorización para viajar en casos puntuales. Los titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del gobierno anterior, Gustavo Arribas y Silvia Majdalini, al igual que otros funcionarios del área y agentes rasos, ya habían sido procesados por Bava. 
 La documentación que obra en la investigación incluye informes de los espías anticipando los reclamos que los familiares realizarían a Macri. Se sospecha que pueden haber sido pinchados sus teléfonos o infiltradas sus reuniones. 
 Este monitoreo no fue un caso aislado. Entre 2016 y 2017, en el marco del denominado Proyecto AMBA, el gobierno creó seis bases adicionales de la AFI en la provincia de Buenos Aires que realizaron tareas de inteligencia contra organizaciones obreras, sociales y políticas (entre ellas, los partidos que integran el FIT Unidad). Arribas es investigado por el tema. El espionaje contra los que luchan es el complemento necesario de las políticas de ajuste y entrega de los gobiernos (vale recordar, al respecto, el Proyecto X de la Gendarmería bajo el kirchnerismo). La AFI debe ser desmantelada.
 El expresidente trabaja ahora activamente para lograr su impunidad en la causa relacionada con el ARA San Juan. Intentó en dos ocasiones -sin éxito- recusar al letrado de Dolores ante la Cámara Federal de Mar del Plata y ya puso en marcha una presentación judicial para que la investigación se redirija a los oscuros tribunales de Comodoro Py, donde cree tener más posibilidades de lograr la exoneración. Idéntico procedimiento siguió en la causa por espionaje a dirigentes oficialistas y opositores (como Horacio Rodríguez Larreta y Cristina Kirchner), que logró trasladar a los tribunales de Retiro. El pretexto es burdo: alega que como jefe de Estado trabajaba en Capital Federal. 
 Otras dos causas importantes que comprometen al expresidente son las que investigan el acuerdo perjudicial entre el Correo Argentino y el Estado (una defraudación multimillonaria), y la puesta en pie de una “mesa judicial” de ministros y asesores para operar en tándem con distintos magistrados. Esta servía tanto para blindar a la camarilla oficial como para mover causas contra las rivales (el reciente sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa Hotesur, sin siquiera pasar por un juicio oral, es otro ejemplo de esas operaciones y maridajes político-judiciales). 
 El enredo del poder político y económico, la justicia y los servicios de inteligencia, que quedan a la luz en el accionar de Macri, es una muestra empírica del funcionamiento del Estado capitalista y grafica la farsa del discurso “republicano” de la oposición sobre la libertad y la división de poderes.

 Gustavo Montenegro

La inflación que no baja y los aumentos que se vienen

El fracaso del gobierno en contener los precios. 

Si bien aún no se publicaron los datos oficiales, los cálculos privados arrojan que la inflación en el mes de noviembre no logró perforar el piso del 3%. De este modo, las consultoras estiman que el 2021 finalizará con un 51% de inflación y no con un 45,1% como proyecta el gobierno. 
 Los estudios realizados coinciden que el principal impulsor del índice de noviembre ha sido el precio de los alimentos. Lo anterior evidencia el fracaso del “congelamiento” de precios, que desde un principio excluyó de la nómina a alimentos de primera necesidad como la carne, cuyo aumento mensual se ubica el 4,1%. Como vemos, las medidas tardías y aisladas del oficialismo para contener la escalada en el rubro, como el programa de Cortes Cuidados y las restricciones a la exportación, se han mostrado infructuosas. 
 Mientras el gobierno sigue “haciendo como si” combatiera a la inflación reeditando una y otra vez estas políticas fracasadas, al mismo tiempo habilita una serie de aumentos que tendrán lugar en los próximos meses. Ya en diciembre se espera una suba del 52,6% en la cuota del monotributo, constituyendo un duro golpe para los trabajadores cuentapropistas y precarizados.
 Por otra parte, en diciembre también aumentan un 9% las prepagas, completando así una suba anual del 61,04%. Recordemos que estos incrementos fueron autorizados por Alberto Fernández, en función de congraciarse con la medicina privada.
 El oficialismo también será protagonista del aumento en los combustibles, previsto para marzo, y de los “tarifazos segmentados” en la luz y en el gas que comenzarán a aplicarse a principios de 2022. Beneficios para las petroleras y las empresas energéticas, en detrimento del bolsillo popular. 
 En la misma línea, ley impositiva que acaba de presentar Kicillof en la Legislatura bonaerense junto con el Presupuesto 2022 contempla incrementos en patentes (35%), en el impuesto inmobiliario urbano (35%) y en Ingresos Brutos (101%). Larreta, por su parte, autorizó en CABA subas del 7% para diciembre en las cuotas de los colegios privados con subvención estatal; y, a su vez, prepara aumentos del 50% en el estacionamiento medido, que entrarán en vigencia en diciembre, del 51% en la Verificación Técnica Vehicular a partir de enero 2022 y del 45% en los peajes desde el 7 de enero. En diciembre, también se pagará un 10% en las expensas. 
 Como se ve, un sendero de aumentos para los próximos meses que recrudecerá sin dudas el cuadro inflacionario. Mientras tanto, lo único que no se actualiza es el salario, cuyo poder de compra pierde día tras día.
 Es necesario entonces recomponer el ingreso del pueblo trabajador peleando por un salario mínimo igual a la canasta familiar (hoy en $108 mil), jubilación mínima de $75 mil, salarios y jubilaciones indexados a la inflación, trabajo bajo convenio para todos, eliminación de impuestos al consumo como el IVA, prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. 
 A su vez, para controlar formación de precios es primordial abrir los libros de toda la cadena de valor a fin de evaluar los costos reales, y de la cadena energética para establecer tarifas acordes a las necesidades sociales. Por otra parte, es preciso dar paso a una reorganización económica sobre otras bases sociales, nacionalizando bajo control obrero recursos estratégicos como la banca, el comercio exterior y la industria energética, rompiendo con el FMI y repudiando la deuda usuraria. De esta forma, podremos dar paso a un plan de desarrollo nacional anclado en los intereses populares. 
 El próximo 11 de diciembre llenemos la Plaza en defensa de este programa. 

 Sofía Hart

Brasil: danza de candidaturas presidenciales


Las clases dominantes, con un pie en cada una de las tres listas expectables.

 El actual presidente Jair Bolsonaro cierra con Partido Liberal (PL) en su peor momento. Después de escándalos, desprecio por la salud y participación en fraudes, compra de votos y crisis de “intereses” familiares, el presidente es rechazado por la gran mayoría de la población. Una encuesta reveló que menos del 20% de los votantes considera que su administración es excelente o buena. 
 La vida del presidente, a poco menos de un año de las elecciones en que buscará la reelección, no es tranquila: un tribunal federal juzga por la tarde el foro privilegiado de su hijo, llamado Cero uno, por el caso de los desvíos de fondos en su gabinete. 
 Solo para recordarles lo que representa el PL que ahora da la bienvenida a Bolsonaro: Valdemar Costa Neto, que es su líder, estaba vinculado al obispo Marcelo Crivella y se ganó la atención cuando fue detenido por aparecer en la lista de coimas mensuales (“Mensalao”) del gobierno del PT. El PL entre sus filas tiene a Tiririca (un payaso de televisión) y al empresario textil, vicepresidente del primer gobierno de Lula, José Alencar. La alianza entre el PL y Lula se produjo en un momento en que el PT se alió con el obispo Emir Macedo y la Força Sindical (sindicalistas de ultraderecha). 
 En algunos municipios del noreste y en Río de Janeiro, el PL continúa hasta el día de hoy haciendo alianzas con el lulismo. Hace alianzas con Bolsonaro y Lula al mismo tiempo (en diferentes estados). 

 El PSDB 

El Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) es el partido de la burguesía. Ganador en la contienda interna del PSDB, el gobernador de São Paulo, João Doria, comenzó a anunciar su equipo de campaña con un gran nombre, Henrique Meirelles, encargado de coordinar el montaje de un programa económico. Además de ser el secretario de finanzas de Doria, Meirelles es un nombre con mucho poder. Fue presidente del Banco Central en todo el gobierno de Lula (PT), ministro de Finanzas en el gobierno de Michel Temer (MDB) y está afiliado al Partido Social Democrático (PSD) de Gilberto Kassab. 
 La candidatura de Doria no es segura, hay un sector del PSDB que apoya la candidatura del ex juez Sergio Moro y otra parte prefiere construir su propia fuerza para disputar el gobierno. 

 El PT 

Hablando del PSD, el ex-gobernador paulista Geraldo Alckmin, que estaría cambiando el PSDB por el partido de Kassab, recibió ayer una comitiva de dirigentes sindicales pidiéndole que acepte ser vice de Lula (PT). Alckmin les dijo que se estaba preparando para postularse nuevamente para el gobierno estatal, pero que, sin citar a Lula, surgió «una hipótesis federal» que estaba avanzando.
 Entre los sindicalistas que visitaron a Alckmin había algunos que se consideran de izquierda como los del Partido Comunista (PC do B). 

 Conclusiones 

En la carrera electoral presidencial tenemos a las clases dominantes repartidas entre distintas variantes, con constantes lazos y pases entre ellas. El PL tiene alianzas con el PT y Bolsonaro. Alckmin, uno de los grandes nombres entre los representantes de la burguesía estudia conformar la boleta con Lula. 
 El PT busca sumar al representante de la burguesía Alckmin como parte de su estrategia de hacer más atractiva la candidatura de Lula a los centros de poder. Pero esta movida creará inquietud y oposición en sectores de las bases del PT. ¿Se expresará algún movimiento por abajo en rechazo a esta nueva alianza del PT con representantes del gran capital?
 El apoyo de la burocracia sindical a la candidatura de Alckmin fue un paso que la burguesía necesitaba, para asegurarse de que en un eventual gobierno PT-PSD, las luchas de las masas de trabajadores serán contenidas. 
 Los trabajadores necesitan, más que nunca, organizarse en forma independiente y encarar la lucha por sus urgentes reclamos, y no sentarse a esperar el resultado de las elecciones de dentro de un año. Insistimos en seguir lo que está pasando en Argentina con el gobierno de Fernández y pronosticamos que, después del desastroso gobierno de Bolsonaro, el gobierno burgués que se haga cargo atacará con similares planes de ajuste, privatización y deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores. 
 Debemos avanzar en la organización política y sindical independiente de la clase obrera y los explotados. 

 Roberto Rutigliano
 Rio de Janeiro

Contra la ultraderecha pinochetista, en las urnas y en las calles


A organizarnos para enfrentar su avance. 

 En las elecciones presidenciales del 21 de noviembre pasado, José Antonio Kast (Partido Republicano), candidato del Frente Social Cristiano, se alzó con la victoria en primera vuelta con el 27,9% de los votos, frente al 25,8% obtenido por Gabriel Boric (Frente Amplio) de Apruebo Dignidad, que quedó en segundo lugar. El abstencionismo obtuvo el primer lugar con un 53%. La segunda vuelta, donde se definirá quién gobernará Chile en los próximos años, entre el candidato de la ultraderecha y el de la centroizquierda, se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre. Los partidos políticos que gobernaron el país los últimos treinta años quedaron fuera de carrera, aunque conservan poderío en ambas cámaras del Congreso y ya han operado los realineamientos con las candidaturas que siguen en competencia. 
 El triunfo de Kast, aunque acotado, fue un cimbronazo para la mayoría del pueblo chileno, ya que significa un repunte de la derecha, en su versión más extrema, que tras el estallido de 2019 acumuló sucesivas y profundas derrotas políticas, en particular en el terreno electoral. Es cierto, sin embargo, que logró mantenerse en el poder, pero ello se debe en mayor medida a los favores de la “oposición” cómplice que se empeñó en sostener al presidente Sebastián Piñera, más que a sus propios méritos.

 El significado del voto contra Kast 

Reivindicando el legado de la dictadura militar, Kast representa el pinochetismo puro y duro en toda la línea porque, antes que nada, es la tentativa de resolver en términos represivos la crisis del régimen político abierta con la rebelión popular de octubre de 2019 y así salvaguardar los intereses de la burguesía puestos en peligro por el pueblo chileno movilizado masivamente. Es decir, nos enfrentamos a un endurecimiento de las ya tremendas políticas represivas en las que se respaldó el gobierno de Piñera en los últimos dos años. 
 La reivindicación de carabineros procesados por violaciones a los derechos humanos durante la revuelta; el reforzamiento de la militarización que actualmente sufren pobladores de las regiones de la Araucanía y Bio Bío (funcional a los intereses de las grandes forestales apropiadoras del territorio mapuche); la expresa intención de mantener presos a cientos de luchadorxs y, en contrapartida, la liberación de militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Pinochet; la criminalización y expulsión de inmigrantes; el desconocimiento a los derechos conquistados por las mujeres y disidencias trabajadoras, la defensa irrestricta de la estafa de las AFP, así como de la educación privada y confesional y del sistema de salud privatizado, son sólo algunas de las banderas programáticas con que se presentó el candidato en estas elecciones. 
 Como se ve, el programa de gobierno de este sector fascistoide es un catálogo de ataques furibundos a la clase trabajadora, a las naciones originarias y en particular al pueblo mapuche, a las mujeres y disidencias sexo-genéricas, a la comunidad migrante, por lo que se impone la necesidad de frenar su llegada al gobierno desplegando toda la experiencia y capacidad organizativa que el pueblo chileno acumula en años de lucha contra el régimen negador de derechos elementales y, en el plano electoral, valerse del voto a Boric, sin que ello implique depositar ninguna expectativa en su eventual gobierno. 
 Una derrota electoral de Kast abre un terreno que trasciende la política “en la medida de lo posible” de la versión 2.1 de la Concertación que representa la coalición centroizquierdista de Apruebo Dignidad, mejorando las condiciones para luchar por las demandas de las familias trabajadoras que siguen sin respuesta alguna.
 La amenaza real a las libertades democráticas y condiciones de vida mínimas que representa un triunfo de Kast puso en alerta a importantes sectores populares y activistas, que demostraron una notable capacidad de reacción: el movimiento de mujeres, a través de asambleas masivas, definió movilizar fuertemente el 25 de noviembre contra el avance de la derecha protofascista y votar contra Kast; trabajadores del cobre otro tanto, amenazando con huelgas frente a los planes anunciados por Kast de avanzar en la privatización de Codelco en caso de llegar a la Moneda; los trabajadores portuarios, el Colegio de Profesores, organizaciones de lucha en defensa del medio ambiente y del agua, asambleas territoriales, etc., se han pronunciado por un voto contra la ultraderecha. 

 Ninguna confianza en Boric 

La lucha por frenar el avance de Kast valiéndose de la única herramienta que hay en el plano electoral, esto es, votando por Boric, no implica ninguna solidaridad política con este sector de la centroizquierda que ha puesto todos sus recursos al servicio de sostener a Piñera en el gobierno, como parte fundamental del pacto del 15 de noviembre, negociado con los partidos del orden de los 30 años mientras se descargaba una brutal represión contra las masas chilenas movilizadas. 
 El llamado a votar contra Kast es desde un planteo programático antagónico al levantado por Apruebo Dignidad que, dicho sea de paso, ha sido manifiestamente derechizado en los días posteriores a la primera vuelta presidencial para congraciarse -aún más- con la burguesía. Levantamos el pliego de reivindicaciones insignias de la rebelión popular: salarios y jubilaciones que alcancen para vivir sin necesidad de endeudarse; derecho a la vivienda; expropiación sin pago a las AFP, por un sistema previsional público en base a aportes patronales gestionado por las y los trabajadores; acceso universal al derecho a la salud y la educación; por el aborto legal y educación sexual integral laica y científica; desmilitarización del Wallmapu y devolución de las tierras ancestrales a las comunidades originarias, expropiadas de manera ilegítima; desmantelamiento del aparato represivo; libertad a lxs presxs por luchar; justicia y reparación a todas las víctimas de la represión estatal; nacionalización de las mineras, el sistema bancario y los servicios públicos; no al pago de la deuda externa.
 Contra el avance de la ultraderecha nos organizamos. Abajo el régimen explotador de los 30 años. 

 Olivia Campos

¿Y ahora quién va a escribir sobre nosotras haciendo revoluciones?


A los 61 años, en su querida Madrid, fallece la escritora Almudena Grandes.

 -¿Almudena seguía en el Partido Comunista Español?, me preguntaron. -Ni idea. Almudena, como ella misma decía, hacía literatura política pero de otra naturaleza. Su magistral oficio de escritora la trascendía y a su vez la convertía en esas tantas otras mujeres que ella construía con rastros de historias, fotos viejas, y deseos, sobre todo deseos. 
 De hecho, podemos explicar toda su narrativa en dos deseos: el de las revoluciones, las íntimas y las sociales y el del sexo desde la más brutal genitalidad hasta la organización política. No le temía a la hoja en blanco como la mayoría. Amaba el cuaderno nuevo, la posibilidad de empezar una historia, armar un personaje y torcerlo y retorcerlo hasta que llegara a lugares donde pocos se animan. 
 Bajo estas premisas será concebida Las edades de Lulú, retomando el pacto de la Moncloa y la doble moral del PC. Una niña marcada a fuego por un dirigente glorioso, pedófilo y perverso, la infantilización a la que nos somete la opresión, la exploración de lo prohibido. Es paradojal que la novela que la lanzara a la fama sea más recordada por una película (algo fallida como casi todas las adaptaciones de sus novelas) que lavó toda la crítica social y la mandó a militar a las filas del cine porno.
 En 1994 se edita Malena es un nombre de tango, la novela iniciática de las mujeres de su (mi) generación. Malena es de Madrid, una chica de La Movida pero es todas nosotras tratando de salir a la vida adulta con una dictadura cayendo a nuestras espaldas. ¿Cómo se procesa esa libertad? ¿Cómo se crea algo nuevo caminando sobre las ruinas de una sociedad devastada por décadas de moral cristiana y secretos familiares? Malena va a atravesarlos todos con el mejor recurso de la época: la curiosidad. Va a forzar los límites de todo y no solo va a cuestionar la moral sino también los lazos de sangre, el concepto de belleza y de género, el machismo en las organizaciones políticas y en el progresismo en general. Como toda chica de su época, a Malena la recorre el fantasma de reproducir la familia burguesa. No hay alternativas entre eso y patear las estanterías. 
 Muchas de las preguntas que se hacía Almudena a través de Malena han vuelto con fuerza con el poderoso movimiento de mujeres en los últimos años, una más que merecida reivindicación a una autora que incluso hoy es considerada como escritora de novelitas de mujeres, una especie de Danielle Steele con conciencia social. Te llamaré Viernes fue un ejercicio que se propuso, cansada de las críticas, para intentar escribir desde el pensamiento masculino. Entrados los noventas, todas sus mujeres ya crecidas de la fiesta colorida postdictadura tendrán que luchar en un mundo globalizado y cruel que ya les ha dejado en claro que no tiene nada mejor para ofrecer a una mujer. Tal vez por eso muchas de ellas están motivadas por el resentimiento, por la idea de que el mundo les debe algo y están dispuestas a cobrarlo. No son heroínas, no son minas buenas; no hay libido ni búsqueda, es el capitalismo y hay que sobrevivir. En esta dinámica se inscriben Atlas de Geografía humana, Los tiempos difíciles y Castillos de Papel.
 Así llega Raquel, que en realidad llegará después porque primero apareció Inés y la alegría, la única mujer de la foto, al lado de Galán. Por la ropa se dio cuenta que Inés estaría entre combatientes pero era de clase alta así que le dio el lugar de cocinera, porque ¿qué otra cosa hubiera sabido hacer? Fue esa foto – la de portada- a partir de la cual se inició ese viaje de investigación histórica que sería El Corazón Helado.
 Pero Inés no vino sola. No solo develó la traición del PC y el estado de abandono en que dejaron a sus militantes sino también la profundidad de los prejuicios y tabúes sexuales del stalinismo a través de la historia personal de La Pasionaria. Con esta novela inicia la serie de episodios de una guerra interminable de los cuales “El lector de Julio Verne” sea tal vez el más sorprendente. 
 Sin embargo es, sin dudas, El corazón helado su obra más acabada y trascendente. El resentimiento de Raquel y la culpa de clase de Álvaro son apenas el hilo del que se vale para reescribir la historia de España y la deriva de la revolución en toda Europa al narrar la desidia cruel con la que el “mundo libre” abandona a España, la traición de la URSS y las penurias de los trabajadores en esas décadas de oscuridad. Los capítulos dedicados a la Batalla de Stalingrado son de los mejores relatos de la historia de la literatura por la manera en que crea ese universo de víctimas y victimarios a ambos lados de la línea de fuego. Toda la novela organiza el relato en tres líneas temporales, sincrónicas y desarrolladas a veces en un mismo párrafo, con una pluma magistral. 
 Pero digamos que a pesar del éxito de la saga histórica en muchos círculos siguió siendo considerada una escritora menor debido a esa fina línea que se empeña en dividir literatura feminista de femenina. El gran pecado de Almudena fue escribir sobre el amor y cómo nos atraviesa incluso en la toma de decisiones en medio de una revolución. Un tópico revulsivo e insoportable, un tabú incluso para quienes consideran que las problemáticas de las mujeres se dirimen en ámbitos de asepsia filosófica. 
 Paradójicamente, tal vez en estas mismas razones resida su popularidad. Sus mujeres somos nosotras, nuestras madres y abuelas. A través de ellas recuperamos historias, canciones, recetas, modas. A veces son mezquinas, cobardes o tontas. Se equivocan y se arrepienten. Dependen de los hombres porque viven en sus épocas y pelean con lo que tienen pero nunca son víctimas, son luchadoras por sus revoluciones todas, las mas intimas, las más sociales.
 Almudena no novelaba la épica de los perdedores, como tituló El País montadísimo a la ola derechista. Escribía para que estos miserables no entierren una historia de luchas del pueblo español y la de los y las revolucionarias, para contar cómo vivimos las mujeres cada una de esas luchas incluso cundo ya no hay lucha y podamos sacar conclusiones sobre los responsables de esas derrotas.
 Hoy el Opus Dei se reunió en una iglesia para condenarla al infierno o alguna brujería parecida. Lo que habría festejado Manolita semejante homenaje. 

 Lidia Sonenblum

domingo, 5 de diciembre de 2021

Crisis de Fondo y lucha contra el ajuste


Panorama político de la semana. 

 Cuando está terminando el año el gobierno se apresta para acelerar un acuerdo con el FMI, en medio de un clima económico turbulento y urgido por la carencia de dólares y un malestar social que crece. En este punto, la nueva carta publicada por la vicepresidenta Cristina Kirchner busca facilitar la tarea de arribar a este pacto entreguista, descartando que exista una “resistencia nac & pop” al ajuste y tratando de comprometer a la oposición patronal con los términos de la entrega al imperialismo. 
 El estado de estas negociaciones resulta agónico para el gobierno nacional, que debe encarar próximos vencimientos de deuda por alrededor de 9.000 millones de dólares con un Banco Central en rojo. Desde la gestión de Alberto Fernández y compañia han ido a la rastra de este resultado ruinoso, sosteniendo la fuga de capitales con la cual liquidaron gran parte de los 14.000 millones de dólares de superávit comercial de un buen año de exportaciones.
 El gobierno intenta ofrecer nuevas garantías al FMI, por lo que Alberto Fernández preparó un paquete de medidas y leyes a imagen y semejanza de los requerimientos de ajuste fiscal y beneficios patronales, cuyas consecuencias resultarían ruinosas para el pueblo trabajador. Allí se inscribe el plan plurianual, que incorpora el ajuste sobre los planes sociales y la obra pública, la reforma laboral, recortes en los subsidios y jubilaciones, devaluación y más inflación. Este vendría a complementar el Proyecto de Presupuesto 2022, de ajuste, elaborado por el Frente de Todos. 
 En este cuadro, y bajo el fantasma del corralito del 2001, al cumplirse 20 años de los eventos que dieron por comienzo a la caída del gobierno de De la Rúa, muchos ahorristas acudieron a los bancos a retirar sus dólares ante el miedo de que el gobierno cerrara más el cerco del cepo al dólar y restringiera el acceso a los depósitos en dicha moneda. Resulta que lo que se rumorea es que ante la falta de dólares el gobierno ya habría metido mano en los encajes bancarios, que ofician de garantía de los depositantes. 
 La aparición de la variante Ómicron a nivel mundial no deja de poner en alerta y en vilo a la comunidad mundial, ni descarta que la Argentina sea víctima de una tercera ola de la pandemia, lo cual demandaría un flujo de recursos contrario al camino de recortes emprendido por el gobierno, más aún en el sector de Salud que ha desmantelado gran parte de la estructura montada para enfrentar los contagios. 
 Ante tamaña señal de ajuste y una clara definición de la orientación oficial, un grupo de organizaciones sociales oficialistas, entre los que se destaca el dirigente papal Juan Grabois, movilizó al Congreso de la Nación para reclamar por el tratamiento de seis leyes propias que se encuentran demoradas, evitando pronunciarse sobre la cuestión de “Fondo”: el paquete de leyes del gobierno y el acuerdo con el FMI traerían aparejado un ajuste que anularía cualquier “agenda progresista”.
 En el mientras tanto el gobierno sigue con sus políticas de ajuste contra los trabajadores. Es el caso de lo sucedido con el DNU presidencial que recorta en $12.000 millones el presupuesto de la Anses para el pago de las deudas previsionales reconocidas judicial y administrativamente. O el fracaso de la a política de “congelamiento de precios“, ue fue la tapadera de una inflación creciente y devino en la renuncia de la subsecretaria de Comercio, Débora Giorgi. 
 Un reflejo de la transferencia de recursos públicos al capital financiero quedó de manifiesto con las inundaciones producidas por el temporal del domingo 28, que sacudió a los distritos del Amba y dejó un saldo de miles de inundados, con sus consecuentes pérdidas materiales, a falta de obras hídricas para desagotar un caudal de agua que, aunque cuantioso, no debería suponer una amenaza de este tipo.
 A sabiendas de que el programa de ajuste de la clase capitalista opondrá resistencia y lucha por parte de los trabajadores, el fallo contra César Arakaki y Daniel Ruiz, con acusaciones falsas, se presenta como un instrumento para aleccionar al pueblo trabajador y buscar impedir que irrumpa un movimiento de lucha contra el acuerdo ruinoso con el FMI. 
 Pero ese movimiento ya se viene gestando desde las organizaciones piqueteras combativas y la izquierda. La Unidad Piquetera, de la cual es parte fundamental el Polo Obrero, viene de realizar una importante movilización el 23 de noviembre contra el ajuste y el FMI, denunciando los recortes alimentarios y el bono insuficiente del gobierno para paliar ingresos de hambre. Ahora, muchas de estas organizaciones son participantes de la movilización convocada a Plaza de Mayo el sábado 11, para rechazar el acuerdo con el FMI.
 Esta convocatoria a Plaza de Mayo traza una línea de intervención opuesta al camino emprendido por el gobierno y la oposición patronal, surgida de la iniciativa del Frente de Izquierda Unidad y el Partido Obrero, y que ya a sumado la adhesión y participación de importantes sectores estudiantiles, sindicales, organizaciones de DD.HH. y políticas, particularmente de izquierda. Mientras se espera la adhesión de muchas otros sectores en los próximos días. 
 La Plaza contra el FMI es la única trinchera de lucha para derrotar la ofensiva capitalista y ajustadora que viene bajo el brazo del gobierno nacional, sus componendas con la oposición patronal y el acuerdo con el FMI. El próximo sábado 11, a las 16 horas, vamos a copar la Plaza de Mayo, para abrir paso a una salida alternativa, de los trabajadores, a la crisis profunda y al agotamiento del régimen de ajustadores.
 Buen domingo.

 Marcelo Mache

Juicio Garachico -día 9- Miércoles 1/12/21 10:00 hs.

Gran elección de la lista Granate-Blanca en Foetra Bs As // Agrupación Naranja Telefónica

👩🏼‍🤝‍👩🏻 La fuerza de las mujeres contra el FMI | Entrevista a Andrea D'Atri, fund. de Pan y Rosas

Las evaluaciones estandarizadas realizadas por la Unesco


Los últimos días, tras la publicación de los bajos resultados obtenidos por Argentina en las evaluaciones estandarizadas ERCE 2019 realizadas por la UNESCO, ha pasado a ser foco de toda la prensa burguesa lo que se nombra como la “Crisis educativa” y una caída en picada de “la calidad educativa”. El ERCE, según la página oficial de la UNESCO, “tiene como objetivo principal servir como una herramienta de monitoreo de la calidad de la educación en la región, para informar el debate y orientar la toma de decisiones en torno a la materia”. Esta cuestión se ha colado en la crisis política desde el juego de “El Gran Bonete”. 

 Los cruces políticos 

El gobierno nacional, a través del Ministro de Educación Nacional, Jaime Perczyk, y de la ex diputada K -ahora vocera presidencial-, Gabriela Cerruti, planteó que la causa de este estado de situación “es la profunda desinversión educativa del periodo 2016-2019”. Es decir que la culpa es del macrismo. 
 Por su parte, Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación Nacional durante la gestión macrista, salió al cruce y planteó que “Argentina comenzó su declive educativo hace muchos años. En 2006 estuvimos sobre el promedio, pero ya había señales de advertencia. En 2013, cuando el kirchnerismo educativo y el 'cterismo' educativo ya llevaban 10 años en el poder, comenzamos a bajar. Y en 2019 continuamos bajando" y continuó señalando que "Nuestras políticas comenzaban a dar sus frutos, pero este Gobierno no solo las discontinuó sino que también cerró las escuelas dos años" durante la pandemia. O sea que la culpa es del peronismo y de la organización sindical de la docencia. 
 Unos y otros dicen “quién yo, no señor” y se tiran la pelota sin cesar. En un punto ambos lados de “la grieta” tienen razón: el régimen capitalista ha desarrollado una política de degradación sistemática integral al calor de su propia descomposición que hoy nos tiene atravesando una crisis humanitaria sin parangón por la imposibilidad de contener un virus pese al enorme avance científico-técnico del S XXI que no es más que un nicho del lucro privado. La educación no escapa a este movimiento centrípeto desintegrador y privatizador. 

 Evaluaciones estandarizadas

 La ley de educación Nacional de 2006 K convalidó la “evaluación educativa” en las prácticas del Ministerio de Educación nacional sometiendo el sistema educativo argentino a las llamadas pruebas Pisa a cargo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Al tiempo, descentralizó el sistema educativo transfiriendo dicha responsabilidad a las provincias sin transferir los fondos necesarios. 
 Esta política fue profundizada por el macrismo que impulsó el Instituto de evaluación docente y de ´calidad educativa´, un organismo autárquico pasible de ser financiado por el capital privado, así como las evaluaciones estandarizadas “Aprender” -que fueron tomadas el día de ayer bajo el pronóstico preestablecido de que va a demostrar que todo es peor tras el confinamiento. Dichas evaluaciones fueron ampliamente rechazadas por la docencia por no contemplar las particularidades de los procesos de enseñanza aprendizaje. Por otra parte, la caída del presupuesto educativo efectivamente fue una marca distintiva del gobierno de JxC que agravó aún más la situación de las cajas educativas provinciales. 
 El hilo forma una gran red: Silvia Montoya, directora del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, desde 2012 a principios de 2015 se desempeñó como Directora General de Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es docente e investigadora en la Universidad Católica Argentina. Por su parte, desde CTERA, ante las pruebas UNESCO, plantearon que "la interpretación de resultados evaluativos de este tipo, realizados aisladamente de su contexto cultural y estructural, pueden conducir a interpretaciones y acciones de política educativa equivocadas" pero fueron defensores de la LEN que oficializó las pruebas PISA. 
 Las evaluaciones estandarizadas, que todos los gobiernos sin distinción de color sostuvieron, son un engranaje fundamental de las reformas educativas que los organismos internacionales del capital financiero imperialista vienen impulsando desde hace décadas tendientes a la destrucción de las condiciones laborales de la docencia y a la privatización de los sistemas educativos para propiciar el lucro privado y para achicar el ´déficit fiscal´. El ´cumplimiento de compromisos´ con una deuda continuada que unos toman y otros pagan, así como la necesidad de reestructurar las relaciones sociales de producción para poder impulsar un nuevo período de acumulación capitalista, así lo exige.
 Por eso la grieta no existe al momento de colocar la responsabilidad de la degradación educativa en la docencia y en los estudiantes particulares para correr el eje de las responsabilidades del régimen político. En una educación donde los edificios escolares explotan matando a los trabajadores de la educación-como sucedió en Moreno con Sandra y Rubén-, donde el deterioro de los salarios docentes es permanente, donde las vacantes en la escuela pública faltan de a decenas de miles dejando este año a casi 20 mil niños de nivel inicial desescolarizados y a miles de jóvenes sometidos a una lucha por encontrar un lugar en la secundaria, donde el alcohol y las mascarillas para enfrentar la pandemia son solventadas por el cuerpo docente, el Estado capitalista, se niega a presentar un balance sobre su gestión educativa. 

 Calidad y degradación 

Los medios de comunicación y los políticos patronales, en este contexto, se llenan la boca hablando de lo que debería ser una ´enseñanza de calidad´ haciendo referencia a que debería ser una enseñanza tendiente ´a la equidad´, a la preparación para ´el mundo del trabajo´, etc. La idea de “calidad educativa” utilizada por el capitalismo no es más que la condensación conceptual de la mercantilización de la educación. Para convertir lo educativo en una mercancía ´mensurable´ y ´tasable´ se tiende a aislar, a separar el proceso educativo de las relaciones sociales y de existencia en las que se produce. No se puede analizar la educación y sus posibilidades sin analizar su contexto de producción. En un capitalismo en decadencia las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras se deterioran a paso acelerado: el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la alimentación están altamente vulnerados, la familia se derrumba bajo el peso de la precarización, el desempleo y la miseria. La educación así concebida queda al servicio del lucro privado, del mundo de un trabajo que aliena, es decir, separa, fragmenta y sustrae, lo producido y creado por los seres humanos en vez de buscar su unificación, perfeccionamiento y planificación con el propósito de que redunde en un bien social. 
 En resumidas cuentas, para poder tener una “educación de calidad”, la única salida es una revolución social que permita concebir los procesos de enseñanza y aprendizaje como una unidad al servicio de la humanidad toda. Sólo de este modo se podrá acceder a un conocimiento integral y a una evaluación que permita ajustar lo necesario para restituir al ser humano aquello que lo hace humano: su capacidad de transformar la naturaleza, su entorno de existencia para hacer de este mundo un lugar digno de ser vivido para las mayorías trabajadoras.

 Ana Belinco
 03/12/2021

Melconian y Cavallo, preparando el recambio

Los pases y contrataciones suelen poblar las secciones deportivas de los diarios. En este caso, sin embargo, el cambio de empleo de un economista ocupó la atención de los comentaristas políticos: Carlos Melconian deja su propia consultora para ocupar la presidencia del Instituto de Investigaciones de la fundación Mediterránea. Este centro está financiado por la crema de la burguesía agraria e industrial argentina, desde la multinacional Arcor, el fundador de la Mediterránea, y las aceiteras hasta Techint, pasando por Bagó y Roggio. En sus últimos informes, destacan la necesidad de ‘proteger’ la reactivación “del agro, la industria y la construcción”, mediante el diseño de un “horizonte económico duradero”, o sea un acuerdo rápido con el FMI.
 Melconian hizo sus primeros palotes en el Banco Central de la dictadura y luego en el menemismo, para recabar finalmente en el Banco Nación de Macri. Algunos se sorprenden por el reclutamiento de un “neoliberal” por parte de una entidad “productivista”, pero es porque ignoran los lazos entre las diferentes formas del capital. Cuando Domingo Cavallo, en 1982, estatizó desde el Banco Central la deuda privada, favoreció con ello al llamado capital productivo que debía pagarla, y al capital financiero que quería cobrarla. Los beneficiarios de este negociado retribuyeron generosamente con fondos a la fundación Mediterránea, que regenteaba el propio Cavallo.
 Mucho más cercanamente, los asombrados comentaristas de este “pase” se olvidan del distanciamiento de Melconian con el gobierno macrista, justamente en los días de la lluvia de dólares (ingreso de capitales) que atrasó el tipo de cambio, en perjuicio de la 'patria exportadora' y de la burguesía industrial que recela de las importaciones. La salida de Melconian del gabinete macrista fue un tímido anticipo de la fractura política y económica que inaugurarían el “recalibramiento”(devaluación) de enero de 2018 y el desbarranque posterior del gobierno macrista.
 Estos antecedentes son importantes para entender qué significa el conchabo de Melconian. Las informaciones periodísticas señalan que el economista va a la Mediterránea a constituir “un gabinete económico” con vistas a un futuro gobierno 2023. En este punto, lo parangonan con Cavallo, que se preparó para ser ministro de Menem. Pero las dos veces que fue ministro de Economía, Cavallo asumió en medio de una crisis económica y política. Si Melconian sigue sus pasos, el “gabinete económico” y el “plan 2023” podrían arribar bastante antes de esa fecha al Ministerio. La burguesía “productiva”, hay que decirlo, tampoco le hace asco a los golpes palaciegos. 

 El programa de Cavallo-Melconian 

Cavallo, quien saludó el nombramiento de Melconian, viene de difundir los lineamientos de su propio “plan” económico. Ese 'dibujo' descarta una devaluación brusca, a favor de una tasa mensual por encima de la inflación. Melconian plantea exactamente lo mismo, con la intención de licuar la deuda del Banco Central en Leliqs, que se acerca a los cinco billones de pesos. También, como es obvio, para licuar “otros gastos” – como los salarios y las jubilaciones, que los Fernández han desindexado. El “plan” Melconian Cavallo integra este plan a un acuerdo con el FMI y a los tarifazos, de modo de suprimir los subsidios a los servicios para fines del 23. 

 Gobierno se busca

 En cualquier caso, ni Melconian ni la Mediterránea, colocan demasiadas fichas en el radical-macrismo. Es sabido que, desde ambos lados de la grieta se cocina una alternativa común, que excluye a los Macri y a los Bullrich, de un lado, y a parte del kirchnerismo, del otro. El programa que se cocine en las oficinas de la 'fundación' busca armar su sostén político. 

Marcelo Ramal
 04/12/2021

Buenos Aires de remate

La Legislatura porteña aprobó un paquetazo a favor del capital inmobiliario. 

 El jueves 2, la Legislatura porteña izó la bandera que más le gusta, la de remate. En una de esas sesiones kilométricas de fin de año, el gobierno de Rodríguez Larreta y la coalición oficialista votaron en soledad un paquetazo de medidas en favor de las grandes constructoras que producirá perjuicios irreversibles al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. 
 Mientras la “democracia republicana” sesionaba, las asambleas barriales y grupos ambientalistas se encontraron con una nutrida barrera de la Policía porteña, armada hasta los dientes. 
 La franja costera del Río de la Plata -entre la ex Ciudad Deportiva de Boca y gran parte de la Costanera Norte- queda ahora más vedada para la gente común y reservada para inversionistas inmobiliarios que puedan pagar más de 10.000 dólares el m2. Antes, el gobierno de Rodríguez Larreta ganó tierra al río y realizó todo tipo de obras de mejoramiento, solventadas por los porteños que viven hacinados en las villas o se arremangan todo el mes para poder pagar un alquiler. 
 La mole de cemento de las torres, levantadas sobre los humedales, no solo cerrarán el paso al aire puro que llega desde el río sino que destruirán el humedal de la Costanera Sur, la más importante reserva de agua de la Ciudad.

 Qué votaron 

El primer gran proyecto es la rezonificación de las 72 hectáreas de la Costanera Sur que ocupa la ex Ciudad Deportiva de Boca, que IRSA compró hace años por chaucha y palitos. Tipificada como área verde y para deportes, la constructora necesitaba esta ley para construir un barrio náutico de lujo, Costa Urbana, que avanza en un loteo del Río de la Plata y privatiza uno de sus canales. El Observatorio del Derecho a la Ciudad afirma que con esta rezonificación “el grupo IRSA gana 1.500 millones de dólares como mínimo, alrededor de un tercio del presupuesto de la Ciudad, sin realizar ninguna inversión, solamente por el cambio de la normativa urbanística”. 
Otro proyecto autoriza al gobierno porteño a vender las 30 hectáreas de Punta Carrasco y Costa Salguero, también sobre el Río de la Plata. Fue votada aunque dos fallos judiciales ratificaron que la venta es anticonstitucional porque no cumplió la normativa. El proyecto fue ampliamente rechazado en una audiencia pública, el 98% de los 8 mil oradores reclamaron un parque. Sin embargo, se levantará allí un nuevo barrio, al estilo de Puerto Madero, pero con torres de hasta 10 pisos. 
 En tercer lugar, los legisladores oficialistas dieron el sí a 9 “convenios urbanísticos” firmados entre Larreta y una docena de grandes constructoras para levantar torres en lugares donde están expresamente prohibidas por el Código de Planeamiento Urbano. Los convenios tienen el carácter de coima legalizada, las constructoras aportarán uno 30 millones de dólares al gobierno porteño a cambio de incumplir la ley. Los legisladores votaron también una amnistía a las construcciones de hasta más de 5.000 m2 extra por fuera de la normativa. El “perdón” se basa en una ley destinada a evitar la demolición de pequeñas construcciones hogareñas en patios y terrazas de hasta 100 m2. 
Los legisladores lo extendieron 4.900m2 más. 
 Concretamente, se fueron a dormir después de haber habilitado la construcción de más de un millón de m2 nuevos en la Ciudad, la mayoría sobre el Río de la Plata. Esta entrega al capital inmobiliario genera a la población perjuicios de todo tipo. 
En primer lugar, usurpa tierras fiscales que bien podrían ser destinadas a la vivienda social en una ciudad donde por lo menos el 10% de la población vive en el hacinamiento, sin acceso a la red de agua ni de cloacas. 
 En segundo lugar, es una escandalosa transferencia de fondos públicos a los privados. El valor de las tierras de la exCiudad Deportiva, donde se construiría el barrio de IRSA, fue calculado por el gobierno porteño tomando como referencia Villa Soldati, mucho más barata que Puerto Madero. La oposición denunció que Larreta renunció a algo como 450 millones de dólares. 
 En tercer lugar, abona la cementización y destruye áreas verdes, las dos condiciones que mencionan todos los expertos como útiles para atenuar el desastre del cambio climático. 
 Durante la votación hubo algunos chispazos en el bloque oficialista. Los radicales querían “mejorar” el convenio con IRSA, pero terminaron votando con las dos manos. La Coalición Cívica se abstuvo. 
 “Este es un proceso que recién está empezando”, amenazó Diego García de García Vilas, el jefe del bloque VJ que, para justificar la enajenación de tierras públicas, se burló del voto negativo del Frente de Todos, citando los argumentos de Cristina Fernández de Kirchner cuando se propuso vender la isla Demarchi para construir el fallido “Hollywood argentino”. 

 Olga Cristóbal 
 04/12/2021

viernes, 3 de diciembre de 2021

A 100 años de “la Patagonia rebelde”


Primero fueron las salvajes represiones oligárquicas ante el primer Centenario y las grandes huelgas del ´decenio rojo´. Luego, casi diez años después, se produjo la militarización de la Ciudad de Buenos Aires e hicieron su aparición los primeros grupos de tareas o bandas parapoliciales (la “Liga Patriótica”) bajo el primer gobierno ´democrático´ cuando la gran huelga de los Talleres Vasena. Fue para hacer frente a una de las más grandes huelgas generales del movimiento obrero argentino que concluyó en la Semana Trágica. 
 Ahora se conmemora la tercera gran masacre anti-obrera de nuestra historia: el fusilamiento, en 1921, de 1500 obreros rurales en la Patagonia austral, por el ejército argentino, con la que el gobierno de Hipólito Yrigoyen aplastó una de las huelgas más heroicas de nuestra historia, como antes lo había hecho en la Ciudad de Buenos Aires. 
 Las masacres de 1921 en la Patagonia fueron ´secreto de estado´ en Argentina hasta bien avanzada la década de 60 del siglo pasado. El historiador Osvaldo Bayer quien investigó y desarrolló como nadie la historia de la gran huelga patagónica y de su brutal represión. 10 años después, la monumental obra en tres tomos de Bayer fue llevada al cine. La película fue prohibida a las pocas semanas del estreno— y Bayer, los directores y sus principales actores debieron emigrar frente al terror lopezrreguista. 
 Perón no actuó así por ´viejo´ o ignorante. Fue tributario del “ejército nacional” y de la trinidad de las armas, la iglesia y la propiedad. La última gran expedición (y matanza) para aplastar y expulsar en masa un pueblo originario (los pilagás) se produjo en el primer gobierno de Perón (1949) en el Chaco.
 Los intereses sociales para los que actuó el ejército en 1921 son los mismos que hoy siguen explotando la Patagonia, aunque los nombres han cambiado. A los Menéndez Behety y los Braun Menéndez ahora se suman los Benneton y los Lewis, los pulpos mineros y del turismo, y también los K y los Báez.
 ¡La gran huelga patagónica vive hoy en la lucha de los obreros de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, los docentes de todo Chubut, los mineros de Santa Cruz y los mapuches que, con quienes viven del otro lado de la Cordillera, reclaman el derecho a la tierra y la expulsión de los pulpos de la madera y del ejército y la gendarmería que, en uno y otro lado, reprimen a los pueblos originarios!

 Norberto Malaj
 01/12/2021

jueves, 2 de diciembre de 2021

"Quieren un fallo aleccionador para que la población no enfrente los planes de ajuste" // Arakaki

Juicio La Pastoril -día 8- Jueves 2/12 11:00 horas

La burocracia de la CGT fogonea el acuerdo con el FMI


En ocasión de la marcha de la ‘militancia’, el pasado 17 de noviembre, los burócratas de la CGT repitieron, ante cualquier periodista que tuvieran a manos, que urgía el acuerdo con el FMI. No podía ser de otro modo, porque la marcha era en apoyo a AF, frente a una vicepresidenta a la que se le adjudicaba una posición contraria o reticente. Silvia Naishtat, en Clarín (28.11), informaba de “las reuniones que se intensificaron entre la nueva conducción de la CGT y el poder económico...para evitar el precipicio. ‘Hay que desmalezar la economía y en ese sentido el acuerdo con el FMI ayuda a desmalezar, sueltan’”. Para esa operación de limpieza “analizan un blanqueo de los dólares en el colchón para la construcción”. Es una de las piezas del “plan plurianual” con el que Martín Guzmán pretende convencer a los fondos internacionales para que apoyen al gobierno frente al FMI.
 Nicolás Belinotti, en La Nación (27.11) es un poco más contundente. “En sus diálogos con referentes empresarios de la UIA y AEA”, informa, “los sindicalistas abogan por un acuerdo con el FMI lo más pronto posible. Se lo dijeron al Presidente y al jefe de Gabinete, el tucumano Juan Manzur, durante el asado en el quincho de Olivos. No se concibe un escenario de default”, o sea, “el precipicio”. En realidad, entre el ‘precipicio’ que generaría un default y el ‘precipicio’ que provocaría un acuerdo con el FMI, prefieren éste último, porque enfrentarían una resistencia popular en un bloque conjunto con las entidades patronales. La burocracia se juega abiertamente por el acuerdo con el Fondo, porque teme, por sobre todo, el precipicio’ del inmovilismo. “Pablo Moyano participó”, relata Belinotti, de las charlas” (con los empresarios) y convalidará ahora un acuerdo (con el FMI)”. “Tenemos que dar garantías jurídicas y ser creíbles”, habrían dicho, “para que (el) dinero se vuelque a la inversión”. “Alberto Fernández... Logró blindar con el apoyo sindical el borrador del plan plurianual que enviará al Congreso antes de negociar con el FMI”.
 El “plan plurianual” es un compendio de negocios que el gobierno de los Fernández ha estado negociando con la Cámara de la Construcción, el Consejo Agropexportador, los ‘unicornios’ digitales, la industria petrolera y la minería. Sería una suerte de canje de deuda externa por facilidades de inversión en tarifas y estabilidad cambiaria y exención de impuestos. Un plan Menem-Cavallo para salir del segundo default del siglo XXI. Claro que, primero, hay que firmar con el Fondo y proceder el ajuste de tarifas y a la devaluación del peso, para poner el plan de entrega en primera velocidad. A esta política, que tiene por víctimas a los trabajadores, la burocracia la denomina defender “la gobernabilidad”. 
 Es cierto que esa misma burocracia ha dicho, en módicas ocasiones, que no aceptaría ningún compromiso de reforma laboral con el FMI. Pero el lenguaje de la burocracia no es del común de los mortales – en lugar de ‘inclusivo’ es excluyente o hermético. Porque también ha dicho, con mayor frecuencia, que la reforma laboral es un asunto reservado al ámbito de las paritarias o convenciones colectivas. Es lo que ha venido haciendo, mucho antes de ahora.
 El pacto con la UIA y AEA debe oficiar de garantía al FMI y a los fondos internacionales, de que la burocracia impulsará la ‘desregulación’ de las relaciones laborales en el marco regulador de las paritarias. A cada uno lo suyo: los parlamentarios que votan leyes son transitorios, la burocracia es permanente. Esta misma burocracia no habla nunca, sin embargo, de la reforma previsional – después de todo votó la privatización jubilatoria del menemismo e incluso organizó o se asoció a varias AFJP. La reforma previsional se ha consumado por completo en la práctica: las jubilaciones son un tercio de una canasta familiar, y el Fondo de Garantía tiene títulos en dólares que se cotizan al 25% de su precio de compra, y en pesos que valen todavía menos. El ajuste presupuestario que impulsan el FMI y Guzmán incorpora la ‘desindexación’ previsional. 
 El pasaje anticipado, anunciado y ratificado de la burocracia de la CGT a las patronales y al FMI, es un elemento político insoslayable en cualquier plan de lucha contra el acuerdo que está ultimando el gobierno. Es el asunto central. Las reservas de lucha del movimiento sindical se encuentran en las organizaciones fabriles, delegados y sindicatos independientes de la burocracia, o sea en la clase obrera como clase. La propaganda y la agitación deben unificarla políticamente en la lucha contra este acuerdo y contra toda la situación sin salida del ataque capitalista y del gobierno. 
 Es lo que hay que plantear en forma abierta.

 Jorge Altamira
 01/12/2021

Hotesur, una metáfora de los gobiernos “que supimos conseguir”


La historia del lavado de dinero entre la familia Kirchner y Lázaro Báez remonta a la época de la conquista española. Los reyes de España premiaban con concesiones de tierras en territorio americano a quienes habían participado con ese mismo propósito en la reconquista de España contra los árabes. En aquellos tiempos, la "economía circular" terminaba con el ingreso del oro al Tesoro de la monarquía, que acabó migrando, por medio del comercio, a la Gran Bretaña. Todavía no se había etiquetado a “la patria contratista”, pero fue lo que se siguió haciendo con la enfiteusis (la enajenación de tierras fiscales para garantizar el pago de la deuda externa); el reparto de territorios indígenas a los militares de Rosas y Roca; el regalo de los espacios contiguos a la construcción de vías férreas a consorcios británicos; para concluir con los contratistas de obras públicas con el estado y con los cuadernos de Centeno. Aunque repudien al capitalismo "prebendario", es lo que continúan haciendo los fondos que engordan sus ganancias a través de la deuda externa y la fuga de capitales. 
 Los jueces que absolvieron a la familia Kirchner del lavado de dinero, se saltaron el paso del juicio oral y público que se había preparado durante años. Alegaron que la familia había recibido un dinero en forma completamente legal, porque las ganancias que les derivaba Lázaro Báez, a través de compras y alquileres de hoteles, provenía de construcciones públicas completamente legales. En ausencia de sobreprecios, el canje comercial entre el constructor y los K no se diferencia de los millones que ocurren, días más, días menos, en el mundo entero. 
 Lo curioso es que la transparencia de los contratos de obras y la inexistencia de sobreprecios aún no se han probado, porque forman parte de otro juicio: el de Vialidad. La acusación, en este caso, incluye la cartelización de obra pública o la imposición de un único oferente. En caso de probarse la configuración de un delito en este caso, que el abogado Beraldi, un K, asegura que es imposible, se configuraría el “autolavado”, por el cual la familia Kirchner recibía un dinero por obras ordenadas por la administración que presidía CFK. En cualquier caso, los jueces dictaron una absolución en la causa lavado de dinero, a partir de otra causa, Vialidad, aun inconclusa. Todo esto podría haberse zanjado en un juicio oral y público, pero estos jueces lo consideraron redundante. Este tipo de absolución ya se había dictado en los casos del "dólar futuro" y el "memorando con Irán", con lo cual la Vice había labrado ya unos buenos antecedentes. Como el descarte de los juicios orales tienen lugar cuando hay fuertes elementos probatorios para dictar la absolución, el kirchnerismo denuncia que estos casos son la prueba de que el juicio oral y público por autolavado forma parte de una campaña persecutoria. 
 Las cuestiones mencionadas seguirán su curso legal, a través de sucesivas apelaciones, hasta llegar a la Corte, que no dejará de tomarse un largo tiempo para decidir. Ya ocurrió con Menem. Pero la administración kirchnerista, como la de Lula en Brasil, ha estado repoblada de latrocinios, con especial cariño por los ferrocarriles y, adicionalmente, la impresión de billetes-moneda. Fueron desfalcos que llegaron al crimen, como ocurrió con nuestro compañero Mariano Ferreyra, por la autorización de obras tercerizadas, por parte de la administración de ferrocarriles y la secretaria de Transporte. Lo mismo con algunas masacres, como la de Once y los pasos a nivel. Una pasión que se trasladó al otro campo de la grieta, como la alianza del macrismo con Odebrecht en el soterramiento del Sarmiento. Macri tiene antecedentes penales de contrabando y el desfalco del Correo. Frecuenta los paraísos fiscales, Tiene a sus amigos, Arribas y Majdalani (ésta última otrora kirchnerista), en problemas judiciales y vedada la salida del país. 
 El régimen político de Argentina, que el politólogo Andrés Malamud juzga “resiliente”, o sea inmune a los desfalcos de todo tipo, es una réplica de lo que ocurre en toda América Latina. El chileno Piñera y el ecuatoriano Lasso, imputados en los Pandora Papers y en negocios incompatibles con la condición de funcionario público, son un caso. La tanda de presidentes peruanos fugados, encarcelados y suicidados. Bolsonaro, denunciado por "rachadinha" (dinero del Congreso) y negociados con materiales de tratamiento de pandemia e incluso genocidio, por el oxígeno para respiradores negados al estado de Amazonas. Los desfalcos "bolivarianos", incluido el kirchnerista Antonini Wilson. Los regímenes narcotraficantes en Centroamérica; el paramilitarismo del régimen colombiano. Esta gigantesca podredumbre es una expresión de la descomposición sin salida de los regímenes políticos en su conjunto. El mismo Lula zafó de una condena de doce años, pero con una buena parte de sus asesores más próximos con delitos probados, y como responsable de la promoción de la mayor desfalcadora que se ha visto, las firmas de la construcción de Brasil, encabezadas por Odebrecht. 

 Jorge Altamira 
 30/11/2021

Honduras: el triunfo de Xiomara Castro

La última carta de la burguesía contra la disolución nacional en Centroamérica. 

Xiomara Castro, esposa del ex presidente José Manuel Zelaya Rosales, derrocado por los militares en 2009, ha obtenido una victoria arrasadora (53,6%) contra el 33,8 obtenido por Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, el partido de los golpistas. En tercer lugar quedó el Partido Liberal, que presentó como candidato a Yani Rosenthal -detenido hasta hace pocos meses en Estados Unidos por lavado de activos- y cosechó un 9%.
 La participación en los comicios fue denominada por los medios y analistas políticos como masiva - un 68% del padrón electoral. La consigna utilizada por Castro fue “Voto masivo mata fraude”.
 Honduras bajo el mando de los nacionalistas y los militares se había convertido en un narco Estado. El actual presidente, Juan Orlando Hernández, tiene a su hermano, Tony Hernández, cumpliendo prisión perpetua en los Estados Unidos, como responsable de una red internacional de narcotráfico. A Hernández lo acompaña en su estadía el hijo del ex presidente Porfirio Lobo Sosa, quien gobernó entre el 2009 y 2013, también por narcotráfico. 
 Los actuales candidatos de los nacionales no llevan un mejor prontuario: David Chávez, actual diputado y candidato a alcalde de Tegucigalpa - la capital hondureña - puso en riesgo su victoria al subir al escenario en un estado de presunta embriaguez en el cierre de campaña. Nasry Asfura, por su parte, es conocido como “Papi a la orden” (sic), acusado de múltiples violaciones a los derechos humanos en su rol de alcalde de Tegucigalpa. Los nacionales son un armado delictivo hecho y derecho.
 Castro ha sido desde el golpe de estado de 2006, una figura de la oposición, ligada al Frente Nacional de Resistencia Popular, del cual ha surgido su partido “Libre”. La campaña política estuvo centrada en la denuncia de los aspectos más atroces de la camarilla nacionalista: el narcotráfico, la corrupción, la miseria y la violencia contra las mujeres y las disidencias sexuales así como de opositores políticos - una campaña contra el “odio”. 
 Xiomara Castro aparece como la única salida a la disolución nacional de Honduras, capturada por un lado por el narcotráfico y el crimen organizado, y forzada por el otro a una intensa emigración hacia Estados Unidos, a través de Guatemala y México. No hay vocero de la burguesía mundial que no salude, de un modo u otro, la victoria de Castro. Por lo señalado, Honduras ya no es siquiera el país que asistió al derrocamiento de su marido, hace quince años. Castro acogió con beneplácito el apurado saludo de su contrincante, Nasry Asfura. Para conservar el apoyo de las grandes potencias, ha prometido una política de conciliación nacional, que es una advertencia anticipada a su fracaso., Cuando Manuel Zelaya fue sacado de su domicilio en pijama por el alto mando, el chavismo era todavía una fuerza pujante, lo mismo que el lulismo, que se atrevió incluso a ofrecer su embajada para traerlo de nuevo a Honduras. Todo aquello es sólo cenizas. Honduras, el domingo pasado, como Perú hace dos meses, es una metáfora de toda América Latina, cuyos países atraviesan por diversos estadios de disolución nacional. 
 La situación social sumamente crítica, el 74% de los hondureños están en la pobreza y las caravanas migrantes, multitudinarias desde 2018, no han cesado. Según Página/12, “Las remesas que envían quienes viven en el exterior superan en valor al 20 por ciento del Producto Bruto Interno, convirtiéndose en el mayor ingreso económico que tiene el Estado y en el único ingreso que tienen muchas familias.” (30/11). 
 A pesar de la magnitud de los embarazos adolescentes, Oxmara ha prometido restablecer la famosa “pastilla del día después”, ilegalizada por los militares, pero ha evitado pronunciarse por la aprobación del aborto. En Honduras, las tasas de femicidios y de asesinatos de miembros de los colectivos lgtbiq+, son altísimas. 
 Salvador Nasralla, el nuevo vicepresidente, se sumó a la fórmula presidencial a finales del año pasado tras un acuerdo con Zelaya en persona. Proviene de sectores que han sido hostiles al ‘zelayismo’, pero que a instancias de Biden, se han resignado a Castro como alternativa última. 
 El nuevo gobierno no representa las necesidades de las masas ni ha nacido de una lucha consecuente contra los golpistas. La disolución nacional que amenaza a toda Centroamérica, solamente puede ser superada una Federación Socialista de Centroamérica y el Caribe.

 Joaquín Antúnez
 01/12/2021

miércoles, 1 de diciembre de 2021

FMI: cómo respondemos al ataque en puertas contra el salario, las jubilaciones y el derecho al trabajo


Los apremios financieros y cambiarios del gobierno han acelerado las especulaciones acerca del acuerdo con el FMI, que el Presidente reafirmó en la misma tarde de los comicios generales. Aunque las tratativas entre el gobierno y el Fondo se intensificaron, el valor de los títulos de la deuda -así como las acciones de las empresas argentinas en el exterior- continúan en caída libre. Los agentes de las finanzas internacionales sostienen que el arreglo con el Fondo no eximiría a la Argentina de una nueva reestructuración de deuda en pocos años, precisamente, por la acumulación de vencimientos -los de la deuda que se renegoció con los acreedores privados y la que se reciclaría ahora con el Fondo. Para aventar el pronóstico de un nuevo defol, y recuperar el valor de los depreciados títulos de deuda, los fondos privados exigen que el arreglo con el FMI contenga un severo ajuste fiscal. Según informan algunos, Guzmán quiere zafar de esa presión pateando los vencimientos más significativos con el Fondo hacia 2027-2028. Sus pedidos anteriores, los de pagar esa deuda a veinte años y con menores intereses, terminaron en el cesto de papeles. 
 El arreglo con el FMI ha disparado una lucha de buitres que se conecta, por un lado, con la bancarrota argentina, y del otro, con la crisis mundial. En la misma mesa donde Argentina reclama concesiones económicas, el imperialismo coloca la cuestión del “alineamiento internacional” del país. La cancillería albertista acaba de confirmar la presencia del presidente en la “Cumbre de la Democracia”, el cónclave que Biden armó para juntar voluntades contra las pretensiones expansionistas de China. Sin embargo, en sus advertencias sobre los “costos” de un futuro acuerdo con el FMI, Cristina Kirchner omitió cuidadosamente el punto de la política internacional. A caballo de los "gestos" políticos y económicos, Guzmán-Fernández no descartan dilatar por unos meses al acuerdo con el Fondo, especulando con aguantar con los dólares de la cosecha o de algún préstamo internacional "fuera de programa". Pero una dilación tendría como contrapartida concesiones económicas cruciales. Cualquiera sea el ritmo del arreglo en discusión, sus dos pilares no dejan dudas: la devaluación de la moneda y la reducción de los subsidios tarifarios en el presupuesto 2022.

 Consecuencias

 El telón de fondo de la disputa por la deuda es la bancarrota nacional, que se manifiesta en una hipoteca pública y privada superior al 100% del producto bruto pero, principalmente, en el empobrecimiento generalizado. La contracara de esta quiebra es la alevosa fuga de capitales perpetrada por el capital internacional y por la burguesía argentina, sin solución de continuidad entre los gobiernos de “Juntos” y “Todos”. Argentina llega al final de 2021 sin reservas internacionales disponibles, pero después de haber reunido un superávit comercial de 25.000 millones de dólares en los últimos dos años. Esta fuga fue financiada, primero, con el préstamo fondomonetarista a Macri y, después, con la gigantesca emisión destinada al rescate “pandémico”, no de la población explotada, sino del capital. Ahora, esa hipoteca quiere ser trasladada integralmente a los trabajadores. Los planes “moderados” de aproximación al arreglo con el Fondo contemplan una devaluación del 25/30% de la moneda, y tarifazos que compensen al semicongelamiento de estos dos años, por un lado, y a la nueva devaluación, por el otro. Cualquiera de las variantes o especulaciones que se tejen en torno del arreglo con el Fondo conllevan un mazazo contra la clase obrera. Ese golpe se descargaría sobre un derrumbe social de alcance histórico. Como nadie ignora esta perspectiva, se entiende porqué el arreglo con el Fondo desató una crisis en las dos coaliciones del régimen, que es apenas el anticipo de la crisis política todavía mayor que podría desencadenarse después del acuerdo. Cristina Kirchner salió a desmarcarse de sus consecuencias, y los opositores de Juntos recelan del proyecto que se lleve al Congreso. El plan plurianual también augura choques por arriba, pues el FMI defiende el sostenimiento de impuestos que aseguren el pago de la deuda (retenciones) mientras que el capital agroindustrial los rechaza. 

 Cómo respondemos 

 Aunque las alternativas de la crisis argentina se discuten en los foros financieros o bursátiles, sus consecuencias se harán sentir con fuerza en las fábricas, hospitales, escuelas o barrios. Las burocracias sindicales –y las de las “organizaciones sociales”- han refrendado su apoyo al acuerdo con el Fondo. Llegaron al extremo de realizar una marcha en su favor, tres días después de las elecciones. El significado de este compromiso es claro: la burocracia se empeñará en hacer pasar el golpe que se prepara contra el salario, las jubilaciones y el derecho al trabajo. Ese compromiso puede incluir la variante de un “paro” rutinario para encauzar la reacción obrera. Por lo tanto, un plan de lucha real contra el ajuste en ciernes sólo puede ser el resultado de la iniciativa de las comisiones internas y delegados independientes, de los sindicatos antiburocráticos y del clasismo. La gran tarea planteada hoy es impulsar la organización de plenarios, coordinadoras y acciones de lucha, en la perspectiva de un congreso de trabajadores y de una acción de conjunto contra el paquete fondomonetarista: una huelga general. El programa de ese plan de acción debe contemplar un aumento de emergencia y la indexación mensual de salarios y jubilaciones; reparto de las horas de trabajo, ningún tarifazo, repudio de la deuda usuraria. En oposición a los gobiernos del capital y el FMI, gobierno de trabajadores. Abramos la deliberación entre los activistas y luchadores 

 Marcelo Ramal 
 30/11/2021

De dos años de ajuste anti-obrero al acuerdo con el FMI


Por un plan de lucha nuestro, de los luchadores.

 Luego de dos años de un "ajuste" implacable contra los trabajadores ocupados, desocupados y y jubilados, la inflación, el gobierno se encuentra en un rincón. Nada de eso ha alcanzado para sacar a la Argentina del "defol", o sea, para refinanciar el pago de la deuda pública, interna y externa, con acreedores privados e institucionales. Son más de 400 mil millones de dólares, lo que equivale a un 130% del PBI. Vienen por un ajuste mayor: el acuerdo con el FMI. 
 Los choques de intereses que han demorado ese acuerdo hasta ahora, han hecho naufragar los acuerdos que fueron alcanzados, con anterioridad, con los acreedores privados. El gobierno no tiene condiciones de cumplir con los plazos establecidos en esos acuerdos, para pagar el ciento por ciento de esa deuda. Los fondos internacionales y nacionales que tienen esa deuda de Argentina, han perdido un mónton de dinero que quieren recuperar por medio de medidas que sean impuestas por el FMI. La principal de ellas es una devaluación fuerte del peso, que lleve el dólar "oficial" a un valor de entre 150 y 175 por ciento. Semejante devaluación no sólo sería un golpe letal a la economía de los trabajadores, sino que también podría llevarse puesto a los Fernández e incluso su destino judicial. 
 Otra consecuencia de una mega devaluación sería ahogar la recuperación económica que se registra después del hundimiento que provocó la pandemia. Una recesión afectaría los intereses de muchos negocios, en particular en la industria y en la construcción. Las patronales de la construcción y de la metalurgia acaban de pronunciarse en apoyo a los términos que plantea el gobierno en la negociación. O sea, una devaluación "más suave" y la continuidad del "cepo" al dólar. Tanto los partidarios de la mega y la mini devaluación coinciden, sin embargo, en algo fundamental: tarifazo y desindexación de salarios, jubilaciones y protección social. Son partidarios de aplicarla, por el contrario, a tarifas, alquileres y títulos de la deuda pública interna. 
 Pero, ¿por qué deberían pagar los trabajadores lo que es una consecuencia de la gestión capitalista del Estado, de los Macri por un lado y de los Fernández por el otro? ¿Por qué deberíamos bancar la anarquía capitalista, que cuando un capital gana se queda con la ganancia, y cuando pierde transfiere las pérdidas? Los capitalistas locales tienen cerca de 500 mil millones de dólares en el exterior, lo que convierte a Argentina en un país acreedor, pero pretenden que la deuda pública la paguen los que viven de su trabajo. Bien mirado, esos 500 mil millones de dólares en el exterior, salieron de la deuda que contrajo el Estado y que ahora, lógicamente, no pueden pagar. Ese vaciamiento financiero se encuentra perfectamente documentado, de modo que no plantea ninguna dificultad identificarlo. Asistimos a una operación de “autolavado” como el que se imputa a la familia Kirchner, por apropiarse de parte de los ingresos de las obras de infraestructura concedidas por el Estado.
 El acuerdo que los Fernández buscan con el FMI debe ser rechazado en cualquiera de sus variantes, porque significa más penuria y sufrimiento para el pueblo. Punto. No existe el acuerdo "bueno" y el acuerdo "malo", salvo para los capitalistas que se encuentran en pugna en el actual escenario económico. Los fondos internacionales y los capitalistas locales que quieran cobrar sus deudas, pueden recurrir a los tribunales internacionales y nacionales, para que investiguen el origen del dinero de Argentina en el exterior. La responsabilidad por no hacerlo corre por cuenta del estado capitalista, no de los trabajadores. Una de las primeras medidas que tomará un gobierno de trabajadores será hacer públicas las cuentas de los capitalistas. La defensora de los pobres, Cristina K, sabe perfectamente bien que los exportadores retienen los dólares en el exterior, lo mismo que hacen los importadores por medio de sobrefacturaciones, mientras financian las ventas y compras al y del exterior, con créditos locales al tipo de cambio oficial. Por medio de este tipo de vaciamientos y muchos otros se sigue acumulando la transferencia de dinero a la cuentas del exterior. 
 Los fondos internacionales y nacionales dicen que una mini-devaluación no alcanza, y prometen seguir atacando al peso en caso de que el acuerdo con el FMI establezca esa salida. Advirtieron que no aceptarán ninguna renegociación de pagos cuando haya que comenzar a cancelar el capital, a comienzos de 2024. Esta presión profundizará la inestabilidad financiera y la inflación. Del otro lado, reclaman una devaluación "modesta" y un cepo prolongado, para seguir recuperando mercados y negocios, pero con la condición de que no se demoren los tarifazos. Esta pelea que cruza a toda la burguesía fondomonetarista fomenta la desorganización económica, la inflación y la crisis política. Es la base económica de las crisis de FdT y JxC. Los trabajadores no debemos pagar la anarquía capitalista de ninguna manera. Es necesaria una salida política de la clase obrera. 

 Consecuencias

 En 2018, cuando Macri pidió el "socorro" del FMI, el peronismo, la burocracia de la CGT y los kirchneristas no hicieron nada para impedirlo, cuando tenían una cómoda mayoría en el Congreso. La consigna fue: “tenemos 2019”. Ahora son ellos los que reclaman, y con urgencia, "arreglar" con el Fondo. Están empeñados en hacer lo que sea para impedir una sublevación popular, para que el FMI "ordene" el escenario de la economía. 
 No es una situación política desconocida para la clase obrera. La misma conducta política tuvieron el peronismo y la burocracia en el "Rodrigazo" de 1975; en la hiper de Alfonsín; ante las privatizaciones de Menem; en el Argentinazo; y en la hiperdevaluación macrista. Un politólogo muy cotizado acaba de escribir en Clarín (30.11) acerca de “La asombrosa resiliencia argentina”. La conclusión del politólogo es: "vengan a degollar nomás, que el sistema político de peronistas y gorilas aguanta lo que sea". Sobre el infinito crecimiento de la pobreza que resulta de este "aguante", el politólogo no dice nada.
 Las crisis repetidas del medio siglo reciente han desarrollado en la clase obrera una variedad de anticuerpos políticos. Un crecimiento del activismo clasista en empresas y sindicatos; un movimiento piquetero que enfrenta todo el tiempo los intentos de cooptación estatal; una juventud combativa; luchas vigorosas por los derechos de las mujeres, sujetas también a la presión para integrarse al Estado; un crecimiento de la izquierda, aunque su potencial revolucionario se encuentra neutralizado. 
 Es necesario un plan de lucha de este conjunto de fuerzas trabajadoras. El sábado 11 tendrá lugar una marcha a Plaza de Mayo convocada por diversas organizaciones de izquierda. Pero es necesario, por sobre todo, un plan de lucha del conjunto de los luchadores obreros y sus organizaciones de empresa y sindicatos. El objetivo es definir las reivindicaciones y métodos de acción para enfrentar el acuerdo con el FMI y la grave situación actual. Debemos poner en movimiento barrios y fábricas. Es imposible ignorar que el cimbronazo de una devaluación suscite la respuesta de los trabajadores, sea mediante huelgas parciales y generales. El rechazo a cualquier acuerdo con el FMI debe ir acompañado por el reclamo de un aumento del ciento por ciento de salarios, jubilaciones y planes sociales –por un ingreso mínimo igual al costo de la canasta familiar. 
 Tampoco se puede ignorar que ese acuerdo será precedido o seguido por un pacto político que se votaría en el Congreso, para encubrir el desfalco económico por medio de una suerte de legalidad democrática. El rechazo, en este caso, al conjunto del sistema político, deberá ser sustentado en una alternativa. El propio desarrollo de la crisis plantea la reivindicación política del gobierno de los trabajadores. El progreso del plan de lucha de los luchadores obreros y sus organizaciones plantea un Congreso de la clase obrera, un órgano de unificación política de la clase, y por lo tanto de poder.
 La crisis política y social que debe enfrentar la clase obrera por medio de su propio plan de lucha, es más amplia que lo que puede significar un acuerdo del gobierno y del estado con el FMI. El recrudecimiento de la pandemia no significa que los gobiernos vayan a recurrir a los confinamientos del principio de ella. Entre la salud y la "economía", se han decidido irrevocablemente por la "economía". Se ha puesto de manifiesto la incompatibilidad del capitalismo con la vida humana. En esta nueva fase, los gobiernos han abrazado, casi sin fisuras, la política de la "nueva normalidad", o sea la convivencia con el virus, y la convivencia del virus con planes de ajuste contra las masas. 
 Estamos frente a una lucha de época.

 Jorge Altamira 
 30/11/2021

El rebrote europeo, síntoma de un capitalismo en coma


Una nueva ola de coronavirus, a las puertas de la temporada invernal, recorre Europa, que ya concentra la mitad de los casos y muertes a nivel mundial. 

 Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declararon “muy preocupante” el ritmo de transmisión del Covid en el continente y pronosticaron hasta 700 mil nuevas muertes adicionales en la región. De cumplirse dicho pronóstico, el número total de muertos en Europa alcanzaría 2,2 millones en primavera.
 Varios gobiernos de la región comenzaron a tomar medidas para contener la pandemia, desde bloqueos totales y vacunación obligatoria, como en el caso de Austria, y bloqueos parciales, refuerzos con una tercera dosis de la vacuna o restricciones a los no vacunados, como en los casos de Alemania, República Checa o Eslovaquia. Los expertos analizan la nueva disparada de casos en el viejo continente a la luz de las tasas de vacunación, la aparición de nuevas variantes, el cambio de estación y el desapego a los protocolos.
 Lo que deja expuesto este nuevo brote es otra cosa. La propia OMS, hace un año atrás, cuando Europa se encontraba al borde del colapso hospitalario, salió a hacer una campaña fortísima por la apertura de las escuelas porque, según sus voceros, “los confinamientos son una pérdida de recursos y (...) provocan muchos efectos secundarios, como daños a la salud mental o aumento de la violencia de género”. Por su parte, las nuevas medidas restrictivas tuvieron una repercusión inmediata negativa en el mercado accionario. Todos los mercados bursátiles asiáticos cerraron con números rojos al cierre de la semana pasada. Las bolsas en Europa retrocedieron hasta un 4%, golpeando principalmente a bancos, empresas del sector turístico y de materias primas. 
 La gestión de la pandemia es una cuestión netamente política, con consecuencias económicas y sociales profundas. El capital ha llevado a que la mayoría de los Estados occidentales adoptara la política de “convivencia con el virus”. En esta línea ha promovido la apertura indiscriminada sin importar que sólo el 53,3% de la población mundial se encuentre vacunada con al menos una dosis, incidencia que cae al 5% en los países de bajos ingresos. Esa circulación puede ser palanca para nuevos rebrotes y el surgimiento de “supervariantes” de una contagiosidad impredecible (La Nación, 23/11) como quedó demostrado con la aparición de Omicron, la nueva variante sudafricana. En África, apenas el 27% de los trabajadores de la salud completaron el esquema de vacunación, un índice que es mucho más bajo entre el resto de la población. 
 Este bajo porcentaje de vacunación a nivel mundial, a dos años de iniciada la pandemia, pone en riesgo lo que los especialistas nombran como “inmunidad de rebaño”, que se alcanzaría con más del 90% de la población inoculada. Al mismo tiempo deja expuesta la inequidad en el acceso a las vacunas por parte de las regiones y los países más pobres. El acaparamiento por parte de las potencias y la negación a liberar las patentes por parte de la industria farmacéutica, beneficiaria de un lucro millonario a costa de la salud y la vida en medio de la pandemia, es un signo claro de la irracionalidad capitalista. Como respuesta a esta anarquía sistémica atizada por discursos negacionistas como los de Trump o Bolsonaro -y de izquierdistas que veían el cercenamiento de las libertades individuales detrás de las restricciones sanitarias- han avanzado movimientos de rechazo a los pases sanitarios, a la vacunación obligatoria y al confinamiento. Estos movimientos, de modo cabal, deben entenderse como una reacción a mecanismos que ponen el foco en la punición del individuo mientras se desplegó, en el periodo pandémico, una transferencia multimillonaria de recursos estatales para el salvataje del capital en vez de sostener económicamente a la fuerza de trabajo, de fortalecer mecanismos sanitarios adecuados y de coordinar una acción conjunta mundial para la erradicación del virus. En este marco estas movilizaciones no pueden catalogarse unilateralmente de "antivacunas". Son expresión de una crisis del régimen social de conjunto. Esto queda en evidencia en el hecho de que son más exacerbadas en países donde la población vive por debajo del umbral de la pobreza como en el caso de las Antillas francesas. 
 Sin embargo, en Holanda y Bélgica, cuyas poblaciones están altamente inmunizadas, la epidemia tiene una evolución “muy inquietante” según las autoridades sanitarias. En ambos casos las cifras de hospitalizados en terapias intensivas y de muertos aumentan. Por lo tanto la inmunización es fundamental pero no alcanza, en sí misma, para frenar el avance del virus. 
 En un nuevo capítulo de la guerra por imponer una nueva hegemonía mundial, la política de tratamiento de la pandemia de "tolerancia 0" del gobierno chino ha sido transformada por el partido comunista en un terreno de competencia con la política de "convivencia" de las potencias occidentales, en especial con la política estadounidense. En las últimas horas se ha informado que en China las pruebas masivas, la cuarentena centralizada, los controles de transporte, la vigilancia de alto nivel, el seguimiento y la localización, así como los cierres estrictos y localizados, seguirán siendo una parte importante de la vida de la población. Siguiendo esta línea de acción, sobre una población de 1.411.780.000, el país oriental tuvo 98.546 contagios y 4.636 muertes relacionadas con el covid-19 desde que comenzó la pandemia. El presidente de China, Xi Jinping, se ha comprometido este lunes a proporcionar mil millones de vacunas contra el COVID-19 a África con el objetivo de estimular la inmunización contra la enfermedad en el continente, donde se ha identificado la variante Ómicron del SARS-CoV-2. 
 El capitalismo ha convertido la pandemia en una verdadera crisis humanitaria. Se revela incapaz de resolverla, a pesar de los enormes avances científicos y tecnológicos de los últimos tiempos. Estos son otro nicho de lucro privado de la industria capitalista en detrimento de las mayorías trabajadoras. La socialización de la ciencia y la técnica al servicio de la vida liberando las patentes y estatizando la producción de medicamentos bajo control obrero, una centralización del sistema sanitario y una planificación de los recursos en beneficio de las mayorías laboriosas y no de las disputas interimperialistas ni de un puñado de capitalistas, es una tarea urgente que sólo va a poder desenvolverse hasta el final bajo un gobierno de trabajadores. 

 Ana Belinco
 30/11/2021