El jueves 2, la Legislatura porteña izó la bandera que más le gusta, la de remate. En una de esas sesiones kilométricas de fin de año, el gobierno de Rodríguez Larreta y la coalición oficialista votaron en soledad un paquetazo de medidas en favor de las grandes constructoras que producirá perjuicios irreversibles al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras la “democracia republicana” sesionaba, las asambleas barriales y grupos ambientalistas se encontraron con una nutrida barrera de la Policía porteña, armada hasta los dientes.
La franja costera del Río de la Plata -entre la ex Ciudad Deportiva de Boca y gran parte de la Costanera Norte- queda ahora más vedada para la gente común y reservada para inversionistas inmobiliarios que puedan pagar más de 10.000 dólares el m2. Antes, el gobierno de Rodríguez Larreta ganó tierra al río y realizó todo tipo de obras de mejoramiento, solventadas por los porteños que viven hacinados en las villas o se arremangan todo el mes para poder pagar un alquiler.
La mole de cemento de las torres, levantadas sobre los humedales, no solo cerrarán el paso al aire puro que llega desde el río sino que destruirán el humedal de la Costanera Sur, la más importante reserva de agua de la Ciudad.
Qué votaron
El primer gran proyecto es la rezonificación de las 72 hectáreas de la Costanera Sur que ocupa la ex Ciudad Deportiva de Boca, que IRSA compró hace años por chaucha y palitos. Tipificada como área verde y para deportes, la constructora necesitaba esta ley para construir un barrio náutico de lujo, Costa Urbana, que avanza en un loteo del Río de la Plata y privatiza uno de sus canales. El Observatorio del Derecho a la Ciudad afirma que con esta rezonificación “el grupo IRSA gana 1.500 millones de dólares como mínimo, alrededor de un tercio del presupuesto de la Ciudad, sin realizar ninguna inversión, solamente por el cambio de la normativa urbanística”.
Otro proyecto autoriza al gobierno porteño a vender las 30 hectáreas de Punta Carrasco y Costa Salguero, también sobre el Río de la Plata. Fue votada aunque dos fallos judiciales ratificaron que la venta es anticonstitucional porque no cumplió la normativa. El proyecto fue ampliamente rechazado en una audiencia pública, el 98% de los 8 mil oradores reclamaron un parque. Sin embargo, se levantará allí un nuevo barrio, al estilo de Puerto Madero, pero con torres de hasta 10 pisos.
En tercer lugar, los legisladores oficialistas dieron el sí a 9 “convenios urbanísticos” firmados entre Larreta y una docena de grandes constructoras para levantar torres en lugares donde están expresamente prohibidas por el Código de Planeamiento Urbano. Los convenios tienen el carácter de coima legalizada, las constructoras aportarán uno 30 millones de dólares al gobierno porteño a cambio de incumplir la ley.
Los legisladores votaron también una amnistía a las construcciones de hasta más de 5.000 m2 extra por fuera de la normativa. El “perdón” se basa en una ley destinada a evitar la demolición de pequeñas construcciones hogareñas en patios y terrazas de hasta 100 m2.
Los legisladores lo extendieron 4.900m2 más.
Concretamente, se fueron a dormir después de haber habilitado la construcción de más de un millón de m2 nuevos en la Ciudad, la mayoría sobre el Río de la Plata.
Esta entrega al capital inmobiliario genera a la población perjuicios de todo tipo.
En primer lugar, usurpa tierras fiscales que bien podrían ser destinadas a la vivienda social en una ciudad donde por lo menos el 10% de la población vive en el hacinamiento, sin acceso a la red de agua ni de cloacas.
En segundo lugar, es una escandalosa transferencia de fondos públicos a los privados. El valor de las tierras de la exCiudad Deportiva, donde se construiría el barrio de IRSA, fue calculado por el gobierno porteño tomando como referencia Villa Soldati, mucho más barata que Puerto Madero. La oposición denunció que Larreta renunció a algo como 450 millones de dólares.
En tercer lugar, abona la cementización y destruye áreas verdes, las dos condiciones que mencionan todos los expertos como útiles para atenuar el desastre del cambio climático.
Durante la votación hubo algunos chispazos en el bloque oficialista. Los radicales querían “mejorar” el convenio con IRSA, pero terminaron votando con las dos manos. La Coalición Cívica se abstuvo.
“Este es un proceso que recién está empezando”, amenazó Diego García de García Vilas, el jefe del bloque VJ que, para justificar la enajenación de tierras públicas, se burló del voto negativo del Frente de Todos, citando los argumentos de Cristina Fernández de Kirchner cuando se propuso vender la isla Demarchi para construir el fallido “Hollywood argentino”.
Olga Cristóbal
04/12/2021
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