sábado, 29 de noviembre de 2025
Huelga general en Italia contra el presupuesto de guerra de Meloni, el ajuste y el apoyo a Israel
El viernes 28 una potente huelga general en toda Italia inmovilizó durante 24 horas al transporte, con paros en trenes, autobuses, metro y aviones, sanidad, escuela y prensa. Se cancelaron decenas de vuelos y el servicio ferroviario fue interrumpido en todo el país.
Los periodistas sumaron a los reclamos la exigencia de la renovación del convenio colectivo nacional, que expiró en 2016. Es la primera huelga de toda la categoría en más de diez años. Las agencias mantenían sus flujos de noticias cerrados y en los portales digitales de grandes medios como La Repubblica, La Stampa o Il Corriere della Sera aparecían congeladas las noticias del día anterior, junto a un aviso de que la página volvería a actualizarse a primera hora de este sábado.
La huelga, convocada por los sindicatos de base Cobas, Usb, Sgb y Cub se pronuncia contra el apoyo del gobierno de Giorgia Meloni a Israel y contra el ajuste y el aumento del gasto militar.
La huelga une la solidaridad con Palestina a la lucha contra el gobierno de Meloni, que eleva el presupuesto militar a 32.000 millones de euros a costa de recortes sociales.
La jornada nacional contra el «presupuesto de guerra» denuncia que el proyecto de ley financiera para 2026 favorece el gasto militar y profundiza el ajuste en salud, educación y las políticas sociales en general.
Los italianos se han estado empobreciendo durante dos décadas. Los salarios crecen a la mitad del promedio europeo, y en 2024, por primera vez, el salario medio español ha superado al italiano (diario-red)
“Queremos al menos 2000 euros de salario base, jubilarnos como máximo a los 62 años, basta con el sistema de subcontratación, reducir la jornada laboral manteniendo el salario, garantía del derecho a la vivienda, contrataciones en la administración pública, sanidad pública gratuita y universal", escribe la USB en un comunicado.
En sanidad, los sindicatos reclaman presupuesto para infraestructuras y mayor estabilidad laboral. Escuelas, universidades y la administración pública también se suma al paro, con interrupciones en diferentes servicios locales y estatales.
La ley de presupuestos de Meloni está en línea con el aumento del presupuesto militar que exige la OTAN, impulsa exclusivamente el rearme, con grandes empresas estatales o mixtas como Leonardo (una de las más grandes fabricantes de armas del mundo) presionando para que se produzcan más armas.
La USB “espera replicar el éxito de las huelgas generales por Gaza de hace un mes, cuando dos millones de personas ocuparon las calles italianas”. El comunicado de la USB: "[pedimos] el fin de toda complicidad con Israel y del genocidio en Palestina: recordamos cómo Italia se encuentra entre los principales proveedores de armas del estado israelí, mientras el genocidio continúa", escriben los representantes de los trabajadores.
El aeropuerto de Malpensa, en Milán, canceló al menos 27 vuelos, mientras que el de Bolonia canceló al menos 17. Otros aeropuertos afectados son el de Linate, en Milán, el de Nápoles y el de Venecia. La aerolínea insignia de Italia, ITA Airways, dijo que había cancelado 26 vuelos nacionales debido a las huelgas.
Los trenes fueron cancelados en las principales estaciones de Roma, Turín, Milán y Génova. Los servicios de transporte público urbano se vieron interrumpidos en Roma y en otras ciudades.
En Venecia, antes de ser dispersados por la policía con cañones de agua. los activistas bloquearon el acceso a las oficinas del grupo armamentístico italiano Leonardo -uno de los mayores fabricantes de armas del mundo, en el que el Estado tiene el 30 % de las acciones.
En una entrevista del Socialist Workers a dos trabajadores de la USB, ambos explicaron que muchas empresas que cierran se reconvierten a la producción de armas. Por ejemplo, en la Toscana, Leonardo pretende hacerse cargo con ese fin de una fábrica de electrodomésticos que ha cerrado. En Puglia, en el sur de Italia, trabajadores de Leonardo motorizan una petición para impedir la producción de armas para Israel.
Miles de manifestantes marcharon en Roma y Turín, entre otras ciudades, muchos de ellos ondeando banderas palestinas, y otra marcha en Génova contó con la presencia de la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los palestinos, Francesca Albanese, y el exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis. La activista sueca Greta Thunberg, que participó de dos flotillas antiisraelíes que intentaron llegar a Gaza a principios de este año, también participó en las protestas.
Los manifestantes portaban pancartas en las que se pedía la liberación de Mohammed Shahin, un imán que será deportado de Italia tras calificar el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 como un “acto de resistencia” en una manifestación conmemorativa del aniversario de la masacre.
La huelga general del viernes fue convocada por el sindicato autonomista USB junto con otras organizaciones de trabajadores más pequeñas. La Unione Sindacale di Base, fundado en 2010, es un sindicato alternativo a las grandes centrales burocraticas italianas (como CGIL, CISL y UIL). Tiene presencia es el sector público y también en la industria, en comités de vivienda y en agrupaciones de migrantes y desocupados.
En los últimos años el USB “está desafiando el dominio tradicional de las tres principales confederaciones, la CGIL de izquierda y las centristas CISL y UIL” (Times of Israel 29/11).
Esta es la tercera huelga general en solidaridad con Palestina y contra el ajuste aunque la burocracia sindical esta vez no convoca ni a un paro de 2 horas, como en octubre, y la CGIL, el sindicato más grande de Italia, del Partido Comunista, dividió a la clase obrera anunciado una huelga nacional contra el presupuesto recién para el 12 de diciembre. En la huelga del 22 de septiembre los estibadores autoconvocados pararon los puertos de Génova y algunos otros impidiendo la salido de barcos con armas hacia Israel.
Este enorme impulso acorraló a la burocracia del CGIL y la obligó a sumarse parcialmente -con paros de dos horas- a la huelga general del 3 de octubre, que puso de pie a la clase obrera de Italia y logró repercusiones en Bélgica, Alemania, Grecia y otros países europeos.
La clase obrera italiana marca el camino.
Olga Cristóbal
29/11/2025
A falta de dólares, tarifazos y despidos.
En electricidad, el subsidio equivaldrá al 50% de la tarifa; pero en invierno y verano, sólo para consumos hasta 300 KWH mensuales; y en el resto del año, hasta 150 KWH. En el caso de los llamados “ingresos medios” -que en realidad no llegan a la actual canasta familiar- el tope del actual consumo subsidiado era de 250 KWH mensuales, o sea, un 60% más alto que el nivel dispuesto por el nuevo régimen. Como resultado de este recorte, las estimaciones de especialistas dicen que 140.000 familias perderían el subsidio.
En el caso del gas natural, el subsidio queda reducido al lapso abril-setiembre, y queda eliminado para el resto del año. Por otra parte, el subsidio a garrafas -cuyo precio ya fue liberado este año- será “reformulado” a través de un complicado sistema de reintegros, con la “cooperación” de las compañías de billeteras virtuales y sus desinteresadas comisiones.
Sobre la quita dispuesta, el gobierno dispondrá un subsidio “paliativo” del 25% de la tarifa, pero con carácter descendente mes a mes y hasta desaparecer en diciembre de 2026.
De acuerdo a lo informado oficialmente, el nuevo régimen implicará que unos 1000 millones de dólares anuales del costo anual del servicio eléctrico y gasífero pase a ser costeado directamente por los usuarios. Pero la tarifa para éstos se acrecentará todavía más, porque una mayor tarifa “pura” representa una carga más elevada en el pago de impuestos provinciales y municipales. Al cabo de 2026, el tarifazo promedio se estima entre el 30 y 40% sobre lo que paga actualmente cada familia usuaria.
El anuncio con bombos y platillos de la quita de subsidios tiene un claro destinatario: el Fondo Monetario Internacional. Se produce a pocas semanas de la “evaluación” del Fondo sobre la marcha de acuerdo firmado a comienzos del año. A nadie escapa que el gobierno no podrá cumplir con el compromiso de acumulación de reservas, que continúan negativas y en unos 9.000 millones de dólares por debajo de lo prometido al Fondo. En compensación por la falta de dólares, el anuncio de una “motosierra” redoblada (quita de subsidios) le sirve al gobierno de pretexto para reclamar una “dispensa” (waiver) en relación al incumplimiento del acuerdo. Y al FMI, para otorgarlo. En la misma línea, acaban de anunciar una nueva tanda de despidos en el Estado nacional, hasta recortar el 10% de la planta actual.
La quita de subsidios es también una señal a los monopolios energéticos, que vienen recibiendo las compensaciones del fisco con retrasos e incluso con bonos del Estado, como ya hizo Caputo con las generadoras de energía. En definitiva, el superávit fiscal -que Milei le va a “vender” al Fondo en las próximas semanas- es también un dibujo.
El tarifazo en puertas se suma al fuerte aumento en el transporte, y refuerza la necesidad de una campaña y una lucha por un aumento inmediato de salarios y jubilaciones.
Marcelo Ramal
29/11/2025
viernes, 28 de noviembre de 2025
Se multiplican los cierres y despidos: las patronales reconvierten sus negocios a costa de los trabajadores
220 despidos en Whirlpool
En las últimas semanas se han acumulado cientos de despidos en la industria y en el comercio, con el cierre de la multinacional Whirlpool y la cesantía de 220 trabajadores entre los casos más destacados, como resultado del agravamiento de la crisis económica de la mano de las medidas aperturistas del gobierno y las tratativas ruinosas para profundizar esta línea con el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Ante esta situación, el gobierno apunta a imponer una reforma laboral que liquide derechos y conquistas laborales y que, está probado, no traerá consigo ningún puesto de trabajo.
Es moneda frecuente en estos días escuchas del cierre de una u otra planta o lugar de trabajo ante el desplome de la economía y la caída de las ventas, tanto por la disminución de poder adquisitivo de los trabajadores, como resultado de las políticas de ajuste gubernamental y el ataque contra los salarios, como de la ampliación de la competencia capitalista con la apertura indiscriminada de importaciones que está haciendo estragos.
Uno de los anuncios más resonantes es el del reciente cierre de la fábrica de lavarropas Whirlpool, ubicada en el Parque Industrial de Pilar, con el despido intempestivo de 220 trabajadores, en medio de una caída de la producción y de las ventas, lo que dio lugar a una reestructuración patronal para seguir haciendo negocios pero convirtiendo la empresa en un centro de acopio y distribución. Mientras cientos de familias se quedan sin su sustento las patronales siguen haciendo negocios por otras vías.
Algo similar está ocurriendo en la reconocida fábrica de ollas y sartenes Essen, desde donde confirmaron un recorte en la producción que afectaría a 29 trabajadores, cuando se habla de que la empresa podría pasar a importar su producción directamente de China u otros países.
Otra de las implicadas es la fueguina NewSan, con más de 150 despidos luego de que el presidente Javier Milei recorriera la planta haciendo propaganda con una supuesta reactivación económica. Se trata de un sector particularmente afectado por la eliminación de aranceles en la importación de productos electrónicos. Aunque los despidos se dan luego de un primer trimestre de la empresa con ganancias superiores a los $26.000 millones.
También debemos sumar la amenaza de 140 despidos en Lácteos Conosur SA, controladora de La Suipachense, donde la Justicia acaba de resolver la quiebra de la empresa; las decenas de despidos con cierres de distintas sedes del país de la cadena de supermercados Cencosud, con 55 cesantías solo en la provincia de Tucumán; mismo tenor que el empleado por la cadena mayorista Yaguar, con su cierre en Bahía Blanca y el despido de 60 trabajadores. En La Rioja el cierre de dos empresas de la industria textil y del calzado, Lexo y Vulcalar, dejaron un tendal de 120 despidos. La cuenta sigue y se multiplica por todo el país.
Las políticas económicas del gobierno de Milei están acrecentando los despidos y la recesión industrial, con la caída de la actividad industrial y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, junto al encarecimiento del crédito y la financiación y una huelga de inversiones de las patronales que no se modifica siquiera por las reformas antiobreras y garantías excepcionales que le brinda el gobierno a los capitalistas.
En este marco, la reforma laboral antiobrera que presenta Milei y que reclaman los capitalistas y sus voceros lejos de revertir esta tendencia agravaría las consecuencias contra los trabajadores, eliminando derechos y recortando salarios a quienes puedan conservar el empleo, en medio de un recrudecimiento de la caída de la actividad económica y una recesión mayor provocada por las medidas gubernamentales.
La “falta de competitividad” no es un producto de altos “costos laborales” sino del parasitismo de los capitalistas que hacen sus negocios en la timba financiera y que ante los cambios económicos reestructura sus negocios industriales a meros depósitos de acopio y reventa de importaciones, mientras son los trabajadores los que pagan los platos rotos, con despidos, suspensiones, ajuste y reformas antiobreras.
Rechacemos los despidos y suspensiones organizando asambleas y la lucha obrera contra el ajuste. La reforma laboral viene a agravar la crisis, por lo que tenemos que derrotarla con la acción independiente de los trabajadores, para imponer un programa de salida a la crisis, de defensa de la industria, el trabajo y los derechos laborales, partiendo de una recomposición general de los salarios.
Marcelo Mache
Las Fuerzas Armadas como garantes de los negocios mineros
Como complemento de un programa económico en beneficio del gran capital, el gobierno de Javier Milei impulsa una redefinición del papel de las Fuerzas Armadas mediante reformas legales que amplían su participación en la protección de “objetivos estratégicos”. Estos objetivos incluyen represas, infraestructuras críticas y, potencialmente, dada la amplitud jurídica de la formulación del decreto, los grandes proyectos mineros que el Ejecutivo busca atraer a través del Rigi (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).
El gobierno impulsó los decretos 1107/2024 y 1112/2024, que habilitan una mayor intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. Por un lado, el 1107 define el concepto de “Objetivos de Valor Estratégico” (OVE): según este decreto, puede ser “cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas… de vital importancia para el Estado nacional” cuya afectación generaría “graves perjuicios a la vida, la economía, el ambiente o la seguridad de la Nación”. La calificación de esos OVE, sobre los que podría actuar el Ejército, es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional.
El modelo extractivista impulsado por el gobierno de Milei y acompañado por todo el arco político patronal va de la mano de una reconfiguración del Ejército. La intromisión de empresas extranjeras en los negocios sobre territorios ricos en litio, cobre, tierras raras y recursos energéticos podría reactivar disputas territoriales ya conocidas en Argentina: resistencia de comunidades originarias muy arraigadas a su tierra natal, tensiones por el agua de esas tierras, conflictos laborales en las urbes periféricas, protestas socio-ambientales y reclamos contra posibles impactos ecológicos. Si ese nuevo mapa de conflictividad se encuentra con un aparato de seguridad fortalecido y con Fuerzas Armadas desplegadas sobre el territorio bajo la figura de “custodia estratégica”, cualquier manifestación o acción de lucha popular podrá ser reprimida. Ya hubo precedentes en este sentido: el asesinato de Santiago Maldonado, que luchaba por los derechos del pueblo mapuche, bajo el gobierno de Macri.
Los recientes ejercicios militares de gran escala (Ejercicio Libertador) que pusieron a prueba la FDR (Fuerza de Despliegue Rápido) en Chaco y Formosa -sumado al incremento del presupuesto de Defensa-, por ejemplo, se inscriben en el intento de garantizar condiciones de seguridad para las inversiones extractivistas que comenzarían a profundizarse en los próximos años. La FDR es una unidad operativa del Ejército dedicada a la movilidad estratégica y la capacidad de desplegar rápidamente fuerzas en distintas partes del territorio nacional. Esta fuerza fue creada en 2011 por el gobierno de Cristina Kirchner.
Su conformación incluyó unidades como la IV Brigada Aerotransportada, la X Brigada Mecanizada y la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales (AFOE). En sus primeros años, el comando de la FDR se instaló en Campo de Mayo, entre 2011 y 2012, antes de su traslado a Córdoba. Su diseño operativo la define como una unidad de alta disponibilidad: modular, con gran flexibilidad orgánica, preparada para responder rápidamente ante crisis o contingencias. Durante la gestión de Luis Petri, esta fuerza experimentó un desarrollo armamentístico y mecánico mediante adquisiciones de vehículos terrestres y aéreos provenientes de Estados Unidos y Dinamarca.
Por otro lado, el 1112 actualiza la “visión de amenazas”: no solo habla de agresiones externas (otros Estados), sino también de “organismos paraestatales”, “organizaciones terroristas” u “otras organizaciones trasnacionales” como posibles amenazas que justifican el uso de las FFAA. Permite que las FFAA vigilen/controlen “espacios terrestres, marítimos, fluviales, aeroespaciales, ciberespacio y el espectro electromagnético (radio frecuencias)”. Cabe mencionar, además que se autoriza en sus disposiciones a que las FFAA realicen “aprehensiones transitorias” de personas que cometan delitos bajo ciertas condiciones. Esto es impulsado por un gobierno que llegó a calificar de terroristas a personas que se manifestaron contra la Ley Bases.
En este marco, el gobierno viene aumentando el presupuesto de defensa. Si registramos el presupuesto publicado en 2025 veremos una cifra de 2.200 millones de dólares, lo que según InfoGate representa aproximadamente el 0,31% del PBI. Esta política se vio en el ejercicio Libertador, un entrenamiento militar que alista al FDR y otras fuerzas articulando logística y mecánica, poniendo a prueba toda la capacidad del Ejército en lo que se puede definir como un simulacro de invasión en la frontera norte del país. Nunca antes se había realizado un ejercicio tan grande y ambicioso. El ejercicio que el ejército se propone sostener como rutina anual tiene una duración de 35 días, y en él participan alrededor de 3 mil efectivos.
Por otro lado, el gobierno se propuso a adquirir 209 vehículos blindados a ruedas 8x8 de diferentes variantes para su FDR, y 24 “F-16” (Caza de combate de cuarta generación).
El aumento del presupuesto y las maniobras militares mencionadas muestran los intereses de clase que el gobierno defiende. Milei busca introducir completamente a las Fuerzas Armadas en la represión interna, para usarlas contra los trabajadores que lleven adelante piquetes o luchas en sus lugares de trabajo o movilizaciones en general. Se trata de un plan de represión al servicio de hacer pasar el plan de reformas estructurales que reclama la clase capitalista. Cabe destacar que la oposición patronal es cómplice de esta orientación, toda vez que dejó pasar los decretos mencionados.
En este contexto, por otra parte, acaba de asumir al frente de Defensa el general Carlos Alberto Presti. Será el primer militar en ejercer como ministro de Defensa desde 1983. Presti, un impulsor de la campaña por la "memoria completa" del gobierno, fue uno de los impulsores del entrenamiento intensivo de las FDR. Se trata de un hombre con una gran trayectoria, que además viene de una familia militar; su padre fue un genocida de la dictadura de Videla y murió impune gracias a la ley de Obediencia Debida alfonsinista.
Derrotemos al gobierno represor con la movilización popular.
Ángel Damián
jueves, 27 de noviembre de 2025
“Las pibas libertarias”
Las contradicciones de clase del feminismo no han demorado en aparecer luego del fracaso del kirchnerismo y de sus seguidores de izquierda para resolver o atemperar el deterioro social, la desigualdad, la discriminación y la violencia que afectan a la mujer trabajadora. El feminismo ‘nacional y popular’ ha sido incapaz de establecer una organización de masas de la mujer, el arma fundamental para luchar contra la opresión. No ha podido ni sabido salir de la jaula de los ‘coloquios’ de cúpula. La organización de masas de la mujer trabajadora, por su lado, requiere un programa vigoroso de reivindicaciones que es incompatible con el Estado burgués, él mismo basado en la explotación social, la discriminación y la violencia. El ajuste populista, mediante la inflación, y el de la motosierra libertaria, que se vale de la expropiación de derechos y conquistas que han valorizado a la fuerza de trabajo, han agravado la miseria social de las familias trabajadoras, de sus mujeres y de sus niños. Los mismos factores que han llevado a la victoria de Milei (la bancarrota capitalista, de un lado, y la confusión sembrada por el nacional-izquierdismo, del otro) se han conjugado para desenvolver un “feminismo de derecha” que vuelve a dejar en evidencia que el feminismo como categoría social identitaria (homogénea) esconde contradicciones insuperables. Históricamente, la organización de masas de la mujer se ha desarrollado por la iniciativa de las mujeres de partidos socialistas y comunistas de masas. La ausencia de partidos obreros poderosos no invalida, sin embargo, la necesidad de la organización independiente de la mujer trabajadora, solamente modifica los métodos que deben formar parte de la lucha por la construcción de partidos obreros revolucionarios mismos.
El desplazamiento político del kirchnerismo por LLA ha tomado su correlato en el movimiento feminista. A diferencia de Milei, sin embargo, que ha descalificado al feminismo, esta derecha pretende imponer su agenda en el movimiento de mujeres. El feminismo de derecha es descripto mediante numerosas entrevistas en un libro de reciente aparición (Sin padre, sin marido, sin Estado) que la revista Nueva Sociedad resume mediante una entrevista a sus autoras (Melina Vázquez y Carolina Spataro) en su edición de septiembre último. Las libertarias en cuestión están repartidas en varias tiendas: Mujeres Liberales Argentinas, Mujeres por la Patria, Pibas libertarias, Las Pibas Progresan y el capítulo argentino de Ladies of Liberty Alliance.
Las libertarias redefinen la lucha contra “el patriarcado”. Mientras que el feminismo convencional lo describe como una cuestión de género que deriva en la lucha contra el “machismo” o la “masculinidad tóxica”, las libertarias lo centran en el Estado. De lo que se trata es de “emancipar” a la mujer del Estado mediante la “autonomía económica” y el “empoderamiento” personal. En la mayor parte de los países, sin embargo, el patriarcado ha sido abolido como figura legal, lo cual ha servido para mostrar, debido a la persistencia de opresión de la mujer, incluso su agravamiento, que esa opresión radica en el sistema económico, o sea, en el modo de producción capitalista. La presencia de la mujer en el trabajo productivo la prepara políticamente para una emancipación social ligada a la lucha de clases.
Aunque este modo de producción se encuentra en un estado agonizante, las burbujas financieras han servido para hablar de un “empoderamiento” de mercado; es lo que justifica procurar la “educación financiera” para ganar una autonomía ‘real’, que ha cobrado difusión desde hace un tiempo. Las bolsas internacionales han crecido en varios cientos por cientos, habilitando la fantasía de la autonomía financiera individual. La liberación de padre, marido y Estado pasa por el bolsillo y no por derechos políticos conquistados mediante una lucha contra el capital y el Estado. De esto se trata el feminismo libertario, que ha salido a disputar al feminismo una hegemonía política, luego de dos victorias electorales de LLA. A diferencia del movimiento clerical Pro-Vida, defienden el derecho al aborto y a la educación sexual integral. Pero con dos salvedades: la primera no debe ser gratuita, salvo en los hospitales públicos, hasta que se consuma la privatización de la Salud. La educación sexual no debe ser privativa de la familia, a diferencia de lo que sostiene el clericalismo, pero la escuela debe abordarla desde un ángulo ‘biológico’, sin la influencia ideologizante del género o el marxismo. Esta distinción entre el clericalismo y el feminismo libertario expresa el ascenso de una minoría de mujeres en la cúpula de la administración de los Estados capitalistas. Es una vía para la cooptación de un sector del feminismo ‘populista’ que ha ascendido social y políticamente; por eso participan de las movilizaciones del 8 de Marzo. Parte de esta derecha reivindica el movimiento sufragista de los siglos XIX y XX, en un intento de distanciamiento de las dictaduras militares. Apoyará, ciertamente, una intervención militar norteamericana contra Venezuela, en nombre de la elección invalidada por Maduro el año pasado.; es, además, bolsonarista. En cuanto a Palestina, apoya al sionismo, con la aclaración de que el kirchnerismo saboteó todo lo que pudo las movilizaciones en defensa del pueblo palestino. Bajo la demagogia libertaría intenta atraer a las ‘rapis’ y ‘uberistas’ que, impedidas de encontrar un trabajo y por rechazo a la precariedad laboral, procuran salidas individuales y ‘autonomías financieras’. Apoya abiertamente la política de Milei, ajustadora y represiva, y toma como ‘modelo’ a Patricia Bullrich y Diana Mondino, aunque no (parece) a Karina Milei.
La derecha fascistizante busca abrirse un espacio en el movimiento de la mujer. Pone en la agenda el tiempo de las tareas de cuidado, desarrollando capacidad para contratar trabajo doméstico y aborda el acoso sexual reivindicando la “libre portación de armas” y la práctica de tiro. El propósito es construir un espacio dentro del espacio libertario, como vía de ascenso social y promoción política, diferenciándose del discurso homofóbico de LLA, que asimila la homosexualidad a la pedofilia. Le costará, de todos modos, ‘liberarse’ de Jeffrey Esptein y de las milicias bolsonaristas.
El cuadro clasista que ha tomado cuenta del feminismo (diferenciación social y política) augura una desintegración del feminismo policlasista de los últimos años. La organización socialista de masas de la mujer trabajadora está más que nunca en la agenda revolucionaria.
Jorge Altamira
24/11/2025
Presti en Defensa: el gobierno se pone las botas
Las críticas y defensas han cruzado a todos los bloques políticos. Por un lado, Estela de Carlotto, Agustín Rossi y Jorge Taiana criticaron la designación, en cambio el exjefe del Ejército de CFK, César Milani, defendió que un militar ocupara un cargo político... precisamente a lo que él mismo aspiraba. Por otra parte, Oscar Aguad, radical y exministro de Defensa de Macri, apoyó la designación, pero criticó su continuidad dentro de la estructura castrense (La Nación 25/11).
Presti fue designado en 2024 como jefe del Ejército, luego de lo que fue el mayor retiro de militares de alto rango desde 1983: para su ascenso se retiraron 23 generales de un total de 35. Ahora se espera otra tanda de retiros, empezando por el actual Jefe del Estado Conjunto de las FFAA, el brigadier Xavier Isaac. Isaac estuvo al frente de la Fuerza Aérea durante el gobierno de los Fernández-Massa y mantuvo las conexiones con el Pentágono durante la compra de los aviones F-16. Ferviente “malvinero” y piloto militar de Mirage, sus posiciones públicas con respecto a las Islas del Atlántico Sur chocan con la posición del gobierno (Infobae, 2/4).
Otro retiro que se espera es el del Jefe de la Armada, el contralmirante Carlos María Allievi, que viene de quedar envuelto en una polémica con el gobierno por negarse a enviar una embarcación militar para sumarse a la flota de Trump en el Caribe (La Política Online, 6/11). Además, también viene de hacer declaraciones públicas sobre la obra social de las FFAA, planteando la necesidad de que se deje de atender a las Fuerzas de Seguridad y presionando un rescate por parte del ministerio de Economía (La Nueva, 24/11). Presti heredará una fuerte crisis en las Fuerzas Armadas. “Además de enfrentar la crisis cada vez más profunda de la obra social de los militares, que mantiene una deuda de $200.000 millones, Presti asumirá los desafíos de la recuperación salarial –hoy la mayoría de los oficiales y suboficiales están bajo la línea de pobreza– y la búsqueda de fórmulas para reducir las 18.000 bajas pedidas en las Fuerzas Armadas durante los dos años de la gestión de Javier Milei. Aunque en el gobierno libertario alegan que las deserciones eran más en el período kirchnerista, se atribuyen las razones a los bajos sueldos, la falta de incentivos y la desmotivación profesional” (La Nación, 26/11).
El ascenso de Presti al gabinete tiene que ver con un propósito fundamental del gobierno, a saber: devolverles protagonismo político a los militares y que las fuerzas armadas cumplan un rol en la represión interna y el blindaje del régimen liberticida, con la excusa de la lucha contra el "terrorismo" y el narcotráfico.
La designación de Presti tiene lugar en el marco del protectorado sobre el gobierno argentino que ha establecido la Casa Blanca. La nueva generación de militares que ascendió con Milei coincide en haber pasado largos periodos de trabajo en consulados y agregadurías en países imperialistas, sobre todo en Estados Unidos. Presti mismo participó de la MINUSTAH, la delegación militar de cascos azules que ocupó Haití bajo conducción de los militares brasileros.
Sergio Yeti
26/11/2025
miércoles, 26 de noviembre de 2025
Una fuga hacia adelante con súper ajuste y precariedad laboral
La expectativa, sin embargo, de un megapréstamo de 20.000 millones de dólares de bancos internacionales se desinfló; Milei y Caputo no consiguieron los avales del Tesoro ni del Banco Central de Estados Unidos para ese préstamo. El gobierno se juega de nuevo a conseguir que esos mismos bancos le otorguen un préstamo de monto inferior y de plazo más corto, pero más caro. En aras de conseguir dólares, el Presupuesto 2026 ha incorporado una “ley de olvido” –otro blanqueo. Pero para no comprar los dólares con emisión de pesos, Caputo ha dispuesto que lo haga el Tesoro, con el dinero de la recaudación fiscal, o sea con mayor motosierra a los trabajadores.
En cualquier caso, la recaudación del fisco está cuestionada por el planchazo económico. Argentina atraviesa dos trimestres consecutivos con la actividad en baja, o sea, una recesión. La mora de los consumidores en el pago de sus deudas bancarias o comerciales, oscilan entre el 20 y el 27% para tarjetas o préstamos personales. El crédito se paraliza y la baja de la tasa de interés no lo reanima, porque las deudas no se pueden refinanciar. La persistencia de un régimen deflacionario agrava la crisis industrial y comercial, y abre las puertas a una crisis bancaria. No sorprende, en este cuadro, que el banco Wells Fargo emita un informe que ubica al peso argentino como la moneda más vulnerable de la región. La “normalidad” de Caputo-Milei, en fin, esconde un fondo explosivo.
La coalición del Presupuesto
I
ncluso en este cuadro de crisis, Milei está a punto de conseguir una mayoría parlamentaria para aprobar un Presupuesto 2026 que reforzaría la parálisis del mercado interno. En ese paquete se encuentran las reformas laboral y tributaria, el punto estratégico que mantiene unida precariamente a la burguesía. En la agenda parlamentaria, se anota una derogación parcial de la ley de glaciares -exigida por los gobernadores que representan al capital minero; una reforma reaccionaria del código penal y la reforma educativa que Paolo Rocca llevó al Consejo de Mayo. Esta reforma declara la subsidiariedad de la escuela con relación a “la familia”, que pasa a ocupar la primacía en la tarea de educar. Es una poda de los gastos del presupuesto y eleva sideralmente el costo del cuidado del hogar, incluida la ‘educación a distancia’, claramente en detrimento de la mujer. Los fanáticos del “libre mercado” sacan a las mujeres del proceso social de la producción, para confinarlas al hogar.
“La coalición del presupuesto 2026” es una garantía política reclamada por los acreedores de deuda. Su mandato es el de ejecutar un ajuste mayor y las llamadas “reformas de tercera o cuarta generación”, o sea contra la legislación protectora del trabajo. Los gobernadores, a cambio, le reclaman a Milei obras “públicas” y viales que sirvan a los intereses mineros o petroleros. Pero los grupos mineros, petroleros y el agronegocio reclaman también una devaluación, para abaratar la inversión de capital y gozar de la libertad de repatriar las ganancias.
La “coalición del Presupuesto”, por otro lado, pretende quebrar el Tesoro de la provincia de Buenos Aires, negando, con el apoyo de la Cámpora y CFK, un voto por mayor endeudamiento que Kicillof reclama para pagar la deuda de la Provincia. El peronismo no se hunde por diferencias ideológicas sino pecuniarias.
Desafíos
La burocracia sindical se ha subido a la “coalición” oficial para apoyar, a su modo, la reforma laboral. Según los periodistas especializados, la cúpula de la CGT sólo declaró “innegociable” la cuestión de las cuotas solidarias que los trabajadores deben ingresar a las cajas sindicales luego de cada paritaria. En cambio, la pulverización del derecho del trabajo -fin del convenio colectivo, convenio por empresa, banco de horas, fin de las indemnizaciones y de la jornada de ocho horas- están en la agenda de la “actualización laboral” que todo el peronismo convalida, comenzando por Cristina Kirchner.
La “estabilidad” o la “primavera” del gobierno libertario es un buzón que han salido a vender Milei y Caputo, y que sirve al peronismo y al FITU de excusa para promover el inmovilismo en las organizaciones obreras (SUTNA, llamado a la burocracia a formar un “partido de trabajadores” en clave electoral). En cambio, los “mandriles” (economistas conservadores), se la ven venir. Le advierten a Milei, que la deflación monetaria y la depresión industrial está rompiendo el “tejido social” -aluden a la rebelión popular que engendra el plan liberticida.
Desde Política Obrera, promovemos un trabajo preparatorio de clarificación y organización de los activistas y luchadores; una campaña contra la reforma laboral, y por la unión de las luchas parciales hacia una huelga general.
Marcelo Ramal
25/11/2025
La aviación de Trump sobrevuela Venezuela
Hasta ahora, las acusaciones que Estados Unidos esgrimía contra Maduro eran por “narcotráfico” y por integrar el “Cartel de los Soles”, cuya existencia muchos analistas ponen en duda.
A partir del lunes pasado, para el gobierno de Trump, el Cartel de los Soles pasa a ser un grupo terrorista y la cúpula del régimen venezolano, “terroristas”.
Si bien a principios de año Trump ya había declarado a toda organización narcotraficante como “terrorista”, aquello había quedado en el plano discursivo, sin implicancias legales.
El domingo de la semana pasada, el Departamento de Estado emitió un comunicado anunciando la designación formal y daba siete días al Congreso para revisar la medida después de ser notificado. “En ausencia de acción del Congreso para bloquear la designación”, esta entra en vigor, algo que sucedió este lunes (Clarín, 24/11).
También quedaron incluidos en la designación el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, con lo que se abre una ventana de peligro para México.
La inclusión en esta categoría autoriza al presidente Trump a imponer nuevas sanciones contra los activos de Maduro, algo que Estados Unidos ya había implementado desde que desconoció su gobierno en 2019. Desde antes, distintos gobiernos estadounidenses venían imponiendo sanciones individuales a personas vinculadas a alguno de los tres poderes de Venezuela. Incluso empresas europeas ya habían sido sancionadas por comerciar con la petrolera PDVSA. La única empresa con permiso para hacerlo es Chevron, y solo puede pagarle a Venezuela con crudo; las divisas están prohibidas.
La confiscación de bienes, empresas o fondos supuestamente relacionados con la actividad del cartel es algo que Estados Unidos ya había hecho con activos venezolanos de propiedad estatal. En 2019, 7.000 millones de dólares fueron bloqueados en Estados Unidos y 1.200 millones de dólares en oro venezolano fueron retenidos en el Banco de Inglaterra. Algunos informes estiman que la suma total de los fondos venezolanos bloqueados o confiscados en el exterior asciende a 24.000 millones de dólares.
La designación legaliza acciones encubiertas que Trump ya había anunciado previamente, así como procesos penales en Estados Unidos: cargos formales por terrorismo con órdenes de arresto internacional. Establece, además, la prohibición de visados, la expulsión de personas vinculadas al cartel y presión sobre terceros países para que tomen medidas similares.
No autoriza explícitamente el uso de la fuerza letal, pero Trump interpreta que sí y así lo ha declarado. De hecho, es lo que viene implementando desde hace semanas, hundiendo barcazas en el Caribe y en el Pacífico. La diferencia sería que la amenaza ahora se extiende sobre el territorio continental venezolano. Recientemente, obtuvo el apoyo del Congreso, que votó en contra de una resolución que cuestionaba los ataques a las barcazas, y el propio Trump declaró que no necesita autorización para un ataque terrestre.
Lo que sí tuvo consecuencias inmediatas fue la amenaza solapada sobre los aviones que circulan por el cielo venezolano.
La Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) emitió alertas a varias aerolíneas comerciales sobre “un aumento de la actividad militar” en el espacio aéreo venezolano, lo que generó la suspensión de rutas por parte de compañías como Iberia, TAP, Avianca, GOL y LATAM. De esta manera, incomunicados por mar y por aire, los venezolanos han quedado virtualmente cercados, mientras que la frontera con Brasil también se encuentra fuertemente militarizada.
Al mismo tiempo, Estados Unidos reactivó su base militar en Puerto Rico, que se encontraba inactiva desde 2004, y que fue utilizada como enclave militar para bloquear a Cuba y para invadir a Santo Domingo en 1965, a Granada en 1983 y a Panamá en 1989.
Según Reuters, altos cargos estadounidenses señalaron el domingo que el comienzo de la segunda fase de la operación militar “Lanza del Sur” es inminente, y que el jefe del Ejército se hará presente en la zona. Hay que tener en cuenta que el jefe del Comando Sur ya había presentado su renuncia —según trascendidos, por su oposición a las operaciones ordenadas por Trump y también por su política racista hacia el interior de las fuerzas— para retirarse en diciembre, por lo que se espera una nueva designación.
El Comando Sur ha matado ya a más de 80 personas en ataques a barcos que supuestamente llevaban droga por el Caribe y el Pacífico, sin presentar ninguna prueba y mucho menos un riesgo para la marina estadounidense.
Trascendió que Maduro ofreció un final de su gobierno negociado a dos años, propuesta que fue rechazada por la Casa Blanca.
Rusia brindó pertrechos militares a Venezuela y, al igual que China, acaba de respaldar a Maduro y de pronunciarse contra la injerencia militar estadounidense. Sin embargo, es probable que Venezuela termine como moneda de cambio en un eventual acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania entre Trump y Putin.
El despliegue militar en el Caribe es el mayor en la región desde la crisis de los misiles en 1962 y el mayor del mundo desde la guerra de Irak, por la cantidad de pertrechos implicados. Para una invasión terrestre, Trump necesitaría movilizar más tropas, pero no puede mantener indefinidamente semejante despliegue armamentístico, que cuesta millones de dólares por día, sin llegar a una definición.
Si lo que buscaba era generar una crisis que favoreciera un levantamiento interno y provocara un cambio de régimen, el tiro le estaría saliendo por la culata, porque la oposición a Maduro está más dividida que nunca y buena parte de ella es contraria a las acciones bélicas contra Venezuela. Esto deja a María Corina Machado en un cipayismo aislado, por más premios Nobel que le otorguen.
La misma inercia de Trump y el desarrollo de los hechos lo van a obligar a tomar una decisión.
Un ataque a Venezuela es una amenaza para toda América Latina; la movilización en todo el continente es lo único que puede detener a Trump y a su imperialismo en decadencia.
Aldana González
25/11/2025
lunes, 24 de noviembre de 2025
¿Libertad o fraude laboral? Los planes de Milei para los trabajadores de las apps
Junto con la reforma laboral antiobrera y la reforma fiscal el gobierno planea introducir un marco regulatorio para los trabajadores de plataformas (Rappi, Pedidos Ya, Uber, Cabify y Didi) que evada el reconocimiento de la relación de dependencia subyacente, reconociéndolos como “trabajadores autónomos” a cargo de las obligaciones fiscales y de otros gastos y a cambio una reglamentación laxa de la actividad que no resuelve ninguno de los problemas actuales. Una regulación al servicio de las plataformas y de la recaudación fiscal del gobierno.
Se trata de la regulación de un sector precarizado del mercado laboral que vino creciendo al calor de los despidos y la eliminación de puestos de trabajo en el mercado laboral formal, con aproximadamente 80.000 repartidores en Rappi, 40.000 en Pedidos Ya, 400.000 conductores en Uber, 350.000 En Didi y 100.000 en Cabify, teniendo en cuenta que los trabajadores se encuentran registrados en más de una app.
La reforma que plantea introducir el gobierno tipifica a estos trabajadores en los marcos del trabajo independiente, sobre la base de una supuesta “libertad de contratos”, que no es tal al considerar la asimetría evidente entre las plataformas empleadores, por un lado, y los trabajadores sin ninguna capacidad de “negociación libre” por el otro.
Las empresas en cuestión solo tendrán la obligación de brindar información “clara” a los trabajadores respecto a los criterios de asignación de viajes y/o repartos, así como de las sanciones y bloqueos aplicados, abriendo un “canal de diálogo” con los trabajadores para eventuales reclamos, que no garantiza ninguna resolución favorable o procedimiento de queja efectivo.
El proyecto de regulación también plantea la obligatoriedad de contratación de un seguro de accidentes para los trabajadores, cuyo financiamiento “deberá ser acordado con la plataforma”. Es decir que las patronales siquiera se harán cargo del mismo, trasladando todo costo –como lo hacen en la actualidad- a los trabajadores.
Entre las obligaciones impuestas a los trabajadores se encuentra la continuidad del pago del monotributo a cargo de los mismos, con el agravante de que la reforma fiscal que plantea el gobierno plantea reagrupar a todos los “trabajadores independientes” en el régimen general de autónomos (suprimiendo el monotributo), elevando arbitrariamente el piso del aporte fiscal por encima de los $100.000, lo que implicaría un ajuste directo sobre los “trabajadores libres”.
Otras formulaciones, como la “libertad” de los trabajadores de conectarse cuando quieran o de “aceptar o rechazar” pedidos o servicios, son meras expresiones vacías de contenido, ya que no está planteada la institución de ningún mecanismo que garantice esto, rigiendo en los hechos la voluntad patronal de las plataformas. La mención a que las plataformas deberán “explicar” los motivos de una sanción o bloqueo no invalida las razones y criterios arbitrarios empleados por las mismas, ni habilita procedimiento alguno de reconsideración o queja ante alguna autoridad de control o ente gubernamental. Es la nada misma.
La supuesta “libertad de trabajo” que defiende el gobierno como fundamento de esta regulación encubre una orientación patronal en defensa de las plataformas de delivery, que no solo garantiza el desconocimiento de derechos laborales fundamentales (obra social, aportes previsionales, antigüedad, riesgos de trabajo, vacaciones, aguinaldo, etc.) sino que vuelca la carga fiscal sobre las espaldas de los trabajadores.
Con Milei y sus reformas antiobreras avanza la precariedad y el fraude laboral. Hay que organizarnos para derrotar esta ofensiva patronal, peleando a su vez por el reconocimiento de los encuadres convencionales correspondientes y todos los derechos laborales desconocidos por las patronales.
Marcelo Mache
Reforma laboral: circula un borrador criminal
Un ataque en regla contra todos los derechos obreros
No hay un texto formal presentado por el gobierno. La reforma laboral se cocina en secreto, a espaldas del pueblo, con el círculo rojo del poder económico, con algunos de los gordos de la burocracia sindical, no más que eso. Al punto que a los gobernadores a los que les piden el voto para negociar algunos fondos u obras públicas, tampoco se lo muestran. Pretenden borrar lo que queda de un siglo de luchas obreras de un plumazo, de manera sumaria, como una ejecución, no vaya a ser que los trabajadores puedan conocerlo y debatirlo. En este contexto, Infobae comenta un borrador absolutamente verosímil, con detalle de números de artículos incluidos que es simplemente criminal. La CGT debería convocar sólo por ese trascendido a luchar hasta el último trabajador, formal e informal, ocupado o desocupado, activo o jubilado.
El proyecto altera “distintos aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), los regímenes especiales y los procedimientos judiciales. El texto incluye definiciones que tocan principios generales, criterios de registración, organización de la jornada, vacaciones, beneficios sociales, licencias por enfermedad, indemnizaciones y regulación de actividades consideradas esenciales. También incorpora un capítulo para la economía de plataformas y otro para el ejercicio profesional sin exigencia de matrícula obligatoria” (Infobae, 18/11).
Para empezar excluye de la ley a los excluidos de siempre, obreros rurales, empleadas de casas particulares, empleados públicos, a “los vínculos comerciales regidos por el Código Civil y Comercial y a los servicios personales de transporte, reparto y mensajería mediante plataformas tecnológicas”. Así que queda desmentida de plano la falacia de igualación de derechos, blanqueo y toda esa sanata.
El artículo 9 altera el principio de la norma más favorable al trabajador sólo para casos extremos de duda y el 15 requiere homologación judicial o administrativa de todo acuerdo de partes. Es decir que el “desregulacionismo” de Sturzenegger no rige para los trabajadores: regimentación del Estado a fondo, por si se escapa alguna liebre para el lado de la justicia de los trabajadores.
El artículo 30 asesina otra vez a Mariano Ferreyra y su lucha contra la tercerización. Elimina la responsabilidad solidaria de la empresa principal, para transformarla en subsidiaria, o sea nada. Justamente nuestra lucha, como la de Mariano y los ferroviarios, fue y es la vigencia del convenio principal.
El proyecto permite cualquier modificación de las condiciones de trabajo por parte de la patronal “siempre que no dañe material o moralmente”. La patronal con esta generalidad puede hacer lo que le plazca. Y de inmediato, en torno a vacaciones, permite fraccionarlas en hasta siete días y además reestructura los ítems para su pago donde no aparece en la información periodística el adicional que resulta de dividir el mes por 25 días y no por 30. Una destrucción de la conquista.
“Otro punto importante es que se amplía la lista de beneficios sociales no remunerativos. Entre ellos, aparecieron prestaciones de salud, reintegros de guardería, ropa de trabajo, útiles escolares, suscripciones a gimnasios, gastos de sepelio y provisión de herramientas tecnológicas. Ninguno de esos rubros integra la base remunerativa ni genera aportes o contribuciones” (ídem)”. Precarización del salario y ataque a la seguridad social y a la salud.
Y no falta el “salario dinámico” por “tramos” que “pueden ser temporales y no generan derecho adquirido”, en criollo, trabajo a destajo, el famoso salario por “productividad”, que es pura superexplotación, porque la productividad, en todo caso, debería crecer por tecnología y no por esfuerzo individual, y, al revés aliviar el esfuerzo del trabajador y mejorar su condición y remuneración. Por otra parte, introduce todo un listado de rubros “no remunerativos” por transporte, viáticos, etc. o sea negrea salarios de manera legal. Una pinturita.
El artículo 197 bis incorpora la posibilidad de que los convenios colectivos establezcan bancos de horas, regímenes de compensación y sistemas flexibles ajustados a los ciclos productivos. Textual, pero no acaba allí, porque el art. 198 introduce el concepto de jornada “promedio”, de manera que no existe la jornada como tal. A eso llaman “modernizar” la vieja ley de jornada, van derechito al siglo XIX.
El borrador define que durante la ausencia por enfermedad o accidente el trabajador cobrará una prestación no remunerativa equivalente al 80% del salario neto. Ese monto se extenderá en función de la antigüedad y de las cargas de familia. La norma exige la presentación de certificados médicos con firma digital y mantiene la facultad del empleador para controlar los diagnósticos. O sea, un castigo por enfermarse con evasión de cargas sociales. Impactante, fascista, no cabe otra consideración.
En materia de indemnización mete a fondo el tope de tres salarios promedio por año de antigüedad que ya rige, pero por supuesto insiste en la opción convencional del fondo de cese laboral, algo que no caminó hasta ahora por Ley Bases, pero que en este contexto de ataque general tratarán de imponer, aprovechando el debilitamiento general de los trabajadores que implicaría que pase esta masacre de nuestros derechos.
El capítulo sobre repartidores y plataformas en el título VIII del proyecto de ley es una tomada de pelo. “Allí se garantiza libertad para conectarse, aceptar tareas y desconectarse sin sanciones. Las plataformas deberán ofrecer información previa sobre el servicio, facilitar elementos de seguridad, brindar capacitación y habilitar mecanismos permanentes de reclamos”. Todo igual a lo que está, ni siquiera obligación de ART.
Obviamente, en este menú no podía faltar el ataque al derecho de huelga. Se vuelve integralmente sobre el capítulo suspendido del DNU 70/23: “Uno de los bloques más extensos reorganiza la prestación de servicios esenciales durante conflictos colectivos. El artículo 24 de la Ley 25.877 sería reemplazado, según el borrador, por un esquema que exige un funcionamiento mínimo del 75% en sectores esenciales y del 50% en actividades trascendentales. La norma enumera un grupo amplio: salud, telecomunicaciones, energía, aeronáutica, navegación, puertos, aduanas, educación, actividades de industria continua, alimentos, transporte, logística, bancos y comercio electrónico, entre otros. Además, se crea una Comisión de Garantías, que quedó facultada para revisar criterios, analizar situaciones de emergencia y clasificar nuevas actividades bajo el régimen de prestación mínima”. Chau derecho de huelga.
La mentira de la “inclusión laboral”, de la “modernización” y la “formalización” aparece de cuerpo entero. El proyecto al que accedió Infobae justifica un levantamiento popular dirigido por la clase obrera para evitar que Argentina se transforme en un país esclavista de punta. Que no nos venga el peronismo y la burocracia sindical con el “contraproyecto”. Entrar a discutir cualquiera de estos ítems es una completa entrega. No tienen mandato para sentarse un minuto a discutir. Y menos para arrastrarse pidiendo que los llamen, como ha pedido la “nueva CGT”. Paro activo y plan de lucha hasta la huelga general. Desconocemos la autoridad del parlamento para revisar lo que ganamos con la lucha de nuestros padres y abuelos.
Néstor Pitrola
domingo, 23 de noviembre de 2025
El Consejo de Seguridad de la ONU da su aval al plan colonial de Trump
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó este lunes 17 una infame resolución que adopta enteramente el plan colonial de Donald Trump para la Franja de Gaza y, en consecuencia, establece una fuerza internacional de ocupación en el territorio costero (“Fuerza Internacional de Estabilización”, según el pérfido lenguaje de la norma) y una junta de gobierno (“Junta de Paz”) –con poderes hasta fines de 2027- que tendrá al frente al magnate estadounidense, según detalla el anexo del documento, que es nada menos que el mismísimo plan de 20 puntos diseñado por la Casa Blanca.
El texto recibió el voto afirmativo de 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, entre ellos Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Grecia, Corea del Sur y Argelia. Pero también cuenta con el aval de importantes Estados que no lo integran, como Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Arabes, es decir, las burguesías árabes, y hasta de la Autoridad Palestina, que corona con este aval un largo proceso de cooperación con las autoridades sionistas. Rusia y China se abstuvieron en la votación, pero no ejercieron su poder de veto, que hubiese hecho naufragar la resolución. Esta postura es congruente con el apoyo que ya habían dado al plan Trump y con sus vínculos comerciales y diplomáticos de todo tipo con Israel.
La resolución legitima la presencia de las tropas sionistas en Gaza (que actualmente ocupan más de la mitad del territorio) hasta su reemplazo por la fuerza internacional, e incluso, admite posteriormente “una presencia perimetral de seguridad que permanecerá hasta que Gaza esté debidamente protegida frente a cualquier resurgimiento de la amenaza terrorista (sic)” (punto 7). Y asigna a la fuerza de ocupación la potestad de garantizar “el proceso de desmilitarización de la Franja de Gaza, lo que incluye destruir e impedir que se reconstruyan las infraestructuras militares, terroristas y ofensivas, así como retirar permanentemente del servicio las armas de los grupos armados no estatales” (ídem). Esto va en sintonía con los deseos de Trump y Netanyahu de destruir a Hamas y el resto de las organizaciones de la resistencia palestina. Mientras se insiste en desarmar a estos grupos, se tolera el asedio constante del Estado genocida.
En cuanto a la junta de gobierno, se estipula que tendrá el apoyo de un “comité palestino tecnocrático y apolítico” (punto 4), hasta tanto la Autoridad Palestina “haya completado satisfactoriamente el programa de reformas” que le exige el imperialismo “y pueda retomar el control de Gaza de forma segura y efectiva” (punto 2). Aquí, la intromisión resulta descarada, puesto que se priva al pueblo de Gaza del derecho elemental de elegir a sus propios gobernantes, y se deja el poder en manos de figuras del imperialismo (en el anexo sobresale el nombre del exprimer ministro británico Tony Blair, uno de los responsables de la invasión de Irak, en 2003) y, a la postre, de una Autoridad Palestina remodelada a conveniencia.
Este celo por mantener el poder en manos seguras se explica, en parte, porque la llamada “Junta de Paz” tendrá a su cargo la coordinación de la reconstrucción de Gaza, que ha sido reducida a escombros, y hay grandes grupos capitalistas que buscan tallar en ese proceso, empezando por los intereses inmobiliarios de Trump y su famoso proyecto turístico, pero que se extiende también a las burguesías árabes que, a través de Egipto, presentaron en marzo una propuesta de remodelación que movería más de 50 mil millones de dólares. El imperialismo yanqui no solo proporcionó a Israel las bombas que reventaron la mayor parte de los hogares del sufrido pueblo gazatí, sino que busca sacar provecho de las ruinas.
Para justificar su apoyo a semejante texto, la Autoridad Palestina alude al presunto reconocimiento de un Estado palestino, pero se trata de una referencia completamente incierta, que, además, está atada a la legitimación del plan colonial. La resolución dice: “Una vez que se haya llevado a cabo fielmente el programa de reformas de la Autoridad Palestina y haya avanzado la reurbanización de Gaza, se podrán dar por fin las condiciones necesarias para una vía factible (?) hacia la libre determinación y la condición de Estado de Palestina” (cursivas nuestras).
Esta formulación muestra a qué punto ha quedado reducida la llamada “solución de dos Estados”, en el marco del avance sostenido de la colonización sionista en la región.
El genocidio continúa
Mientras el imperialismo diseña su fuerza de ocupación (aún no está claro qué países la integrarán, ni se habla de un número específico de tropas), la Franja de Gaza sigue padeciendo la ocupación de las tropas sionistas y la violación constante del cese al fuego. Más de 1.500 edificios fueron destruidos desde entonces, y más de 200 gazatíes fueron asesinados. A su vez, la ayuda humanitaria ingresa a cuentagotas, por lo que el bloqueo y sus dramáticos efectos (hambruna, enfermedades) siguen apabullando a la población. A esto hay que sumar el salto que prepara Israel en la colonización de Cisjordania (con el asentamiento E1 como proyecto estelar) y el ataque de bandas de colonos armados en dicho territorio.
La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU fue rechazada por las organizaciones de la resistencia palestina, entre ellas Hamas y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), que en un comunicado propio declaró que “nuestro pueblo, que ha hecho sacrificios continuos, no aceptará ninguna fórmula que disminuya su soberanía y continuará su lucha hasta lograr la completa libertad en su tierra”.
Francesca Albanese, experta independiente de la ONU, autora de un informe revelador sobre los intereses económicos que operan detrás del genocidio del pueblo palestino, denunció, por su parte, que el plan votado "es un descarado intento de imponer, mediante la amenaza de fuerza continuada contra una población virtualmente indefensa, los intereses de Estados Unidos e Israel, lisa y llanamente". La resolución, según la funcionaria, “se centra casi exclusivamente en desarmar a los grupos armados palestinos mientras no hace nada para acabar con la causa principal de la violencia: el asedio ilegal continuo de Israel, la ocupación, la segregación racial y el apartheid, y la limpieza étnica”.
Jornada internacional
El 29 de noviembre se desarrollarán movilizaciones en apoyo al pueblo palestino en distintas partes del mundo. En el caso de Italia, estarán precedidas por un nuevo paro general de solidaridad.
En Buenos Aires, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino se movilizará de Congreso a Plaza de Mayo, y también habrá convocatorias en el interior del país.
No al genocidio. No al plan de Trump y el Consejo de Seguridad de la ONU. Fuera las tropas sionistas de Palestina, Siria y Líbano. Por una Palestina única, laica y socialista, como parte de una federación socialista de pueblos de Medio Oriente.
Gustavo Montenegro
¿Por qué los banqueros de Wall Street no quieren prestarle a Milei?
El vencimiento de deuda externa de enero por 4.300 millones de dólares volvió a poner de manifiesto la precariedad económica del gobierno. Como no tiene con qué pagar, porque quemó los dólares financiando la corrida y el riesgo país arriba de los 600 puntos (a pesar que haya bajado desde los mil preelectorales) significa que Argentina sigue excluida del mercado de crédito internacional, la única variante es el paquete acordado con Bessent. Era el momento para que se cerrara el prometido megapréstamo de 20.000 millones de los banqueros de Wall Street, pero estos ratificaron su reticencia. Si fuera cierto lo que dicen Milei y Caputo que todo es una cuestión de confianza, parece que sus rescatistas no confían mucho en ellos.
Ni bien el secretario del Tesoro yanqui anunció esa posibilidad, el consorcio encabezado por el JP Morgan le exigió a Bessent que oficie de garante, sin ningún éxito. Por eso el CEO de ese gigante bancario, recibido por Milei en la Casa Rosada, declaraba que "no iban a necesitarlo". Ahora, que a medida que se acerca el vencimiento el rojo del balance cambiario del Banco Central sigue empeorando, los bancos dejaron trascender que accedieron a concederle una operación por estrictamente lo necesario para ese pago de deuda y a cambio de que el gobierno argentino ponga activos como garantía.
Son operaciones que se conocen como Repo. Con esta modalidad el gobierno ya nos endeudó este año por 3.000 millones a tasas usurarias del 8,8%. Pero claro, el hecho de que haya que entregar un activo como garantía hace que este recurso sea limitado. Por lo demás, tomar nueva deuda para pagar vieja en condiciones más costosas y precarias es claramente inviable.
La fragilidad de la política económica está entonces sobre la mesa. Finalmente el JP Morgan, que es el empleador del Ministerio de Economía, el Banco Central y la Cancillería argentina, es el mismo banco que mide el riesgo país que indica que no hay que prestarle plata al Estado argentino.
Lo mismo sabe el propio Bessent, hombre de los fondos de inversión. Antes de intervenir comprando pesos para que Milei pudiera llegar a las elecciones sin un estallido devaluatorio, impuso las condiciones para un swap de manera de asegurarse que iba a poder cobrar el retorno por ese rescate. Y efectivamente ese swap (cuyas tasas y términos desconocemos) se activó en 2.500 millones de dólares para cobrar esa "redituable inversión", y ahora quedó ese monto como deuda del Banco Central con el Tesoro yanqui.
Esto se expresa igualmente en la condición que puso el fondo Pimco acerca de una "liberación cambiaria" como requisito antes de invertir en bonos argentinos. Tiene todavía fresco lo que le pasó en 2019, cuando tras haber facturado a lo grande especulando en el país terminó "atrapado" cuando la corrida se llevó puesta la bicicleta financiera y Macri cerró su mandato reponiendo el cepo cambiario y con un default de los bonos. Quiere libertad para poder saltar del barco a tiempo.
De hecho, todo el negocio consiste en especulaciones de corto plazo. Una columna del Financial Times titulada "Wall Street celebra por Argentina: los fondos ganan con el rescate de Estados Unidos" repasa las ganancias que embolsaron en octubre los que apostaron a que la extorsión de Bessent y Trump daría resultados, y recoge la siguiente declaración: “No teníamos ninguna exposición a Argentina antes de las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, así que evitamos el impacto negativo de eso. Tras esa disrupción, tomamos una pequeña posición larga en crédito argentino y nos beneficiamos del resultado”.
Es curioso que, como este rescate financiero fue la llave para imponer todo un esquema de concesiones al capital norteamericano y a los intereses estratégicos del imperialismo yanqui, el Fondo Monetario haya quedado relegado al papel de un simple prestamista más. Su directora Kristalina Georgieva salió a quejarse del desplazamiento del FMI de su lugar de acreedor privilegiado y supervisor de la política económica. Ahora las cosas se definen simplemente en el despacho de Bessent.
Con este panorama, volviendo a nuestro punto de partida, vale tomar nota de la reticencia de los gigantes de Wall Street a prestarle plata a Milei y Caputo. Son señales que no hay que ignorar. Recordemos que en junio el JP Morgan recomendó a sus clientes desarmar sus colocaciones en el carry trade con la deuda en pesos, apenas unos días antes que el gobierno decidiera no renovar las Lefi y desatara una corrida que duró tres meses de constante depreciación del peso y tasas de interés insólitas (que terminaron de hundir la actividad económica). Una de dos: o sabían lo que venía o precipitaron el desarme.
Nos gobierna una camarilla vasalla del capital financiero internacional, que cuenta con el apoyo de toda la burguesía argentina para que avance con sus reformas contra los trabajadores. Por eso, solo la clase obrera puede quebrar el saqueo y la timba con el país, porque la defensa de sus conquistas y sus demandas chocan de frente con la ofensiva de Milei y Trump.
Iván Hirsch
sábado, 22 de noviembre de 2025
Rescate financiero “no more”
Ha pasado apenas una semana desde que Trump y Milei firmaron el Acuerdo Marco que debe preceder a un tratado comercial y el Wall Street Journal advirtió que los “bancos norteamericanos han archivado el plan de rescate de 20 mil millones de dólares para Argentina”. Al plan en cuestión se le había adjudicado el objetivo de financiar el pago de los vencimientos de la abultada deuda externa de Argentina, hasta diciembre de 2027. Con esta promesa de asistencia financiera se procuraba reducir el llamado ‘riesgo país’ y habilitar al Tesoro de Argentina a renovar los vencimientos mediante emisiones de nueva deuda en el mercado internacional. En octubre pasado, ese riesgo había alcanzado los 1500 puntos, o sea una sobre tasa de once unidades por encima del rendimiento a diez años del Tesoro estadounidense. Luis Caputo, un mesadinerista ansioso, había prometido usar el rescate para recomprar deuda antes de su vencimiento, para poder hacer él ‘la gran Bessent’, o sea pagarla por debajo de su valor nominal e inscribir un beneficio en las cuentas del Tesoro argentina. “No more”. Los tres bancos más grandes del mundo no consiguieron las garantías, en Estados Unidos, para respaldar ese rescate. Bessent les dijo que no podía comprometer el dinero de los contribuyentes y la Reserva Federal de Nueva York tampoco consiguió avales para la operación. En esta entidad los bancos mencionados poseen el 12% del capital. El fracaso es una señal contundente de que el plan financiero de Milei y Caputo, elogiado hasta en la China, no goza de la confianza del capital internacional.
Aunque sobrevive, en apariencia, el famoso “swap” de monedas por (también) 20.000 millones de dólares, las evidencias no lo confirman. Se atribuye a ese ‘swap’ la compra del equivalente en pesos de 2.8 mil millones de dólares, por parte del Tesoro norteamericano, que sostuvo el valor de la moneda argentina en la previa de las elecciones recientes. Pero todo indica que fue una operación puntual, ejecutada a través de bancos locales, aunque acaba de aparecer el asiento contable en el Banco Central. En calidad de ‘swap’, el gobierno norteamericano tiene anotados 900 millones de dólares en otra moneda, los “derechos especiales de giro”, que no forman parte del tráfico normal de divisas. De modo que este famoso “swap” está en la vitrina, “para que se mire, pero no se toque”, o sea que no forma parte de ninguna clase de rescate, como bien insiste Scott Bessent. Lo que este secretario comprobó para su disgusto, es que el sostén que brindó a la moneda argentina ha servido para el crecimiento de las importaciones desde China, su archirrival, que rompen el mercado con mercancías baratas.
Pero Luis Caputo está obstinado en defender el dólar bajo para abaratar el valor de la deuda externa en término de pesos y financiar su pago mediante los recursos del Tesoro argentino, o sea de un ajuste cada vez más agudo. En la misma línea, crear un mercado para el ingreso de dólares que buscan realizar una diferencia entre la elevada tasa de interés local y la tasa internacional. Al revés causado por el retiro del rescate de los grandes bancos, ha vuelto a la maniobra de pedir préstamos “repo”, que ofrecen activos internos como garantía, una tasa de interés jugosa y un plazo de repago de algunos meses. Parece convencido de que sin un riesgo electoral hasta dentro de dos años, puede manejar el desequilibrio macroeconómico que genera su política en connivencia con los bancos internacionales – sus ex patrones. Confía en el viento a favor del llamado “efecto riqueza” que causa la enorme valorización en bolsa de las acciones de las grandes empresas tecnológicas, mantenga en funcionamiento el circuito financiero internacional. Gita Gopinah, la ex número dos del FMI, ha calculado lo contrario, en un artículo para The Economist, en octubre - el mayor estallido financiero en ciernes de toda la historia moderna, por la magnitud de la destrucción de riqueza que se llevaría puesta. La clase media que redondea sus ingresos con la especulación bursátil quedaría en ruinas. La renuencia del mercado financiero en apoyar a bancos y sus “fondos fuera de balance” para una operación de rescate, pone en evidencia que una devaluación del peso es irresistible. Empobrecería brutalmente al empobrecido trabajador de Argentina, pero incentivaría, eventualmente, mayores ingresos por exportaciones e inversiones extranjeras y pondría un torniquete a la sangría causada por las importaciones y el turismo exterior.
La clase obrera debe tomar conciencia de esta situación para encarar el desafío de luchas grandísimas.
Jorge Altamira
21/11/2025
Aumentan los casos de Coronavirus
El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) difundido este lunes, en base a una pequeña muestra de testeos, informa que el Covid es ahora a nivel nacional el virus respiratorio de mayor circulación, por sobre el de Influenza y el VSR (Virus sincitial respiratorio). De acuerdo al BEN, durante las semanas 44 y 45 se estudiaron apenas 154 muestras de gente que se acercó a las guardias y 37 dieron positivas para Covid. Es decir, una positividad del 24 por ciento.
El aumento de casos se vincula con la propagación de la nueva variante Frankenstein, el último linaje conocido de Ómicron. Según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta cepa actualmente ya representa más del 73 por ciento de todos los casos de Covid en el mundo. A nivel nacional, el último BEN da cuenta de que dicha variante representa un 29,59 por ciento, aunque estos datos son cuestionados por algunos especialistas por no mostrar diferencia en su variación respecto al informe publicado en el mes de octubre (Clarín, 15/11/2025).
En este contexto, varias provincias denunciaron que se encuentran a la espera de la entrega de un nuevo lote de vacunas del laboratorio Pfizer sea distribuido por el gobierno nacional. Este reclamo fue iniciado por la provincia de Formosa, al cual se sumó Mendoza. Desde el programa de vacunación de la provincia de Mendoza declaran que quedan pocas dosis, pero que además las que quedan tienen fecha de vencimiento para el 21 de noviembre. En Misiones quedan algunas dosis del laboratorio Moderna y que están a la espera de la entrega del nuevo lote de Pfizer. Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, quedan pocas dosis, y denunciaron que “Nación no está entregando". Se supone que tiene una compra en curso, pero no nos confirman cuándo entran”, denunciaron (Clarín, 20/11/2025). Desde el Ministerio de Salud refirieron que hay una demora administrativa en la liberación de un lote de vacunas que ya se encuentra en el país y que están trabajando con los organismos competentes para agilizar su distribución.
Los casos de coronavirus en la provincia de Formosa en particular están en aumento crecientemente. En la última semana, de los 1.422 test de vigilancia y búsqueda activa de casos realizados, 341 de ellos arrojaron resultados positivos. Este número implica una fuerte alza frente al 7,9% de confirmados de hace un mes. A su vez, las autoridades provinciales reportaron 408 casos activos y 164 altas médicas, no habiendo pacientes internados cursando esta enfermedad en la actualidad. Como medidas de prevención, desde la cartera de salud de Formosa hicieron hincapié en medidas de autocuidado.
La vacunación contra el Covid ha disminuido en forma superlativa, aumentando la potencialidad de padecer la enfermedad de forma grave. La caída en picada de la tasa de vacunación no sólo impacta en la prevención del Coronavirus, sino que se refleja en el resurgimiento de enfermedades que se consideraban erradicadas como el Sarampión y la tos convulsa. A nivel mundial se detecta un resurgimiento de brotes de las mismas producto de la baja tasa de vacunación.
No estamos ante un fenómeno de índole personal, sino frente a una tendencia mundial. Programas y áreas destinados a la prevención de la salud son desmantelados, con despidos de personal y recortes. Es lo que se observa en la crisis ocasionada por el gobierno de Trump y Kennedy en los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos y en el vaciamiento de áreas enteras en el Ministerio de Salud y hospitales en nuestro país.
En oposición a la privatización del sistema de salud bajo el argumento de “eficiencia estatal” y de cuestionamiento a la efectividad de las vacunas, se hace necesario debatir un programa: nacionalización del sistema de salud bajo control de trabajadores y usuarios que permita el acceso a la prevención y el cuidado de la salud de forma gratuita para la clase obrera.
Daniela Magoc
22/11/2025
Fuentes:
El conteo de los casos COVID-19 en el cierre de semana reflejó un nuevo ascenso, 17/11/2025.
La variante "Frankenstein" del Covid avanza con fuerza y datos insólitos sorprenden en un informe argentino
En pleno rebrote de casos de Covid hay un problema con la vacuna de Pfizer y ya falta stock en algunas provincias
Una provincia que aún testea contra el Covid registra un rebrote de casos y vuelve a medidas de la pandemiaben782se_45.pdf
“Enorme peligro”: la comunidad científica pide suspender el evento antivacunas en el Congreso – Página12
viernes, 21 de noviembre de 2025
Milei acelera por el default de toda la oposición
Milei, en la sede de su hogar de infancia política, la Corporación América de Eduardo Eurnekian, llamó a los empresarios a “ajustarse los cinturones porque habrá muchas más reformas”. El facholibertario acelera por dos motivos; el default del total de la oposición, incluido especialmente el peronismo, y como una manera de ganarle tiempo a los explosivos factores de choque, crisis y convulsiones que tiene en todos los frentes: la crisis financiera y de deuda, la crisis de reservas y las presiones devaluatorias, las contradicciones y guerras comerciales que desata el acuerdo comercial con Estados Unidos, el recrudecimiento inflacionario, las tendencias recesivas profundas y las imprevisibles causas de corrupción. La victoria electoral de medio término tiene demasiados límites para semejante ofensiva contra las masas y de sometimiento nacional. Por eso el apuro. En este cuadro se entiende el peligro “comunista” que agita Caputo, que bien leído es el fantasma de la irrupción de los trabajadores que, en determinadas condiciones, no pueda contener la burocracia sindical y el cascoteado asistencialismo.
Un “Estatuto de Indias” con Trump que desatará choques múltiples
Según el insospechable Financial Times, la carta de intención del acuerdo comercial con Estados Unidos, cuya letra definitiva no se conoce y tal vez vayamos conociendo por tramos según los ritmos de la extorsión imperialista, tiene 12 condiciones a favor de los norteamericanos, tres a favor de ambos países y una a favor de Argentina. La que es a favor de Argentina ya está afectando, porque es un aumento de la cuota de exportación de carnes de 20 mil a 80 mil toneladas, solo un 6% del total de envíos de carne al exterior, que sin embargo ya se sumó a los factores de aumento en el precio de la carne: en noviembre aumentó un 15% en los mostradores argentinos y un 25% en el ganado en pie. Jugoso negocio para la oligarquía y algunos frigoríficos, más castigo al bolsillo popular. Pero las “a favor de Estados Unidos” son aplastantes: preferencia de ingreso de productos norteamericanos desde autos, medicamentos sin aprobación de Anmat, químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, productos agrícolas, aves de corral, hasta ganado bovino (aunque ellos son importadores y no exportadores) y otros que podrán agregarse. En cambio, solo tendrán ingreso preferencial a Estados Unidos los que ellos no produzcan. Veremos el aluminio y el acero, que por ahora siguen con los mismos aranceles.
Todavía conoceremos cláusulas más leoninas de esta contraparte del rescate de Bessent. Pero veamos un aspecto crítico central. Todo esto y la cuestión de inversiones en minería y áreas estratégicas está relacionado directamente con la disputa con China. Y, por ahora, todo viene al revés. China en septiembre se transformó en el principal socio comercial argentino; sus exportaciones a Argentina fueron de U$S 13.091 millones, un salto del 66% en los primeros nueve meses de 2025 respecto del mismo período de 2024 (La Política Online). Fue noticia esta semana la importación de galpones para armar y hasta cabañas para el turismo en Salta y Catamarca (El Cronista, 19/11). La cuestión escala al punto que el zar del acero argentino, Paolo Rocca, puso el grito en el cielo porque están entrando 87.000 lavarropas importados por mes contra los 5.000 que entraban en el pasado y otro tanto de heladeras. La denuncia de Rocca -que sería uno de los beneficiados con la entrada de acero a Estados Unidos- es indicativa de reclamos “regulacionistas” de lo más concentrado de la UIA. En el extremo del desastre industrial argentino en marcha está la industria textil, con 11.000 despidos y 12.000 suspensiones; una catástrofe que, según las obreras de Textilana, no se debe solo a las importaciones sino también a la brutal caída del mercado interno. Ya conocemos la dramática realidad en el neumático. Y la noticia de la semana la tenemos con los cierres de varias plantas del mayor gigante avícola, Tres Arroyos. La crisis industrial hace metástasis a toda velocidad, en todos los rubros.
En definitiva, todo parece indicar que el dólar que Caputo y Milei sostienen con los salvatajes a repetición del FMI y de Bessent está siendo funcional a una penetración comercial china sin precedentes. Esto requeriría aranceles diferenciados contra China, a favor de Estados Unidos, pero justamente contra nuestro principal comprador de soja, derivados y carnes. La ofensiva de Trump hacia el patio trasero latinoamericano, que tiene desplegados portaviones en el Caribe, pone a Argentina como cabeza de playa central de la batalla geopolítica. Y Argentina tiene mucho para perder; no somos Guatemala, El Salvador o Ecuador, que suscribieron acuerdos similares; Argentina es, por ejemplo, uno de los 22 países en el mundo con industria automotriz. En definitiva, somos un terreno de sometimiento colonial donde perdemos en cualquier variante, también frente a la penetración china. La inversión extranjera directa (IED) es negativa hoy, lo cual demuestra la naturaleza del extractivismo y la primarización en marcha de la mano de la dependencia financiera extrema. Solo los trabajadores podemos patear este tablero y abrir una salida soberana en el marco de la presente crisis mundial y sus enfrentamientos comerciales y bélicos entre potencias imperialistas o protoimperialistas como China.
Deuda, reservas, inflación: nada resuelto
Caputo y Milei son cuestionados por sus exsocios como Arriazu, Giacomini o el “mejor ministro de economía de la historia”, Domingo Cavallo, por tipos de la burguesía como Redrado y podríamos decir por toda la “profesión” por no acumular reservas, lo que para todos ellos implica dejar flotar el dólar, terminar con las bandas y devaluar. El FMI pide lo mismo, aunque el poder de Trump lo silencia. El fondo de inversión Pimco, recordemos, dijo “no ponemos un dólar” si la moneda local está sobrevaluada. Estamos ante una cuestión de fondo. No lo piden por razones dogmáticas; lo reclaman porque Argentina tiene un vencimiento en enero de U$S 4.500 millones y unos U$S 32.000 en 2026/27.
Con las reservas en divisas netas negativas en U$S 12.000 millones, los pagos no se pueden afrontar. Apuntemos que operan con los encajes de los ahorristas. El gobierno es rehén de Bessent y sus alquimias, que como mínimo nos endeudan mucho más aún. El lance del gobierno es rollear (renovar) el vencimiento de enero y los que siguen, capitalizando los intereses, o sea, mediante un aumento exponencial de la deuda. Pero con el riesgo país en 600 puntos, eso es demencial; depende de bajarlo con las compras de bonos de Bessent y sus amigos. El meneado crédito de U$S 20.000 millones de un trío de bancos con garantías norteamericanas no llegó nunca; solo aspiran a uno de 5.000 millones al ¡9%! Si esto es rienda corta del Tesoro o límites que no se podrán trasponer lo dirá el tiempo, pero lo que es claro es que el gobierno vive al día y deberá hipotecarnos hasta lo que no tenemos.
En este cuadro, la devaluación está a la vuelta de la esquina de cualquier barquinazo. El arbitraje norteamericano en el mercado de cambios y de deuda, en estos términos, agravará la recesión económica y la avalancha importadora. En tanto, la inflación de noviembre escalaría al 2,5% por transporte y carne, elevando una velocidad crucero que tiene por contrapartida paritarias al 1 o 1,3% en el mejor de los casos, cuando no al cero. Reservas, deuda e inflación se vinculan. La olla a presión salarial no explota porque los trabajadores están debilitados por falta de producción y cuesta superar a la burocracia entreguista. No obstante, puede haber un paro del transporte porque quieren pagar el aguinaldo en seis cuotas; hubo paros en Fate y en la universidad esta semana. Hay que impulsar la lucha salarial.
Competencia entre políticos capitalistas por ver cuál es más corrupto
Los medios y redes de uno y otro bando abruman con esta competencia, hasta aburrir. Ganaron la plana las explosivas revelaciones a partir del empresario Miguel Ángel Calvete, con una trama millonaria de coimas, retornos y descomunales sobreprecios en la Andis, contra la discapacidad, que abarca a cantidad de laboratorios y que ya produjo la eyección de su hija Ornella, quien no pudo ocultar un “vuelto” de U$S 700.000 en su casa. Pero también cayeron otros funcionarios, como el macrista Daniel Garbellini, segundo de Spagnuolo; todo lo cual recién empieza y debería conducir de cabeza al núcleo presidencial a partir del 3% de KM, mencionado en escuchas de la causa. Claro, el poder cuenta con las habilidades de Casanello, el juez capaz de mandar quirúrgicamente a juicio oral en tiempo récord a los dirigentes del Polo Obrero por denuncia y operación de inteligencia de Patricia Bullrich. En este andarivel político, las conclusiones de la Comisión Investigadora del caso $Libra son demoledoras, y en ella hay sectores de la oposición “dialoguista”. Pero en el andarivel peronista las cosas no van mejor, con el juicio de los cuadernos, cuya condición de fotocopias o no ya carece de importancia porque abarca a 61 empresarios con el macrista Calcaterra a la cabeza, además del pelotón de funcionarios de los gobiernos kirchneristas. La disputa por la aceleración del juicio oral de los cuadernos de Centeno parece responder a la necesidad del mileísmo de disponer de esa arma en los tormentosos tiempos que se avecinan. La cuestión de la cárcel de De Vido ha partido más aguas en el kirchnerismo, si esto era posible, porque un sector pide la libertad y otro le recuerda las víctimas de Once. En conclusión, la cuestión de la corrupción, que suele pasar a segundo plano cuando las cosas económicamente caminan, puede ser un factor que potencie las crisis latentes.
Abajo la reforma laboral y las otras
De la mano del default opositor, LLA está pretendiendo ser la primera minoría en Diputados, donde ya tendría 91 bancas con el pasaje de los últimos tres radicales con peluca. Por otro lado, el peronismo bajaría a 92 cuando rompan los de Jalil y quedaría a expensas de los siete de Zamora de Santiago del Estero que, aún quedándose adentro, pueden ir para cualquier lado al compás de las transas de los gobernadores que se están tejiendo. Se discute a espaldas del pueblo el presupuesto, donde serán víctimas propiciatorias todas las causas populares como Universidad, Discapacidad, Salud, etc. El atropello de Milei y su forro Santilli es tal que el canje por alguna obra o ATN a la provincia respectiva implica comprometer el voto a la reforma laboral a libro cerrado. Tal vez Gerardo Martínez sepa más de la reforma antiobrera que los diputados que tendrán que votarla después del presupuesto.
La crisis del peronismo no se restringe a la derrota electoral. Sus gobernadores están desesperados por seguir el rumbo de endeudamiento de Milei. Kicillof pide autorización para U$S 3.000 millones de nueva deuda en la misma línea de Jorge Macri, Llaryora o Pullaro. Sus diputados elaboran una reforma laboral propia, entrando como caballos en un debate en el que solo podemos perder los trabajadores. Y la CGT, con el seguidismo de las CTAs, es la columna vertebral del colaboracionismo con la reforma laboral de Milei. Toda su iniciativa ha sido reunirse con los diputados sindicales (cinco) para decirles que alguna reforma hay que hacer. El entreguismo de la burocracia tiene un alcance histórico, porque cualquiera sea el discurso que tengan, el momento requiere convocar asambleas generales en todos los sindicatos, poner en pie de guerra a todos los gremios uniendo el reclamo salarial ante el derrumbe del poder adquisitivo, el planteo de ocupar cada planta que despida masivamente o cierre, con el rechazo de plano a la reforma laboral, previsional e impositiva.
La CGT nos lleva de cabeza a una derrota, cuando las conquistas obreras no deberían discutirse siquiera en el parlamento, sino en las calles y lugares de trabajo, allí donde se arrancaron con lucha y con sangre. En esa línea, realizaremos asambleas partidarias el 13 de diciembre en todo el país y somos impulsores de toda la agenda de luchas y del sindicalismo combativo, los piqueteros y jubilados que culminará el 19-20 de diciembre con una movilización central. Un gran plenario obrero en Córdoba tomó esta agenda también. El Frente de Izquierda no puede simplemente debatir con sus diputados, que lo haremos; se tiene que involucrar de lleno en el impulso político a la lucha de los trabajadores.
Néstor Pitrola
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