Hasta ahora, las acusaciones que Estados Unidos esgrimía contra Maduro eran por “narcotráfico” y por integrar el “Cartel de los Soles”, cuya existencia muchos analistas ponen en duda.
A partir del lunes pasado, para el gobierno de Trump, el Cartel de los Soles pasa a ser un grupo terrorista y la cúpula del régimen venezolano, “terroristas”.
Si bien a principios de año Trump ya había declarado a toda organización narcotraficante como “terrorista”, aquello había quedado en el plano discursivo, sin implicancias legales.
El domingo de la semana pasada, el Departamento de Estado emitió un comunicado anunciando la designación formal y daba siete días al Congreso para revisar la medida después de ser notificado. “En ausencia de acción del Congreso para bloquear la designación”, esta entra en vigor, algo que sucedió este lunes (Clarín, 24/11).
También quedaron incluidos en la designación el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, con lo que se abre una ventana de peligro para México.
La inclusión en esta categoría autoriza al presidente Trump a imponer nuevas sanciones contra los activos de Maduro, algo que Estados Unidos ya había implementado desde que desconoció su gobierno en 2019. Desde antes, distintos gobiernos estadounidenses venían imponiendo sanciones individuales a personas vinculadas a alguno de los tres poderes de Venezuela. Incluso empresas europeas ya habían sido sancionadas por comerciar con la petrolera PDVSA. La única empresa con permiso para hacerlo es Chevron, y solo puede pagarle a Venezuela con crudo; las divisas están prohibidas.
La confiscación de bienes, empresas o fondos supuestamente relacionados con la actividad del cartel es algo que Estados Unidos ya había hecho con activos venezolanos de propiedad estatal. En 2019, 7.000 millones de dólares fueron bloqueados en Estados Unidos y 1.200 millones de dólares en oro venezolano fueron retenidos en el Banco de Inglaterra. Algunos informes estiman que la suma total de los fondos venezolanos bloqueados o confiscados en el exterior asciende a 24.000 millones de dólares.
La designación legaliza acciones encubiertas que Trump ya había anunciado previamente, así como procesos penales en Estados Unidos: cargos formales por terrorismo con órdenes de arresto internacional. Establece, además, la prohibición de visados, la expulsión de personas vinculadas al cartel y presión sobre terceros países para que tomen medidas similares.
No autoriza explícitamente el uso de la fuerza letal, pero Trump interpreta que sí y así lo ha declarado. De hecho, es lo que viene implementando desde hace semanas, hundiendo barcazas en el Caribe y en el Pacífico. La diferencia sería que la amenaza ahora se extiende sobre el territorio continental venezolano. Recientemente, obtuvo el apoyo del Congreso, que votó en contra de una resolución que cuestionaba los ataques a las barcazas, y el propio Trump declaró que no necesita autorización para un ataque terrestre.
Lo que sí tuvo consecuencias inmediatas fue la amenaza solapada sobre los aviones que circulan por el cielo venezolano.
La Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) emitió alertas a varias aerolíneas comerciales sobre “un aumento de la actividad militar” en el espacio aéreo venezolano, lo que generó la suspensión de rutas por parte de compañías como Iberia, TAP, Avianca, GOL y LATAM. De esta manera, incomunicados por mar y por aire, los venezolanos han quedado virtualmente cercados, mientras que la frontera con Brasil también se encuentra fuertemente militarizada.
Al mismo tiempo, Estados Unidos reactivó su base militar en Puerto Rico, que se encontraba inactiva desde 2004, y que fue utilizada como enclave militar para bloquear a Cuba y para invadir a Santo Domingo en 1965, a Granada en 1983 y a Panamá en 1989.
Según Reuters, altos cargos estadounidenses señalaron el domingo que el comienzo de la segunda fase de la operación militar “Lanza del Sur” es inminente, y que el jefe del Ejército se hará presente en la zona. Hay que tener en cuenta que el jefe del Comando Sur ya había presentado su renuncia —según trascendidos, por su oposición a las operaciones ordenadas por Trump y también por su política racista hacia el interior de las fuerzas— para retirarse en diciembre, por lo que se espera una nueva designación.
El Comando Sur ha matado ya a más de 80 personas en ataques a barcos que supuestamente llevaban droga por el Caribe y el Pacífico, sin presentar ninguna prueba y mucho menos un riesgo para la marina estadounidense.
Trascendió que Maduro ofreció un final de su gobierno negociado a dos años, propuesta que fue rechazada por la Casa Blanca.
Rusia brindó pertrechos militares a Venezuela y, al igual que China, acaba de respaldar a Maduro y de pronunciarse contra la injerencia militar estadounidense. Sin embargo, es probable que Venezuela termine como moneda de cambio en un eventual acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania entre Trump y Putin.
El despliegue militar en el Caribe es el mayor en la región desde la crisis de los misiles en 1962 y el mayor del mundo desde la guerra de Irak, por la cantidad de pertrechos implicados. Para una invasión terrestre, Trump necesitaría movilizar más tropas, pero no puede mantener indefinidamente semejante despliegue armamentístico, que cuesta millones de dólares por día, sin llegar a una definición.
Si lo que buscaba era generar una crisis que favoreciera un levantamiento interno y provocara un cambio de régimen, el tiro le estaría saliendo por la culata, porque la oposición a Maduro está más dividida que nunca y buena parte de ella es contraria a las acciones bélicas contra Venezuela. Esto deja a María Corina Machado en un cipayismo aislado, por más premios Nobel que le otorguen.
La misma inercia de Trump y el desarrollo de los hechos lo van a obligar a tomar una decisión.
Un ataque a Venezuela es una amenaza para toda América Latina; la movilización en todo el continente es lo único que puede detener a Trump y a su imperialismo en decadencia.
Aldana González
25/11/2025
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