La salud mental de la población, entre la estigmatización y el negocio de la medicalización

La semana pasada una ciudadana brasileña de 69 años fue asesinada a golpes por un joven que contaba con antecedentes de padecimiento mental. La ciudadana brasileña caminaba por la avenida Corrientes en la zona del Abasto, uno de los barrios capitalinos donde la inseguridad y las personas en situación de calle están a la orden del día. El hecho, trágico, expuso la crisis que atraviesa la salud mental en nuestro país. 

 Esta situación pone en evidencia una serie de contradicciones al vincular a las personas que se encuentran en situación de calle -producto de la política económica de los últimos años- con el delito, asignando de este modo a las personas con sufrimiento psíquico, a las que están en situación de calle el mote de peligrosos.

 Por otro lado, deja en evidencia el rol de “control” de las instituciones especializadas en Salud Mental que con el encierro “no normaliza los cuerpos, sino que destruye las almas”, aislando también al distinto, a lo desconocido. Existe en los hospitales generales de agudos, aunque no solo, una tendencia a solicitar “consignas policiales” que ejerzan el rol de control de la internación, privilegiando la seguridad de la sociedad y no el tratamiento de quienes lo necesitan, violando los derechos de las personas con padecimiento mental. La obligación de los gobiernos es aplicar el protocolo de Caracas de atención primaria en Salud, Educación, Promoción y Prevención. Si el Estado cumpliera con estas obligaciones, no se generarían incertidumbres, miedos, rechazos hacia el sufrimiento mental. La realidad es que los ataques callejeros o las situaciones de violencia producidas por personas con padecimiento mental representa menos del 3 por ciento de estos ataques. Pero resulta un engaño colocarlos en el lugar del delincuente. En la mayoría de los casos, se trata de personas que no tienen conciencia de la situación y son abandonadas a su suerte por el gobierno y, en muchas situaciones, también por su propia familia.

 Detrás de este modelo, las organizaciones médicas y la industria farmacéutica que ven en la internación y la medicalización un negocio redondo. 

 Son precisamente estas mismas organizaciones las que estimulan a las familias a exigir la derogación de la ley nacional 26.657, también llamada “ley de salud mental”, que restringe la internación involuntaria y por largos periodos y propone en cambio el tratamiento ambulatorio y las ´casas de medio camino´. Producto de una interpretación subjetiva de la ley, la idea generalizada y fogoneada de que “no sirve”, porque no se puede garantizar los tratamientos involuntarios, invisibilizando que lo que falta son recursos materiales y humanos para la atención adecuada a nivel estatal. Esta falta es producto del incumplimiento de la ley ya que el 10% del presupuesto anual debe de ser destinado a la Salud Mental, por un lado, pero por otro porque los fondos son destinados a la tercerización de los tratamientos y estadías en ´casas de medio camino´, ya que el Estado no concretó ninguna, a más de una década de aprobada la ley. 

 Corporaciones como Facoep facturan al Estado millones de pesos intermediando la atención en instituciones privadas y sobrevalorando la medicalización sobre otras estrategias de intervención. 

 Cabe señalar que esto se da en un contexto, además, de reducción de las políticas públicas, falta de personal para la atención en los espacios de salud, precarización laboral, desempleo. La crisis socioeconómica incide en las diferentes respuestas. 

 Desde Política Obrera denunciamos que la salud mental de los trabajadores no sólo es producto del modelo capitalista que nos oprime y genera malestares, sino sobre todo de un modelo que prioriza la mercantilización y medicalización como respuesta a ese malestar que él mismo genera. 

 Silvia Allocati 

 20/11/2025