En las últimas horas, Federico Sturzenegger salió a justificar su salario como ministro revelando cuál será su tarea del momento: la reglamentación de la reforma laboral inscripta en la ley Bases. De acuerdo a lo que ha trascendido en varios matutinos la letra chica esa reforma plantea, entre otras cuestiones:
-La ampliación del período de prueba y sin efectivización; formalmente, a seis meses, pero que se extiende a 8 meses y hasta un año para establecimientos con menos de 100 trabajadores, que representan al 55% de la fuerza de trabajo ocupada. Es la apertura a un régimen de rotación laboral permanente para una parte importante de los trabajadores.
-La extinción de la acción penal y la condonación de todas las infracciones en favor de las patronales con trabajadores en negro, los cuales serán blanqueados bajo las condiciones de la propia reforma antiobrera.
-La exclusión de todas las formas de contratos -de servicio, de obra o por agencia- de la ley de Contratos de Trabajo. Ello significa que ningún trabajador empleado bajo estas modalidades podrá alegar en ningún momento una relación laboral encubierta. De este modo, las posibilidades del trabajo con factura (monotributismo) se amplían sustancialmente, sin que las patronales deban temer por juicios laborales.
-La inclusión en el despido por justa causa a las ocupaciones de fábrica, los bloqueos o acciones donde “se afecte la libertad de trabajo de quienes no participan en dicha medida de fuerza”. Es la virtual liquidación del derecho de huelga, el cual sólo existe y puede ejercerse, nunca como decisión individual, como derecho colectivo. La huelga “legal” queda reducida a los paros decretados por las burocracias, que no entrañan una movilización activa de las organizaciones obreras de base.
-La posibilidad de despidos calificados discriminatorios -por el activismo sindical o político del trabajador-, que hasta ahora se encontraban prohibidos por la ley. Ahora, la patronal podrá llevarlos adelante con la sola reserva de que deberá pagar una indemnización especial.
-Finalmente, se reglamentará el “fondo de cese laboral”, un régimen de “despido prepago” al estilo del que ya se implementa en la industria de la construcción. Julio Cordero, el funcionario de Techint al frente de la secretaría de Trabajo, destacó el papel de este fondo para “reducir la incertidumbre” en materia de costos laborales. Más allá de la cuestión económica, alude a una cuestión política crucial en la relación entre patrón y trabajador: con el “fondo de cese”, el empleado sabe que puede despedir en cualquier momento sin enfrentarse con un gasto imprevisto en materia de indemnización. Es un arma que podrá esgrimir en caso de reclamos salariales y laborales.
Bajar salarios y despedir
La premura del gobierno y de las patronales para poner en marcha esta contrarrevolución laboral tiene razones muy claras. Las patronales están explotando los menores niveles de inflación -que son el resultado de un derrumbe económico- para justificar la consiguiente “desaceleración” de los aumentos salariales. Lo que ocultan en este punto es que los reclamos en curso apuntan a la recuperación de la pérdida salarial acumulada en lo que va del año, y que representa entre el 20 y el 50% del poder de compra según se trate de trabajadores privados o estatales. Es el reclamo, por caso, de la huelga universitaria de estos días. La actual campaña patronal y estatal por “pisar” las paritarias tiene como propósito consolidar esta caída histórica de los salarios, después de la hiper de diciembre-enero-febrero. Para facilitar este despojo, los capitalistas y el gobierno están urdiendo dos extorsiones: una, la de los despidos masivos. Es lo que ocurre en el neumático, donde las patronales de Fate y Bridgestone niegan aunentos paritarios al tiempo que ejecutan cesantías masivas. La otra pieza de este chantaje es la reforma laboral, que estimula el reemplazo de trabajadores con derechos adquiridos por aquellos que serán conchabados con contratos precarios o largos períodos de prueba. Como ha ocurrido en otros momentos, las reformas laborales antiobreras, que se introducen con el argumento de “promover el empleo”, en los hechos sólo actúan para abaratar el costo del despido.
Silencio
Aunque la reglamentación laboral de la Ley Bases está en la primera plana de los diarios desde hace largos días, la CGT no se ha dado por enterada. Es la forma sibilina de reconocer que esta letra chica no es ajena a la cúpula de la burocracia sindical, que se conforma con que se mantenga el aporte sindical y su coparticipación en las obras sociales. La burocracia sindical ha pasado a la condición de mantenida por el Estado a costa de los trabajadores. Esta componenda incluye como condición un nuevo recorte de las prestaciones de salud. Pero la reforma antiobrera abre también negocios: un régimen específico de seguros en cuanto a los despidos, que manejará el Fondo de Desempleo. Como ocurrió con las AFJP en los años 90, los grandes sindicatos aportarían un padrón cautivo de afiliados. Digamos, de paso, que Sturze se ha cuidado muy bien de no volver a la carga con el planteo de transformar en voluntarios los actuales aportes sindicales obligatorios. La burocracia sindical es una pieza clave en la ejecución de un ajuste que gobernadores, diputados y rectores ejecutan, con mayor o menor diplomacia. La gran patronal industrial y agraria asiste sin chistar al derrumbe de las ventas internas y a la caída de sus exportaciones, mientras obtiene derechos estratégicos contra la clase obrera.
Es necesaria una campaña de agitación, debates y plenarios para derrotar la reforma antilaboral en los lugares de trabajo y en calle, o sea por una huelga indefinida activa. La defensa del derecho del trabajo, aprobada la ley y decretada su reglamentación, se juega en la acción directa. “Los derechos sociales que Perón ha establecido”, según reza la marcha peronista, han sido liquidados con la colaboración del peronismo, desde el gobierno de Menem en adelante. La forma práctica de enfrentar el atropello es estructurar un programa de reivindicaciones: por el pase a planta y convenio de los transitorios o contratados; vigencia irrestricta del derecho de huelga y de todos los métodos de lucha obrera; vigencia del derecho indemnizatorio; ningún despido, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; aumento inmediato de salarios del 50%, para recuperar la pérdida salarial del año. Coordinar y agrupar a las organizaciones obreras en lucha, para organizar la huelga general contra el gobierno liberticida y su reforma laboral antiobrera.
Marcelo Ramal
20/08/2024
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