Eulalio Gomes, alias “Lalo”, diputado nacional del oficialista Partido Colorado y poderoso terrateniente del departamento de Amambay, descansaba en la madrugada del lunes en una de sus numerosas propiedades en Pedro Caballero, a 550 kilómetros de Asunción, en la frontera con Brasil, cuando lo sorprendió un enérgico operativo policial. Los “detalles” de lo que ocurrió después no están claros, pero Gomes cayó abatido, mientras que en un allanamiento simultáneo, su hijo, que también estaba en la mira de los investigadores, escapó, para entregarse después a la justicia.
Gomes estaba acusado de lavado de dinero del narcotráfico y colusión con redes delictivas que operan en Brasil. Llevaba años investigado a ambos lados de la frontera, pero sus contactos políticos y judiciales lo habían salvado hasta ahora de una detención. Según los responsables del operativo, en el fatídico allanamiento del lunes tampoco se aspiraba a capturarlo, dado que gozaba de fueros parlamentarios, sino a conseguir documentación para la tramitación de la causa.
El violento deceso del legislador desató un tembladeral en el gobierno y en el Partido Colorado. La Cámara de Diputados aprobó una declaración reclamando la destitución del ministro del Interior, Enrique Riera, y del jefe de la policía, Carlos Benítez, por mal desempeño de sus funciones, y hablaron directamente de un “asesinato”. En cambio, el presidente Santiago Peña salió a defender públicamente a sus funcionarios. Dado que Gomes pertenecía al cartismo, la corriente interna del Partido Colorado del expresidente Horacio Cartes (quien, dicho sea de paso, enfrenta múltiples acusaciones por contrabando de cigarrillos), no faltan los que especulan que la reacción defensiva de Peña acentuará su alejamiento de su padrino político, que lo había elegido como delfín para las elecciones de 2023, desplazando a la fracción del mandatario saliente Mario Abdo Benítez.
La versión oficial de los hechos del lunes asegura que el diputado disparó primero, y que los efectivos se defendieron. Los allegados a “Lalo”, en cambio, argumentan que fue al revés. Tampoco resulta claro el rol jugado por Brasil y por la DEA, la agencia antinarcóticos yanqui. Según algunas versiones, habrían instigado el operativo (La Política Online, 21/8).
Un senador del oficialismo, Colyn Soroka, apuntó directamente a un homicidio previamente planificado. “Estamos hablando de un operativo bien hecho, no de un operativo mal hecho (…) Tenían bien diseñado lo que querían hacer”, denunció (ABC Color, 21/8). En un sentido similar, la senadora opositora Yolanda Paredes advirtió sobre un posible intento de borrar evidencias. “Lalo se llevó a la tumba informaciones muy importantes; si se hubiera sometido a un proceso hubiéramos sabido quiénes están detrás de la narcopolítica que se instaló en Paraguay”, dijo (Ídem, 22/8). Otros parlamentarios de la oposición cuestionaron el despliegue, definiéndolo como un acto de “terrorismo de Estado” (Diosnel Aguilera, del Partido Liberal), o un nuevo episodio de irregularidad policial y judicial. “No hay que quedarse solamente en este caso porque tuvo mucho impacto mediático. Este no es un hecho aislado. Así están sacando las órdenes de allanamiento”, aseguró el senador Rafael Filizzola.
Gomes no era un ciudadano más sino uno de los grandes hacendados de Paraguay. Su fortuna ascendía a 130 millones de dólares, con estancias y granjas en un radio de 8.500 hectáreas. Hasta no hace mucho tiempo, había sido titular de la Asociación Rural de Paraguay (ARP) en Amambay. Por eso, la pregunta que sobrevuela el país vecino es obvia: si las pujas que envuelven a los hombres del poder se resuelven con estos métodos, qué cabe esperar para los campesinos y los trabajadores?
La sórdida maquinaria estatal paraguaya es la que acaba de condenar por “terrorismo” a 31 años de cárcel a Laura Villalba, mamá y tía de dos chicas de 10 y 11 años asesinadas en un brutal operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en 2020 contra un campamento de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Las chicas se encontraban en el lugar para conocer a su padre, integrante del EPP. Por ese crimen, nadie fue condenado.
La podredumbre institucional de Paraguay es congruente con los intereses que defiende su
Estado: los de una oligarquía terrateniente, entrelazada con el contrabando y el narcotráfico, que concentra el 85 por ciento del suelo y cada vez despierta mayor rechazo del pueblo.
Gustavo Montenegro
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