Milei le pasa la motosierra a las pensiones por discapacidad

En julio pasado, el gobierno de Milei motorizó una campaña de denuncia contra ex funcionarios del gobierno de los Fernández de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por presunto desvío de fondos vía otorgamientos truchos de Pensiones No Contributivas por invalidez (PNC). Como prueba del supuesto fraude, el vocero presidencial Adorni exhibió la radiografía de un perro refiriendo que la misma habría sido presentada como estudio complementario para una solicitud de PNC. 

 Tomando esta denuncia como pretexto, el gobierno está intimando a personas con discapacidad que perciben PNC para que presenten estudios médicos actualizados yrevaliden su pensión. Estas citaciones son de una semana para la otra, lo cual las coloca en la situación de tener reunir toda la documentación respaldatoria, informe y estudios médicos, en tiempo récord. Una burda y perversa maniobra que no tiene otra intención que dar la baja de miles de PNC. Al día de la fecha, las misivas enviadas se cuentan por miles. Además, estas cartas documento enviadas a beneficiarios de PNC, son dirigidas a direcciones que no se corresponden con el lugar de residencia de los mismos. Sólo a modo de ejemplo, se enviaron cientos de citaciones a centros de salud. 

 Política criminal de un gobierno criminal 

 Las PNC son la única política pública de transferencia directa de recursos para personas con discapacidad, las cuales nunca fueron incluidas en el sistema de producción capitalista. Esto, a pesar de que existen cupos laborales, estipulados y reservados por ley, para personas con discapacidad. Este derecho elemental no fue respetado por ninguno de los gobiernos de turno. 

 El monto percibido por cada PNC es de $157.800, con lo cual no llega ni la canasta básica alimentaria (canasta de indigencia) que está en $163.000. Según informó el propio ejecutivo, las personas que perciben una PNC son alrededor de 1.400.000. Contabilizado en dólares al tipo de cambio oficial, significan un desembolso de 350 millones mensuales. Una migaja insignificante comparado con los fondos destinados al pago de intereses de la fraudulenta deuda externa, o con los 100 millones de dólares que el gobierno destinó, vía DNU, como “fondos reservados” para la SIDE.

 Semejante brutalidad no puede explicarse sólo por los fines económicos y fiscales esgrimidos por el gobierno. Esto es parte del ataque frontal que el gobierno liberticida y reaccionario de Milei está desarrollando contra el conjunto de la clase obrera. 

 Preparemos una respuesta de conjunto, la cual no puede ser otra que la huelga general por tiempo indeterminado hasta quebrar la política criminal de Milei y sus cómplices. 

 Leandro Granado y Silvia Allocati 

 22/08/2024