Según Correpi, en los primeros 70 días de gobierno libertario hubo 60 muertos por gatillo fácil. Tanto las fuerzas represivas nacionales como las provinciales y las locales lo han ejercido. En Córdoba, donde este martes hubo una movilización, ya hay al menos once casos de gatillo fácil desde que asumió el peronista Martín Llaryora (Tramas, 27/8). Hace muy poco, en Buenos Aires, la sanguinaria policía bonaerense asesinó a Bastián, un niño de 10 años.
Este lunes, una nutrida movilización en Mar del Plata denunció al intendente macrista Guillermo Montenegro por “respaldar el fusilamiento de trabajadores”. En Rosario, donde Pullaro –con el apoyo abierto de Milei y Axel Kicillof– instauró un régimen de despotismo policial a lo Bukele bajo el pretexto del combate contra el narcotráfico, familiares y amigos de víctimas y organizaciones sociales y políticas también hicieron una marcha.
Según Anred (27/8), en 2023 se registraron 384 víctimas del aparato represivo estatal (por casos de gatillo fácil, muertes en cárceles y comisarías, asesinatos en protestas y desapariciones). Desde la vuelta de la democracia en 1983 hasta el día de hoy los casos de gatillo fácil no han hecho más que ascender.
El gobierno de Milei es un defensor del gatillo fácil contra los trabajadores. En su momento, el presidente celebró la revocación de la condena contra el policía asesino Chocobar; y ha repetido hasta el hartazgo que “el que las hace, las paga”. Su política en materia represiva solo refuerza las atribuciones del aparato policial para atacar a la población trabajadora y ceba a los efectivos a cometer crímenes.
En marzo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich habilitó el uso de armas de fuego para las fuerzas federales. Licencia para matar.
El gobierno se apresta ahora a bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, lo que de implementarse haría que las fuerzas policiales se ensañen mucho más con los niños y jóvenes.
A todo esto hay que sumarle su intento de introducir a las Fuerzas Armadas en tareas de represión interna, su política de reforzamiento de los servicios de inteligencia y su tentativa de liberar a los genocidas que mataron y torturaron obreros durante la última dictadura militar. Milei y su tropa quieren ir hacia un régimen totalitario y ultrarrepresivo para que los trabajadores no se subleven contra su plan de ajuste al servicio de los ricos y capitalistas. Semejante estado de cosas sería el caldo de cultivo perfecto para una profundización de los casos de gatillo fácil.
Los gobernadores y sus policías también asesinan trabajadores y jóvenes en las barriadas, como lo han puesto de manifiesto diversas luchas en defensa de los derechos humanos. Y colaboran con este gran régimen de terror nacional a través de sus cárceles y comisarías, donde las personas apresadas a menudo sufren vejaciones de todo tipo e incluso la muerte.
En Buenos Aires, Guillermo Kane, diputado del Partido Obrero-Frente de Izquierda, presentó un proyecto contra los privilegios que el Estado provincial le otorga a los policías acusados de delitos que atentan contra los derechos humanos. La policía bonaerense, la más asesina, es bancada por el “progresista” Kicillof. Es clave llevar adelante en todos los terrenos la lucha contra los atropellos del Estado capitalista.
El gatillo fácil muestra descarnadamente que el Estado es una fuerza de choque de la clase dominante contra los explotados y los oprimidos. Es, asimismo, un producto de la descomposición del régimen social capitalista y sus fuerzas represivas atravesadas por todo tipo de negocios turbios y corruptelas.
Solo los trabajadores en el poder pueden poner fin al despotismo policial, aboliendo el aparato represivo capitalista.
Nazareno Suozzi
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