Un viejo aforismo de los economistas dice que las estadísticas muestran lo accesorio y ocultan lo fundamental. Nunca más cierto esto que con el informe del Indec que muestra un crecimiento de los índices de pobreza e indigencia en 2022, cuando el producto bruto de Argentina registró un aumento del 5,6%, uno de los más elevados en el concierto mundial.
¿En qué consiste el ocultamiento? En que la suba del PBI anual obedeció, precisamente a la caída de los ingresos de la población trabajadora. Esto mismo ha ocurrido en la mayor parte de los países. El aumento de la tasa de beneficios y del monto de las ganancias incentivó al capital a poner en movimiento la capacidad instalada de las empresas e incluso a atreverse a realizar nuevas inversiones. En resumen: la pobreza no aumentó a pesar del aumento de la creación de riqueza, sino que el crecimiento de esta riqueza obedece fundamentalmente a la fuerte desvalorización de la fuerza de trabajo. Las patronales han demandado más fuerza de trabajo, porque el trabajo precario (no registrado, monotributista, facturero, economía popular); el trabajo flexible (extensión de la jornada laboral, aumento de los ritmos de trabajo, cláusulas que atan el salario al rendimiento laboral); y la inflación (precios que crecen por encima de los salarios); todo esto incrementó la tasa de explotación de la fuerza de trabajo y el monto total de las ganancias empresarias. Cuando Néstor Kirchner convocó a sus funcionarios a crear trabajo “como sea”, tuvo en cuenta esta finalidad: asentar la salida a la crisis de 2001/2 en la generalización del trabajo precario y de la flexibilización laboral. El aumento enorme de los ingresos de la soja ayudó a ‘lubricar’ esta desvalorización relativa de la fuerza de trabajo mediante una recuperación parcial de los salarios. Las crisis internacionales licuaron el lubricante y dejaron en pie un reforzamiento extraordinario de la capacidad del capital para extraer valor de la fuerza de trabajo.
La caída del valor de la fuerza de trabajo explica la recuperación de la tasa de empleo; al mismo tiempo, un número mayor de trabajadores compensa el derrumbe del consumo que causa la caída de los ingresos familiares. La pandemia fue un factor poderoso para impulsar esta tendencia, porque le dio al capital un medio para reforzar la caída de los salarios, por medio de la inflación, mientras el Estado lanzaba un enorme operativo de subsidios a las patronales, financiado por el gasto fiscal y la emisión del Banco Central. Los subsidios al capital han provocado un auge de la inflación a nivel internacional. No hay un solo medio de prensa financiero que no destaque que la inflación otorga un poder de fijación de precios abultados a los monopolios económicos. El conflicto, por caso, entre supermercados, monopolios de la alimentación y capital agrario está extremadamente vivo en Estados Unidos.
Desde el punto de vista político, la burocracia de los sindicatos aportó una enorme colaboración al derrumbe del valor de la fuerza de trabajo, primero mediante la renuncia a actualizar los convenios, bajo la cuarentena, luego mediante la firma de paritarias inferiores a la inflación. Por sobre todas las cosas, la burocracia colaboró, sin distinciones de color político, en la firma de convenios de flexibilidad laboral. La desvalorización de los salarios indujo a numerosos trabajadores a compensar la caída de ingresos mediante el alargamiento de la jornada y la semana laborales, y a la aceptación de cláusulas de ‘productividad’.
Todo esto explica una segunda ‘anomalía’ – el inquebrantable apoyo de la burguesía, incluso la internacional, al gobierno de los Fernández, en medio de una cesación de pagos de la deuda pública, circunstancias de crisis políticas a repetición, luchas faccionales y hasta picos de ingobernabilidad. Explica asimismo la crisis que asola a la llamada ‘oposición’, a pesar de sus triunfos electorales de medio término. La expansión artificial del mercado local de capitales es una expresión del retroceso social aplicado a los trabajadores. Circula una deuda que se acerca al equivalente de 100 mil millones de dólares, que todo el ‘mercado’ sabe a ciencia cierta que será defaulteada.
Un aspecto fundamental que ha movido la concentración de ingresos en manos del capital y el empobrecimiento de las masas ha sido la política impositiva. La suspensión de las exenciones impositivas a los importadores, que el gobierno acaba de anunciar, ha sido calculada en un billón de pesos, el equivalente a 25 mil millones de dólares, al tipo de cambio paralelo, y a 50 mil millones, al oficial. Es entre el cinco y el diez por ciento del PBI. El déficit fiscal, apuntado como el responsable de todos los males de Argentina, no supera el 2,5% del PBI. Esas exenciones no incluyen a las que reciben las petroleras de Vaca Muerta, ni a un sinnúmero de empresas cartelizadas. Con un montón de gastos fiscales superfluos, Argentina podría tener un holgado superávit, sólo con anular los subsidios al capital. Los Fernández y Massa han ido, en cambio, contra los jubilados, los trabajadores del estado y los gastos sociales.
La ‘bonanza’ de 2022 parece haberse acabado: las previsiones para 2023 anuncian un estancamiento o caída de la actividad económica. Pero se trata de un pronóstico controversial, porque hay quienes sostienen lo contrario – seguirá el “crecimiento”, aunque menguado. La razón para un panorama adverso sería el llamado desequilibrio “macroeconómico”, o sea la dificultad para financiar importaciones para la producción. El reequilibrio de cuentas externas por medio de una devaluación masiva o megadevaluación, se encuentra relativamente bloqueado por el temor a que produzca el estallido del conjunto de las relaciones económicas y sociales. Argentina tampoco tiene mucho para exportar, debido a la sequía, y tiene mucho para pagar: giros de dividendos e intereses al exterior y amortización e intereses de la deuda pública. No son limitaciones particulares de la economía de Argentina, sino del conjunto de la economía mundial. Las rebeliones populares y las huelgas en Alemania, Francia, España, Portugal y Grecia obedecen a la misma combinación de desvalorización de la fuerza de trabajo por medio de la inflación, de un lado, y de la precarización y flexibilización laborales, del otro.
Jorge Altamira
31/03/2023
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