Las responsabilidades del gobierno de Córdoba en las muertes de bebés en el hospital neonatal

Entre marzo y junio de este año, cinco bebés sanos, de mamás sanas y controladas, nacidos en el Hospital Materno Neonatal “Ramón Carrillo”, de Córdoba, se descompensaron antes de las 20 horas de vida y murieron. Más de una decena, en ese mismo plazo y condiciones, debieron ser trasladados a unidad de terapia intensiva luego de súbitas descompensaciones; algunos de ellos sufrirán secuelas irreversibles. 

 Los médicos forenses que participaron de las autopsias de dos de los bebés fallecidos (a los primeros tres no les realizaron autopsias) señalaron que se detectaron niveles de potasio “incompatibles con la vida”. Éste habría sido administrado intencionalmente. No se sabe a ciencia cierta si estos fueron los únicos casos. Están apareciendo denuncias que datan de septiembre del año pasado, sobre bebés nacidos sanos, muertos sin explicación alguna. 

 Por estos aberrantes sucesos detuvieron el 20 de agosto a una enfermera quien, según su abogado defensor, no conoce las pruebas del delito que se le imputa y aún no fue citada a declarar, hasta el día de hoy. 

 El ahora exministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo, estaba al tanto desde la primera muerte inexplicable, certificada el 18 de marzo. Así lo confirmó Marina Figueroa, funcionaria del área Legales de la cartera de Salud. Más casos se suceden durante abril y en mayo detectan en un bebe lesiones punzantes y sangrantes en la pierna. El Ministerio no hizo la denuncia pertinente. 

 De haberse realizado la denuncia judicial, no sólo se podrían haber realizado las autopsias de los bebés muertos y comprobar los motivos de sus decesos, sino que se hubiera podido evitar las muertes que se produjeron luego. La intención tanto de Cardozo como del los directivos del hospital fue mantener oculta esta gravísima situación. El encubrimiento no es una hipótesis. El mismo Cardozo reconoce que pretendía presentarse a la justicia con “el caso resuelto”. 

 Desbaratado el primer intento de encubrimiento, fracasada la intención de resolver el caso puertas adentro del hospital, se pone en marcha un segundo operativo, esta vez de “control de daños”. El propósito es limitar la cadena de responsabilidades. Desde que toma estado público esta barbarie, la primera manifestación del gobierno de Schiaretti fue salir a bancar al ministro Cardozo. Hasta mediados de agosto, Oscar González, mano derecha del gobernador y presidente de la Legislatura, salía públicamente a defender al ministro de Salud. Unos días después, a medida que iban saliendo a la luz las evidencias, Cardozo debió presentar su renuncia. 

 La investigación quedó en manos del fiscal Raúl Garzón, reconocido por su cercanía al poder y su aspiración a ocupar el cargo vacante de fiscal general. Se mostró muy expeditivo a la hora de dictar la prisión preventiva a la enfermera sospechada de haber matado a los bebés, pero no ha siquiera imputado al exministro de Salud. 

 En reemplazo de Cardozo asumió Gabriela Barbas, del equipo del exministro. Su misión será garantizar la continuidad de gestión de un sistema de salud provincial totalmente colapsado. Por su parte, las madres de cuatro de los bebes fallecidos rechazaron una reunión con la actual ministra por considerarla tan responsable como Cardozo. La demagogia del gobernador Schiaretti, hablando de dolor y apoyo a los familiares, no debe engañar a nadie. Cambia una figurita para que nada cambie. Sólo la movilización de trabajadores de la salud y familiares puede llevar hasta el final el reclamo de esclarecimiento de estos hechos de terror y meter en la cárcel hasta el último responsable. Hay que quebrar los aprietes a los trabajadores e impulsar una movilización común de familiares, trabajadores y usuarios del hospital contra el operativo de encubrimiento que se teje desde arriba. 

 Ángel Caruso 

 06/09/2022