El juicio por la trama CFK-Lázaro Báez-Julio De Vido y la obra pública se inscribe en otro orden, el de la lucha facciosa entre sectores de la burguesía. Las irregularidades en los procesos judiciales, sean el de Vialidad o cualquier otro, pertenece al mismo entramado faccional, dado que la conformación misma del poder judicial es el resultado de maniobras y operaciones de ese tipo. Lo acaba de comprobar, si esto fuera necesario, Carlos Pagni, en una columna en que denuncia las operaciones de Macri y Angelici en el Consejo de la Magistratura. Los propios ‘perseguidos’ ‘dividieron’ el bloque oficialista en el Senado para ganar los lugares por la primera y segunda minoría. Sólo un enfoque leguleyo y además interesado puede ver en estas operaciones un proceso ‘persecutorio’, en el sentido de privar a las personas de sus derechos constitucionales. Así lo entendió Cristina Kirchner, quien en su alegato del viernes pasado denunció como una violación a esos derechos la prohibición a poder intervenir enseguida después del alegato del fiscal Luciani. Claro que el asunto es materia de controversia y remite a una circunstancia menor.
La persecución, como herramienta política, se manifiesta en la sociedad capitalista, principalmente como un ataque de la burguesía contra la clase obrera que lucha. Es lo que ocurre ahora mismo con el Sutna, que es objeto de una persecución política, mediática y judicial. Es lo que ocurre también con los descuentos por días de huelga y la violación de los derechos de los delegados – hay miles de trabajadores procesados por luchar- asi como con la campaña contra los derechos laborales, que son descalificados como una “industria del juicio”.
Este planteo de base, que kirchneristas y seguidores ocultan, no puede, sin embargo, convertirse en un esquema. La burguesía y el estado fascista persiguen realmente a la burguesía liberal, a la que privan de sus derechos políticos e individuales y hasta de la vida. Persigue también el derecho personal a profesar una religión. Marx decía que esta burguesía liberal era proclive a renunciar a esos derechos (Dieciocho Brumario), para que el estado pudiera concentrar poder contra la clase obrera. El fascismo, de todos modos, representa un salto en calidad en materia persecutoria. Aun así, el eje no pasa por la defensa individual de los perseguidos, porque esta represión afecta fundamentalmente derechos de organización, expresión y muchos más de los trabajadores.
El primer peronismo dio clases de persecución política – encarceló a Balbin, a pesar de sus fueros parlamentarios, expropió diarios y clausuró otros, de los partidos socialistas y comunistas. Hubo detenidos que murieron en las comisarías debido a las torturas, como ocurrió con el Dr. Ingalinella, médico y militante del partido comunista. La persecución significa la violación de derechos, no la guerra mediática, ni siquiera la judicial. Lula no fue a la cárcel sólo por una decisión judicial: el día de la sentencia el jefe del ejército exigió eso por twitter, amenazando con un golpe de estado. El foco estaba puesto en el golpe de estado que derribó a Dilma Roussef, por medio de una jugarreta parlamentaria, reclamada por los jefes de las tres armas. Cristina Kirchner tiene tan claro que no reviste la condición de ‘perseguida’, que en el alegato último tuvo que vincular el pedido de cárcel contra ella, por parte de los fiscales, contra el atentado a su vida. Con esta premisa implausible se auto calificó como perseguida política. Una semana antes había aceptado iniciar un diálogo con su perseguidor, Mauricio Macri.
¿Y los 18 años de exilio contra Perón, no fueron una persecución política? Indudablemente que sí. Pero fueron décadas de estado de excepción, no una persecución política individual. Hubieron más de diez golpes de estado – uno cada dieciocho meses. Perón había sido privado de la ciudadanía, lo cual es una negación extrema de derechos políticos e individuales. Quienes creyeron que Perón era la representación de la liberación nacional, o que el peronismo era “el hecho maldito del país burgués”, apoyaron políticamente su retorno. Quienes sosteníamos, por el contrario, que representaba la contrarrevolución, defendimos sus derechos políticos y ciudadanos. En el momento actual, la tesis de una persecución a CFK es el disfraz de un apoyo político, a veces abierto, a veces vergonzante.
El kirchnerismo ha realizado uso y abuso de persecuciones e injerencias y golpes judiciales. Ha utilizado el poder del Estado para perseguir a los trabajadores y cualquier expresión de lucha independiente, como ha ocurrido en las luchas de la Panamericana y en especial en el asesinato de Mariano Ferreyra. La tesis de la “persecución” presenta el panorama político desde el punto de vista de la burguesía, no del proletariado.
Para “Izquierda Diario”, hay una persecución política contra CFK, porque el pedido de condena “incluye, dice, un antidemocrático pedido de inhabilitación”. Los doce años de cárcel, los deja en segundo plano; una “defraudación al estado” no debería inhibir el ejercicio del gobierno. ID ha confeccionado una caracterización del juicio para unirse a la campaña internacional de apoyo a CFK, como lo hizo con los mismos individuos ya citados, para obtener una cancelación de las deudas externas. También apoya la tesis de la ‘persecución’ mediática, ocultando el conflicto al interior de la burguesía que genera la bancarrota capitalista en su conjunto. De este modo, se asocia a la campaña kirchnerista para “regular” la libertad de prensa, en una onda típicamente chavista, que no ha dejado en pie a ningún órgano ajeno al oficialismo, incluida la izquierda.
El PTS liga esta “persecución” a la “batalla cultural”, lo cual invalidaría que se trate de una persecución. En 2010, ID había celebrado la victoria cultural del kirchnerismo, cuya muestra era el éxito del conjunto “Fuerza Bruta” en la fiesta del Bicentenario; ahora lamenta la declinación cultural, que se manifestaría, siempre según el PTS, en el ascenso de Milei. En esa “batalla cultural” el PTS ya eligió su trinchera al presentar a los Lázaro Báez, Cristina y De Vido como víctimas de persecuciones. Es decir que no incluye a las estancias de Báez entre las expropiaciones de los grandes terratenientes que aboga en su programa. De acuerdo a ID, “no se pudo comprobar un vínculo directo entre Cristina Kirchner y los hechos”. Suponiendo que esto fuera cierto, se explica la conclusión de Carlos Corach, el ministro de Interior de Menem, en el canal IP, de que CFK será absuelta. Una condena sería, en principio irregular, debido a los vínculos entre el fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu, y los de estos dos con Macri. Este cuadro judicial invalida la posibilidad de una sentencia despejada de toda duda. O sea que el PTS abona la completa culpabilidad del resto de los reos con los que CFK gobernó tres décadas, pero no de la jefa. Esta posibilidad jurídica excepcional no resiste, sin embargo, una caracterización política.
“Persecución y corrupción no son excluyentes”, asegura Gabriel Solano, sin la menor percepción de que está copiando a Cristina Kirchner. Es exactamente lo que dice la Vice en referencia al celular de José López, cuando se pregunta por qué no enjuicia a Nicolás Caputo, con quien López tiene diez veces más ‘chateos que con cualquier kirchnerista. Así como el PTS, el PO oficial interpreta en clave de derechos democráticos las ventajas que se tratan de sacar recíprocamente el macrismo y el kirchnerismo. La conclusión es clara: el FIT-U no aborda una crítica independiente a la política burguesa y su estado, sino que se alinea en sus disputas. Caracteriza la crisis judicial como lo hace un ala izquierda del sistema político.
“Asociación ilícita”
Un análisis crítico del desarrollo del juicio confirma la observación precedente. En el cierre de su alegato, Beraldi, el abogado de la Vice no vaciló en admitir que la relación comercial entre Lázaro y Cristina, era cuestionable desde lo ´ético´ pero no ´ilegal´. De acuerdo a esto, no sería correcto que una presidenta haga negocios con un contratista del estado. A Beraldi se le soltó la cadena: esta admisión es una concesión enorme al punto de vista de la fiscalía.
Izquierda Diario, en cambio, no observa ninguna falta ética, cuando el marxismo tiene una literatura vastísima de denuncia de la colusión del estado con el capital, de la corrupción administrativa que esto supone y de la prueba concluyente que ofrece acerca de la falsedad de la democracia de contenido capitalista. Para el PTS, la “figura” de la “asociación ilícita” es incompatible con un “gobierno votado”. Marx, en su tumba, debe estar arrepentido de su dicho de que el Estado es el comité ejecutivo de la burguesía. El PTS legitima como nadie el estado burgués, sus decretos de necesidad y urgencia, la arbitrariedad para modificar partidas de gastos presupuestarios y el despilfarro enorme de riqueza que constituye la deuda pública. ¡El dólar-soja no sería una expresión de la asociación ilícita del gobierno con el capital sojero y las cerealeras! – no hay nada aquí que sea legal, ni que no sea una estafa.
En vez de calificar al conjunto del Estado como una gran asociación ¿”licita”? contra los que viven de su trabajo el PTS se solidariza con los poderes “democráticos” del Estado. El rescate reciente de la deuda pública en pesos y su canje por un “bono dual”, sólo pueden ser admitidas como lícitas por un poder judicial del capital. Néstor Kirchner cambió toda la Corte de Menem para legalizar la pesificación asimétrica que Duhalde y el Banco Central establecieron de forma ilegal.
Atentado
La tesis persecutoria se da en el marco del acompañamiento del FITU a los “repudios” parlamentarios colectivos entre kirchneristas, macristas y libertarios al atentado producido contra la vicepresidenta. Toda esta operatoria produjo la convocatoria, primero a un “pacto democrático”, y después a la denuncia de que el macrismo y el poder judicial habían creado “una licencia social” para el atentado. Todo pacto político entre partidos patronales es, salvo excepción, contra la democracia. Los “pactos democráticos” dieron lugar a la obediencia debida y al punto final. El kirchnerismo se vale del atentado para cercenar la libertad de expresión y para encarar una ofensiva a favor de una Corte disciplinada con el kirchnerismo. Esto último es curioso, porque, como en tantas otras cosas, tres de los actuales cortesanos fueron ministros del kirchnerismo o designados por él para el lugar que ocupan. En una Corte de 25 o 15 miembros, la posibilidad de tránsfugas crece en forma proporcional.
Federico Fernández
25/09/2022
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