Primero, Alberto Fernández y su “mesa chica” consideraron asumir la totalidad del gobierno, expulsando a los cristinistas. Muy rápidamente, comprendieron que llegaban muy tarde a esa variante, que habían descartado después de las PASO 2021. Alberto Fernández carece ya de la autoridad política para encabezar un gobierno de poder personal. A renglón siguiente, entró en juego la variante de un gobierno “fuerte” con Sergio Massa como jefe de gabinete, con el control del gabinete económico y la promesa de un guiño de la embajada americana. El “milagro” de que Cristina y Alberto se reunieran tuvo como único propósito el bloqueo de esa alternativa. En consecuencia, y después de tantas idas y vueltas en torno de un “replanteo total” del gobierno, apenas consiguieron una reemplazante para Guzmán.
Batakis, la nueva ministra, tenía la carta de recomendación de los 14 gobernadores que se reunieron semanas atrás, con Kicillof y Alicia Kirchner incluidos, con el apoyo de Scioli. Batakis venía actuando como nexo financiero entre los estados provinciales y el gobierno central, bajo la batuta del cristinista De Pedro. En el sálvese quien pueda de una crisis terminal, los gobernadores suponen que Batakis sostendrá los rescates financieros a las provincias, algo que consiguió hasta ahora a costa de los fondos que Macri le había dado a la CABA. Es una ilusión que será rápidamente arrasada por la crisis financiera del Estado.
Cristinismo explícito
Apenas asumió, la nueva ministra, bendecida por Cristina y la Cámpora, dejó establecida una clara hoja de ruta: el cumplimiento del acuerdo con el FMI, cuyas “metas” ya han volado por los aires; el "equilibrio fiscal", que es el slogan con el cual el capital financiero reclama un nuevo ajuste sobre salarios, jubilaciones y gastos sociales. Batakis, además, ratificó el tarifazo. Mirando por encima de la bancarrota financiera, Batakis saludó en C5N a “la Argentina del litio, la agroindustria y la energía”, un guiño a los intereses capitalistas que espera conquistar para sostener una gestión. Pero esos mismos intereses, a través de la city, le hicieron saber muy rápido que están a la espera de un “ordenamiento” económico drástico: una "liberación cambiaria" que conduzca a la megadevaluación del dólar oficial; la redolarización tarifaria y un nuevo ajuste de salarios, gastos sociales y jubilaciones. El frustrado ministro Álvarez Agis, asesor de Mindlin, Eurnekian y otros patrones “nacionales”, acaba de redactar un “paper” auspiciando una devaluación en regla.
Este rodrigazo, naturalmente, plantea un choque monumental con los trabajadores, que supera las posibilidades políticas de un gobierno en ruinas. Por ese motivo, el impasse oficial se ha acentuado: mientras Batakis ratifica la “segmentación” de tarifas, los camporistas de la Secretaría de Energía han dado por difunta a la segmentación que había ideado Guzmán. Mientras Grabois continúa batiendo el parche con el “salario universal”, Batakis lo ha mandado por ahora a la lista de espera. En cambio, “desarrollo social” avanza en el traspaso de los planes sociales de las organizaciones piqueteras a los municipios, como paso previo para iniciar una escalada de “bajas”.
El desenlace provisorio de la crisis política ha agravado la corrida cambiaria, el derrumbe de los títulos de deuda y de la Bolsa. El capital financiero exige un “paquetazo” que, de no avanzar desde arriba, piensa impulsar a través de los "hechos consumados". De cara a la corrida, el tándem Batakis-Pesce debutó como una versión agravada de las últimas semanas de Guzmán, apelando a una emisión desenfrenada para sostener a la deuda en pesos y, por esa vía, agravando la deuda del Banco Central con los bancos privados. De este modo, la derrumbada deuda del Tesoro -que se indexa con el dólar y con la inflación- es parcialmente reemplazada por una deuda a tasa fija –la de las letras del Banco Central, que podría ser licuada por la inflación. Lo mismo ocurre con los salarios y las jubilaciones, que Fernández-Guzmán desindexaron en diciembre de 2019. Bastante antes de que llegue esa “salida”, sin embargo, el presente régimen económico podría asistir a su disolución definitiva, si sobreviene una hiperinflación y una corrida bancaria. El proceso remarcatorio, en los grandes comercios, ha comenzado a acelerarse a razón de días y horas.
La clase obrera
Los diarios de hoy informan que la CGT evitó pronunciarse sobre la nueva ministra, “a la espera de los anuncios”. Los popes de la burocracia fingen ignorar la crisis que se cierne sobre salarios, jubilaciones y el derecho al trabajo. Al igual que los gobernadores, los jefes de las centrales obreras están buscando zafar de su propia bancarrota, es decir, la de las vaciadas obras sociales. Para eso, le reclaman al gobierno un auxilio financiero y un ajuste para abajo de las actuales prestaciones. Es el precio para sostener al gobierno en su derrrumbe, como lo vienen haciendo desde 2019. Por ahora, justificarán la pasividad en nombre de no golpear a “la ministra de Cristina”. Como señalamos en estas páginas desde hace varias semanas, el golpe de mano cristinista constituía un recurso para salvar al gobierno y al acuerdo fondomonetarista en nombre de un recambio “nacional y popular”.
La crisis plantea, como nunca, la necesidad de convocarnos en congresos, coordinaciones y plenarios de trabajadores, para resolver un curso de acción y una lucha decisiva, una huelga general. A la deriva de un gobierno acabado, opongamos la lucha por un gobierno de trabajadores.
Con esta comprensión, convocamos al próximo 16 de julio en el miniestadio de Lanús.
Marcelo Ramal
05/07/2022
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