La mayoría de las muertes por sobredosis, sin embargo, se deben al abuso de drogas legales. Biden se encuentra financiando parcialmente la distribución de la naloxona, una droga capaz de frenar el efecto del fentanilo en episodios de sobredosis. Al mismo tiempo, distribuye tiras reactivas de fentanilo, para evitar el consumo de fentanilo adulterado por los dealers y jeringas esterilizadas. Los medios señalan que el paso más importante sería la habilitación de sitios de inyección seguro, donde los “consumidores” podrían autoadministrarse la droga y ser atendidos si sufren una sobredosis. Algo así como los viejos burdeles de opio en Inglaterra y China.
Nueva York ha abierto recientemente dos sitios de inyección seguros en la ciudad, lo que ha provocado la reacción de un sector del partido republicano que exige se aplique la ley federal que los prohíbe. Gupta señala que necesita evidencia científica antes de habilitar estos sitios, pero que los de Nueva York pueden ser una prueba piloto para recabar información.
Con respecto a la marihuana, Biden en campaña apoyó su despenalización. No así su legalización, algo que sin embargo ya sucede de diferentes maneras en 19 estados del país. Gupta señala, nuevamente, que lo guía la ciencia y utilizará estos estados como prueba piloto. Aunque añade un guiño por la legalización: “una cosa está muy clara, y el presidente lo ha tenido claro. Las políticas que hemos tenido en torno a la marihuana no han funcionado” (ídem). Mientras tanto, la cámara de representantes ya ha dado media sanción a un proyecto para retirar a la marihuana del listado federal de drogas prohibidas. Lo que demuestra el enorme lobby capitalista efectuado por los narcotraficantes en los partidos demócrata y republicano.
Gupta pretende enfrentar la política de reducción de daños a la represión e ilegalidad que imperaba anteriormente, la solución penal. Mediante este dualismo evita afrontar el verdadero problema de fondo, que las muertes por sobredosis se dan con las drogas legales. De igual manera, esta política generaría un choque dentro del Estado por la apropiación del cuantioso negociado que implica manejar las políticas de “control”, históricamente ligadas a la policía y los servicios secretos. La CIA ha sido quién mejor ha desarrollado esta política, con múltiples denuncias internacionales del manejo del tráfico de drogas de Centroamérica hacia Estados Unidos y Europa.
David Herzberg, un historiador de la Universidad de Buffalo que se especializa en la política de drogas de EEUU, vuelca varias advertencias sobre la legalización de lugares seguros para consumo de drogas: “Podrías terminar con una especie de guerra territorial… va a haber mucho dinero para la política de drogas y la pregunta será: ¿quién lo va a conseguir? Policías o médicos” (ibídem) Podemos agregar que en varios estados son los propios dealers de fentanilo quienes entregan naloxona a sus compradores, una manera de "cuidar el negocio".
De conjunto, la creciente legalización de las drogas y su “control” por parte de los diversos estamentos del Estado -incluidos los testeos de la FDA- no han conducido a una reducción del consumo ni las muertes sino todo lo contrario. Convirtiéndose en la principal causa de muerte entre los jóvenes, incluso más que los accidentes de tránsito.
Una posición similar es levantada y defendida por el FIT-U en la Argentina. Es otra adaptación a las presiones del Estado burgués y la pequeña burguesía que defiende el “consumo recreativo” de drogas. Los socialistas hemos defendido históricamente la integridad física y moral de la clase obrera en la lucha por su emancipación, que no es otra cosa que la defensa de la vida.
Joaquín Antúnez
19/07/2022
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