Con mínima cobertura mediática y en el marco de una enorme manipulación política nacional e internacional en torno al caso, culminó este jueves el juicio por el encubrimiento del atentado a la sede de la AMIA en Argentina.
El hecho ocurrió en 1994 y provocó la muerte de 85 personas en la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), ubicada en el barrio de Once de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde un principio la investigación despertó suspicacias y distintas voces denunciaron un desvío intencional, que culminó con la acusación al gobierno de Irán como responsable del atentado terrorista.
Casi 25 años después, la condena contra ocho personas por encubrimiento demuestra que aquellas denuncias eran fundamentadas e involucraban a autoridades de primera línea del Estado argentino.
De todas maneras, las penas decididas por la justicia son bajas. Las más altas fueron para Hugo Anzorreguy, exjefe de la Secretaría de Inteligencia (Side), condenado a 4 años de prisión, y para Juan José Galeano, el juez que llevó la causa hasta diciembre de 2003, quien recibió una pena de 6 años.
Carlos Telleldín, que era parte de una mafia dedicada al robo y desarmado de automóviles, fue condenado a 3 años y seis meses de cárcel; Juan Carlos Anchezar (ex Side), 3 años; Carlos Castañeda, exjefe departamental de la Policía Federal, 3 años; Mullen y Barbaccia, los exfiscales de la causa hasta 2004, 2 años; Ana Boragni, pareja de Telleldín acusada de recibir sobornos para hacer falsas acusaciones, 2 años.
Fueron absueltos el expresidente Carlos Menem (1989-1999), el expresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), Rubén Beraja, Jorge Palacios, que tenía un alto mando en la Policía Federal, el abogado Víctor Stinfale, y Patricio Finnen, ex Side.
La organización de familiares de las víctimas del atentado Memoria Activa aseguró que “es más que claro, y las pruebas lo demuestran, que el gobierno de Menem sabía que el atentado ocurriría y no hizo absolutamente nada para evitarlo y mucho menos para que se esclareciera. Es y será uno de los principales responsables de la impunidad en la causa AMIA”. Apelarán esa y todas las absoluciones.
También consideraron los familiares que “fueron penas mucho más bajas de las que merecen los imputados”, aunque mostraron satisfacción porque se probaron los delitos de encubrimiento y peculado que denuncian desde hace varios años en el marco de la causa Amia.
En la sentencia, los jueces calificaron a los delitos que se juzgaron como “graves violaciones a los derechos humanos”.
América XXI
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