Golpe de estado en la Corte Suprema

La sustitución de Ricardo Lorenzetti por Carlos Rosenkrantz en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, es un episodio político mayor en el desarrollo de la presente crisis política. En medio de la bancarrota económica y del fracaso de los acuerdos con el FMI para detener la fuga de capitales, el gobierno armó “un operativo comando” (Carlos Pagni, La Nación, 13.9) para imponer, nada menos que “un golpe institucional”, según el editorial de Clarín del mismo día. Ha quedado establecida, en la Corte, una nueva mayoría, encabezada por un representante legal de lo más conspicuo del ‘establishment’ nacional y extranjero – el llamado ‘círculo rojo’. Es aquella misma mayoría que hizo un debut ‘accidentado’ el año pasado, cuando dictó el fallo del 2x1 con la intención de habilitar la liberación de los genocidas de la dictadura. Este antecedente ofrece una caracterización inconfundible de lo ocurrido en la Corte esta semana. Tanto Rosenkrantz como Horacio Rosatti, otro juez del organismo, intentaron acceder al Tribunal, en el verano de 2016, por medio de un decreto del Poder Ejecutivo, en uno de los atropellos inconstitucionales más alevosos de la historia argentina. El Senado, dominado por los legisladores que integraron la lista de Scioli en las elecciones de 2015, dieron luego su aval a estos nombramientos, ignorando que aquella tentativa ilegal los descalificaba de por vida para ocupar ese lugar. El golpe de estado en la Corte pone al desnudo la pelea a muerte que está dispuesto a librar el gobierno, para imponer una salida a la bancarrota en desarrollo sobre las espaldas de los trabajadores.
No se trata, obviamente, de que Lorenzetti y su camarilla fueran un escudo defensor del pueblo – como lo prueban numerosas sentencias anti-populares y el silencio alevoso que asumieron ante el atropello de la justicia norteamericana en ocasión del litigio con los fondos buitres. Como vuelve a ocurrir ahora, la primera Corte impulsada por Néstor Kirchner no tuvo otro propósito que legalizar un gigantesco desfalco – votar la pesificación de los ahorros dolarizados del período de la convertibilidad (1991/2001). La coalición patronal que se hizo cargo del poder luego de la partida de De la Rúa, violentó, groseramente, la llamada ‘seguridad jurídica’, que la burguesía levanta como bandera para defender el derecho de la clase propietaria a expropiar a los trabajadores. La dolarización de los depósitos fue determinada por dos normas legales – aquella que la puso en vigencia y la ley de “intangibilidad de los depósitos” votada en 2001. A la violación de estas leyes se agregó otra más: el incumplimiento del contrato de seguro de los depósitos firmado por el gobierno argentino con un pool de bancos extranjeros, entre los cuales el Deutsche y el Morgan – que se desentendieron de pagar a los asegurados por el ‘corralito’ y la devaluación del peso. Este breve resumen demuestra que Lorenzetti cosecha ahora lo que sembró en su momento y que el propósito del ‘golpe institucional’ de los Rosenkrantz y los Macri es alinear a la Corte con todas las medidas ilegales y violatorias de derechos que están inscriptas en el pacto del gobierno y el Congreso con el FMI y la Tesorería de Donald Trump.

Objetivos del golpe

¿Por dónde empezar? ¿Por el intento de transferir a un juez amigo la causa de lavado de dinero, que ahora tiene el juez Casanello en el caso de los aportes truchos a Cambiemos en la provincia de Buenos Aires; por la causa elevada a la Corte por la confiscación de $100 mil millones en diciembre pasado, por confiscación del ajuste trimestral a los jubilados; por el intento de ‘blanquear’ a las compañías que pagaron coimas al kirchnerismo, para que puedan participar en la obra pública del macrismo; por la manifiesta parcialidad de parte de Rosenkrantz en su condición de abogado de las grandes empresas en juicios laborales; o, por último y lo más importante, para liquidar el FGS de la Anses y proceder a una ‘reforma previsional’ que eleva la edad de jubilación y aumenta los aportes de los trabajadores? Se trata, en todos estos casos, de vulneración de derechos constitucionales, donde la Corte tiene la última palabra, bajo el régimen político actual.
El objetivo estratégico de esta nueva mayoría impuesta en connivencia con el gobierno es rescatar a la clase capitalista que eligió convertirse en ‘arrepentida’ para obtener una amnistía judicial, como viene ocurriendo en Brasil – donde se aplica la ‘leniencia’ a las corporaciones involucradas. Mientras el periodista Diego Cabot denunció, en una conferencia organizada por uno de los mayores estudios jurídicos, “que se investiga al gobierno anterior, que ya perdió el poder, pero no al actual” (Clarín 14.9), el ministro Garavano prefirió hablar del “desafío de ayudar (sic) a las empresas que durante muchos años participaron de este mecanismo de corrupción, para que puedan reconvertirse (y) sigan con las obras públicas”. Clarísimo: ‘jubilar’ al chivo emisario por las coimas, para ofrecer nuevos negociados al capital representado por ese chivo emisario, que se enriqueció gracias, precisamente, a esas coimas y a la consiguiente cartelización de la obra pública. La nueva mayoría de la Corte viene a tutelar el éxito de esta maniobra impúdica, del mismo modo que lo viene haciendo el Tribunal Superior en Brasil. ¿Objetará esta mayoría que el presidente del Banco Central, Luis Caputo, haya sido nombrado a dedo, sin pasar por el acuerdo del Senado, como también ocurrió con Sturzenegger, convirtiendo a la política financiera en el monopolio de una camarilla, con más daño económico que todo lo que se robaron los coimeros de los ‘cuadernos’? Para ilustrar el objetivo de amnistiar a los dueños y accionistas de las empresas de la corrupción, a la conferencia fue invitada Olga Pontes, “jefa de política de integridad (sic) de Odebrecht, (que) contó cómo fue la reconversión de la compañía”. Simplemente conmovedor.

De una mafia a otra

Laura Alonso, de la mal llamada oficina anti-corrupción, con el mismo propósito de Garavano, viajó a Nueva York, “y señaló que la expectativa en Estados Unidos es cómo el gobierno va a resolver el tema de los contratos vigentes de empresas mencionadas en el escándalo judicial de los cuadernos de las coima” (Clarín, 14.9). Es que “los bancos internacionales, que iban a prestar el dinero para las obras decidieron dar un paso al costado…”; en Brasil, las constructoras norteamericanas están reemplazando a las locales. Hasta Gabriel Martino, del HSBC, con un proceso abierto por organizar fuga de dinero a paraísos fiscales, se ha negado a financiar la obra pública que propone el macrismo. El método de financiación que propone el gobierno (propiedad pública privada) es, él mismo, un desfalco contra el estado, porque encarece en tres veces un presupuesto tradicional de obras.
Algunos medios de prensa son reticentes a caracterizar que Macri sea el ganador de este golpe, esgrimiendo un argumento interesante: esta mayoría responde al llamado “círculo rojo”, en alusión a un cártel de grandes capitalistas, que pretende imponer, por supuesto, la agenda anti-obrera que hemos señalado, pero que tiene roces con el gobierno, y más aún con el agravamiento de la crisis. Esta caracterización atendible deja a la vista que la ‘normalización’ del poder judicial está lejos de haberse alcanzado con los fallos que condenan al personal del kirchnerismo. En el banquillo de los acusados se encuentra también una legión de macristas y de la familia Macri, a lo cual la nueva mayoría cortesana no tiene los medios de dar una salida. En esta perspectiva, el ‘golpe institucional’ en la Corte, anuncia nuevos ‘golpes institucionales’ y la acentuación de la crisis política. Se atribuye a Maqueda, el único que votó contra la nueva mayoría, un lamento por la ruptura de “la unidad’ en el tribunal superior.

Enseñanzas

El golpe de estado en la Corte enseña que la clase patronal está encarando una lucha de carácter político, con el objetivo de dotarse de los instrumentos de poder que viabilicen la salida a la crisis contra las masas. En el curso de dos años ha ido poniendo tropa propia en cámaras federales y de casación, aprovechando los casos de corrupción de la justicia kirchnerista. Una corruptela es funcional a la otra. Recientemente, intentó designar a una Procuradora de su palo, para ocupar el puesto que dejó Gils Carbó. El asalto a la Corte, con recursos ‘módicos’ como un realineamiento interno, es un avance mayor del macrismo.
Este mismo golpe, bautizado por el insospechable Clarín como ‘institucional’, también enseña acerca de la consigna de echar a Macri y disolver el actual régimen político, corrompido por completo en todos sus estamentos, en función de los intereses capitalistas y del pacto con el FMI. Sin quebrar y demoler este régimen político no hay salida popular; el que diga lo contrario, miente. Por eso es necesario oponer al régimen actual la convocatoria de una Asamblea Constituyente soberana, que se haga cargo del poder sin otro límite que la soberanía popular, para tomar medidas de transformación revolucionaria y satisfacer las reivindicaciones que levantan las crecientes luchas de los trabajadores.

Jorge Altamira