Una gestión manchada con sangre

Desde que Maurice Closs es gobernador de Misiones y Jorge Franco Ministro de Gobierno -responsable político de la Policía-, se registraron en la provincia siete muertes en distintas comisarías, en muy extrañas circunstancias, informadas oficialmente como "suicidios". En todos los casos, del lado de las víctimas se denunciaron torturas y sospechas de asesinatos. Bajo esta gestión provincial, desde 2008 a esta parte, la policía lleva además cerca de 20 denuncias formales por atropellos contra civiles.
Hernán Céspedes (18) murió en la comisaría de la UR5 en Puerto Iguazú. Horas antes tuvo un encuentro con su madre, donde le contó que estaba siendo torturado y que los policías lo habían amenazado de muerte. Ocurrió el fin de semana, en la ciudad de las Cataratas, donde la policía tiene sobrados antecedentes y denuncias por apremios y torturas. Sin ir más lejos, en octubre del año pasado vecinos de Iguazú destrozaron la comisaría Segunda luego de descubrirse las golpizas que efectivos de esa unidad le aplicaron a un adolescente.
También en Iguazú, el viernes 27 de febrero de 2009, el ciudadano René Florentín (31) fue detenido por policías de la Comisaría Primera de Puerto Iguazú mientras filmaba un operativo policial con su celular. Tras ser detenido, acusado de "entorpecer la labor policial", Florentín fue esposado y conducido a un pasillo de la Comisaría Primera, donde según denunció en el Juzgado de Instrucción 3 de Iguazú, fue torturado ferozmente por más de siete policías. En esa misma ciudad, sólo un mes después, el 18 de marzo, testigos registran en el acceso a la ciudad de Puerto Iguazú un indignante episodio de abuso de autoridad y violencia contra dos adultos mayores de la localidad, en el marco de un operativo vial. Estos son sólo algunos de los casos más resonantes que pesan sobre la policía de Puerto Iguazú.
La anuencia, da clara muestra de una absoluta permisividad por parte de la conducción política de la Policía de Misiones.
El reciente caso de Céspedes se transformó en la séptima muerte de una persona en una comisaría de Misiones, desde 2008 a esta parte. Siete muertos. Uno de los casos emblemáticos -en los cuáles el poder judicial, la policía y las fuerzas políticas hicieron todo lo posible para "salvar" a los culpables (y lo lograron)- fue el de Darío Franco, de Leandro N. Alem, de 18 años, sobre quien pesaban amenazas de muerte por parte de un efectivo de la comisaría de esa localidad, donde finalmente murió. El único testigo del caso y familiares acusaron que la muerte se debió a golpes propinados por policías, e incluso presentaron varias pruebas que el poder judicial -en connivencia histórica con la Policía- desestimó sin explicaciones.
Otra muerte, en 2010, fue la de Héctor Ortigoza (23), quien según la policía "fue encontrado el sábado 18 de junio a las 4 ahorcado en la Comisaría de Santa Ana". El joven había sido "detenido en estado de ebriedad" en un acto político. Luego sus seres cercanos se encargarían de denunciar que el joven había sido brutalmente castigado por policías a quienes, esa noche, "se les fue la mano".
Aníbal Verón, de 28 años, también fue "hallado ahorcado" el 5 de enero de este año en la comisaría Décimo Tercera luego de una discusión con su pareja. Antes, el 10 de marzo de 2009 un menor de 16 años "se suicidó" en la comisaría Octava de Posadas. Se llamaba Martín Leiva, y según el reporte oficial "se ahorcó con una camisa y en circunstancias en que estaba alojado en un pasillo de seguridad “intermedia”, es decir aislado de los demás menores y de los detenidos mayores y conocidos en la jerga policial como los “procesados” o “imputados”. Muy curioso.
Hugo Miguel Wasyluk, de 38 años, en abril de 2011 se encontraba detenido en una celda de la Seccional Primera de Oberá. La policía reportó "suicidio". Al cabo de unos meses procesaron a los policías que actuaron esa noche, acusados de haberlo matado a golpes.
Muertes, torturas, supuestos suicidios, forman parte del paisaje cotidiano de una gestión política de la Policía de Misiones, totalmente manchada de sangre.

Fotografía: La cúpula del gobierno provincial, durante un llamado "acto en defensa de la democracia" durante una hulega policial. El gobierno apuesta fuerte a la política represiva de su policía.

Revista Superficie